170 - Comisión de Seguimiento requiere al Gobierno Nacional asignación de recursos crecientes y suficientes para atender necesidades de los pueblos étnicos

COMUNICADO DE PRENSA No. 170


 

  • Organismos de control (la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo) y representantes de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros socializaron los onceavos informes sobre Decretos Leyes Étnicos.
  • Los informen instan al Gobierno Nacional a focalizar la política pública de víctimas hacia las necesidades de los pueblos y comunidades étnicas, realizando un mayor esfuerzo fiscal en la ejecución de medidas a su favor.
  • “Desde la Contraloría General de la República se insta a mejorar la ejecución de los recursos disponibles en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y de las comunidades étnicas”, indicó el Contralor Delegado para el Posconflicto, Rubén Darío Granda.

Bogotá, 5 de octubre de 2023.- La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, y representantes de la población étnica víctima, constituidos como Comisión de Seguimiento y Monitoreo, revelaron los principales avances y dificultades en la implementación de los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, a 12 años de su implementación, y formularon varias recomendaciones.

En sus onceavos informes, la Comisión encontró que se requiere de un mayor esfuerzo ffiscal del Gobierno Nacional para ejecutar las medidas contempladas en los Decretos Leyes Étnicos, y es necesario realizar los ajustes institucionales y normativos requeridos para brindar una atención y reparación integral a las víctimas de los pueblos étnicos con oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos.

En 2022, para los pueblos indígenas se apropiaron $1.2 billones y se ejecutaron obligaciones por $832.305 millones, lo que representa el 69% de presupuesto ejecutado y el 31% sin ejecutar. En la misma vigencia, para el pueblo Rrom se apropiaron $2.017 millones y se ejecutaron obligaciones por $1.163 millones, un 57.63% ejecutado y sin ejecución un 42,37%. En cuanto a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras (NARP), se apropiaron recursos por $707.391 millones, de los cuales se ejecutaron $595.491 millones, es decir un 84% fue ejecutado y un 16% no se ejecutó.

En esa misma vigencia, con respecto al año 2021, aumentó la participación en la destinación de recursos por parte de las 49 entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para Víctimas - SNARIV: en el 54% para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 57% para pueblos Indígenas y 16% para el pueblo Rrom o Gitano.

Frente al esfuerzo que realiza el Gobierno Nacional para la asignación de recursos para la atención de la Población Víctima Étnica, llama la atención de la Comisión que en 2022 se presentó falta de ejecución de los recursos de proyectos de inversión por parte de algunas entidades nacionales.

Se reitera lo señalado en anteriores informes sobre la necesidad de ajustar el documento CONPES 4031 de 2021, pues éste no incluyó la financiación de la totalidad de las medidas para los pueblos étnicos ni consideró los universos que deben ser atendidos en los próximos 8 años.

Por lo anterior, los Comisionados étnicos y los entes de control insisten a las entidades ejecutoras de la política para que, en la asignación de recursos, haya desagregación por pueblo étnico, sea para Indígenas, Rrom e incluso en la especificación de comunidades Negras, Raizales o Palenqueras, lo que permitirá un mejor monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las medidas de atención y reparación por etnia.

Se necesita un costeo detallado de recursos

Según cálculos de la Contraloría General de la República, para la implementación de solo cuatro medidas para pueblos étnicos víctimas a 2031, se requerirían aproximadamente $3,9 billones a precios de 2023, así:

  • En Atención psicosocial a colectivos étnicos se requieren $87 mil millones.
  • En Indemnización colectiva a víctimas de comunidades negras $122 mil millones, y a víctimas indígenas $207 mil millones.
  • En Planes de reparación colectiva para sujetos étnicos, el esfuerzo fiscal requerido es de $3,4 billones.
  • Y en Retornos y reubicaciones para comunidades étnicas es de $76 mil millones.

Por esto, la Comisión hace un llamado al Gobierno Nacional para que realice el costeo detallado y completo de los recursos necesarios para dar cumplimiento a los Decretos Leyes destinados a los pueblos gitano e indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que han sido víctimas del conflicto armado.

Rezagos en cumplimiento de reparación

De otra parte, entre 2016 y 2022 se ha indemnizado colectivamente al 9% de los 83 Sujetos Étnicos de Reparación por un valor total de $25.372 millones, lo cual evidencia el rezago del Estado en el cumplimiento de esta obligación y la baja dinámica de los pagos. Por ejemplo, en 2022 sólo fueron indemnizados un total de 24 sujetos colectivos: 13 resguardos indígenas y 11 consejos comunitarios.

En 2022 se registraron 248 solicitudes étnicas de retorno o reubicación: El 14% de éstas son planes aprobados por los Consejos Territoriales de Justicia Transicional, aunque esto no implica que esté garantizado el principio de seguridad para los retornos o reubicaciones.

El 30% están en fase de formulación y concertación; y el 56% se encuentra en actualización, ya que fueron formulados antes de la expedición unilateral del protocolo de retornos y reubicaciones para comunidades étnicas, mediante Resolución 00027 de 2022, por parte de la Unidad para las Víctimas. 

La Comisión llama la atención sobre esta Resolución que no fue concertada con los pueblos étnicos y vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como sobre el estancamiento en el cumplimiento de los planes de retornos y reubicaciones de las víctimas desplazadas forzosamente, y en últimas, la reversión de medidas que previamente se habían concertado con las comunidades étnicas afectadas.

Caracterización de víctimas y medidas de protección colectiva

 Preocupa a la Comisión que Gobernaciones y Alcaldías no cuentan con información veraz y pertinente sobre la población étnica asentada en sus territorios y que en la mayoría de estos existe una alta complejidad del conflicto armado que afecta a los pueblos étnicos, por lo que es urgente ajustar la caracterización existente de las víctimas étnicas, así como los respectivos planes y rutas de atención, asistencia y reparación integral.

Finalmente, según datos de la Defensoría del Pueblo, en el año 2022 se registraron 215 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 47 pertenecían a los pueblos indígenas y 12 pertenecían a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Para este mismo año, la UNP reporta la implementación de 24.880 medidas de protección colectiva recomendadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).