La política nacional de atención y reparación integral a las víctimas enfrenta nuevos retos tras la aprobación reciente de la prórroga de la Ley de Víctimas 1448 de 2011 y los Decretos Leyes étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011 por diez años más. Si bien, la mayor parte de sus desafíos son de carácter estructural, en materia de incorporación de enfoque diferencial y en especial, en términos de la transversalización del enfoque de género, las necesidades de optimización de recursos y de inversiones con visión estratégica son ingentes.
Este informe presenta un panorama general de la implementación del enfoque de género en la política pública de atención y reparación a víctimas, desde la perspectiva del control y seguimiento fiscal. Para su construcción se realizó un cruce de la información reportada a través del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas y se analizaron documentos de gestión de las diferentes entidades que aportan recursos específicos en acciones orientadas a la incorporación del enfoque de género.
Las principales conclusiones de este análisis hacen un llamado a avanzar en la articulación de los marcadores presupuestales de la política pública de víctimas y de Equidad para la Mujer, a fin de conocer de manera detallada los recursos invertidos para las mujeres y para la población LGTBI víctimas del conflicto armado. Se requiere además superar la marginalidad de los recursos orientados al enfoque de género en la totalidad del presupuesto general para las víctimas. Finalmente, es necesario un avance más contundente en el establecimiento de lineamientos que permitan a las diferentes entidades una mayor comprensión y compromiso claro en el desarrollo de estrategias y proyectos que permitan poner en marcha acciones específicas para el resarcimiento de derechos de las mujeres y de la población LGTBI víctima del conflicto armado.
