Por cuanto en muy buena parte el gasto público tiene un carácter local, el fortalecimiento de la institucionalidad territorial es condición necesaria para que él tenga positivos y plenos efectos sobre el bienestar de la población.

Fortalecer esa institucionalidad demandará acciones del Estado en lo político, en lo jurídico, en lo administrativo y, principalmente, en lo fiscal dadas las debilidades que hoy tienen las finanzas territoriales.