• El incumplimiento en la entrega de soluciones de vivienda a las familias damnificadas por la tragedia de Mocoa ocurrida en 2017, ha derivado en el desembolso prolongado de subsidios de arrendamiento, que ascienden a $16.502 millones entre marzo de 2020 y la fecha, según información entregada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

• La Contraloría determinó un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por un total de $5.748 millones, relacionados con estos subsidios de arrendamiento. Mientras el proyecto de vivienda no sea entregado a sus beneficiarios, este monto continuará en aumento, reflejando no solo un impacto fiscal creciente, sino también un retraso en la garantía de los derechos de las familias afectadas.

• La Contraloría no cuestiona la necesidad de otorgar subsidios de arrendamiento, los cuales representan una medida temporal de alivio habitacional. No obstante, enfatiza que el incumplimiento en la entrega de viviendas ha desnaturalizado esta figura, al convertirla en una carga fiscal prolongada, sin cumplimiento de su función resarcitoria ni su carácter transitorio.

Bogotá, 9 de junio de 2025. La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico y la Delegada de Infraestructura, advierte sobre el impacto generado por el incumplimiento en la entrega de soluciones de vivienda a las familias damnificadas por la tragedia de Mocoa ocurrida en 2017. Esta situación ha derivado en el desembolso prolongado de subsidios de arrendamiento, que ascienden a $16.502 millones entre marzo de 2020 y la fecha, según información entregada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El proyecto habitacional fue estructurado en dos fases, denominadas Sauces I y

Sauces II, con el objetivo de entregar un total de 1.209 soluciones de vivienda. No obstante, pese a los compromisos asumidos y a los recursos ejecutados, los retrasos en la implementación han impedido alcanzar las metas previstas, afectando especialmente la ejecución del proyecto Sauces II, el cual contaba con una asignación presupuestal de $99.566 millones para la construcción y entrega de 909 viviendas.

Entre las principales causas del incumplimiento se identifican deficiencias en la planeación inicial, modificaciones contractuales sin justificación técnica, falta de supervisión rigurosa y demoras significativas en el cronograma de ejecución.

Estas fallas han imposibilitado la entrega oportuna de las soluciones habitacionales a los damnificados, lo que ha obligado a extender por varios años el esquema de subsidios transitorios de arrendamiento, originalmente concebido como una medida temporal de alivio, pero que ha perdido su finalidad reparatoria ante la ausencia de soluciones definitivas.

En el marco de sus acciones de control fiscal, mediante el informe de Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial a los Recursos Públicos Invertidos para la Reconstrucción del municipio de Mocoa en el departamento del Putumayo (2022), la Contraloría determinó un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por un total de $5.748 millones relacionados con los subsidios de arrendamiento, cifra que hoy asciende a $16.502 millones. Mientras el proyecto de vivienda no sea entregado a sus beneficiarios, este monto continuará en aumento, reflejando no solo un impacto fiscal creciente, sino también un retraso en la garantía de los derechos de las familias afectadas.

La Contraloría no cuestiona la necesidad de otorgar subsidios de arrendamiento, los cuales representan una medida temporal de alivio habitacional. No obstante, enfatiza que el incumplimiento en la entrega de viviendas ha desnaturalizado esta figura, al convertirla en una carga fiscal prolongada, sin cumplimiento de su función resarcitoria ni su carácter transitorio.

Adicionalmente, la falta de resultados concretos en el cierre de los contratos afecta no solo la confianza ciudadana en las instituciones, sino también la eficiencia en el uso de los recursos públicos, al perpetuar soluciones transitorias que no resuelven de manera estructural el déficit habitacional de la población damnificada.