La Contraloría General de la República realizó Estudio Intersectorial liderado por la delegada de Inclusión Social a la Implementación de la Política Pública de Reparación Colectiva en Colombia en el periodo (2018–2025), en el que evidenció un rezago estructural y un desempeño insuficiente en la gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).