• El informe, elaborado por la Contraloría Defensa para el Sector Defensa y Seguridad, muestra avances significativos en la adopción formal del sistema de Control Interno y temas operativos críticos que exigen mejoras.  
• La Contraloría General de la República recuerda a los jefes de control interno que tienen la obligación de reportar y documentar posibles actos de corrupción o irregularidades en las que se detecten riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos.

Bogotá, 11 de septiembre de 2024.- La Contraloría General de la República realizó un Estudio Sectorial de Evaluación del Sistema de Control Interno del Sector Defensa, que muestra un avance significativo en este tema, pero al mismo tiempo deja ver algunas barreras y limitaciones, como la ausencia de personal y la carencia de capacitación para ejercer esta labor.

Se identificó que las Oficinas de Control Interno de este sector enfrentan limitaciones en su rol asesor y en el cumplimiento de responsabilidades; entre otras razones, debido a la falta de autonomía, personal adecuado y recursos tecnológicos.

El estudio señala que el proceso contractual constituye el área de gestión del Sector Defensa con más “inquietudes y alertas” por parte de las Oficinas de Control Interno, entre otras razones por las debilidades asociadas a la etapa precontractual, particularmente la planeación y selección de los contratistas.

A esto se agregan problemas que se presentan en la ejecución de los contratos, especialmente en el cumplimiento durante la ejecución de las obras, la entrega de bienes o la prestación de los servicios. Y otras situaciones como los temas asociados a la calidad, pertinencia, oportunidad y alcances de las interventorías o supervisiones de los contratos; las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales; y la oportunidad y calidad de las liquidaciones de los contratos.

Se encontró también que los sujetos de control de la Contraloría General de la República, en porcentaje que pasa del 96%, no han utilizado el registro del Sistema de Alertas de Control Interno para motivar intervenciones de este organismo relacionadas con los riesgos de pérdida o deterioro de los recursos o del patrimonio público.

Hallazgos relacionados con pérdidas de recursos, en algunas entidades, no son reportados a este sistema de alertas tempranas de control interno, administrado por la Contraloría General de la República, por lo que este organismo reitera que los jefes de control interno tienen la obligación de reportar, sucinta y documentadamente, posibles actos de corrupción o irregularidades en las que se detecten riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos, de acuerdo con las normas vigentes.

Por otra parte, la reiterada permanencia de hallazgos, tal como consta en los informes de auditoría e inspecciones, llama la atención sobre la oportunidad, pertinencia, cobertura, calidad, razonabilidad y eficacia de las acciones de mejora, el seguimiento y control a la implementación de estas, y la evaluación de sus resultados. 

Diagnóstico y eficiencia del Sistema de Control Interno

La Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad realizó este estudio, recogido en un informe de 314 páginas, que se concentró en los sujetos de control del Sector Administrativo de Defensa, con dos objetivos: Primero: realizar un diagnóstico del Sistema de Control Interno para identificar los problemas de su operación y Segundo: identificar su eficiencia sobre el cumplimiento de las funciones de los sujetos de control.

El estudio realiza un diagnóstico del control interno relacionado con su organización, y los empleos y contratos asignados a las labores de las oficinas de control interno; analiza los resultados de las auditorías internas ejecutadas por las entidades y las decisiones tomadas en los comités y subcomités de coordinación; y señala los resultados de los planes de mejoramiento de los sujetos de control del sector durante el período del informe.

La Contraloría llama la atención sobre las debilidades en los componentes de actividades de monitoreo, evaluación de riesgos y control; relaciona los hallazgos fiscales significativos; y recomienda acciones de la Contraloría General de la República y los sujetos de control para mejorar la eficiencia y efectividad del control interno.

En la vigencia de 2021, la Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad trasladó 17 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por un total de $46.434 millones de pesos. En 2022, remitió 10 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por un total de $4.128 millones de pesos. Y en 2023, envió 48 hallazgos fiscales en cuantía de $621.180 millones de pesos.
 

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