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eltiempo.com: A los corruptos de la pandemia

Resulta increíble e indignante que en estos momentos de emergencia social y económica, un importante número de funcionarios –alcaldes, gobernadores, concejales e incluso miembros de la Armada Nacional– se roben los recursos públicos destinados para solventar la contingencia producida por la covid-19.

El pasado 21 de mayo, en rueda de prensa ofrecida por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, se anunciaron medidas como parte del programa conjunto ‘Transparencia para la Emergencia’. La Fiscalía anunció la imputación y la solicitud de medidas de aseguramiento contra diez alcaldes, a quienes investigará por interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado; la Procuraduría informó que adelanta 512 procesos; y la Contraloría tiene la lupa puesta en 26 gobernaciones.

El panorama es desalentador: la Contraloría afirmó que dentro de los contratos por coronavirus, el 68 por ciento –con un valor de 2,1 billones de pesos– para la compra de insumos médicos, de bioseguridad y alimentos presentan sobrecostos del 21 por ciento, lo que significa 427.000 millones de pesos de pérdidas para el erario.

BOCAS quiere señalar, con nombres y apellidos, a aquellos que en medio de la emergencia decidieron, presuntamente, aprovecharse de los dineros públicos.

- El alcalde de Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balsero, es investigado por un contrato para mercados luego de que el provedor denunciara que suscribió un contrato por 15 millones con la Alcaldía, pero después descubrió que el contrato aparecía por 396.951.000 pesos, y que su firma fue falsificada. Balsero fue suspendido. Además, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, es investigado por un contrato para elementos de bioseguridad por 350 millones de pesos. Las investigaciones demuestran que socios de la empresa favorecida donaron dinero para su campaña.

- El alcalde de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve, fue suspendido por un contrato con una fundación por 4.000 millones para kits de mercados, en el que hay una diferencia de 842.652.149 pesos entre los precios a los que la Alcaldía contrató los productos y el precio real que les pagó la fundación a los mayoristas.

- El alcalde de Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals, fue suspendido por la adquisición de 20.000 mercados a 25.000 pesos cada uno. Aquí se evidenció un sobrecosto de 6.000 pesos en cada mercado. En Córdoba también fue suspendido el alcalde de Tierralta, Daniel Montero, por un contrato para mercados por 750 millones, en el que habría un sobrecosto de 190 millones de pesos.

- A la alcaldesa de Socorro (Santander), Claudia Porras, la Fiscalía le imputó cargos por dos contratos por más de 325 millones de pesos, donde los favorecidos fueron una pareja de esposos.

- En San Pedro (Valle del Cauca), el alcalde, Jhon Ospina, celebró el 7 de abril un contrato para 780 kits de alimentación por 50 millones de pesos. Una semana después, se hizo un pago adicional de 24 millones, y el 23 de abril se realizó un nuevo convenio, con el mismo contratista, por 96 millones. El contratista es Carlos Arturo Londoño, concejal de Tuluá. A los dos, la Fiscalía les solicitó medida de aseguramiento.

- En Tolima, la Fiscalía les imputó cargos a los alcaldes de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, y de Palocabildo, Nelson Gómez. Vásquez es investigado por un contrato de 24 millones para productos de aseo, en el que se encontraron cotizaciones falsas y sobrecostos. Gómez fue capturado por dos contratos, uno de 72 millones para mercados, y otro de 102 millones para material hospitalario. En los dos, la Secretaría de Salud evidenció un caso de contratos sin el lleno de los requisitos.

- En Guaduas (Cundinamarca), el alcalde Germán Herrera fue capturado por sobrecostos en dos contratos de 560 millones para mercados y elementos de aseo. Además, los productos llegaron incompletos.

- Rafael Ospina Toscano, alcalde de Coveñas, Sucre, es investigado por sobrecostos en contratos con un valor total de 1.206 millones de pesos para ayudas alimentarias. En ellos hay un daño patrimonial de 193.238.100 pesos.

- El gobernador de Chocó, Ariel Palacios, fue suspendido por un contrato de 2.000 millones de pesos con un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal.

- Al gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero, se le investiga por la compra de diez ambulancias por más de 3.460 millones de pesos.

- El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, firmó un contrato de 5.000 millones para mercados. En este había latas de atún a 19.959 pesos. Por ese contrato, donde se evidenció un detrimento de 1.050 millones de pesos, fue suspendido.

- Y para completar, también se les abrió proceso a altos mandos de la Armada Nacional por la compra de tapabocas a 1.500 pesos, cuando la Policía los compró a la mitad. A este proceso fueron vinculados el comandante de la Base Naval ARC Bogotá y el capitán de navío Jaime Gómez González.

- Si se demuestra la culpabilidad de los investigados, simplemente deseamos que se haga justicia. ¡No se puede ser tan desalmado!

 

Fuente: eltiempo.com - 31 de mayo de 2020