176 - Luego de seis años de implementación del Acuerdo Final de Paz, se reporta la ejecución de $77,45 billones que no han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país

COMUNICADO DE PRENSA No. 176


 

  • Así lo revela el Séptimo Informe de la CGR al Congreso sobre los recursos del posconflicto, en el cual se insta al Gobierno Nacional a fortalecer la articulación y la complementariedad de las acciones de la implementación del Acuerdo Final de Paz, hacer un mayor esfuerzo presupuestal y priorizar recursos para cubrir los compromisos rezagados.
  • Las entidades responsables de ejecutar los recursos para la implementación del AFP reportaron entre 2017-2023, una ejecución de $77,45 billones precios constantes 2023. Para la Reforma Rural Integral se han invertido $44,9 billones de 2023.
  • Sin embargo, las intervenciones realizadas mediante los Planes Nacionales Sectoriales Rurales -PNSR y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, no han logrado cambios estructurales para el cierre de brechas y la erradicación de la pobreza extrema rural.

Bogotá, 11 de octubre de 2023.- Pese a una cuantiosa ejecución de recursos para la implementación del Acuerdo Final de Paz ($77,45 billones en 6 años), no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados con los PDET. Esto último como producto de una ejecución desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos.

Esta es una de las principales conclusiones del Séptimo Informe de la CGR al Congreso sobre los recursos del posconflicto, donde se indica también que la Reforma Rural Integral -RRI-, no ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y la erradicación de la pobreza extrema, cuyos niveles según el DANE -último corte disponible de 2021- son mayores a los de 2017 en centros poblados y zona rural dispersa.

Los $44,9 billones ejecutados en la Reforma Rural Integrada no han logrado las transformaciones requeridas, ni siquiera en los municipios priorizados, debido a la deficiente formulación de proyectos, y falta de coordinación de acciones entre las entidades responsables.

La participación ciudadana, eje fundamental del Acuerdo Final de PAZ, es precaria o casi inexistente en algunos instrumentos de este, como en los PNSR a cargo de las entidades nacionales.

En los PDET se logró total participación comunitaria en la formulación de las iniciativas, y mínima incidencia en la implementación, y en el seguimiento. Esto último por las limitaciones en el acceso y la deficiente calidad de la información financiera y contractual que vulnera la observancia del enfoque del AFP de abajo hacia arriba, en la adecuada participación ciudadana para ejercer un efectivo Control Social.

Según la Contraloría, luego de transcurrido el primer año del actual Gobierno, no se ha evidenciado la puesta en marcha de los ajustes de fondo que la implementación requiere. Se espera que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final -UIAF- y la Agencia de Renovación del Territorio -ART-, concreten los ajustes normativos, técnicos y metodológicos que demanda la implementación y el país pueda avanzar hacia transformación estructural del campo.

Durante el seguimiento histórico plasmado en el “Séptimo Informe al Congreso sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz”, se analizó el período 2017 a marzo de 2023, con énfasis en la vigencia fiscal 2022, encontrándose una serie de avances, riesgos y obstáculos, entre los que se destacan:

Seguimiento financiero 

Desde la implementación del -AFP-, se reporta una ejecución de $77,45 billones a precios constantes 2023, un 52,7% de los recursos estimados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP- de 2017 para los 15 años por $146,96 billones. En 2023 la programación de recursos es de $13,63 billones.

Si bien el ritmo de asignación de recursos aumentó a partir del año 2020 frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MPMP, se requiere en los próximos años, realizar un mayor esfuerzo presupuestal, priorizar recursos para cubrir los compromisos rezagados, y propender por una mayor calidad del gasto para lograr efectividad en los resultados de las intervenciones previstas en el Acuerdo Final de Paz-

Punto 1. Reforma Rural Integral -RRI-

De los $44,9 billones a pesos constantes de 2023, ejecutados entre 2017 y 2022; $9,1 billones corresponden a 2022; el Presupuesto General de la Nación corresponde al 62% del total de los recursos marcados. El Pilar de Educación Rural concentra el 31% de los recursos de este punto, con $13,2 billones, seguido por los Planes de Acción para la Transformación Regional -PATR con el 28% por valor de $12,4 billones, e infraestructura y adecuación de tierras con el 15% por $6,5 billones.

De acuerdo con el  Sistema Integrado de Información para el Posconflicto -SIIPO, el 53% de los 220 indicadores del Plan Marco de Implementación -PMI (o sea 116) presentan total cumplimiento en las metas anuales planteadas; sin embargo, buena parte de estos no indican el estado real de avance de la implementación con relación al cumplimiento de los compromisos y metas del PMI. De igual modo, el 50% de los PNSR- tienen cobertura geográfica insuficiente; es decir, que no tienen un alcance nacional como lo estipula el Acuerdo Final de Paz.

Y tras seis años de implementación el indicador de “Tres millones de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras” presenta un mínimo avance con 19.655 ha entregadas, el 0,65% de la meta a 15 años, pese a que el Fondo de Tierras dispone de más de 1’300.000 ha. Por otro lado, se destaca la creación de la Jurisdicción Especial Agraria, mediante Acto Legislativo 03 de 2023 del 24 de julio de 2023, con la cual se inicia el camino para la solución de conflictos derivados de la tenencia y posesión de la tierra a nivel nacional.

Entre 2018 y 2022, se ha reducido en 11,3 puntos porcentuales la incidencia de la pobreza multidimensional en zonas rurales, de acuerdo con las cifras oficiales del  DANE, con lo que la meta de reducción del 50% en el nivel de incidencia en el campo planteada a 2031, se lograría si se mantiene la tendencia actual. 

Punto 2. Participación Política

Durante el periodo 2017-2022 se registró una ejecución presupuestal de $1,07 billones; de los cuales $158.204 millones, corresponden a la vigencia 2022.

Se reitera el retraso en la conformación del “Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política -SISEP-”, que afecta el cumplimiento de las metas de seguridad propuestas en el -AFP-, y el incumplimiento de las metas trazadoras “Disminución del asesinato de líderes sociales en el marco del -SISEP-” y “Disminución de las violaciones de derechos humanos en el marco de manifestaciones públicas”.

Punto 3. Fin del Conflicto

Durante el periodo 2017 al 2022 este punto registró una ejecución presupuestal por $4.6 billones, de los cuales $381.446 millones se ejecutaron en la vigencia 2022, una significativa disminución frente a $1 billón ejecutado en 2021.

A 2022, se evidencia retraso en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reincorporación -SNR- lo que genera dispersión de las acciones institucionales. En materia de reincorporación, a marzo de 2023, se avanzó con la compra de 22 predios para los procesos de vivienda definitiva, consolidación, y traslado, de Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -AETCR-. De igual forma, se identificaron 802 proyectos productivos cerrados o inactivos, de estos 781 son individuales y representan un riesgo sobre la efectividad de los recursos dispuestos por $14.000 millones.

Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Se concluye que, los recursos ejecutados en el periodo 2017-2022 corresponden a $5,9 billones. Se destaca una disminución en la asignación de recursos pasando de $1.3 billones en el año 2021, a $57.769 millones en el año 2022.

El esfuerzo fiscal para el 2022 correspondiente al PNIS se estimaba en $1,2 billones, sin embargo, la asignación presupuestal alcanzó solo el 27% con $319.617 millones; por lo que esta programación de recursos no cubre las necesidades de este programa.

La baja ejecución de los recursos apropiados incrementa el riesgo fiscal en la sostenibilidad financiera del -PNIS-, así como el incumplimiento de los compromisos con las familias titulares del programa, que se ven afectadas por el reducido avance de indicadores y metas que conforman el Pilar 4.1. Se evidencia que el 98% del universo de familias beneficiarias (71.011), de proyectos productivos de ciclo largo, se encuentran pendientes de atención.

Punto 5. Acuerdo para las Víctimas

Para la implementación del Punto 5 entre 2017-2022, se registró una ejecución de $5,7 billones de los cuales $1,7 billones corresponden a la vigencia 2022 y $1 billón, programado para 2023.

Es evidente la falta de actualización del PMI en los indicadores del pilar de Justicia y Verdad, y la inexistencia de indicadores para realizar seguimiento en el Pilar de reparación integral en las estrategias de restitución de tierras y garantías de no repetición. El inventario de los bienes incautados administrados por la Sociedad de Activos Especiales -SAE- es incompleto, desarticulado, no cuenta con avalúo catastral y/o comercial, evidenciando falta de control y adecuada administración de los bienes.

Punto 6. Implementación, Verificación y Refrendación

Durante el período 2017-2022, se ejecutaron para este Punto $1,28 billones a precios constantes de 2023. En 2022, la ejecución se redujo significativamente a $82.940 millones, una disminución del 59% en comparación con los $203.331 millones de 2021.

Por otra parte, persiste la falta de mecanismos que permitan la articulación directa entre los proyectos de Cooperación Internacional y los instrumentos de implementación del Acuerdo Final de Paz, y continúan las deficiencias en el reporte de información por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia -APC-, lo que dificulta el conocimiento de los resultados y productos generados por estas intervenciones.

Capítulo Étnico

Desde la vigencia 2018 a 2022 se han orientado a temas étnicos $1,19 billones, equivalentes al 4,1% del total de recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al Acuerdo Final de Paz, un leve incremento porcentual frente al total comparado con el 2021.

Persisten deficiencias en el uso del clasificador presupuestal en los recursos destinados a la implementación de planes, programas y proyectos para grupos étnicos y la destinación marginal de recursos para los compromisos transversales en los Puntos del Acuerdo Final del Paz con los pueblos y comunidades étnicas.

En materia de PNSR, se tiene que el 81% de ellos no cuentan con incorporación suficiente, real y efectiva de una estrategia con enfoque étnico para pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y gitanas (Rrom).

El informe completo y el resumen ejecutivo del “Séptimo Informe al Congreso sobre la Ejecución de los Recursos y Cumplimiento de las Metas del Componente para la Paz”, se encuentra en la página Web de la CGR, en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3SjcMsF