• Dentro del proceso auditor se evidenciaron deficiencias en la incorporación de rendimientos financieros, finalización de contratos de prestación de servicios sin legalización completa del anticipo, deficiencias en supervisión de contratos, publicación extemporánea de documentos y falta de oportunidad en la prestación del servicio del PAE.
• Como resultado de la auditoría, la Contraloría estableció diecisiete (17) hallazgos, todos con presunta incidencia disciplinaria, ocho (08) con incidencia fiscal por $3.784 millones.
• Unos 3 mil niños, niñas y jóvenes que estudian en colegios de comunidades indígenas, los más afectados.

Bogotá, 27 de septiembre de 2024.- La Contraloría General de la República realizó Auditoría de Cumplimiento al departamento de Vaupés para la vigencia 2023 donde se detectaron diecisiete (17) hallazgos, de los cuales todos tienen presunta connotación administrativa e incidencia disciplinaria y ocho (8) tienen incidencia fiscal por $3.784 millones.

Lo que más preocupa a la Contraloría es que luego de los resultados de esta auditoría se evidencia que los más afectados son 10 colegios del departamento de Vaupés en su mayoría de zonas rurales, donde unos 3 mil estudiantes pertenecen a comunidades indígenas.

Hay que tener en cuenta que los hallazgos encontrados provienen de colegios en los cuales el 100% de sus estudiantes son indígenas, que en muchos casos viajan días por el río Vaupés para poder llegar a sus respectivas escuelas y colegios.

Como resultado de la auditoría, se destaca la falta de legalización del anticipo por parte del contratista para la administración de la atención educativa de las instituciones Yapú, Tiquié, Tapurucuara, Taraira y Buenos Aires, con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. La baja supervisión evidencia la falta de control en la ejecución del recurso público, generando un daño patrimonial por $2.860.705.082.

Es necesario que las entidades públicas adopten medidas preventivas y correctivas para asegurar que los anticipos se utilicen y legalicen de manera adecuada y como en el caso de Vaupés los afectados no sean las comunidades que más necesitan de estos recursos.

Por otra parte, se revisó la ejecución del contrato 377 de 2023, cuyo objeto consistió en la administración en la atención educativa para garantizar el derecho a la educación en el marco del sistema indígena propio (SEIP) en la zona del río Pira Paraná, ejecutado con recursos provenientes de Sistema General de Participación-Educación prestación de Servicios. A consecuencia de la falta de legalización del anticipo por parte del contratista y la baja supervisión en la ejecución de los recursos públicos, se generó un daño patrimonial por $630.116.133.

Tener una buena infraestructura educativa en las comunidades indígenas es fundamental por varias razones: el impacto en el desarrollo y formación académica de los estudiantes y a su vez el bienestar colectivo de estas comunidades que se encuentran en regiones apartadas del país. Aulas, bibliotecas, laboratorios y acceso a tecnologías modernas son cruciales para ofrecer una educación de calidad en el Vaupés, recordó la Contraloría.

Al mejorar los entornos educativos, se aumentan las posibilidades de desarrollo económico y social para la región, reduciendo los niveles de pobreza y mejorando la calidad de vida y las oportunidades para los pueblos indígenas.

Finalmente, otro hallazgo significativo evidenciado en el marco de esta auditoría de cumplimiento, está relacionado con la construcción de un sistema de captación y aprovechamiento de aguas lluvias para la comunidad de Buenos Aires, sobre el cual se pudo determinar que dicho sistema solo estuvo en funcionamiento dos (2) meses. Por tanto, al no cumplir con la finalidad para la cual fue construida, se configuró presunto alcance disciplinario con implicaciones fiscales por un monto estimado en $200.371.647.

El Sistema General de Participaciones son los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, por mandato de los artículos 356 y 357 Constitucionales, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, principalmente.

La Contraloría General de la República continuará supervisando y recomendando acciones correctivas para asegurar el uso adecuado y transparente de los recursos públicos en el departamento de Vaupés. Es crucial que las autoridades departamentales implementen medidas efectivas para mejorar la gestión financiera y administrativa, garantizando así la correcta ejecución de los recursos públicos del país.