• La Contraloría General de la República advierte sobre situaciones preocupantes que deben ser atendidas para garantizar la sostenibilidad de la educación superior y evitar contratiempos en la prestación de este importante servicio público.
• Las universidades Nacional, del Valle y Antioquía muestran con corte a diciembre de 2024 un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones, siendo el más importante el de la Universidad Nacional con $4,5 billones.
• Otros problemas que afectan las finanzas de las universidades tienen que ver con la falta de recursos específicos por parte de la Nación para cubrir los incrementos salariales, y la transferencia oportuna de los recursos vinculados con la política de gratuidad en las matrículas
• La Contraloría considera que es necesario que mientras se aprueba la modificación del esquema de financiación (Ley 30 de 1992) que actualmente se tramita en el Congreso, es indispensable que los recursos provenientes de la Nación sean transferidos a las universidades de manera oportuna para atender adecuadamente las necesidades estructurales y de funcionamiento.

Bogotá, mayo 21 de 2025.- La Contraloría General de la República realizó un estudio de la situación fiscal, presupuestal y pensional de las principales universidades públicas del país (Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Industrial de Santander), encontrando situaciones preocupantes que de no ser atendidas de manera oportuna ponen en riesgo la sostenibilidad de estas instituciones y la prestación de este importante servicio público como lo es la educación superior.

Tras la evaluación, encontró que tres de ellas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquía y la Universidad del Valle, muestran con corte a diciembre de 2024 un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones. El más importante es el de la Universidad Nacional: $4,5 billones.

Este pasivo se ha ido acumulando producto de los cálculos actuariales de cada entidad, sin embargo, la CGR recalca la necesidad de mantener actualizados los cálculos para determinar el monto real de esta deuda y evitar sorpresas en el futuro. En este sentido, el informe muestra que en algunas entidades se están haciendo proyecciones con bases de datos con antigüedad de una década.

La Contraloría llama la atención para que las entidades del nivel central giren oportunamente los recursos de concurrencia (aportes de la Nación) para atender los pagos de los pensionados de estas entidades. Así mismo, subraya que es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, dado que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estas obligaciones. Tal es el caso de la Universidad del Valle que debe concurrir con el 19,9%, viéndose en dificultades para cumplir con su parte del convenio.

Entre los aspectos que preocupan a la Contraloría relacionados con las finanzas de estas universidades públicas, están los efectos del régimen salarial y prestacional de los docentes (decreto 1279 de 2002) que permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica, con los cual los costos anuales crecen a un ritmo importante mientras que los recursos presupuestales asignados para sufragar estos gastos no siguen la misma dinámica, viéndose estas entidades en dificultades para hacer frente a sus obligaciones. Un caso para destacar es el de la Universidad de Antioquia, que en el 2017 reconoció un Valor Anual de los Puntos Asignados por $10.364 millones, mientras en el 2024 este valor ascendió a $18.239 millones, lo que significa un crecimiento del 76%.

Sobre este punto el análisis de la Contraloría dice: “Cabe resaltar que la Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales en mención. Aunque se han transferido recursos adicionales, gran parte de ellos han tenido una destinación específica. Tal es el caso de los planes de cobertura que han venido implementando las universidades”.

A lo anterior se le suma otro riesgo identificado por la entidad en el tema de la formalización de los funcionarios de las entidades educativas analizadas:  “La magnitud de esta brecha podría agravarse si se tiene en cuenta lo establecido en el recientemente expedido decreto de formalización laboral para las instituciones de educación superior pública del país (Decreto 391 de 2025), que de acuerdo con cálculos ofrecidos por el Sistema Universitario Estatal (SUE) requeriría recursos a la base presupuestal del sistema de universidades públicas que ascenderían aproximadamente a 2.9 billones de pesos. Vale mencionar que este decreto no cuenta con una fuente clara de financiación por parte del Gobierno nacional.”

Otro aspecto que afecta de manera importante la salud de las finanzas de las universidades públicas es la política de gratuidad en las matrículas ya que, a partir de su reglamentación a través del Decreto 2271 de 2023, las instituciones de educación superior no reciben el 100 % de los ingresos por concepto de matrícula antes del inicio del respectivo semestre académico.

Actualmente, con la implementación del programa de Gratuidad, el esquema de recaudo ha cambiado, ya que las universidades reciben un primer giro del 80% al inicio del semestre y un segundo giro del 20% posterior a la validación de datos por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Sin embargo, según el informe “el primer giro del 80 % suele efectuarse una vez iniciado el calendario académico, cuando lo ideal sería contar con los recursos antes del comienzo del período. En 2024, el desembolso de estos recursos estuvo condicionado por la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como por los trámites administrativos del Ministerio de Educación Nacional, lo que ocasionó fraccionamientos en los montos y giros parciales.”

Finalmente, otro aspecto que se encuentra rezagado en las universidades públicas, y que se constituye en una deuda histórica con estas entidades, es la inversión en la adecuación y construcción de nueva infraestructura. Un ejemplo emblemático es la Universidad Nacional de Colombia que tiene proyectos de inversión en infraestructura física y tecnológica por un monto de $1,4 billones de pesos, para seguir brindando servicios educativos de calidad y ser referente a nivel nacional y latinoamericano.

El análisis de la Contraloría concluye que es necesario aprobar la modificación del esquema de financiación previsto en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 —reforma que actualmente se tramita en el Congreso—, pero mientras dicho ajuste se concreta, resulta indispensable que los recursos provenientes de la Nación sean transferidos a las universidades de manera oportuna para atender adecuadamente las necesidades estructurales y de funcionamiento. 

Por otra parte, es importante ser consecuentes con el reconocimiento de la complejidad de cada una de las instituciones de educación superior; estos recursos deberían ser crecientes para avanzar en la resolución del desfinanciamiento histórico que afecta negativamente el cumplimiento pleno de sus funciones misionales.