• La Contraloría General encontró falta de información detallada y ausencia de datos sobre los contratistas finales en los casos de contrataciones derivadas referentes a convenios y contratos interadministrativos.
• Al presentar un estudio del ente de control sobre el tema, el Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, propone darle más herramientas a Colombia Compra Eficiente, creando la posibilidad de la inclusión de cláusulas excepcionales, imposición de multas y activación de la cláusula penal.
• El Vicecontralor hace claridad sobre una interpretación normativa que se quiere hacer con relación a informes publicados por la Contraloría, específicamente el que tiene que ver con manejo de recursos por parte de las EPS.

Bogotá, 27 de agosto de 2024.- La Contraloría General de la República finalizó un estudio sectorial sobre la contratación estatal, en especial, la que se ejecuta de forma directa a través de los convenios y contratos interadministrativos. 

En este estudio, realizado por la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, se encontró que, de la muestra analizada (78.976 Convenios y Contratos Interadministrativos con inversiones del orden de los 179,4 billones de pesos entre el 2019 y el 2022), el convenio o contrato interadministrativo supera en un 62% los procesos licitatorios.

“Si bien es cierto esta modalidad de contratación, que tiene por objeto la articulación y colaboración interestatal en la satisfacción de las necesidades de los colombianos se encuentra constitucional y legalmente justificada, en principio, al menos en lo que al Control Fiscal se refiere, el negocio o contrato que de aquella se deriva no se muestra alineado con estos propósitos”, indicó el Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, al instalar el Foro “Optimizando la Contratación Pública”, que tuvo lugar en el Salón “Luis Guillermo Vélez” del Congreso de la República.

A través de las técnicas utilizadas por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras, se encontró que un 90,43% de la contratación primigenia en convenios y contratos interadministrativos cumple formalmente con los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.

En este sentido, la Contraloría realiza serios cuestionamientos a la transparencia que deben brindar las herramientas a través de las cuales se realiza la función constitucional y legal de vigilancia y control fiscal sobre los recursos comprometidos en esta modalidad de contratación, especialmente en la contratación derivada.

Para el Vicecontralor resulta indispensable que el Congreso de la República legisle de manera detallada sobre el principio de transparencia en la contratación derivada de los convenios y contratos interadministrativos, que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente pueda exigir el cumplimiento de los estándares de publicidad de este tipo de contratos y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público haga más riguroso el registro de las obligaciones para pago y desembolso de estos contratistas.

Con este propósito, puede hacerse uso de los desarrollos de la cuarta revolución tecnológica, eventualmente a partir de avances en materias como la inteligencia artificial, la cadena de bloques (Blockchain) y Legaltech, lo cual contribuiría a que estos desarrollos permitan la efectividad en el control fiscal, el control interno y en un futuro no lejano el control social, indicó.

Mejoramiento de estándares de transparencia y claridad sobre una interpretación normativa

Recordó el Vicecontralor que la Contraloría ha hecho algunas advertencias en relación incluso a los acuerdos marcos que Colombia Compra tiene para definir pliegos en contrataciones. “En algunos casos, hemos identificado que algunos ítems para ese tipo de contratación que se hace a través de esa ventanilla están por encima de los valores que hay en los precios de mercado. Y si bien es cierto, esa contratación que hacen las entidades, finalmente están obligadas a hacerlas inicialmente por Colombia Compra Eficiente y revisten de legalidad, la no actualización permanente de los registros y de los acuerdos marcos de precio han ocasionado en algunos sectores que estén por encima de los precios del mercado”, precisó.

Enfatizó que es necesario mejorar los estándares de transparencia y cumplimiento de los demás principios de contratación pública en la tarea del control fiscal. “De manera precisa, cabe señalar que toda persona natural o jurídica que administre o maneje recursos públicos se encuentra bajo la órbita y la competencia del control fiscal. Así lo establece el artículo 3 de la Ley 610 del 2000 y esta Contraloría cumplirá rigurosamente con sus deberes y competencias”, subrayó Zuluaga Pardo.

“Y hacemos mención a esto, específicamente para hacer claridad sobre la interpretación normativa que quieren hacer en relación a informes publicados por la Contraloría. Por ejemplo, en el informe sobre las EPS, donde pareciera que se quieren escudar en la no obligatoriedad del cumplimiento, de los principios de contratación pública que rigen todos los recursos públicos, estén donde se encuentren, y sobre la anuencia de responder sobre la administración de ellos para lo que son, para la destinación que les corresponde.  No se puede decir que con los recursos públicos se puede hacer todo lo que no está prohibido, cuando los recursos que tienen destinación específica se deben usar solo para lo que la ley lo dice”, puntualizó. En su concepto, “con esa tesis estarían entonces desapareciendo el prevaricado o el peculado”. 

“Nunca la Contraloría ha dicho que se hayan robado 6 billones de pesos. Ha dicho, de manera insistente, que ha habido un uso indebido, inadecuado, de los recursos. Y en el tema de los recursos de destinación específica no podemos, con una tesis construida por terceros, decir que no se les debe aplicar ese principio, porque estaríamos, entonces, violentando toda la regla general de presupuesto”, subrayó el Vicecontralor.

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