Boletines de Prensa - 2019

Contraloría investiga a Gobernadora (E) de Córdoba y exgobernadores Lyons y Besaile, por hallazgo fiscal de $45.083 millones, en proyecto de ciencia y tecnología

COMUNICADO DE PRENSA No. 131

 

  • El hallazgo fiscal se determinó al encontrar que no hay resultados efectivos en la gestión de recuperación de los millonarios recursos que se pagaron por un proyecto que nunca se terminó de ejecutar, denominado “Investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del rio Sinú”.
  • En total, al revisar los proyectos y contratos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos de regalías, la CGR encontró hallazgos fiscales por $69.507 millones.
  • Los hallazgos, diferentes al del corredor agroecológico, tienen que ver con un cuestionado contrato con la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), proyectos de escenarios deportivos con fallas estructurales y un fallido proyecto cacaotero.

 

Bogotá, 10 de septiembre de 2019.- La Contraloría General de la República investiga a la Gobernadora (E) de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones, a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.

El proyecto donde se dieron estas irregularidades, desarrollado a través del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-

El objeto de este proyecto, contratado en momentos en que ejercía el cargo de Gobernador el señor Alejandro Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017 liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus respectivos intereses.

Sin embargo, este proceso coactivo no ha tenido mayor resultado, dado que los únicos dineros recuperados por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10 por ciento del valor del contrato.

No se ha podido recuperar ningún otro valor adicional de lo que se ordenó en la liquidación del convenio, por lo que la Contraloría considera que no han sido efectivas las gestiones de cobro emprendidas por la Gobernación.

Según la Unidad de Regalías de la CGR, “Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los Cooperantes Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-, establecidas en el acto administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al patrimonio del Estado”.

La investigación de la Contraloría tiene relación con el no reintegro del dinero que la misma Gobernación de Córdoba ordenó, dado que no se han hecho las acciones efectivas de cobro requeridas en este caso, explicó la Contralora Delegada Sectorial, Lina María Guarnizo Tovar, líder de la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República en Córdoba, durante el primer semestre del presente año.

Presuntos responsables

En esta Actuación se revisaron los proyectos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, obteniendo como resultado 14 hallazgos administrativos*, 8 de ellos con presunta connotación fiscal por $69.507 millones (suma que incluye los $45.083 millones del hallazgo que involucra a los tres últimos Gobernadores).

En estos $45.083 millones se incorpora el hallazgo fiscal de $3.428 millones correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.

La Contraloría ha identificado como presuntos responsables del hallazgo fiscal por $45.083 millones a:

*Alejandro José Lyons Muskus

Gobernador de Córdoba en el período 2012-2015 en que se ejecutó el convenio, y considerado presunto responsable toda vez que la delegación de funciones no exime de responsabilidad.

*Edwin José Besaile Fayad, Gobernador de Córdoba, período 2016 hasta el 18 de enero de 2018, ejercía este cargo durante la ejecución del convenio (entre los años 2016 y 2017).

*Sandra Patricia Devia Ruiz, Gobernadora (E) de Córdoba (desde el 19 de enero de 2018 a la fecha), por no ejercer acciones efectivas para obtener resultados del cobro coactivo.

*Farid Saker García, Jorge Iván Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader

Directores del Departamento Administrativo de Planeación, Supervisor del contrato, por autorizar pagos con base en informes del interventor del Convenio, sin supervisar su ejecución.

*Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Germán Raúl Martínez Layton y Héctor Jaime Villa Campillo, en su calidad de representantes legales de la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP, responsable de la correcta ejecución del Convenio de Cooperación como firmante del mismo.

*Inocencio Bahamón Calderón, representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por autorizar pagos a la Gobernación de Córdoba de un proyecto sin ejecución.

Hallazgo se sumará a proceso de responsabilidad fiscal en curso

Vale señalar que, por este mismo caso, la Contraloría adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $4.050 millones, contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile, supervisores, interventores y contratistas entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación del convenio (los contratistas o cooperantes subcontrataron algunas actividades a menor valor de lo presupuestado).

La Contraloría sumará el nuevo hallazgo fiscal por $45.083 millones a ese proceso de responsabilidad fiscal en curso, vinculando estos nuevos recursos y a los presuntos responsables por omisión en la recuperación de los dineros pagados.

Irregularidades en convenio ejecutado por la CUN

Por otro lado, la Actuación Especial de Fiscalización adelantada en el departamento de Córdoba por la CGR arrojó también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y Democrática en ciencia, tecnología, e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en la tics en el departamento de Córdoba”.

Este proyecto tiene un valor de $46.431 millones de pesos, de los cuales $42.503 millones pertenecen al Sistema General de Regalías. Es de destacar la importancia del rol del interventor en este proyecto, pues las irregularidades causales del hallazgo, fueron advertidas por éste al organismo de control.

Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), que presenta a la fecha irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.

Escenarios deportivos con fallas estructurales

Llaman también la atención dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

En el caso de Planeta Rica, la CGR configuró dos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal. Uno de ellos, por valor de $1.701 millones de pesos, por el proyecto “Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I”, de $9.173 millones de pesos.

El otro hallazgo, de $765 millones, tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto “…para la construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de urbanismo de la unidad deportiva”, de un valor de $3.859 millones de pesos.

En ambos casos, se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura.

En el caso del municipio de Cotorra, el objeto del proyecto era “Mejorar las condiciones para la práctica del deporte (…) mediante la construcción de un estadio y un bioparque”, por un valor total de $6.331 millones de pesos.

Sin embargo, la Contraloría encontró deficiencias en la calidad de la obra, así como obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones de pesos.

Proyecto cacaotero fallido

Finalmente, se destaca un hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto “Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservacion de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba”.

El proyecto fue aprobado en el año 2013, por un valor total de $6.725 millones de pesos, financiados en su totalidad con fondos del Sistema General de Regalías.

El objetivo final era la regulación hídrica, conservación de suelos y mejoramiento de la productividad de regiones deprimidas del Departamento de Córdoba, mediante la implementación de parcelas productivas de cacao, plátano y árboles maderables, para brindar a los pequeños agricultores un medio seguro de subsistencia.

Sin embargo, en el análisis realizado por la CGR se encontraron fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto.

*Se encontraron también 13 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y otros 2 de carácter penal.

Audio relacionado

Publicado el 10 Sep 2019 09:30


8 hallazgos fiscales por $11.224 millones encontró la Contraloría General en proyectos financiados con regalías, en el Huila

COMUNICADO DE PRENSA No. 130

 

  • Entre los proyectos sin avance está la construcción de la Plazoleta Lúdica y Ágora, en el municipio de Aipe, ya calificado como “elefante blanco”; y la construcción en pavimento flexible de la vía San Agustín-Obando.

 

Bogotá, 9 de septiembre de 2019.- Una Actuación Especial de Fiscalización realizada por la Contraloría General de la República a 18 proyectos financiados con recursos de regalías en el Departamento del Huila, determinó 8 hallazgos fiscales por valor de $11.224 millones de pesos.

Dos proyectos sobre los que puso su lupa el organismo de control son la construcción de la Plazoleta Lúdica y Ágora, en el municipio de Aipe, cuyas obras actualmente se encuentran inconclusas y en estado de abandono, lo que genera un hallazgo fiscal por $2.828 millones, y la pavimentación en pavimento flexible de la vía San Agustín-Obando.

Con el fin de evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de transporte, educación y vivienda en el Departamento de Huila, la Contraloría General de la República realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectosy contratos financiados con estos recursos, y ejecutados por la Gobernación del Huila y los Municipios de Aipe, Pitalito, Saladoblanco, Acevedo, Yaguará y Empresas Públicas de Yaguará.

El informe de la CGR presenta el análisis realizado en el primer semestre durante el proceso de auditoría a los 18 proyectos seleccionados, cuya inversión total asciende a los $145.119 millones de pesos.

Elefante blanco en Aipe

Uno de los hallazgos que más llama la atención es el que tiene que ver con el proyecto de construcción de la Plazoleta Lúdica y el Ágora en el municipio de Aipe, cuyo contrato de obra se celebró el 23 de diciembre de 2015, por valor de $ 2.587 millones, con un plazo de ejecución de 6 meses.

Actualmente este contrato se encuentra con un porcentaje de ejecución financiera del 73.36% y un porcentaje de ejecución físico estimado del 75%.

Durante la actuación especial, la CGR encontró que la planeación en la etapa pre contractual por parte del ente territorial fue deficiente, al no tenerse en cuenta todas las determinantes físicas del predio.

Así mismo, durante el proceso de elaboración del presupuesto oficial no se hizo un adecuado cálculo de cantidades de obra, y no se adelantó una completa identificación de todos los ítems necesarios para ejecutar la meta física de la obra.

Por otra parte, el desempeño de la supervisión, la interventoría y el contratista, resultó deficiente y negligente en la etapa contractual, al permitir la suscripción de 5 adiciones en el plazo contractual, y 6 suspensiones de la obra, que conllevaron un retraso en el plazo de entrega original de 6 meses.

Lo que más preocupa, sin embargo, es que, al evaluar el estado de ejecución del contrato, se concluye que estas obras actualmente se encuentran inconclusas y en estado de abandono, sin ninguna intervención por parte del contratista ni la presencia de personal de interventoría, por lo que no se ha cumplido con el objetivo general del proyecto, lo que resulta en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 2.828 millones de pesos.

Alto riesgo de accidentalidad en la vía San Agustín-Obando

El 03 de noviembre de 2015 la Gobernación de Huila suscribió el contrato de obra No. 1046 de 2015, con la Unión Temporal Obando 2015, por valor de $11.642 millones de pesos, con fecha de inicio del 15 de diciembre de 2015 y plazo de ejecución de 12 meses, con el objeto de pavimentar tramos de la vía San Agustín-Obando.

Actualmente, este contrato se encuentra suspendido, con una ejecución física del 36,19% y un porcentaje de ejecución financiera del 39.17%, presentando un atraso de 33,61% según lo programado. 

Durante las visitas técnicas realizadas por la CGR, se identificó un peligro latente de accidentalidad vial que se puede presentar para los vehículos y transeúntes que recorren la vía, con el riesgo permanente de caída al vacío por la falta del relleno estructural para el muro de contención, el cual está construido parcialmente en algunos tramos.

Así mismo, se observa a lo largo de la vía que los taludes cortados a margen izquierda han generado derrumbes, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios y un potencial cierre de la vía.

Según el informe de la Contraloría, algunos ítems pendientes de ser ejecutados y cumplidos en su totalidad, fueron cobrados conforme al anticipo. Así mismo, no se respetó el cronograma de obra, dilatando por meses la ejecución del proyecto, que se encuentra actualmente en estado de abandono.

Adicionalmente, se destaca el riesgo de vencimiento de los permisos de aprovechamiento forestal, intervención de cauce, y permiso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH.

En consecuencia, las obras abandonadas o inconclusas,  el riesgo de inestabilidad del terreno intervenido, el peligro constante de accidentalidad vial para los  habitantes del sector, el desacierto en la planeación contractual para solicitar los permisos requeridos y cumplir los plazos de dichos permisos, y el pago no debido conforme al plan de manejo del anticipo por la no ejecución total del ítem evidentemente cobrado, son razones de peso para la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $3.450 millones de pesos.

No obstante, lo anterior, es de resaltar que la supervisión de los contratos de la Gobernación del Huila, en atención a dos de las observaciones comunicadas por la CGR, dio respuesta oportuna y eficaz a las mismas, logrando realizar las reparaciones detectadas en las visitas de obra, desvirtuando las incidencias de las mismas, lo que resultó en dos (2) beneficios de control fiscal por valor de $166 millones de pesos.

Análisis por sectores

El 89 % (16), de los 18 proyectos de regalías revisados en esta auditoría que realizó la CGR están relacionados con la construcción o mantenimiento de vías secundarias y terciarias, el 5.5% corresponde a un proyecto de infraestructura educativa y el 5.5% a un proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

En 6 de los 16 proyectos de vías secundarias y terciarias analizados, se encontraron debilidades relacionadas con planeación, calidad de obra y mantenimiento. En el proyecto de infraestructura educativa se encontraron debilidades en mantenimiento y calidad de obra. Y en el proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se encontró la obra suspendida y en estado abandono.

*La CGR trabaja con las entidades ejecutoras de los proyectos para fortalecer los planes de mejoramiento y subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos, con el objeto de brindar solución oportuna a las necesidades de la población.

Publicado el 09 Sep 2019 15:00


A través de "Compromiso Colombia", Contraloría General impulsa soluciones energéticas en Cumaribo y La Primavera (Vichada)

COMUNICADO DE PRENSA No. 129

 

  • Se espera que iniciando octubre se entreguen las instalaciones correspondientes al municipio de Cumaribo, mientras que las de La Primavera se proyectan entregar a los usuarios a finales de ese mismo mes.

 
Puerto Carreño (Vichada).- 6 de septiembre de 2019.- En el marco de la estrategia de control fiscal participativo "Compromiso Colombia", la Contraloría General de la República inició  de la mano de la ciudadanía el proceso de facilitación de la ejecución de proyectos de soluciones energéticas mediante fuentes no convencionales, en el departamento de Vichada.

Los proyectos, que beneficiarán  a 825 viviendas de áreas rurales alejadas de los cascos urbanos de zonas no interconectadas de esta región, presentan dificultades en la etapa final de ejecución fisica, debido a asuntos logísticos y de gestión administrativa.

La inversión ejecutada en los mismos por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), asciende a $16.454 millones.

De la mesa de diálogo sobre el tema, convocada por la Contraloría, surgieron 12 compromisos, a los cuales la ciudadanía, apoyada por este organismo de control, hará el respetivo seguimiento.

Se espera que iniciando el próximos mes octubre se entreguen las instalaciones correspondientes al municipio de Cumaribo, mientras que los de La Primavera se proyectan entregar a los usuarios a finales de octubre.

Asistieron  a la mesa de diálogo, representantes del IPSE, de las electrificadoras de Vichada y Guainia, los secretarios de planeacion de los municipios de Cumaribo  y la Primavera, contratistas y representantes de la comunidad.

Publicado el 06 Sep 2019 18:00


Se evidenciaron graves irregularidades: Contraloría encontró hallazgos fiscales por $2.324 millones en auditoría financiera a la Universidad del Pacífico

COMUNICADO DE PRENSA No. 128

 

  • Pagos con tarjeta de crédito sin autorización, declaraciones tributarias inoportunas que generaron pagos adicionales, avances para viáticos y gastos de viajes sin soporte legal (resoluciones) y distintas irregularidades contractuales, son algunos de los hallazgos que detectó la CGR.

 

Bogotá, 6 de septiembre de 2019.- Una auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República a Universidad del Pacífico, sobre la vigencia 2018, determinó graves irregularidades que se traducen en 41 hallazgos administrativos, de los cuales 15 tienen posible incidencia fiscal por $2.324 millones de pesos, 29 presunta connotación disciplinaria y uno (1) probable implicación penal.

Dentro de las irregularidades en el manejo de los recursos se encontraron, entre otros, pagos de tarjetas de crédito por $333 millones de pesos sin que medie autorización o soporte del pago, así como registro en los bancos por $290 millones sin contar con los soportes debidos.

Además, se presentaron declaraciones tributarias inoportunamente, situación que generó pagos adicionales durante la vigencia 2018 por $330 millones. 

Y se encontraron contratos suscritos y pagados durante el 2018, donde se evidenció que la Universidad no realizó el debido descuento por la estampilla ProDesarrollo de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.

Igualmente, se evidenciaron pagos realizados de manera extemporánea por concepto de aportes correspondientes a la Seguridad Social y Fondo de Sostenibilidad, generando intereses de mora.

También se encontraron avances para viáticos y gastos de viaje a funcionarios, sin contar con las resoluciones que amparan la entrega de los recursos, y a la fecha de la auditoría, no se habían legalizado en su totalidad.

Irregularidades en materia contractual

En materia contractual, se determinaron otras graves irregularidades:

*Un posible contrato incumplido para realizar apoyo logístico para la caracterización de las víctimas del conflicto armado en la comuna 10 del distrito de Buenaventura, por $ 70 millones de pesos.

*Pagos a un contrato del cual no existen evidencias del proceso contractual adelantado por la Universidad ni de su ejecución, por $ 165 millones.

*Un contrato de servicio de apoyo logístico en el cual no coinciden los pagos con los costos de la propuesta.

*Y se encontró un contrato pagado cuyo objeto ya había sido elaborado durante la vigencia 2017.

A las anteriores irregularidades se suma que, a mayo de 2019, los Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2018, se encontraron sin la aprobación del Consejo Superior y que la Universidad no ha adoptado un Manual de Políticas Contables, en virtud del nuevo marco normativo.

Ante las distintas situaciones irregulares detectadas, la Contraloría General de la República, además de iniciar los procesos respectivos y darle traslado de los hallazgos a otros organismos de control, no feneció la cuenta rendida por la Universidad del Pacífico sobre la vigencia 2018.

Publicado el 06 Sep 2019 09:00


“Fracasó la política pública de descongestión judicial”, dice el Contralor General

COMUNICADO DE PRENSA No. 127

 

  • Pide replantear esta política, brindarle mayores recursos a la jurisdicción contenciosa administrativa y contar con mayores funcionarios judiciales.
  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba pide el fortalecimiento de la justicia y dice que hacerlo tiene un costo económico, como lo tiene la reforma del modelo de control fiscal, pero el problema no es el costo sino lograr mejores resultados y mayor eficiencia.
  • El jefe del organismo de control llamó a los críticos del acto legislativo que reforma el control fiscal a quitarse los miedos sobre la propuesta que estudia el Congreso y no generarlos tampoco.

 

Santa Marta, 5 de septiembre de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, aseguró hoy que la política pública de descongestión judicial en el país fracasó y debe replantearse, pues las cifras son dicientes: hoy la congestión judicial se encuentra entre el 49% y el 61%, con más 7400 procesos que se admiten a diario en los despachos judiciales.

Afirmó que la jurisdicción contenciosa administrativa requiere más recursos y herramientas para superar las brechas que subsisten en la prestación de servicio público de la administración de justicia, especialmente para descongestionar los despachos judiciales, lograr la implementación del expediente electrónico y avanzar en ampliar la cobertura de la administración de justicia.

“Necesitamos más funcionarios judiciales en Colombia porque los conflictos cada día son mayores y complejos. Necesitamos más jueces y fiscales para librar a la justicia de los peligros de la saturación”, indicó el Contralor.

El estándar internacional señalado por la OECD es que se tengan 65 jueces por cada 100.000 habitantes y, en nuestro país, por cada 100.000 habitantes se tienen apenas en promedio 11 jueces, indicó, al intervenir en el XXV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que tiene lugar en Santa Marta.

Recordó luego que tan solo el 5% del presupuesto asignado al sector Justicia se destina a inversión. “Es necesario, fortalecer la inversión para la prestación de un servicio público que bien se ha considerado como esencial”, recalcó.

Ser más eficientes, cuesta más

Para el Contralor, es imperioso fortalecer la justicia y las instituciones, como es el caso de la Contraloría y la reforma que se tramita para modernizar el actual modelo de control fiscal.

“Con claridad yo si soy partidario de fortalecer no solamente la justicia y nuestras instituciones, sino de sincerarnos con el país: así cueste más, así hayan críticos de lo que cuesta, pero el problema no es que cueste, el problema es que se tengan resultados”, sostuvo.

“A nosotros no nos puede dar miedo decirle al país que nos cuesta más poder cumplir la función de justicia en el país, porque aquí hay varios críticos que siempre están pendientes de decir que si cuesta más es un problema, pero hay que decir que si cuesta más es porque necesitamos efectivamente esas herramientas”, agregó.

"Necesitamos más personal y herramientas más efectivas”

“Si queremos hacer bien las cosas, vamos a necesitar mayor personal, señaló el Contralor en alusión a la reforma que impulsa para este organismo de control y en respuesta a quienes critican su propuesta para que el presupuesto de la Contraloría General de la República crezca el doble en tres años.

“Necesitamos efectivamente tener mayores herramientas y eso nos cuesta”, subrayó. 

“A los que en lo personal no me quieren o han sido enemigos de esta propuesta, vuelvo y les decimos, y está en el texto del proyecto que hemos propuesto: no coadministraremos, no será un control vinculante y será excepcional”, dijo también el Contralor General.

Córdoba Larrarte llamó a los críticos a quitarse los miedos sobre la propuesta que estudia el Congreso y no generarlos tampoco.

“Aquí al parecer uno explica, explica y explica y a algunos personajes del país no les interesa entender. Vuelvo y lo repito: no es lo mismo guayos para jugadores que jugadores paraguayos. No es lo mismo el control previo que el control preventivo. Pero, además, lo que buscamos es que sea concomitante y posterior”, finalizó.

Publicado el 05 Sep 2019 17:00