Boletines de Prensa - 2019

Concluye la Contraloría sobre proyecto Hidroituango: EPM no obtiene los resultados físicos y financieros que buscaba e incumple principios de eficiencia y eficacia

COMUNICADO DE PRENSA No. 135

 

  • El control excepcional de la CGR al proyecto Hidroituango deja ver situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como riesgos de estabilidad en algunas zonas.
  • Para la Contraloría, una de las decisiones tomadas por EPM que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación.
  • La construcción de la galería auxiliar de desviación se hizo en contravía a las recomendaciones de la Junta de Asesores de EPM, que señaló siempre la necesidad de ajustarse a los diseños originales.
  • La Contraloría estima en $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas, sin incluir algunos eventos cuya cuantía está por determinar.
  • Aunque EPM invirtió $1.003.758.301.984 para acelerar el proceso de terminación de construcción de la presa y entrada en operación en la fecha programada, a fin de no renunciar a sus ingresos futuros y evitar la ejecución de las garantías otorgadas, la CGR evidenció que no se cumplió el hito 8 del contrato BOOMT ni las actividades 362 y 364 del mismo, es decir la entrada en operación de las Unidades 4, 3 y 2.
  • El lucro cesante consolidado del proyecto se calcula en $1.1 billones; y se estableció un presunto detrimento al patrimonio público por valor de $2,9 billones, correspondiente a lo que se estima es la destrucción de valor, debido a las mayores inversiones realizadas, sin entrar en operación.
  • El control excepcional al proyecto Hidroituango fue realizado por un experto equipo de auditores y profesionales de la Contraloría, que contó en el tema financiero con el apoyo de expertos analistas de la Universidad Nacional.

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2019.- La Contraloría General de la República concluyó su actuación de control excepcional a los recursos del proyecto Hidroituango, determinando que la gestión de la gerencia y control del mismo no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor.

Esta actuación especial de fiscalización se realizó del 4 de marzo al 17 de julio de 2019, por parte de un equipo multidisciplinario de auditores integrado por abogados, ingenieros civiles y de sistemas, economistas, contadores y geólogos, entre otras profesiones, y todos con más de 15 años de vinculación a la CGR. Adicionalmente se contó con el apoyo de un equipo de la Universidad Nacional en el tema de análisis financiero al proyecto.

Más allá de los dos hallazgos fiscales detectados y su millonaria cuantía*, los otros hallazgos de carácter administrativo señalados (4), ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas, grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales que vulneran el principio de planeación.

Proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión de la Contraloría es que esto no ha sido así.

La razón para señalar esta situación es que se evidencian debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto.

Otro aspecto importante que hace ver el informe de la Contraloría es que la valoración económica que actualmente hace EPM del proyecto contempla que en años siguientes se recuperará, a través de las pólizas, un daño emergente y un lucro cesante que, de no recibirse, afectará negativamente las expectativas económicas que se tienen sobre el proyecto a mediano y largo plazo.

Un aspecto adicional evidenciado es que EPM construyó la central de generación mediante la subcontratación con empresas especializadas, que a su vez subcontrataron parcialmente el objeto de sus contratos, lo que, si bien no está prohibido en el contrato BOOMT, deja en duda la experiencia constructiva de la empresa, que sustentó la decisión de abandonar la opción de subasta internacional y optó por una negociación directa para desarrollar el proyecto.

Un proyecto muy costoso, si se compara con otros similares

La CGR realizó un análisis comparativo de los costos en dólares por kilovatio instalado (USD$/KW) en proyectos hidroeléctricos comparables cercanos a los 2.000 MW y empresas generadoras de energía con características similares y/o comparables con Hidroituango, en el mercado nacional e internacional.

El resultado de este análisis indica que el proyecto Hidroituango presenta el costo de inversión más alto: cerca a 2.096 USD$/KW, con el agravante que aún no ha entrado en operación y en consecuencias las inversiones seguirán aumentando hasta la terminación del proyecto y puesta en operación.

Dos decisiones que afectaron el proyecto

El informe de la CGR analiza minuciosamente 15 puntos relevantes que se dieron desde el inicio del proyecto hasta la contingencia presentada en abril de 2018 y la posterior desviación del río Cauca por casa de máquinas, a través de los túneles de captación 1, 2, 7 y 8, que ocasionó daños en la infraestructura construida y la maquinaria instalada.

Entre los temas evaluados está el retraso en el inicio de la contratación de los túneles de desvío, donde se encuentra que el contratista inicial (CTIFS) presentaba atraso en el cronograma, y cuando estaba próxima la fecha del desvío del río, no tenía listas las guías de las compuertas de desviación ni la estructura de descarga de fondo. Los incumplimientos de este contratista llevaron a EPM a decidir la liquidación de ese contrato y a entregar la terminación de las obras subterráneas pendientes al consorcio CCCI, ejecutor de las obras de superficie, en especial la presa.

En este punto, la Contraloría señala enseguida dos aspectos que resultaron siendo críticos para el proyecto: Primero, la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación. Y Segundo, la construcción de la galería auxiliar de desviación en contravía a las recomendaciones de su Junta de Asesores.

Para el organismo de control, una de las decisiones tomadas por EPM que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación.

Dicho efecto se reflejó, no solamente en los costos del proyecto -los cuales aumentaron directamente en el costo del denominado tercer túnel- sino también en la entrada en operación y generación del proyecto.

En reiteradas ocasiones, la Junta de Asesores de EPM manifestó su desacuerdo frente al denominado “Plan de Aceleración” y la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación señalando que “los riesgos técnicos asociados con la aceleración no son aceptables para un proyecto de esta envergadura” y, además, “existe aún incertidumbre de que las múltiples y delicadas tareas restantes para lograr el desvío se ejecuten oportunamente”.

La Junta de Asesores siempre recomendó ajustarse al diseño original y tratar de desviar el río sino en el primer semestre de 2014 a mediados de éste y, en caso de ser necesario, recuperar tiempo agilizando la construcción de la presa, lo cual era una alternativa con mucho menor riesgo que la aceleración del desvío. No obstante sus recomendaciones, la Junta de Asesores fue sorprendida en 2013 con “la decisión ya tomada de abandonar los elementos de control y cierre de los túneles y adoptar un tercer túnel (T3) de desvío aguas arriba, que permita el cierre final con la construcción de los tapones definitivos al final de la obra”.

Así fue como, con el fin de lograr la desviación del río en febrero del año 2014, dado que el incumplimiento de esa fecha acarrearía mayores tiempos en el inicio de generación del proyecto, EPM se apartó no solo de los diseños originales sino también de la recomendación de su Junta de Asesores.

Afectación patrimonial por daños que ocasionó la contingencia

Los auditores de la Contraloría cuantificaron en cerca de $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas y las consiguientes situaciones que ocasionó: daños en la infraestructura y equipos, así como afectaciones ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro, se aprecian cuántos recursos han debido invertirse a raíz de la contingencia y en la posterior atención de la misma:

Vale anotar que el rubro “Baja de Activos, calculado en el cuadro anterior en $78.295 millones, podría aumentar a $432.969 millones, debido a los equipos que EPM estima perdidos (aún no se tiene dictamen definitivo de los mismos).

Además, hay algunos eventos cuya cuantía está por determinar, como la reparación de oquedades, la fracturación en la roca, los blindajes de acero instalados, las obras civiles en casa de máquinas y elementos adicionales por dar de baja, entre otros.

Hallazgo sobre disposición de los equipos, mantenimiento y conservación

Se encontraron deficiencias en aspectos de almacenamiento, mantenimiento periódico y actualización de novedades, que generan el riesgo de daños o deterioro de equipos electromecánicos, por las condiciones climáticas de frío-calor a las que se encuentran sometidos.

La falta de mantenimiento puede implicar la pérdida de las garantías de los fabricantes o la destinación de mayores recursos para su recuperación. Adicionalmente, se evidenciaron mayores costos dentro del proyecto por la permanencia de los equipos electromecánicos en la bodega, ya que se extienden los períodos de almacenamiento por efecto de la parálisis en que se encuentran dichos equipos para la generación eléctrica.

Hallazgo por inestabilidad de algunas obras del proyecto

Se observó inestabilidad por desprendimiento de material del macizo y de las obras de protección del talud de la margen derecha del vertedero, en el sitio denominado Capitanes, en el sector ubicado debajo de la construcción de la Base Militar Capitanes y de la zona sur de la galería de compuertas, que se afectó por un deslizamiento ocurrido durante la contingencia,

Lo anterior motivó el reforzamiento estructural de la galería, situación que puede aumentar y generar riesgo de estabilidad en esta zona.

Al momento de la visita de la CGR, que no incluyó el ingreso a toda el área de casa de máquinas (no se podía hacer en este momento), se observaron grietas dentro del macizo de casa de máquinas.

Hallazgo por ítems nuevos en contratos de construcción de obras principales

De acuerdo con la revisión documental de la información suministrada por EPM y la visita realizada por la CGR al proyecto, fue evidente la existencia de modificaciones contractuales -suscritas incluso antes de la contingencia-, en las cuales se reconoció dentro del subcontrato CT-2012-000036 el pago de ítems nuevos, respecto de los cuales se definió su cantidad y precio con posterioridad a su ejecución y sin contar con estudios de mercado u otras alternativas previamente definidas, que permitieran validar los valores expresados por el contratista.

Con lo anterior, se observa vulnerado el principio de planeación, garantía de una eficiente y eficaz inversión de los recursos, pudiéndose denotar además con ello el incumplimiento del principio de economía.

*El primer hallazgo fiscal, por $1.1 billones, se da con ocasión del lucro cesante del proyecto Hidroituango, por su no entrada en operación. Y el segundo por ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal -destrucción del valor del proyecto- en cuantía de $2.9 billones.

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Publicado el 20 Sep 2019 11:30


Contraloría encontró daño fiscal de $1.767 millones por incumplimiento de inversiones en infraestructura hospitalaria, en San Andrés

COMUNICADO DE PRENSA No. 134

 

  • Irregularidades y mal uso del 80% de los recursos de la ejecución del contrato destinado a mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura hospitalaria, genera daño fiscal por $1.767 millones.
  • La ambulancia no funciona, equipos biomédicos y de cómputo, muebles, camillas y demás enseres están abandonados en el sótano del hospital de San Andrés, con el riesgo de dañarse. 
  • El departamento acumula multas por $1000 millones, impuestas por la Supersalud y solo ha pagado una por $7 millones.
  • Se está perjudicando el derecho fundamental a la salud, situación que afecta tanto a los raizales como a los visitantes, que al tener un accidente o calamidad grave no van poder ser atendidos de la manera que debe ser, dice el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas Uribe.
  • Esta es una Actuación Especial de Fiscalización que autorizó el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a raíz de un control excepcional solicitado por una veeduría, donde se incluyeron 12 hospitales, entre ellos el de San Andrés. 
  • En Providencia y Santa Catalina no tienen habilitados los servicios de odontología y urgencias y, sin embargo, los están prestando.

 

Bogotá, 18 de septiembre de 2019.- Graves deficiencias en la prestación de servicios de salud en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización, donde el hallazgo más importante se traduce en un daño fiscal por $1.767 millones. 

Dicho hallazgo corresponde al mal uso del 80% de los recursos de la ejecución del contrato destinado a mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura hospitalaria (contrato interadministrativo No. 1134 de 2007, celebrado entre el Departamento y la IPS Universitaria).

Según el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas, que lideró esta actuación, los hallazgos administrativos detectados ponen en riesgo la salud de los habitantes de esta zona del país.

La Actuación Especial de Fiscalización, comprendió las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 (con corte a 30 de marzo), y fue autorizada por el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a raíz de un control excepcional solicitado por una veeduría, donde se incluyeron 12 hospitales, entre ellos el de San Andrés.

Se encontró que el departamento no ha cumplido oportunamente con la obligación de invertir en infraestructura, equipos de imagenología, neurocirugía, cirugía, odontología, central de esterilización, urología y oftalmología, los cuales se encuentran en total abandono.

Cobros de actividades no realizadas y daño fiscal

Al revisar el Contrato Interadministrativo 1134 de 2017, se determinó que de los $2.205 millones que debía entregar la IPS Universitaria al Departamento como contraprestación en mantenimiento correctivo y preventivo, solo ha invertido $437 millones, lo que equivale aproximadamente al 20%, lo que genera un daño fiscal por $1.767 millones.

De los recursos que tenía que invertir la IPS Universitaria, que estaban por el orden de los $105 millones mensuales, para todo lo que es mantenimiento preventivo y correctivo, el 80% no se invirtieron, utilizándose de forma irregular.

Se determinó que presuntamente la IPS quería cobrar actividades que no se habían realizado, para generar unos gastos superiores y decir que estaban completando ese rubro de los $105 millones, para descontarlos, no siendo cierto, explicó el Contralor Delegado para el Sector Social.

Más irregularidades

*Igualmente, se evidenció que la Superintendencia Nacional de Salud ha impuesto al departamento multas por un valor cercano a los $1000 millones por la omisión en el ejercicio de inspección, control y vigilancia, pero a la fecha solo ha pagado una de ellas por $7 millones.

*Por otra parte, se encontró que la Gobernación no garantizó los permisos para el ingreso de especialistas en salud; canceló las agendas médicas y dejó a los pacientes sin consulta.

*También se determinó que para la prestación de servicios de salud en Providencia y Santa Catalina no existe habilitación para la prestación de algunos servicios, especialmente urgencias y en los habilitados tenían problemas.

*Otro motivo de preocupación por la gestión en los servicios de salud en el archipiélago es que al momento de la suscripción del contrato con la IPS Universitaria, y a la fecha, el departamento no cuenta con un el Modelo Integral de Atención en Salud -MIAS- que obedezca a las necesidades del territorio.

*Finalmente, la Actuación Especial de Fiscalización llevada a cabo por la CGR concluyó que el modelo de gestión en funcionamiento no garantiza el derecho fundamental a la salud de la población raizal y visitantes del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

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Publicado el 18 Sep 2019 15:30


Afirma el Contralor General: "El nuevo control preventivo no va a torpedear, ni a poner palos en la rueda en la ejecución de privados y gestores públicos”

COMUNICADO DE PRENSA No. 133

 

  • “Debe quedar claro que no es lo mismo el control previo que el preventivo, que nadie va a coadministrar y que lo que queremos es llegar a tiempo, para prevenir cualquier daño al patrimonio de los colombianos”, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
  • “Ayer se abrió esa puerta, al control fiscal concomitante y preventivo, y hoy vamos a convocar una comisión de notables para poder hacer la reglamentación de lo que se viene, en detalle”, manifiesta respecto a la reforma constitucional al control fiscal que aprobó ayer el Congreso.

 

Cartagena de Indias, 12 de septiembre de 2019.- "No queremos de ninguna manera torpedear ni dejar de hacer a los privados ni a los gestores públicos”, dijo hoy aquí el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en relación a lo que será la aplicación del nuevo modelo de control fiscal, concomitante y preventivo.

“Este Contralor General de la República puede que lo vean joven, y yo le he preguntado a mi papá y él me dice que yo nací a las 7 de la noche, pero no anoche. Y en ese sentido es que debo decirles que yo también pude ser Contralor Delegado de Participación Ciudadana y Vicecontralor General de la República. También fui Secretario de Gobierno de un municipio y Secretario Privado de un Gobernador. He estado en varios lados, para entender efectivamente que el control debería es ayudar a la ejecución de un funcionario público y no a torpedearlo”, señaló.

“Por eso aquí no queremos, y que nunca se malinterprete, torpedear ni poner palos en la rueda en la ejecución. Este proyecto de acto legislativo lo único que busca es mayores y mejores herramientas, pero para que llegue la plata, a todos los colombianos que más la necesitan”, agregó.

No se está sustituyendo la Constitución

El Contralor fue claro en señalar que en la reforma al control fiscal aprobada ayer por el Congreso no sustituye para nada la Constitución y recordó que la sentencia C-977 de 2002, referente al control preventivo en los órganos constitucionalmente autónomos, deja claro el tema.

“Quienes han hablado que hay sustituciones de la Constitución, quieren vender humo al país", afirmó.

Aseguró que el proyecto de acto legislativo fue objeto de varios análisis y exmagistrados de la Corte Constitucional consultados indicaron que hay claridad en este tema.

El Contralor rechazó igualmente los señalamientos de quienes insisten que con esta reforma se va a burocratizar la Contraloría; y recordó quien vaya a entrar a la entidad tendrá que hacerlo por concurso de méritos.

“Cuando hablan de burocratizar están vendiendo humo. Están diciendo mentiras”, dijo e insistió en que se están buscando perfiles técnicos con los que hoy no cuenta la entidad, como auditores médicos, grafólogos, ingenieros ambientales, etc.

El Contralor General habló en el marco del Congreso Confecámaras 50 años “Detonantes del Crecimiento Económico”, que se realiza en Cartagena.

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Publicado el 12 Sep 2019 16:00


Congreso aprobó Control Fiscal en Tiempo Real

COMUNICADO DE PRENSA No. 132

 

  • De esta manera cobra vida la propuesta  que desde su postulación hiciera el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, de contar con una Contraloría que pueda detectar la corrupción oportunamente

 

Bogotá, 11 de septiembre de 2019.- La plenaria del Senado de la República aprobó hace unos minutos el artículo primero del proyecto de acto legislativo que reforma el Régimen de Control Fiscal, dando así vía libre al ejercicio control fiscal preventivo y concomitante, que permitirá a la Contraloría General de la República dejar de llegar tarde, cuando ya están consumados los hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, o sea aplicando en adelante un control en tiempo real.

De acuerdo a lo aprobado, el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva y podrá ser preventivo y concomitante,  según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público.

El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno.

La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control.

El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica coadministración, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia público.

Además, este control preventivo y concomitante no versará sobre la conveniencia de las decisiones que tomen los administradores públicos.

 

Podcast CGR

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Publicado el 11 Sep 2019 16:40


Contraloría investiga a Gobernadora (E) de Córdoba y exgobernadores Lyons y Besaile, por hallazgo fiscal de $45.083 millones, en proyecto de ciencia y tecnología

COMUNICADO DE PRENSA No. 131

 

  • El hallazgo fiscal se determinó al encontrar que no hay resultados efectivos en la gestión de recuperación de los millonarios recursos que se pagaron por un proyecto que nunca se terminó de ejecutar, denominado “Investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del rio Sinú”.
  • En total, al revisar los proyectos y contratos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos de regalías, la CGR encontró hallazgos fiscales por $69.507 millones.
  • Los hallazgos, diferentes al del corredor agroecológico, tienen que ver con un cuestionado contrato con la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), proyectos de escenarios deportivos con fallas estructurales y un fallido proyecto cacaotero.

 

Bogotá, 10 de septiembre de 2019.- La Contraloría General de la República investiga a la Gobernadora (E) de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones, a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.

El proyecto donde se dieron estas irregularidades, desarrollado a través del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-

El objeto de este proyecto, contratado en momentos en que ejercía el cargo de Gobernador el señor Alejandro Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017 liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus respectivos intereses.

Sin embargo, este proceso coactivo no ha tenido mayor resultado, dado que los únicos dineros recuperados por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10 por ciento del valor del contrato.

No se ha podido recuperar ningún otro valor adicional de lo que se ordenó en la liquidación del convenio, por lo que la Contraloría considera que no han sido efectivas las gestiones de cobro emprendidas por la Gobernación.

Según la Unidad de Regalías de la CGR, “Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los Cooperantes Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-, establecidas en el acto administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al patrimonio del Estado”.

La investigación de la Contraloría tiene relación con el no reintegro del dinero que la misma Gobernación de Córdoba ordenó, dado que no se han hecho las acciones efectivas de cobro requeridas en este caso, explicó la Contralora Delegada Sectorial, Lina María Guarnizo Tovar, líder de la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República en Córdoba, durante el primer semestre del presente año.

Presuntos responsables

En esta Actuación se revisaron los proyectos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, obteniendo como resultado 14 hallazgos administrativos*, 8 de ellos con presunta connotación fiscal por $69.507 millones (suma que incluye los $45.083 millones del hallazgo que involucra a los tres últimos Gobernadores).

En estos $45.083 millones se incorpora el hallazgo fiscal de $3.428 millones correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.

La Contraloría ha identificado como presuntos responsables del hallazgo fiscal por $45.083 millones a:

*Alejandro José Lyons Muskus

Gobernador de Córdoba en el período 2012-2015 en que se ejecutó el convenio, y considerado presunto responsable toda vez que la delegación de funciones no exime de responsabilidad.

*Edwin José Besaile Fayad, Gobernador de Córdoba, período 2016 hasta el 18 de enero de 2018, ejercía este cargo durante la ejecución del convenio (entre los años 2016 y 2017).

*Sandra Patricia Devia Ruiz, Gobernadora (E) de Córdoba (desde el 19 de enero de 2018 a la fecha), por no ejercer acciones efectivas para obtener resultados del cobro coactivo.

*Farid Saker García, Jorge Iván Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader

Directores del Departamento Administrativo de Planeación, Supervisor del contrato, por autorizar pagos con base en informes del interventor del Convenio, sin supervisar su ejecución.

*Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Germán Raúl Martínez Layton y Héctor Jaime Villa Campillo, en su calidad de representantes legales de la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP, responsable de la correcta ejecución del Convenio de Cooperación como firmante del mismo.

*Inocencio Bahamón Calderón, representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por autorizar pagos a la Gobernación de Córdoba de un proyecto sin ejecución.

Hallazgo se sumará a proceso de responsabilidad fiscal en curso

Vale señalar que, por este mismo caso, la Contraloría adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $4.050 millones, contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile, supervisores, interventores y contratistas entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación del convenio (los contratistas o cooperantes subcontrataron algunas actividades a menor valor de lo presupuestado).

La Contraloría sumará el nuevo hallazgo fiscal por $45.083 millones a ese proceso de responsabilidad fiscal en curso, vinculando estos nuevos recursos y a los presuntos responsables por omisión en la recuperación de los dineros pagados.

Irregularidades en convenio ejecutado por la CUN

Por otro lado, la Actuación Especial de Fiscalización adelantada en el departamento de Córdoba por la CGR arrojó también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y Democrática en ciencia, tecnología, e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en la tics en el departamento de Córdoba”.

Este proyecto tiene un valor de $46.431 millones de pesos, de los cuales $42.503 millones pertenecen al Sistema General de Regalías. Es de destacar la importancia del rol del interventor en este proyecto, pues las irregularidades causales del hallazgo, fueron advertidas por éste al organismo de control.

Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), que presenta a la fecha irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.

Escenarios deportivos con fallas estructurales

Llaman también la atención dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

En el caso de Planeta Rica, la CGR configuró dos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal. Uno de ellos, por valor de $1.701 millones de pesos, por el proyecto “Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I”, de $9.173 millones de pesos.

El otro hallazgo, de $765 millones, tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto “…para la construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de urbanismo de la unidad deportiva”, de un valor de $3.859 millones de pesos.

En ambos casos, se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura.

En el caso del municipio de Cotorra, el objeto del proyecto era “Mejorar las condiciones para la práctica del deporte (…) mediante la construcción de un estadio y un bioparque”, por un valor total de $6.331 millones de pesos.

Sin embargo, la Contraloría encontró deficiencias en la calidad de la obra, así como obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones de pesos.

Proyecto cacaotero fallido

Finalmente, se destaca un hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto “Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservacion de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba”.

El proyecto fue aprobado en el año 2013, por un valor total de $6.725 millones de pesos, financiados en su totalidad con fondos del Sistema General de Regalías.

El objetivo final era la regulación hídrica, conservación de suelos y mejoramiento de la productividad de regiones deprimidas del Departamento de Córdoba, mediante la implementación de parcelas productivas de cacao, plátano y árboles maderables, para brindar a los pequeños agricultores un medio seguro de subsistencia.

Sin embargo, en el análisis realizado por la CGR se encontraron fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto.

*Se encontraron también 13 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y otros 2 de carácter penal.

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Publicado el 10 Sep 2019 09:30