051 - Histórica decision de la Contraloria General para la protección animal: hallazgo declarado de impacto nacional por $2.648 millones y apertura de proceso de destinación de recursos públicos a mangas de coleo.

COMUNICADO DE PRENSA No. 051


 

  • La CGR acata así decisiones en cuanto al maltrato animal que ha dictado la Corte Constitucional.
  • “En ningún caso se pueden invertir dineros públicos para el maltrato animal”, dice el ente de control, que declara de impacto nacional los hechos relacionados con la destinación de recursos del Sistema General de Regalías en la construcción de dos mangas de coleo en municipios del departamento del Guaviare.
  •  En este caso, la Unidad de Regalías de la Contraloría General de la República estableció incidencias tanto disciplinarias como penales.
  • Al amparo de una autorización temporal para la reactivación económica, la secretaría de Planeación Departamental y 4 alcaldes municipales viabilizaron y aprobaron el proyecto.

Villavicencio (Meta), 28 de febrero de 2024.- En una decisión histórica para la protección animal, la Contraloría General de la República configuró un hallazgo fiscal en cuantía de $2.648 millones por la inversión de recursos de regalías en la contratación ilegal de la construcción de dos mangas de coleo en el departamento del Guaviare.

Tales hechos fueron de inmediato declarados de impacto nacional por el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, para que se proceda a abrir el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal.

Este hallazgo fiscal por $2.648 millones, que también tiene incidencia disciplinaria y penal, se estableció luego que la CGR, a través de la Unidad de Regalías, atendiera denuncias instauradas ante el ente de control por los senadores Andrea Padilla y Fabián Díaz Plata para evaluar la gestión fiscal sobre los recursos públicos invertidos por el Departamento del Guaviare en la construcción de dos escenarios de mangas de coleo en los municipios de San José del Guaviare y El Retorno.

La Contraloría verificó que los recursos del Sistema General de Regalías se invirtieron de manera ilegal en el proyecto.

Decisión sin antecedentes

Es la primera vez en Colombia que, mediante la defensa de los recursos públicos, se hacen efectivas las decisiones que, en cuanto al maltrato animal, se vienen dictando por parte la Corte Constitucional desde hace 14 años (en especial con la Sentencia C-666/2010), donde se han establecido límites claros a prácticas como el coleo, las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, corralejas, becerradas y riñas de gallos; y que, sin embargo, no se acatan en los territorios.

Según lo que la Corte ha desarrollado y reconocido específicamente en lo relativo al coleo, el éxito de tal actividad está directamente relacionado con el maltrato del animal objeto de este “deporte”, porque se asigna el puntaje más elevado a la mayor cantidad de vueltas que se le dé al bovino, luego de sujetarlo por la cola y derribarlo con velocidad.

De esta manera no solo se estimula el maltrato sino que se causa sufrimiento físico al animal, que durante la caída sufre lesiones cutáneas, desgarres musculares y nerviosos, torsiones de órganos del tracto gastrointestinal, trauma medular, contusiones pulmonares y fracturas de columna y huesos. Tal es la gravedad de estos traumatismos a los que se someten repetidamente los animales durante el espectáculo, que generalmente son sacrificados.

Para el máximo organismo de control fiscal es claro que, en ningún caso, se pueden invertir recursos públicos para el maltrato animal y la decisión de configurar este hallazgo fiscal y consecuentemente proceder, más adelante, a abrir el respectivo proceso de responsabilidad fiscal, contribuye a sentar un precedente para el manejo de otros escenarios destinados a estas prácticas que, aunque no sean prohibidas por cuenta del arraigo popular, lo cierto es que no operan de manera absoluta ni pueden estar por encima de la Constitución y la Ley. 

En el departamento del Guaviare subsisten necesidades básicas que satisfacer, donde los recursos del Sistema General de Regalías se conciben para el cierre de brechas sociales y económicas, reducir disparidades regionales, de manera que la malversación de los recursos obstaculiza la superación de pobreza y el desarrollo territorial.

“El mensaje es claro para los gobernantes: las normas y los límites se deben acatar, es el deber de los administradores públicos, en un Estado constitucional y democrático. Desde hace 14 años la protección animal tiene rango constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano y, por tanto, resulta una obligación estatal cumplir esa decisión”, manifestó el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga.

Destacó que, con la decisión adoptada por la Contraloría, se sienta un precedente de cara a desincentivar las prácticas que constituyen maltrato animal y se contribuye a subsanar el déficit legislativo de protección animal, teniendo en cuenta que en la Sentencia C-041/17 de la Corte Constitucional, se otorgó el término de dos (2) años para que el Congreso de la República adaptara la legislación a la jurisprudencia constitucional y actualmente cursan diversos proyectos de ley para el mismo fin.