Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyeron veinticinco (25) hallazgos administrativos, de los cuales tres (3) con presunta incidencia fiscal por valor de $214.193.141,22, una (1) Indagación Preliminar – IP, dos (2) con solicitud de apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio – PASF, diecisiete (16) con posible incidencia disciplinaria, y uno (1) con presunta connotación penal.
