033 - Contraloría General de la República adelanta en Cundinamarca y Bogotá 91 procesos de responsabilidad fiscal por $1.33 billones

COMUNICADO DE PRENSA No. 033


 

  • Se destacan 10 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $572.645 millones por irregularidades en proyectos del sector Defensa y Seguridad, donde el de mayor cuantía (por $543.643 millones) es por irregularidades relacionadas con la pérdida del patrimonio de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) por un mal negocio inmobiliario.

  • 27 procesos, por $413.433 millones, corresponden a irregularidades en temas relacionados con Infraestructura, donde se destaca un (1) proceso por $381.239 millones que tiene que ver con la ejecución del contrato de concesión de Autopista Bogotá-Girardot, en el Departamento de Cundinamarca.

  • En cuanto al Municipio de Soacha, se adelantan 2 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $765 millones, por irregularidades en temas relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

  • Durante el periodo de la actual administración de la CGR se han proferido en Bogotá y Cundinamarca 9 fallos con responsabilidad fiscal, por cuantía total de $424.260 millones, que se encuentran debidamente ejecutoriados.

Bogotá, 13 de febrero de 2024.- La Contraloría General de la República adelanta actualmente en el Departamento de Cundinamarca y en Bogotá Distrito Capital un total de 91 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $1.33 billones, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

 

IRREGULARIDADES EN PROYECTOS SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD

SE ADELANTAN 10 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VALOR DE $572.645 MILLONES POR IRREGULARIDADES EN TEMAS RELACIONADOS CON DEFENSA Y SEGURIDAD, DONDE SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO AMÉRICA CENTRO DE NEGOCIOS, A DESARROLLARSE EN EL SECTOR “EL PEDREGAL” DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

ENTIDAD AFECTADA: Ministerio de Defensa Nacional

CUANTÍA DEL DAÑO: $543.643 millones

La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades en la suscripción de la escritura pública no. 798 de junio 16 de 2015, por medio de la cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), trasfirió al fideicomiso de administración inmobiliaria América Centro de Negocios, el domino y/o propiedad de 14 inmuebles ubicados en el ámbito de aplicación del plan parcial de renovación urbana El Pedregal, para recibir en contraprestación la Torre 2 de dicho proyecto junto con sus estacionamientos, en condiciones para entrar en operación, estableciendo para ello un término de 48 meses después de suscrita la referida escritura pública. Previo a esto, HELM Fiduciaria (hoy ITAU) había suscrito con Aldea Proyectos S.A.S., el contrato de fiducia mercantil inmobiliaria denominado fideicomiso de administración Inmobiliaria América Centro de Negocios.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la auditoría financiera realizada a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) vigencia 2022, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, en donde se pudo determinar que el plazo para la entrega a esta entidad de la Torre 2 y sus estacionamientos no se ha efectuado, pese a varios modificatorios de que ha sido objeto el contrato de fiducia; adicionalmente, que la Fiducia no registra ingresos sino pasivos por $ 738.000 millones, así como también que la Fiducia no cuenta con pólizas que garanticen el objeto contractual, pese a que el contrato de fiducia así lo estableció.

En virtud de lo anterior, se determinó la existencia de un detrimento a los recursos públicos originado en la pérdida del patrimonio de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, representado en el valor de los 14 inmuebles de los cuales trasfirió el dominio al Fideicomiso de Administración Inmobiliaria América Centro de Negocios, puesto que, una vez vencido el plazo contractual no ha recibido la contraprestación pactada correspondiente a 16.819 metros cuadrados de construcción más 289 estacionamientos en la Torre 2 del proyecto inmobiliario América Centro de Negocios.  

En desarrollo de esta actuación, fueron vinculadas unas compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL – BATALLÓN DE SANIDAD -CRF-.

ENTIDAD AFECTADA: Ministerio de Defensa Nacional — EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

CUANTÍA DEL DAÑO: $30.595 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades presentadas durante la ejecución del contrato interadministrativo No. 1441 de 23 de diciembre de 2013, cuyo objeto era efectuar todas las gestiones jurídicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias para la construcción del proyecto “Centro de rehabilitación funcional - Batallón de Sanidad CRF Basan en el Cantón-Caldas Bogotá D.C. y adelantar la interventoría a dichas actividades”, celebrado entre el Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El valor del contrato fue pactado en la suma de $29.938 millones. También es objeto de investigación, el contrato de obra pública No. 001-260 de 2014, celebrado entre la Unión Temporal Basan 2014 y la Agencia Logística de la Fuerzas Militares con el fin de realizar la "Construcción del proyecto Centro de rehabilitación funcional - Batallón de Sanidad — CRF Basan en Bogotá, Cundinamarca” por un valor de $29.704 millones.

Al momento de la visita efectuada al lugar de ejecución del contrato por parte de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, se encontró que la obra no se encontraba ejecutada en su totalidad, presenta deterioro y ha sido objeto de vandalismo. Adicionalmente también se ha podido establecer el pago de obras que no fueron ejecutadas y la falta de amortización del anticipo.

En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora y se decretaron medidas cautelares, para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE COMBUSTIBLES UBICADA EN EL FUERTE MILITAR “GUSTAVO ROJAS PINILLA” – DE TOLEMAIDA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Entidad Afectada: MINISTERIO DE DFENSA – EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA.   

Cuantía del daño: $15.824 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades detectadas en la ejecución del Contrato 501 – JEAVE - 201, para la “adquisición de servicios de mantenimiento de bienes inmuebles para la ampliación y modernización planta de combustibles campo aéreo Tolemaida en el departamento de Cundinamarca”, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional  - Ejército Nacional – Jefatura de Aviación del Ejército y  la firma CONSTRUCTORA CRD S.A, por un valor total de  $15.824 millones. 

El Proceso de Responsabilidad Fiscal tuvo su origen en un hallazgo de auditoría generado por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Defensa y Seguridad, en auditoría realizada al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en donde se evidenció que la obra fue recibida el 27 de diciembre del 2019, sin estar en funcionamiento y eso obligó a seguir utilizando la planta antigua para suplir la necesidad contratada; los equipos, tuberías instaladas y sistemas de control.

En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

 

IRREGULARIDADES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SE ADELANTAN 27 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VALOR DE $ 413.433 MILLONES POR IRREGULARIDADES EN TEMAS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA, DONDE SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA BOGOTÁ – GIRARDOT, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ENTIDAD AFECTADA: Agencia Nacional de Infraestructura -ANI

CUANTÍA DEL DAÑO: $ 381.239 millones.

La Contraloría General de la República inició Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de concesión No. GG-040 de 2004, el cual tuvo por objeto “elaborar los estudios y diseños definitivos, la adquisición de predios, la ejecución de las obras de construcción y rehabilitación, la operación y el mantenimiento de dichas obras, la financiación, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INCO dados en concesión, para la cabal ejecución el proyecto vial "Bosa - Granada - Girardot".”, suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones – INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI) y la persona jurídica concesión AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A., por un valor de $1.063 billones.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la Auditoría Financiera efectuada por la entonces Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, en donde se evidenció que, pese a existir tres (3) laudos arbitrales ejecutoriados en los cuales fue condenada la sociedad Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. y se determinó el incumplimiento de varias de las obligaciones contractuales por parte del Concesionario, al momento de la actuación de la CGR la sociedad no había cumplido con el pago de dichas sumas. 

En virtud de lo anterior, se consideró la existencia de un daño patrimonial a los recursos públicos, puesto que las condenas dinerarias impuestas a la sociedad concesionaria se originaron en el incumplimiento de obligaciones contractuales contraídas por ésta, las cuales ya le habían sido pagadas por la entidad contratante.

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR LAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN EN LAS FASES I y II DEL DISEÑO, REMODELACIÓN ADECUACIÓN DEL CENTRO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES – SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

ENTIDAD AFECTADA: Ministerio de Comercio Exterior, Industria Turismo.

CUANTÍA DEL DAÑO: $7.015 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por las presuntas irregularidades que se presentaron durante la ejecución de los siguientes contratos:

  1. Contrato de obra No. 062 de 2012, suscrito entre FIDUCOLDEX hoy PROCOLOMBIA y la sociedad CONSTRUCTORA SILMA LTDA, cuyo objeto fue “La realización por parte del CONTRATISTA, del diseño, la remodelación y la adecuación, bajo la modalidad llave en mano”, del Centro de Negociaciones Comerciales Internacionales – Sector Comercio, Industria y Turismo, conformado por dos (2) casas ubicadas en la KR 15No. 31b-49 y KR 16 No. 31ª-46 d Bogotá D.C.  por un valor inicial de $5.698 millones.
  2. Contrato de interventoría No. 072 de 2014 suscrito por FIDUCOLDEX hoy PROCOLOMBIA y la SOCIEDAD PROYECTAR RJR, cuyo objeto se afincó en la prestación de los servicios de Interventoría para adelantar las actividades de vigilancia, control, seguimiento y verificación técnica, jurídica, financiera y administrativa, del contrato de obra civil No. 062 de 2012, con un precio inicial de $762 millones.
  3. Contrato de obra No. 004 de 2017, celebrado entre FIDUCOLDEX hoy PROCOLOMBIA y el CONSORCIO PROCOLOMBIA, el cual tenía como objetivo realizar bajo la modalidad “llave en mano” sin fórmula de reajuste, la construcción y remodelación de la segunda fase del Centro de Negociaciones Comerciales Internacionales – Sector Comercio, Industria y Turismo, en la carrera 16 No. 31ª-46 de la ciudad de Bogotá D.C., conforme los términos y condiciones previstos en LA INVITACIÓN y LA PROPUESTA, por un valor de $2.287 millones.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la Auditoria Financiera practicada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MINCIT- para la vigencia 2020 por parte de la Contraloría Delegada Sector Comercio y Desarrollo Regional, en donde se evidenció que las inversiones de adecuación de los inmuebles mencionados, para abril de 2021 no estaban cumpliendo los fines para los cuales fueron destinadas, toda vez que no se encontraban en funcionamiento. Adicionalmente, tienen defectos en sus procesos constructivos, falta de pruebas de resistencia durante la construcción, empleo de materiales que no cumplen con los estándares de calidad mínimos, problemas de cimentación y deficiencias en los sistemas eléctricos, hidrosanitarios y arquitectónicos. Lo anterior, implica la imposibilidad de que la estructura objeto de los referidos contratos de obra pueda entrar en operación.

En desarrollo de esta actuación se vincularon a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR LAS IRREGULARIDADES EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS -CORABASTOS-

ENTIDAD AFECTADA: CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ –CORABASTOS-

CUANTÍA DEL DAÑO: $5.214 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por las presuntas irregularidades que se presentaron durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios suscrito el 15 de agosto de 2007, cuyo objeto principal era "DISEÑAR, FORMULAR Y EJECUTAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS”, suscrito entre CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL RESIDUOS VERDES CORABASTOS por un valor inicial de $300 millones el cual ascendería exponencialmente durante el plazo contractual que se extendió por 12 años.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la auditoria integral practicada por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, para la vigencia 2006 - 2019. En esa oportunidad, se advirtió un deterioro progresivo de la malla vial, la cual, si bien fue inicialmente reparada, posteriormente sufrió un desgaste acelerado por cuenta de la acción de los lixiviados y el indebido manejo de los residuos sólidos.

En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE BOJACÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Entidad Afectada: Municipio de Bojacá - Cundinamarca.  

Cuantía del daño: $4.841 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra N.º 134 del 2021, para la construcción del Coliseo Cubierto San Lorenzo, suscrito entre el Municipio de Bojacá – Cundinamarca y el Consorcio MIROAL INGENIERÍA SAS, total de $4.841 millones.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal tuvo su origen en un hallazgo de auditoría generado por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en el municipio de Bojacá, en donde se evidenció que la obra no estaba terminada en su totalidad, no contaba con los elementos de diseños iniciales en su fachada. Adicionalmente, por las condiciones climáticas del municipio la obra se encontraba expuesta al deterioro general. Por otro lado, no contaba con acceso adecuado para eventos masivos, el terreno es descapotado, los accesos que fueron diseñados para el ingreso no fueron utilizados y la obra que para el momento del hallazgo no era funcional.

En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD AFECTADA: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

CUANTÍA DEL DAÑO: $ 3.925 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del Contrato No. 1626 del 11 de diciembre de 2020 cuyo objeto fue “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1", suscrito entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU y el CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2020 por un valor inicial de $9.125 millones.

El Contralor General de la República declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales en calidad de contratista se encontraba OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S. Durante el trámite de la referida actuación, se constató que existió un saldo pendiente por amortizar, proveniente del anticipo pagado por la entidad contratante. Así mismo se evidenció que a la fecha de la actuación no se habían suscrito las actas de recibo final y liquidación del Contrato No. 1626 de 2020.

En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AUTOPISTA NORTE DESDE HÉROES HASTA LA CALLE 193 Y AV. SAN JOSÉ (CALLE 170) DESDE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (CARRERA 7) HASTA LA CARRERA 92, A LO LARGO DEL CORREDOR DE LA VÍA SUBA-COTA HASTA EL LÍMITE CON EL DISTRITO RIO BOGOTÁ

ENTIDAD AFECTADA: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

CUANTÍA DEL DAÑO: $3.878 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por las presuntas irregularidades presentadas durante la ejecución del Contrato No. 1394 de 2017, cuyo objeto fue la realización de “ESTUDIOS Y DISEÑOS AUTOPISTA NORTE DESDE HÉROES HASTA LA CALLE 193 Y AV. SAN JOSÉ (CALLE 170) DESDE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (CARRERA 7) HASTA LA CARRERA 92, A LO LARGO DEL CORREDOR DE LA VÍA SUBA-COTA HASTA EL LÍMITE CON EL DISTRITO RIO BOGOTÁ”, celebrado entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU y el CONSORCIO E&D AUT NTE, por un valor de $18.765 millones. Así mismo, es objeto de investigación el Contrato de Interventoría No. 1398 de 2017 suscrito entre la entidad afectada y el CONSORCIO CIVILTEC PIV.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la Actuación Especial de Fiscalización, adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías para Bogotá, en donde se detectaron irregularidades en la ejecución del proyecto denominado “Estudios y diseños autopista norte desde Héroes hasta la calle 193 y de la Av. San José (calle 170) desde la Av. Alberto Lleras Camargo (carrera 7) hasta la carrera 92, a lo largo del corredor de la vía Suba-Cota hasta el límite con el Distrito -río Bogotá, Bogotá D.C”.

Se advirtieron fallas en la planeación del proyecto, en tanto, se inició su ejecución sin que previamente se hubieran tramitado los permisos ambientales necesarios ante la Corporación Autónoma Regional – CAR-, y referentes a la sustracción del área de Reserva Van Der Hammen; además no se previó que el Transito Promedio Diario – TPD- del área de la Calle 170, era muy bajo, lo que hacía que la calzada urbana no fuera viable a nivel financiero.

En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

 

IRREGULARIDADES EN PROYECTOS DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)

SE ADELANTAN 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VALOR DE $61.105 MILLONES POR IRREGULARIDADES EN TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO), DONDE SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

 

SANEAMIENTO BÁSICO (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN EL MANTENIMIENTO, ESTABILIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

ENTIDAD AFECTADA: Municipio de Tocancipá - Cundinamarca.  

CUANTÍA DEL DAÑO: $3.831 millones. 

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades en planeación y ejecución del contrato de obra No. 071-2017 cuyo objeto fue el mantenimiento, estabilización, optimización y ampliación de los sistemas de aguas residuales del municipio de Tocancipá (Cundinamarca) mediante la implementación de tratamientos terciarios que permitieran obtener aguas tratadas con características de reúso, suscrito entre la empresa de servicios públicos de Tocancipá S.A. ESP y el consorcio ICC Plantas Tocancipá, integrado por las sociedades INTEC DE LA COSTA S.A.S., CONSTRUCTORA Z&B LTDA., y CONSTRUVIALES VS S.A.S.

El Contralor General de la República declaró de impacto nacional los hechos relacionados con “presuntas irregularidades en la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales en calidad de contratista se encuentra INTEC de la Costa directamente o a través de consorcios y uniones temporales, empresa que es miembro de la UT Centros Poblados, durante las vigencias 2014- 2021”.

En este caso de evidenció que en el mencionado contrato se presentaron las siguientes irregularidades: (i) falencias en el diseño de las plantas de tratamiento, que no tuvieron en cuenta la cantidad y el peso que generarían en la planta los biorreactores de lecho móvil (MBBR); (ii)  deficiencias en la ejecución del contrato, por la instalación de los MBBR de mala calidad y en cantidades indiscriminadas, lo que generó la insuficiente aireación de las plantas, entre otros deterioros; (iii)  pago injustificado de actividades no ejecutadas y  (iv)  falta del mantenimiento obligatorio requerido a los 4 meses de la entrega de las PTAR que contractualmente se encontraba a cargo del contratista, por lo que el daño se evidenció con posterioridad a la finalización del contrato.

En desarrollo de esta actuación fueron vinculadas las compañías aseguradoras y se decretaron medidas cautelares, con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio público.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN REGIONAL CANAL SALITRE Y RIO NEGRO DESDE EL RIO BOGOTA HASTA LA NQS Y LA CARRERA 7 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD AFECTADA: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)

CUANTÍA DEL DAÑO: $ 1.291 millones. 

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN REGIONAL CANAL SALITRE Y RIO NEGRO DESDE EL RIO BOGOTA HASTA LA NQS Y LA CARRERA 7, BOGOTA D.C.” por hechos asociados con la ejecución del Contrato de Consultoría N° 1347 del 2017, cuyo objeto corresponde a la realización de los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN REGIONAL CANAL SALITRE Y RIO NEGRO DESDE EL RIO BOGOTA HASTA LA NQS Y LA CARRERA 7, BOGOTA D.C.”

El proceso de responsabilidad fiscal se originó con el resultado de la Actuación Especial de Fiscalización llevada a cabo por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías para Bogotá D.C., donde se evidenció que el contrato presentaba deficiencias en la etapa de ejecución debido a que el consultor no cumplió con la entrega final de los estudios y diseños y frente a los componentes relacionados con la etapa de factibilidad, se constató que de los 15 analizados  solo el componente de topografía fue aprobado por la interventoría y/o IDU, debido a que los demás no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas.

En desarrollo de esta actuación fue vinculada a la compañía aseguradora, con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

 

VIVIENDA

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS EN LA COMPRA DEL INMUEBLE HOTEL DANN COLONIAL Y EL PREDIO ANEXO, Y LOS CONTRATOS DE OBRA, SUMINISTRO E INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

ENTIDAD AFECTADA: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT

CUANTÍA DEL DAÑO $18.929 millones

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades encontradas en actuaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendientes a la adquisición y adecuación de una nueva sede para su funcionamiento y que incluían el Contrato de promesa de compraventa No. 002 de 2014, la Escritura pública No. 2349 de 2015, el Contrato N° 549 de 2014, el Contrato N° 585 de 2017 y el Contrato N° 606 de 2017.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la auditoría financiera de la vigencia 2017, realizada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por parte de la entonces Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, donde se pudo determinar que el inmueble al momento de la actuación estaba desocupado, cerrado, con obras faltantes y no apto para su funcionamiento, es decir, que el inmueble no estaba siendo utilizado por el ministerio en ningún área, pues el estado del mismo no lo permitía, dado que la construcción reveló observaciones de carácter técnico y fallas estructurales que hacen inadecuado el inmueble para su ocupación; adicionalmente, se constató que la infraestructura tecnológica, eléctrica y de telecomunicaciones que fue suministrada, no se utilizó y en consecuencia se perdió.

Lo anterior permitió determinar la existencia de un daño a los recursos públicos del Ministerio por el monto total que se ha pagado por la adquisición de los predios y el valor de los contratos de obra y suministro e instalación de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, puesto que la inversión de dichos recursos no ha cumplido los fines para los cuales fueron destinados los mismos.

En desarrollo de esta actuación, fueron vinculadas unas compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

 

IRREGULARIDADES EN PROYECTOS DE SALUD

SE ADELANTAN 6 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VALOR DE $ 209.307 MILLONES POR IRREGULARIDADES EN TEMAS RELACIONADOS CON SALUD, DONDE SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES CONSISTENTES EN EL PAGO DE LO NO DEBIDO POR PARTE DE CAPITAL SALUD EPS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

ENTIDAD AFECTADA: Capital Salud E.P.S.

CUANTÍA DEL DAÑO $192.779 millones

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades consistentes en el pago de lo no debido por parte de capital salud EPS a sus proveedores de salud, puesto que se pagaron mayores valores a los negociados en los anexos técnicos de los contratos suscritos para el efecto.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la auditoría de cumplimiento de la vigencia 2019 a junio de 2020, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Salud, donde se pudo determinar que los mayores valores pagados a los proveedores de servicios de salud de Capital Salud EPS, obedecieron a la falta de actualización de los manuales tarifarios, acorde con la dinámica de la prestación en salud, los cuales deben tener una constaste parametrización, que permitan a los prestadores y/o proveedores conocer el impacto en la facturación de los servicios de salud prestados a los afiliados de la EPS.  

Lo anterior permite determinar un daño a los recursos públicos, puesto que los mayores valores pagados por la EPS a sus prestadores o proveedores de servicios de salud, se efectuó con recursos del Sistema General de Seguridad Social En Salud.

En desarrollo de esta actuación, se vinculó una compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE OPERACIÓN No. 013 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA ESE HOSPITAL DE GIRARDOT Y LA EMPRESA DUMIAN MEDICAL S.A.S.

ENTIDAD AFECTADA: E.S.E. Hospital de Girardot

CUANTÍA DEL DAÑO: $14.420 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Operación No. 013-2015, el cual tuvo por objeto “La operación y prestación de los servicios asistencias de salud de Alta, Mediana y Baja complejidad de la E.S.E. Hospital Girardot, así como la realización de todas las actividades administrativas, de apoyo logísticas, financieras, de inversión y asistenciales, suscrito entre la ESE Hospital de Girardot y la empresa DUMIAN MEDICAL S.A.S.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la Actuación Especial de Fiscalización a la ESE Hospital de Girardot vigencia 2019, efectuada por la Contraloría Delegada para el Sector Salud, en desarrollo de un  Control Excepcional de Fiscalización, donde se evidenció que en desarrollo del referido contrato de operación se presentaron incumplimientos en los ítems Reforzamiento Estructural e Infraestructura, así como en el de Dotación de Bienes Muebles, puesto que al verificar lo ejecutado con respecto a lo pactado en el contrato y pagado al operador, se encontraron grandes diferencias que se traducen en daño patrimonial a los recursos públicos.

En desarrollo de esta actuación se vinculó una compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

 

IRREGULARIDADES EN PROYECTOS MEDIO AMBIENTALES

SE ADELANTAN 6 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VALOR DE $20.937 MILLONES POR IRREGULARIDADES EN TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, DONDE SE DESTACA LA SIGUIENTE ACTUACIÓN:

UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA adecuación hidráulica del Rio Bogotá

ENTIDAD AFECTADA:  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR-

CUANTÍA DEL DAÑO: $18.261 millones.

La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución del contrato de obra pública No. 803 del 10 de diciembre de 2012, cuyo objeto consistió en: “Obras de adecuación hidráulica del Rio Bogotá en el tramo comprendido entre Sector Alicachin K 0 + 000 a K 40 + 000, que consisten en la ampliación de la sección hidráulica del rio mediante la reubicación y reforzamiento de jarillones, profundización y ampliación del cauce, con el propósito de obtener niveles hidráulicos, tales que minimicen los riesgos de inundación y adicionalmente se mejoren las condiciones ambientales del rio mediante la implementación de un proyecto paisajístico y de recuperación de áreas de interés ecológico, como los humedales y antiguos meandros”, suscrito entre la -CAR- y la Sociedad FCC CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA.

El proceso de responsabilidad fiscal se originó de una auditoría financiera practicada por la Contraloría Delegada para el sector Medio Ambiente de la Contraloría General de la República a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, a través de la cual se evidenció que la construcción de los jarillones del proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, no presentaban la calidad requerida y se presentaban varios puntos críticos con inestabilidad de Jarillón, agrietamientos y deslizamiento en los taludes.

 En desarrollo de esta actuación se vinculó a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

 

PROCESOS RELACIONADOS CON RECURSOS EL MUNICIPIO DE SOACHA

SE ADELANTAN 2 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VALOR DE $ 765 MILLONES POR IRREGULARIDADES EN TEMAS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, POR LOS SIGUIENTES HECHOS:

  • Irregularidades derivadas del contrato de prestación de servicio No. 616 de 2020, cuyo objeto fue la “Prestación de servicio de alimentación escolar que brinde el complemento alimentario y almuerzo durante la Jornada escolar a los estudiantes escolarizados de las instituciones educativas oficiales según las edades de los beneficiarios del programa PAE",”, suscrito con la FUNDACION VIVE COLOMBIA.

El proceso de responsabilidad fiscal se originó de una Actuación Especial adelantada por la Contraloria Delegada para el Sector Educación Ciencia y Tecnología Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloria General de la República, donde se evidenciaron sobrecostos en el pago por ración para preparar en casa que corresponde a un incremento del 30% sobre el costo de los alimentos del paquete, establecidos por un 6% del valor de cada canasta alimentaria.

  • Irregularidades derivadas del contrato de prestación de servicio No. 2135 del 19 de octubre de 2019, cuyo objeto fue la "prestación de servicio de alimentación escolar que brinde el complemento alimentario y almuerzo durante la Jornada escolar a los estudiantes escolarizados de las instituciones educativas oficiales según las edades de los beneficios del programa PAE", suscrito con la Unión Temporal NUTRIPAE Soacha, donde se evidencian las inconsistencias en las entregas de paquetes nutricionales durante la emergencia sanitaria COVID 19 en el Municipio de Soacha.

El proceso de responsabilidad fiscal se originó de una Actuación Especial adelantada por la Contraloria Delegada para el Sector Educación Ciencia y Tecnología Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría General de la República, donde se observaron sobrecostos en el pago por ración para preparar en casa – RPC, corresponde a un incremento del 30% sobre el costo de los alimentos del paquete.

 

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL EJECUTORIADOS

Durante el periodo de la actual administración de la CGR se han proferido nueve (9) fallos con responsabilidad fiscal, que se encuentran debidamente ejecutoriados, por cuantía total de $424.260 millones, entre los cuales están los siguientes:

ENTIDAD AFECTADA: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS), ADRES,

CUANTIA: $297.630 Millones

Manejo irregular por parte de la extinta SALUDCOOP EPS, de los recursos a ella entregados por concepto de Unidades por Capitación (UPC) y que se materializan en: (i) Falta de seguimiento y control a la ejecución de los recursos girados a la CORPORACIÓN IPS S.A. (ii) Provisión y castigo de cartera de cuentas por cobrar de las sociedades vinculadas y no vinculadas al grupo SALUDCOOP. (iii) Provisión y castigo de cartera por concepto de anticipos y avances por tutela.

RESPONSABLES FISCALES:

  • GUILLERMO ENRIQUE GROSSO SANDOVAL, en calidad de Agente Interventor de SALUDCOOP EPS.
  • LUIS MARTIN LEGUIZAMON CEPEDA, en calidad de Agente Especial Liquidador de SALUDCOOP EPS O.C.
  • ANGELA MARIA ECHEVERRI RAMIREZ, en calidad de Agente Especial Liquidador de SALUDCOOP EPS O.C.

ENTIDAD AFECTADA: ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES-

CUANTIA: $90.797 Millones

Irregularidades en el manejo de los recursos que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud, debido a que fueron destinados para atender fines diferentes al servicio de salud, particularmente, en lo relacionado con: (i) pago de la deuda de la Corporación IPS SaludCoop a la Cooperativa de Ahorro y Crédito PROGRESSA., (ii) Pago del anticipo por servicios de salud que no se prestaron, (iii) Omisión injustificada en la presentación de los soportes del crédito dentro del proceso de liquidación de la Corporación IPS Saludcoop, (iv) Adquisición de activos fijos con recursos del sistema, diferentes a los gastos de administración,(v) Pago del servicio de transporte administrativo de SaludCoop EP OC, (vi) Sobrecostos en medicamentos.

RESPONSABLES FISCALES:

  • PROGRESSA – ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, beneficiaria de la cesión de obligaciones del 21 de diciembre de 2015.
  • GUILLERMO ENRIQUE GROSSO SANDOVAL, representante legal de Cafesalud EPS S.A., desde el 25 de noviembre de 2015 hasta el 1 de marzo de 2016.
  • NUBIA MARÍA CRUZ RAMÍREZ  Gerente de Contabilidad de Cafesalud EPS S.A., desde el 26 de octubre de 2015 hasta el 1 de agosto de 2016.
  • SERGIO ANTONIO ALAGUNA IGUA identificado con cédula de ciudadanía No. 3.187.986, Coordinador de Contabilidad de Cafesalud EPS S.A., desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 17 de enero de 2017.
  • CAFESALUD EPS S.A ya liquidada en calidad de administradora de los recursos del sistema de seguridad social en salud.
  • CARLOS ALBERTO CARDONA MEJÍA, representante legal de Cafesalud EPS S.A., desde el 1 de abril de 2016 hasta el 13 de diciembre de 2016.
  • LUIS GUILLERMO VÉLEZ ATEHORTUA, representante legal de Cafesalud EPS S.A., desde el 14 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.
  • CLAUDIA PATRICIA GARAY, Gerente de Contabilidad de Cafesalud EPS S.A., desde el 2 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2017.
  • ANGÉLICA ACOSTA MARTÍNEZ , Coordinador de Cuentas por cobrar de Cafesalud EPS S.A., quien participó en el procedimiento de envío del crédito al proceso de liquidación de la Corporación IPS Saludcoop en liquidación.
  • JAIME POVEDA VELANDIA identificado con cédula de ciudadanía No. 13.921.336, representante legal de la Corporación IPS Saludcoop, quien suscribió el acuerdo de cesión de obligaciones del 21 de diciembre de 2015, celebrado entre la Corporación IPS Saludcoop, Progressa - Cooperativa de Ahorro y Crédito y Cafesalud EPS hoy en liquidación. COOPERATIVA EPSIFARMA identificada con NIT 900.067.659-6, contratista de suministro de medicamentos durante las vigencias 2015 a 2016.
  • JUAN CARLOS GIRALDO SALINAS identificado con cédula de ciudadanía No. 71.642.082, Vicepresidente de Salud de Cafesalud EPS S.A., y supervisor del contrato para el suministro de medicamentos, desde el 16 de mayo de 2016 hasta el 3 de agosto de 2017.
  • COOPERATIVA EPSIFARMA, en calidad de contratista de suministro de medicamentos durante las vigencias 2015 a 2016.

ENTIDAD AFECTADA: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

CUANTIA: $32.142 Millones

Irregularidades relacionadas con el desembolso de recursos para operaciones de compra de cartera de libranza a descuento del BANCO AGRARIO S.A.  a la sociedad comercial ESTRATEGIAS EN VALORES S.A. ESTRAVAL, en el marco de la ejecución del contrato de compraventa de cartera de libranza a descuento de 17 de junio de 2014. 

RESPONSABLES FISCALES:

  • MARIA MAGDALENA FANDIÑO BELTRÁN, en su calidad de Vicepresidente de Banca Agropecuaria, del Banco Agrario de Colombia, desde el 1 de marzo de 2012 hasta el 30 de noviembre del año 2015.
  • ROSMARY MALAVER FIGUEROA en su calidad de Gerente Nacional — Gerencia de Ventas Banca de Consumo del Banco Agrario de Colombia, desde el 01 de junio de 2012 hasta el 16 de junio de 2017.
  • ESTRATEGIAS EN VALORES S.A. ESTRAVAL representada legalmente por CESAR FERNANDO MONDRAGÓN VÁSQUEZ, quien suscribió el contrato de compra de cartera de libranza a descuento el 17 de junio de 2014 con el Banco Agrario de Colombia.