Boletines de Prensa - 2019

50 viviendas rurales no interconectadas de Fonseca- La Guajira recibirán oficialmente soluciones energéticas a finales de octubre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 137

 

 

Bogotá, septiembre 20 de 2019-  La Contraloría General de la República convocó una mesa de diálogo en el marco de la estrategia “Compromiso Colombia”, con la ciudadanía y los diferentes actores involucrados en el desarrollo del proyecto:  “Soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía (FNCE), con sistemas de energía solar fotovoltaica para comunidades rurales en las zonas no interconectadas”.

El proyecto que es ejecutado por el Ministerio de Minas- IPSE, tiene un costo de $ 4.544 millones y  beneficiará 250 viviendas de las  comunidades de las veredas: El Trigo, Marimonda, Conejo, San Agustín, Puerto López, Quebrachal, Sábana del Medio, El Toco, Las Iguanas, Media día, La Villa, El Chorro, El Puy, Hatico Viejo, Habuey, El Confuso, Las Bendiciones, Las Colonias, Los Altos y el Resguardo Indígena, Mayamangloma, del municipio de Fonseca.

En la mesa se acordaron 3 compromisos que permitirán que a finales de octubre se solucionen dificultades relacionadas con la claridad sobre subsidios de solidaridad y redistribución de ingresos, para prestación del servicio de energía eléctrica con  este tipo de soluciones y de tipo administrativo.

Las soluciones constan de tres paneles solares, un inversor, un controlador, dos baterías un gabinete y una estructura de soporte, que permite a los beneficiados conectar hasta 6 bombillos, una nevera de tamaño pequeño, un televisor y una licuadora.

La mesa fue presidida por el Doctor Luis Carlos Pineda Téllez, quien manifestó que para la CGR es prioridad acompañar de la mano de la ciudadanía, la efectiva ejecución de proyectos de servicios públicos esenciales.

sistieron a la mesa representantes del IPSE, Ministerio de Minas y Energía, el alcalde municipal y su gabinete, así como contratistas y representantes de la ciudadanía.

Publicado el 20 Sep 2019 16:00


Hoy en Sincelejo y Montería: Contraloría General de la República, presente en Mesas Técnicas de Seguimiento a Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. y San Jerónimo de Montería

COMUNICADO DE PRENSA NO 136

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2019.- La Contraloría General de la República, a través del Contralor Delegado para el Sector Social, Julio Cesar Cárdenas Uribe, participa hoy en la mesa técnica de seguimiento realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a los hospitales Universitario de Sincelejo y San Jerónimo de Montería, con el objeto de conocer el informe de los agentes especiales de intervención (estos hospitales fueron intervenidos por la Superintendencia Nacional de Salud) y revisar además, los avances del control excepcional que desarrolla este organismo de control.

La mesa de seguimiento a la intervención del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. se llevará a cabo en el Auditorio de este Hospital entre las 11:30 a.m. y 1:00 p.m.; y la del Hospital San Jerónimo se realizará en el Auditorio de la sede principal del SENA regional Córdoba, ubicada en la Avenida Circunvalar entre calles No. 24 y 27 en la ciudad de Montería, entre las 3:30 y 5:00 de la tarde.

La Contraloría General de la República tiene una gran preocupación por estos hospitales intervenidos, ya que están poniendo en riesgo la prestación del derecho fundamental a la salud por cuanto no se está asegurando el acceso al servicio, condiciones de calidad ni la entrega de medicamentos e insumos médicos, lo que afecta la salud de los usuarios.

"Financieramente los hospitales están en déficit y en nuestras actuaciones vamos a revisar la viabilidad de los mismos en el mediano y largo plazo. Además, vamos a revisar la información relacionada con informes sobre medicamentos vencidos, así como todo el tema de contratación", indicó el contralor Cárdenas.

En el mes de octubre de 2019, serán liberados los informes relacionados con esta actuación especial.

Publicado el 20 Sep 2019 11:30


Concluye la Contraloría sobre proyecto Hidroituango: EPM no obtiene los resultados físicos y financieros que buscaba e incumple principios de eficiencia y eficacia

COMUNICADO DE PRENSA No. 135

 

  • El control excepcional de la CGR al proyecto Hidroituango deja ver situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como riesgos de estabilidad en algunas zonas.
  • Para la Contraloría, una de las decisiones tomadas por EPM que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación.
  • La construcción de la galería auxiliar de desviación se hizo en contravía a las recomendaciones de la Junta de Asesores de EPM, que señaló siempre la necesidad de ajustarse a los diseños originales.
  • La Contraloría estima en $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas, sin incluir algunos eventos cuya cuantía está por determinar.
  • Aunque EPM invirtió $1.003.758.301.984 para acelerar el proceso de terminación de construcción de la presa y entrada en operación en la fecha programada, a fin de no renunciar a sus ingresos futuros y evitar la ejecución de las garantías otorgadas, la CGR evidenció que no se cumplió el hito 8 del contrato BOOMT ni las actividades 362 y 364 del mismo, es decir la entrada en operación de las Unidades 4, 3 y 2.
  • El lucro cesante consolidado del proyecto se calcula en $1.1 billones; y se estableció un presunto detrimento al patrimonio público por valor de $2,9 billones, correspondiente a lo que se estima es la destrucción de valor, debido a las mayores inversiones realizadas, sin entrar en operación.
  • El control excepcional al proyecto Hidroituango fue realizado por un experto equipo de auditores y profesionales de la Contraloría, que contó en el tema financiero con el apoyo de expertos analistas de la Universidad Nacional.

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2019.- La Contraloría General de la República concluyó su actuación de control excepcional a los recursos del proyecto Hidroituango, determinando que la gestión de la gerencia y control del mismo no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor.

Esta actuación especial de fiscalización se realizó del 4 de marzo al 17 de julio de 2019, por parte de un equipo multidisciplinario de auditores integrado por abogados, ingenieros civiles y de sistemas, economistas, contadores y geólogos, entre otras profesiones, y todos con más de 15 años de vinculación a la CGR. Adicionalmente se contó con el apoyo de un equipo de la Universidad Nacional en el tema de análisis financiero al proyecto.

Más allá de los dos hallazgos fiscales detectados y su millonaria cuantía*, los otros hallazgos de carácter administrativo señalados (4), ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas, grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales que vulneran el principio de planeación.

Proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión de la Contraloría es que esto no ha sido así.

La razón para señalar esta situación es que se evidencian debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto.

Otro aspecto importante que hace ver el informe de la Contraloría es que la valoración económica que actualmente hace EPM del proyecto contempla que en años siguientes se recuperará, a través de las pólizas, un daño emergente y un lucro cesante que, de no recibirse, afectará negativamente las expectativas económicas que se tienen sobre el proyecto a mediano y largo plazo.

Un aspecto adicional evidenciado es que EPM construyó la central de generación mediante la subcontratación con empresas especializadas, que a su vez subcontrataron parcialmente el objeto de sus contratos, lo que, si bien no está prohibido en el contrato BOOMT, deja en duda la experiencia constructiva de la empresa, que sustentó la decisión de abandonar la opción de subasta internacional y optó por una negociación directa para desarrollar el proyecto.

Un proyecto muy costoso, si se compara con otros similares

La CGR realizó un análisis comparativo de los costos en dólares por kilovatio instalado (USD$/KW) en proyectos hidroeléctricos comparables cercanos a los 2.000 MW y empresas generadoras de energía con características similares y/o comparables con Hidroituango, en el mercado nacional e internacional.

El resultado de este análisis indica que el proyecto Hidroituango presenta el costo de inversión más alto: cerca a 2.096 USD$/KW, con el agravante que aún no ha entrado en operación y en consecuencias las inversiones seguirán aumentando hasta la terminación del proyecto y puesta en operación.

Dos decisiones que afectaron el proyecto

El informe de la CGR analiza minuciosamente 15 puntos relevantes que se dieron desde el inicio del proyecto hasta la contingencia presentada en abril de 2018 y la posterior desviación del río Cauca por casa de máquinas, a través de los túneles de captación 1, 2, 7 y 8, que ocasionó daños en la infraestructura construida y la maquinaria instalada.

Entre los temas evaluados está el retraso en el inicio de la contratación de los túneles de desvío, donde se encuentra que el contratista inicial (CTIFS) presentaba atraso en el cronograma, y cuando estaba próxima la fecha del desvío del río, no tenía listas las guías de las compuertas de desviación ni la estructura de descarga de fondo. Los incumplimientos de este contratista llevaron a EPM a decidir la liquidación de ese contrato y a entregar la terminación de las obras subterráneas pendientes al consorcio CCCI, ejecutor de las obras de superficie, en especial la presa.

En este punto, la Contraloría señala enseguida dos aspectos que resultaron siendo críticos para el proyecto: Primero, la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación. Y Segundo, la construcción de la galería auxiliar de desviación en contravía a las recomendaciones de su Junta de Asesores.

Para el organismo de control, una de las decisiones tomadas por EPM que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación.

Dicho efecto se reflejó, no solamente en los costos del proyecto -los cuales aumentaron directamente en el costo del denominado tercer túnel- sino también en la entrada en operación y generación del proyecto.

En reiteradas ocasiones, la Junta de Asesores de EPM manifestó su desacuerdo frente al denominado “Plan de Aceleración” y la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación señalando que “los riesgos técnicos asociados con la aceleración no son aceptables para un proyecto de esta envergadura” y, además, “existe aún incertidumbre de que las múltiples y delicadas tareas restantes para lograr el desvío se ejecuten oportunamente”.

La Junta de Asesores siempre recomendó ajustarse al diseño original y tratar de desviar el río sino en el primer semestre de 2014 a mediados de éste y, en caso de ser necesario, recuperar tiempo agilizando la construcción de la presa, lo cual era una alternativa con mucho menor riesgo que la aceleración del desvío. No obstante sus recomendaciones, la Junta de Asesores fue sorprendida en 2013 con “la decisión ya tomada de abandonar los elementos de control y cierre de los túneles y adoptar un tercer túnel (T3) de desvío aguas arriba, que permita el cierre final con la construcción de los tapones definitivos al final de la obra”.

Así fue como, con el fin de lograr la desviación del río en febrero del año 2014, dado que el incumplimiento de esa fecha acarrearía mayores tiempos en el inicio de generación del proyecto, EPM se apartó no solo de los diseños originales sino también de la recomendación de su Junta de Asesores.

Afectación patrimonial por daños que ocasionó la contingencia

Los auditores de la Contraloría cuantificaron en cerca de $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas y las consiguientes situaciones que ocasionó: daños en la infraestructura y equipos, así como afectaciones ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro, se aprecian cuántos recursos han debido invertirse a raíz de la contingencia y en la posterior atención de la misma:

Vale anotar que el rubro “Baja de Activos, calculado en el cuadro anterior en $78.295 millones, podría aumentar a $432.969 millones, debido a los equipos que EPM estima perdidos (aún no se tiene dictamen definitivo de los mismos).

Además, hay algunos eventos cuya cuantía está por determinar, como la reparación de oquedades, la fracturación en la roca, los blindajes de acero instalados, las obras civiles en casa de máquinas y elementos adicionales por dar de baja, entre otros.

Hallazgo sobre disposición de los equipos, mantenimiento y conservación

Se encontraron deficiencias en aspectos de almacenamiento, mantenimiento periódico y actualización de novedades, que generan el riesgo de daños o deterioro de equipos electromecánicos, por las condiciones climáticas de frío-calor a las que se encuentran sometidos.

La falta de mantenimiento puede implicar la pérdida de las garantías de los fabricantes o la destinación de mayores recursos para su recuperación. Adicionalmente, se evidenciaron mayores costos dentro del proyecto por la permanencia de los equipos electromecánicos en la bodega, ya que se extienden los períodos de almacenamiento por efecto de la parálisis en que se encuentran dichos equipos para la generación eléctrica.

Hallazgo por inestabilidad de algunas obras del proyecto

Se observó inestabilidad por desprendimiento de material del macizo y de las obras de protección del talud de la margen derecha del vertedero, en el sitio denominado Capitanes, en el sector ubicado debajo de la construcción de la Base Militar Capitanes y de la zona sur de la galería de compuertas, que se afectó por un deslizamiento ocurrido durante la contingencia,

Lo anterior motivó el reforzamiento estructural de la galería, situación que puede aumentar y generar riesgo de estabilidad en esta zona.

Al momento de la visita de la CGR, que no incluyó el ingreso a toda el área de casa de máquinas (no se podía hacer en este momento), se observaron grietas dentro del macizo de casa de máquinas.

Hallazgo por ítems nuevos en contratos de construcción de obras principales

De acuerdo con la revisión documental de la información suministrada por EPM y la visita realizada por la CGR al proyecto, fue evidente la existencia de modificaciones contractuales -suscritas incluso antes de la contingencia-, en las cuales se reconoció dentro del subcontrato CT-2012-000036 el pago de ítems nuevos, respecto de los cuales se definió su cantidad y precio con posterioridad a su ejecución y sin contar con estudios de mercado u otras alternativas previamente definidas, que permitieran validar los valores expresados por el contratista.

Con lo anterior, se observa vulnerado el principio de planeación, garantía de una eficiente y eficaz inversión de los recursos, pudiéndose denotar además con ello el incumplimiento del principio de economía.

*El primer hallazgo fiscal, por $1.1 billones, se da con ocasión del lucro cesante del proyecto Hidroituango, por su no entrada en operación. Y el segundo por ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal -destrucción del valor del proyecto- en cuantía de $2.9 billones.

Publicado el 20 Sep 2019 11:30


Contraloría encontró daño fiscal de $1.767 millones por incumplimiento de inversiones en infraestructura hospitalaria, en San Andrés

COMUNICADO DE PRENSA No. 134

 

  • Irregularidades y mal uso del 80% de los recursos de la ejecución del contrato destinado a mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura hospitalaria, genera daño fiscal por $1.767 millones.
  • La ambulancia no funciona, equipos biomédicos y de cómputo, muebles, camillas y demás enseres están abandonados en el sótano del hospital de San Andrés, con el riesgo de dañarse. 
  • El departamento acumula multas por $1000 millones, impuestas por la Supersalud y solo ha pagado una por $7 millones.
  • Se está perjudicando el derecho fundamental a la salud, situación que afecta tanto a los raizales como a los visitantes, que al tener un accidente o calamidad grave no van poder ser atendidos de la manera que debe ser, dice el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas Uribe.
  • Esta es una Actuación Especial de Fiscalización que autorizó el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a raíz de un control excepcional solicitado por una veeduría, donde se incluyeron 12 hospitales, entre ellos el de San Andrés. 
  • En Providencia y Santa Catalina no tienen habilitados los servicios de odontología y urgencias y, sin embargo, los están prestando.

 

Bogotá, 18 de septiembre de 2019.- Graves deficiencias en la prestación de servicios de salud en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización, donde el hallazgo más importante se traduce en un daño fiscal por $1.767 millones. 

Dicho hallazgo corresponde al mal uso del 80% de los recursos de la ejecución del contrato destinado a mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura hospitalaria (contrato interadministrativo No. 1134 de 2007, celebrado entre el Departamento y la IPS Universitaria).

Según el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas, que lideró esta actuación, los hallazgos administrativos detectados ponen en riesgo la salud de los habitantes de esta zona del país.

La Actuación Especial de Fiscalización, comprendió las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 (con corte a 30 de marzo), y fue autorizada por el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a raíz de un control excepcional solicitado por una veeduría, donde se incluyeron 12 hospitales, entre ellos el de San Andrés.

Se encontró que el departamento no ha cumplido oportunamente con la obligación de invertir en infraestructura, equipos de imagenología, neurocirugía, cirugía, odontología, central de esterilización, urología y oftalmología, los cuales se encuentran en total abandono.

Cobros de actividades no realizadas y daño fiscal

Al revisar el Contrato Interadministrativo 1134 de 2017, se determinó que de los $2.205 millones que debía entregar la IPS Universitaria al Departamento como contraprestación en mantenimiento correctivo y preventivo, solo ha invertido $437 millones, lo que equivale aproximadamente al 20%, lo que genera un daño fiscal por $1.767 millones.

De los recursos que tenía que invertir la IPS Universitaria, que estaban por el orden de los $105 millones mensuales, para todo lo que es mantenimiento preventivo y correctivo, el 80% no se invirtieron, utilizándose de forma irregular.

Se determinó que presuntamente la IPS quería cobrar actividades que no se habían realizado, para generar unos gastos superiores y decir que estaban completando ese rubro de los $105 millones, para descontarlos, no siendo cierto, explicó el Contralor Delegado para el Sector Social.

Más irregularidades

*Igualmente, se evidenció que la Superintendencia Nacional de Salud ha impuesto al departamento multas por un valor cercano a los $1000 millones por la omisión en el ejercicio de inspección, control y vigilancia, pero a la fecha solo ha pagado una de ellas por $7 millones.

*Por otra parte, se encontró que la Gobernación no garantizó los permisos para el ingreso de especialistas en salud; canceló las agendas médicas y dejó a los pacientes sin consulta.

*También se determinó que para la prestación de servicios de salud en Providencia y Santa Catalina no existe habilitación para la prestación de algunos servicios, especialmente urgencias y en los habilitados tenían problemas.

*Otro motivo de preocupación por la gestión en los servicios de salud en el archipiélago es que al momento de la suscripción del contrato con la IPS Universitaria, y a la fecha, el departamento no cuenta con un el Modelo Integral de Atención en Salud -MIAS- que obedezca a las necesidades del territorio.

*Finalmente, la Actuación Especial de Fiscalización llevada a cabo por la CGR concluyó que el modelo de gestión en funcionamiento no garantiza el derecho fundamental a la salud de la población raizal y visitantes del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

Publicado el 18 Sep 2019 15:30


Afirma el Contralor General: "El nuevo control preventivo no va a torpedear, ni a poner palos en la rueda en la ejecución de privados y gestores públicos”

COMUNICADO DE PRENSA No. 133

 

  • “Debe quedar claro que no es lo mismo el control previo que el preventivo, que nadie va a coadministrar y que lo que queremos es llegar a tiempo, para prevenir cualquier daño al patrimonio de los colombianos”, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
  • “Ayer se abrió esa puerta, al control fiscal concomitante y preventivo, y hoy vamos a convocar una comisión de notables para poder hacer la reglamentación de lo que se viene, en detalle”, manifiesta respecto a la reforma constitucional al control fiscal que aprobó ayer el Congreso.

 

Cartagena de Indias, 12 de septiembre de 2019.- "No queremos de ninguna manera torpedear ni dejar de hacer a los privados ni a los gestores públicos”, dijo hoy aquí el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en relación a lo que será la aplicación del nuevo modelo de control fiscal, concomitante y preventivo.

“Este Contralor General de la República puede que lo vean joven, y yo le he preguntado a mi papá y él me dice que yo nací a las 7 de la noche, pero no anoche. Y en ese sentido es que debo decirles que yo también pude ser Contralor Delegado de Participación Ciudadana y Vicecontralor General de la República. También fui Secretario de Gobierno de un municipio y Secretario Privado de un Gobernador. He estado en varios lados, para entender efectivamente que el control debería es ayudar a la ejecución de un funcionario público y no a torpedearlo”, señaló.

“Por eso aquí no queremos, y que nunca se malinterprete, torpedear ni poner palos en la rueda en la ejecución. Este proyecto de acto legislativo lo único que busca es mayores y mejores herramientas, pero para que llegue la plata, a todos los colombianos que más la necesitan”, agregó.

No se está sustituyendo la Constitución

El Contralor fue claro en señalar que en la reforma al control fiscal aprobada ayer por el Congreso no sustituye para nada la Constitución y recordó que la sentencia C-977 de 2002, referente al control preventivo en los órganos constitucionalmente autónomos, deja claro el tema.

“Quienes han hablado que hay sustituciones de la Constitución, quieren vender humo al país", afirmó.

Aseguró que el proyecto de acto legislativo fue objeto de varios análisis y exmagistrados de la Corte Constitucional consultados indicaron que hay claridad en este tema.

El Contralor rechazó igualmente los señalamientos de quienes insisten que con esta reforma se va a burocratizar la Contraloría; y recordó quien vaya a entrar a la entidad tendrá que hacerlo por concurso de méritos.

“Cuando hablan de burocratizar están vendiendo humo. Están diciendo mentiras”, dijo e insistió en que se están buscando perfiles técnicos con los que hoy no cuenta la entidad, como auditores médicos, grafólogos, ingenieros ambientales, etc.

El Contralor General habló en el marco del Congreso Confecámaras 50 años “Detonantes del Crecimiento Económico”, que se realiza en Cartagena.

Publicado el 12 Sep 2019 16:00