1. Contraloría abrió tres nuevos procesos de responsabilidad fiscal por $51 mil millones por inundaciones en La Mojana e inicia indagación preliminar por proyecto Cierre del Chorro ¨Caregato¨

Bogotá, 22 de agosto de 2024.- Como consecuencia de la declaratoria de impacto nacional por las inundaciones en La Mojana y el rompimiento del Jarillón del Río Cauca en 2021, la Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, abrió tres procesos de responsabilidad fiscal por $51.013 millones.

El primer proceso está relacionado con las obras de control de las inundaciones en Bolívar e involucra un posible detrimento de $28.822 millones, con medidas cautelares ejecutadas y toma de versiones libres a los presuntos responsables fiscales, entre quienes aparecen el exdirector de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, y algunos contratistas.

El segundo proceso aborda pagos en exceso a 265 beneficiarios, con un daño de $191 millones, vinculando a funcionarios del Ministerio de Agricultura. El tercer proceso investiga posibles desvíos de fondos para ayudas humanitarias en varios municipios, involucrando a diez exalcaldes municipales y un daño estimado en más de $22.000 millones.

Adicionalmente, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura inició una Indagación Preliminar para revisar y evaluar el desarrollo y estado actual del proyecto denominado “Cierre del chorro Caregato, boquete del Rio Cauca, en San Jacinto del Cauca (Bolívar)”, que está bajo la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Luego de la visita de la Contraloría al sitio de la obra, realizada el 1 de agosto de 2024, se decidió iniciar una Indagación Preliminar a este proyecto, a efectos de revisar y evaluar la gestión fiscal de la UNGRD, los consultores, constructores e interventores que han participado en el desarrollo del mismo desde su etapa precontractual hasta la fecha.

Adicionalmente, la Contraloría Delegada para la Infraestructura recibió y está tramitando dos denuncias ciudadanas que aluden a presuntas irregularidades en la ejecución de este contrato, cuyo valor inicial es de $129.187´605.884, y que en su alcance también incluye la construcción de espolones en el Canal La Esperanza y obras varias para la recuperación de la margen izquierda del Dique Rompedero ¨Caregato¨.

El órgano de control tiene especial preocupación con el estado actual de este contrato y de estas importantes obras, toda vez que son primordiales para eliminar una de las causas de las inundaciones del Río Cauca, que afectan a las comunidades ribereñas de toda la zona de La Mojana, que comprende los departamentos de Bolívar, Antioquia, Córdoba y Sucre.

La Contraloría espera culminar prontamente esta Indagación Preliminar, aproximadamente en noviembre del presente año, para así poder determinar si procede o no el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de alguno, algunos o todos los participantes en este proyecto.

La Contraloría General hace un llamado al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que prioricen la implementación de las acciones necesarias y suficientes que permitan la terminación y puesta en operación de estas importantes obras de cierre y mitigación de riesgos en La Mojana.

2. El Distrito de Cartagena disminuyó recursos para la educación de niños, niñas y adolescentes y puso en riesgo la prestación del servicio educativo a esta población

En auditoría de cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones-SGP- Educación, Programa de Alimentación Escolar e Infraestructura Educativa, la Contraloría General encontró un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $6.707 millones.

El hallazgo fiscal se genera luego que el Distrito de Cartagena girara al ICETEX, de 2021 a 2023, recursos del SGP - Calidad Matrícula por $6.576 millones para el pago de estudios de formación avanzada (especializaciones, maestrías y doctorados) a docentes, cuando dichos recursos están destinados para financiar la prestación del servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes del Distrito de Cartagena.

Sobre la utilización de los recursos del SGP - Calidad Matrícula, la norma indica que se destinen para la construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura, dotación, pago de servicios públicos y funcionamiento básico de los establecimientos educativos estatales.

Respecto a la capacitación, el Ministerio de Educación Nacional en febrero de 2024 respondió a la Contraloría que: “… los recursos de la participación de educación del SGP, ya sean los de prestación del servicio o de calidad matrícula, pueden ser usados en capacitación, lo cual se constituye como educación no formal, por lo que la financiación de educación formal (especializaciones, maestrías, doctorados, que son diferentes a capacitación de educadores) no es financiable con cargo a los recursos del SGP.”

La Contraloría hace un llamado para que los recursos del Sistema Educativo se inviertan de manera correcta y en beneficio de los estudiantes del país, dado que la situación detectada evidencia una gestión ineficiente e ineficaz de los recursos públicos, inobservancia de los principios que rigen la función administrativa y de la normativa aplicable sobre el manejo de los recursos del SGP; ya que, disminuyó los recursos destinados para la atención de los niños, niñas y adolescentes del Distrito de Cartagena afectando de manera negativa la prestación del servicio educativo del Distrito Turístico.

3.    A través de la estrategia “Compromiso Colombia”, la Contraloría ha logrado rescatar 60 obras en Bolívar, por $89.996 millones

Gracias a la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría General de la República ha logrado rescatar 60 proyectos en el departamento de Bolívar, por un valor registrado de $89.996 millones, dentro de los que se cuentan los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Zambrano, Arroyohondo, Córdoba y San Juan Nepomuceno y las Unidades Primarias de Atención en Salud (UPA) de Barú, Arroyo de Canoas, Puerto Rey y la Institución Educativa Villas de Aranjuez.

La Contraloría General, a través del Diagnóstico Nacional de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos, ha identificado ochenta y cuatro (84) proyectos que aún siguen activos y ascienden a $411.845 millones, en el departamento de Bolívar.

Entre los proyectos con mayor cantidad de recursos invertidos, se encuentran:

(1) la concesión para la construcción y mejoramiento de la Vía Transversal Barú con un total de $60.042 millones invertidos, elefante blanco del sector transporte; (2) la construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil (Barrancos de Loba), por un total de $22.950 millones, elefante blanco del sector educación; (3) infraestructura hospitalaria Cartagena DADIS (Unidades Primarias de Atención - UPA El Pozón), por un valor de $22.385 millones, elefante blanco del sector salud.

Los sectores que presentan mayores inversiones en riesgo en proyectos catalogados como Elefantes Blancos y Obras Inconclusas en este departamento, son: (1) el sector Salud y Protección Social, con veinte (20) proyectos por un valor de $114.783 millones; (2) el sector Educación, con veinte (20) proyectos por un valor de $90.491 millones; (3) el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, con diez (10) proyectos por un valor de $23.856 millones.

4.    Más de $23 mil millones podrían estar en riesgo por obras inconclusas o sin uso en cárcel de Cartagena

La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para determinar posible pérdida de dineros públicos en la construcción de la obra de infraestructura modular en la cárcel de Cartagena, en el departamento de Bolívar.

Producto de una Actuación Especial de Fiscalización a la USPEC y al INPEC, realizada en el 2023, se abrió esta indagación preliminar luego de determinarse un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un valor de $23.219 millones.

La Contraloría Delegada para el Sector Justicia realizó un recorrido por tres pabellones, los cuales se encontraban sin uso. La obra se pagó en el 2020 y al momento de la visita del grupo auditor aún no entraba en funcionamiento.

Actualmente el tema se encuentra en indagación, para verificar qué tanto se han implementado las medidas correctivas o si persisten inconsistencias en el uso de dichas obras.

Centro de preparación y distribución de alimentos tampoco funciona

Las obras adelantadas en el rancho de la prisión también son investigadas. El contrato de obra se entregó a satisfacción y se liquidó en el 2022, sin embargo, la Delegada de Justicia, en la más reciente visita realizada en junio pasado, verificó que aún no se encontraba en uso. La puesta en funcionamiento no ha sido posible, pues aún no cuenta con los elementos mínimos de operación y de dotación respectiva.

A pesar de haber sido pagada la construcción del rancho, actualmente no se está utilizado el espacio entregado por parte del contratista, lo que evidencia un menoscabo a los recursos públicos por valor de $1.148 millones.

Los responsables de la alimentación organizan y distribuyen la comida a la intemperie en la cárcel. los alimentos llegan en vehículos particulares, en una zona al aire libre se realiza el alistamiento, la distribución y asignación sin las condiciones mínimas de salubridad.

5. Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por irregularidades en obras de saneamiento básico en Cantagallo, Bolívar

La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.848 millones, por el mal manejo de los recursos de regalías invertidos por el municipio de Cantagallo, Bolívar, en el proyecto de obra de saneamiento básico de este municipio.

El proceso de responsabilidad fiscal se falló al revisar el Contrato Interadministrativo No. 044 del 03 de diciembre de 2008, que tuvo como objeto "Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción (incluye diseño) de las obras de Saneamiento Básico en el municipio de Cantagallo (Bolívar)", dado que las obras no fueron ejecutadas en su totalidad y no cumplieron con su finalidad, catalogándose como inconclusas e inservibles, que no permiten una funcionalidad.

La cuantía del daño indexada es de cerca de $1.849 millones y se falló en contra de los ex alcaldes del municipio para la época de los hechos, ex secretario de planeación municipal, representante legal de la empresa contratista e interventoría.

162