En el marco de la asistencia técnica del "Programa Apoyo a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia –Acciones preliminares" la Contraloría General de la República, con el apoyo de la Unión Europea, viene trabajando para fortalecer el seguimiento al enfoque de género tanto en la política de víctimas como en la política de construcción de paz, con particular énfasis en los aspectos presupuestales y fiscales. En este contexto, se elaboraron dos informes que dan cuenta de los recursos destinados a las acciones para la equidad de género en dichas políticas, uno de ellos es el Informe sobre la transversalización del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz desde la perspectiva presupuestal.
Este informe tomó como punto de partida los reportes que las entidades nacionales han realizado a la CGR, principalmente a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), y así se determinó cual ha sido el presupuesto apropiado y ejecutado en cada vigencia para la implementación de los indicadores y medidas de género del Plan Marco de Implementación, en el marco del posconflicto. Cabe resaltar que uno de los principales retos se relaciona con la incorporación de un ítem de género en el Trazador Presupuestal de Construcción de Paz, lo cual permitiría tanto al Gobierno Nacional, como a la Contraloría General de la República, un mejor seguimiento y control financiero.
Los principales resultados del informe indican que los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz son limitados y persiste la marginalidad en los recursos destinados a este enfoque, pues tan solo representan en promedio el 4% del total de los recursos orientados al posconflicto. A través de SIRECI se logró identificar la ejecución de $194.119 millones en 2020 y $209.141 millones en 2021 para la implementación de este enfoque. Esta situación conlleva escasos avances en la implementación de los indicadores de género y en la definición de metas significativas y a largo plazo para la paridad de género. Además del obstáculo presupuestal, el principal reto en materia de política pública continúa siendo fortalecer la capacidad institucional del Estado para desarrollar acciones que incorporen el enfoque de género en perspectiva de cierre de brechas sociales y económicas.
