• Se trata de una investigación que tiene por objeto revisar posibles contratos irregulares en la venta de energía, que podrían haber causado pérdidas de más de $300.000 millones y afectar el patrimonio público en más de $1,4 billones. 
• Se pedirá información a varias entidades del sector energético.

Bogotá, 03 de septiembre de 2024.- La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría delegada para el Sector Minas y Energía, ha ordenado el inicio de una Actuación Especial de Fiscalización a la Hidroeléctrica de Urrá, con el objetivo investigar presuntas irregularidades en la contratación de la venta de energía, las cuales podrían haber ocasionado significativas pérdidas económicas para la empresa, en la que el Estado colombiano posee una participación del 99,98%.

La actuación se centrará en examinar la posible concentración de la contratación de energía en un reducido número de empresas comercializadoras, así como la presunta adjudicación directa ("a dedo") de estos contratos, sin un criterio técnico claro para su asignación. 

Se estima que estas prácticas habrían generado pérdidas superiores a los $300.000 millones, debido a los altos márgenes de utilidad que habrían obtenido las empresas vinculadas con la contratación de Urrá.

La Contraloría investigará igualmente una posible afectación al patrimonio público, dado que los precios de los contratos adjudicados podrían no corresponderse con los precios de mercado vigentes para los años 2023 y 2024.

De acuerdo con informes preliminares, el valor total de los contratos objeto de esta investigación fiscal supera los $1,4 billones, cifra que ha sido denunciada a través de diversos medios de comunicación. 

Es importante destacar que esta Actuación Especial de Fiscalización ha sido iniciada de manera oficiosa por el órgano de control, en el marco de sus competencias y basada en hechos divulgados por la prensa, sin que hasta la fecha se haya recibido denuncia alguna por parte de otras entidades del Estado o de particulares.

La Contraloría General realizará visitas y solicitará información a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al operador XM S.A., a la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios), y a todas las empresas del sector que desempeñen funciones relacionadas con el objeto de vigilancia. 

Este organismo de control reafirma su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio público, y seguirá informando a la opinión pública sobre los avances de esta investigación.

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