Las medidas cautelares practicadas y registradas en el curso del proceso (embargos y prendas sin tenencia), garantizan el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público, destaca la Contraloría.

Bogotá, 17 de noviembre de 2016.- La Contraloría General de la República tiene garantizado el resarcimiento del daño causado por los sobrecostos que se dieron en la ejecución de las obras de la Fase III de Transmilenio.

Una vez proferido el fallo con responsabilidad fiscal por $174.996 millones de pesos contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, el exsubdirector Jurídico de este mismo instituto, Inocencio Meléndez, la firma Conalvías y otros contratistas, así como los integrantes del llamado Grupo Nule (los hermanos Manuel y Miguel Nule y su primo Guido Nule), el organismo de control informó que tiene medidas cautelares practicadas y registradas en el curso del proceso con lo cual se garantizaría el resarcimiento del daño en un 88%.

Estas medidas cautelares que ascienden a $154. 348. 247 millones de pesos, están discriminadas así:

• Caución con compañía de Seguros por valor de $31.306.897.857
• Prenda sin tenencia por valor de $120.371.188.077
• Dinero en efectivo embargado de cuentas bancarias por valor de $1.790.341.880
• Inmuebles: $879.819.333,33

En derecho, las medidas cautelares son el embargo y el secuestro, cuyo objetivo es evitar la insolvencia del deudor y, así mismo, asegurar el cumplimiento de la obligación por parte de este, ya que si no responde se pueden rematar sus bienes y, de esta manera, se resarce el daño patrimonial.