Boletines de Prensa - 2020

Por pago de servicios médicos a fallecidos y anticipos sin legalizar: Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $148.843 millones contra directivos y exdirectivos de Medimás, y la empresa Century Farma

COMUNICADO DE PRENSA No. 123 

 

  • Una de las irregularidades que motiva la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal es que se aprobaron y pagaron anticipos por $144.788 millones, otorgados en el marco de contratos financiados con recursos del SGSSS.  
  • Al día de hoy estos dineros entregados como anticipos son de imposible recaudo, debido al estado de disolución y liquidación en que se encuentra Century Farma, la empresa beneficiada.  
  • Otra irregularidad: se habrían pagado unos $1.074 millones por diversos servicios médicos, respecto de usuarios que a la fecha de los mismos se encontraban fallecidos.  
  • También se habrían cancelado unos $2.981 millones en multas impuestas a Medimás EPS por la Superintendencia Nacional de Salud, con recursos del SGSSS.  

 

 

Bogotá, 8 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $148.843 millones de pesos contra más de una docena de directivos, exdirectivos de Medimás y la empresa contratista Century Farma, por irregularidades en el manejo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) recibidos por la EPS, entre otras el pago de servicios médicos a personas fallecidas o que no se encontraban afiliadas y la entrega de anticipos a contratistas que son de imposible recaudo, debido al estado de disolución y liquidación en que se encuentra Century Farma S.A.S. 

El proceso de responsabilidad fiscal, que inició con elAuto No. 658 del 22 de julio de 2020, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial No. 14 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, tiene como entidad afectada a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, y hasta el momento vincula como presuntos responsables a: 

*Medimás E.P.S. S.A.S. 

*La empresa contratista Century Farma S.A.S. en liquidación 

 *Y diferentes personas que ocupan u ocuparon en su momento diversos cargos directivos en Medimás EPS o incluso hicieron parte de su Junta Directiva, tales como: 

José Antonio Durán Ariza, Néstor Orlando Arenas Fonseca, Alex Fernando Martínez Guarnizo, Ricardo Marcelo Betancur Correa, Gonzalo Delgadillo Toro, Mauricio Arturo García Ortiz, Mónica Patricia Uribe Botero, María Inés Agudelo Valencia, Luis Alfonso Samper Insignares José Guillermo Peña González, José Eugenio Carrera Quintana, Jesús María Carrillo Ballesteros, Blanca Elvira Cajigas de Acosta y Elizabeth Hernández Castellanos.  

La cuantía del detrimento patrimonial fue estimada en esta providencia inicial, exactamente en la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($148.843.715.531). 

Antecedente 

Esta actuación surgió de los resultados de una Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Social (ahora Contraloría Delegada para el Sector Salud) a Medimás EPS SAS, respecto de las vigencias que abarcan del 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.   

Del ejercicio del proceso auditor, se desprendieron diferentes hallazgos, algunos de los cuales fueron declarados de impacto nacional el 29 de enero de 2020 por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y trasladados a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, habida cuenta la presunta afectación a los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Millonarios anticipos sin legalizar y pago de servicios médicos a personas fallecidas 

Para la apertura del proceso fiscal, fue determinante un hecho evidenciado por la auditoría, consistente en el reconocimiento y pago con cargo a los recursos públicos del SGSSS, de sumas de dinero por conceptos superiores o diferentes a su naturaleza y destinación, así como el giro de una porción de los mismos a contratistas, por medio de la figura de anticipos. 

Se destaca en la providencia por la que abrió este proceso que se aprobaron y pagaron anticipos por $144.788 millones otorgados en el marco de contratos financiados con los recursos del SGSSS y que no pudieron ser objeto de legalización, dado que la empresa beneficiaria Century Farma S.A.S. se declaró disuelta y en estado de liquidación. 

Además, se habrían pagado unos $1.074 millones por diversos servicios médicos, respecto de usuarios que para la fecha de los mismos se encontraban fallecidos. 

Y se habrían cancelado unos $2.981 millones en multas impuestas a Medimás EPS por la Superintendencia Nacional de Salud, con recursos del SGSSS. 

Publicado el 08 Sep 2020 09:00


Según un estudio sectorial de la Contraloría: Entidades públicas en liquidación tienen activos por $2,26 billones para pagar sus acreencias

COMUNICADO DE PRENSA No. 122 

 

Persona investigando en la Contraloría General de la República.

  • Procesos liquidatorios se están llevando hasta más de 20 años.  
  • Existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de $1,64 billones.  
  • De estos negocios, 2 presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones) y Electrificadora de Bolívar (-$3.791 millones).  
  • La presencia de estos patrimonios negativos podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas, toda vez que el Ejecutivo debe tomar recursos de otras fuentes de financiamiento.  
  • 19 procesos de liquidación se efectúan directamente a través de agentes liquidadores.  
  • Uno de ellos es el de Saludcoop E.P.S. en Liquidación, que cuenta con un patrimonio negativo de -$2,63 billones, lo cual significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones.  

 

Bogotá, 6 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República (CGR) concluyó un estudio orientado a analizar el estado de los recursos públicos de las entidades en liquidación con corte a diciembre de 2019, que arroja varias conclusiones sobre estos procesos, empezando porque al finalizar 2019 involucraban un total de activos por $2,26 billones para el pago de acreencias y, en muchos casos, se están llevando hasta dos décadas para llegar a su fin. 

El tiempo promedio de duración de las liquidaciones es de 20 años, lo cual para el organismo de control podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos propuestos en estos procesos, ocasionando un incremento en los costos asociados a los mismos y demoras en el pago de las acreencias.   

También son largos tiempos que se toman los liquidadores para finiquitar el proceso liquidatario correspondiente, lo que lleva a que la duración total de los mismos supere, en algunos casos, los 20 años. 

Un caso que merece especial atención es el de la Caja Agraria cuyo proceso liquidatario supera los 27 años. 

Las principales conclusiones de este estudio, adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, son las siguientes: 

*A diciembre de 2019 el valor total de los activos o recursos públicos de las entidades en liquidación (con o sin negocio fiduciario), era de $2,26 billones que se destinan a cumplir con el pago de las acreencias propias de estas entidades. 

*Existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de $1,64 billones, que pueden convertirse en fuentes de liquidez para atender sus pasivos o acreencias del orden de $690.475 millones.  

*De esos 51 negocios, se evidenció que 2 presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones) y Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. (-3.791 millones). 

*La presencia de estos patrimonios negativos en las entidades en liquidación, cuyas acreencias laborales e indemnizaciones deban ser respaldadas según los decretos de liquidación con recursos del Presupuesto General de la Nacional, como es el caso de INCODER y de la Electrificadora de Bolívar, podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas. 

*Esto podría darse toda vez que el Ejecutivo debe tomar recursos de otras fuentes de financiamiento, afectando el equilibrio presupuestal de los rubros inicialmente apropiados en la ley de presupuesto de la vigencia fiscal.    

*De los 51 negocios fiduciarios, el 82,35% (42) son administrados por las tres fiduciarias públicas: Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducóldex.  

*En cuanto al monto total administrado ($1,64 billones), se evidenció que el Estado, a través de sus tres fiduciarias, administra el 94,43% del total de los recursos públicos ($1,55 billones), siendo la Fiduprevisora la que mayor cantidad de recursos administra ($0,74 billones). 

 *Lo anterior, permite afirmar que no es relevante el papel de los privados en la administración de recursos públicos en negocios fiduciarios. 

*De otro lado, son 19 las entidades cuyos procesos liquidatarios se efectúan directamente a través de agentes liquidadores, dentro de las cuales se evidenció la existencia de una con patrimonio negativo. 

*Se trata de Saludcoop E.P.S., con un patrimonio negativo de -$2,63 billones, lo cual significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones.  

*La revisión realizada a través del aplicativo SIRECI de la CGR, en donde se registra la información de la rendición de la cuenta fiscal de todos los sujetos de control, mostró que sólo existe información financiera de 9 de esas 19 entidades, correspondiente a los años 2010, 2015, 2016 y 2018. 

*Tal situación evidencia el incumplimiento constante por parte de estas entidades en liquidación, de rendir a tiempo la información financiera y de gestión a la CGR. 

*El estudio reafirma además la situación evidenciada por la Contraloría en un estudio anterior, en el sentido que no existe una normativa unificada, ni un seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explicaría en buena medida sus continuas prórrogas.  

*Una conclusión final es que, si bien las normas que regulan los procesos de liquidación se constituyen en instrumentos eficaces para culminar algunas actividades de difícil trámite, continúa sin resolverse la problemática generada por la administración del pasivo pensional y las contingencias, donde se requieren medidas de fondo, que se apliquen de manera uniforme en todas estas entidades.

Publicado el 06 Sep 2020 11:00


Hallazgos fiscales por $14.823 millones en 5 departamentos: Contraloría descubrió irregularidades en plataformas tecnológicas, educativas y de salud, en plena pandemia

COMUNICADO DE PRENSA No. 121 

 

  • Resultados de una Actuación Especial de la CGR sobre softwares en salud y plataformas educativas virtuales, que se contrataron con recursos de regalías en los departamentos de Risaralda, Cauca, Caquetá, Magdalena y Arauca. 
  • Se encontró que la pasada Gobernación de Risaralda contrató por cerca de $10 mil millones un software para poder monitorear a los pacientes de la red pública de salud, implementando la historia clínica centralizada, pero la plataforma no funciona, cuando se tendría que haber entregado en noviembre del año pasado.
  • Si este software estuviera hoy funcionando, sería la mejor herramienta para hacer seguimiento y monitoreo a los pacientes de Covid-19 en el departamento de Risaralda.  
  • La Contraloría identificó 3 “elefantes blancos virtuales” en los departamentos de Magdalena, Arauca y Caquetá, cuyo valor asciende a más de $3.290 millones. Se trata de plataformas educativas virtuales que no están funcionando, aunque se pagó por las mismas.
  • Por tal motivo, ni profesores ni alumnos de estas regiones están pudiendo hacer uso de tales herramientas, en momentos que por la pandemia se impone la educación virtual. 
  • En el departamento del Cauca, se efectuaron pagos a un contratista de servicios educativos virtuales y tecnológicos por $1.640 millones, cuando los estudiantes se encontraban en períodos de vacaciones o las clases suspendidas con ocasión de la cuarentena ordenada por el Gobierno nacional.  
  • Todos estos hallazgos son la continuación de una investigación iniciada en 2019, que arrojó irregularidades por $55.195 millones en la contratación de servicios tecnológicos para entidades públicas. 
  • De aquí a noviembre, la Contraloría adelantará una nueva Actuación Especial de Fiscalización para verificar proyectos en tecnología e innovación, por $117 mil millones, en 9 departamentos: Huila, Guajira, Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío, Arauca, Valle del Cauca y Sucre. 

 

 

Bogotá, 5 de septiembre de 2020.- Con hallazgos fiscales por $14.823 millones de pesos, concluyó una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República orientada a verificar el manejo de los recursos públicos en plataformas tecnológicas destinadas a sectores de educación y salud. 

Estas plataformas son activos estratégicos que de haber estado en pleno funcionamientos hubieran permitido superar las barreras del Covid-19. Así, por ejemplo, un proyecto de historia clínica centralizada en el departamento de Risaralda, que no ha resultado funcional, habría servido para monitorear de mejor manera los pacientes de Covid-19. 

Y en el tema de educación, en los departamentos de Caquetá y Magdalena se hicieron unas inversiones en plataformas educativas que hoy no están funcionando, por lo que los estudiantes de estas regiones no las pueden utilizar y, cuando le es posible, tienen que recibir clases virtuales en sus casas, pero en condiciones de conectividad que no son las mejores y, algunas veces, por medio de celular. 

De una muestra inicial auditada de $99 mil millones de pesos, conformada por 5 proyectos y 12 contratos, la Contraloría determinó los siguientes hallazgos: 

*Risaralda: Hallazgo fiscal por $9.892 millones 

En los años 2018 y 2019, la Gobernación de Risaralda, a través del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, suscribió 3 contratos y 1 convenio administrativo, cuya finalidad era la conformación de la red pública de prestadores para la atención integral en salud del departamento, mediante la articulación de la historia clínica centralizada en los 16 hospitales del departamento.  

Como resultado de la auditoría, se pudo constatar que no existe interoperabilidad entre los softwares contratados, es decir que, la historia clínica centralizada no funciona. Si dicho servicio estuviera implementado, Risaralda tendría el mejor sistema de monitoreo de sus pacientes con ocasión de la pandemia. 

*Arauca: Hallazgo fiscal por $ 2.406 millones  

La Gobernación del Arauca suscribió en el año 2013 el contrato 366, que tenía por objeto la creación de redes de conocimiento en áreas básicas pedagógicas y fortalecimiento de procesos evaluativos en el departamento, a través de una plataforma digital conectada a través de internet.  

Sin embargo, no se crearon tales redes de conocimiento ni tampoco se fortalecieron los procesos evaluativos para los estudiantes objeto del proyecto. Hoy tampoco funciona la plataforma digital ni mucho menos la conectividad a internet. 

A esto se suma el incumplimiento del contrato de interventoría asociado al Contrato 366 de 2013, por valor de $150 millones de pesos, puesto que el proyecto objeto de vigilancia y control no ejecutó las actividades para las cuales se contrató.  

*Cauca: Hallazgo fiscal por $1.640 millones 

La Gobernación del Cauca suscribió el contrato 1467 el 26 de julio de 2018, actualmente en ejecución, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, mediante el uso y apropiación de las TICS en las instituciones educativas públicas en el departamento. 

En la Actuación Especial se determinó que el contrato no fue suspendido en los períodos de receso estudiantil (vacaciones) del año 2019, ni tampoco en parte del 2020, incluso los períodos en los que el Gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia. 

Lo anterior significa que se pagó al contratista por sus servicios, cuando los estudiantes no estaban recibiendo clase. 

*Caquetá y Magdalena: Hallazgos fiscales por $734 millones 

Las Gobernaciones de Caquetá y Magdalena suscribieron contratos en los años 2014 y 2015, respectivamente, para la creación y ejecución de plataformas tecnológicas digitales al servicio de los estudiantes de las entidades educativas públicas. 

A la fecha, dichas plataformas tecnológicas no están funcionando constituyéndose en “elefantes blancos virtuales”, o sea donde se paga por un software que nunca se utiliza, que se suman a los ya encontrados en auditorías anteriores, puesto que los estudiantes no tienen como recibir sus clases de manera remota, cuando ya se había pagado para tener tales herramientas. 

Adquisición de elementos subutilizados o que no se vuelven a usar 

Llama la atención de la Contraloría que en los proyectos auditados durante la existencia de la Delegada Sectorial de TIC en el área de Regalías, se efectúan altas inversiones de recursos para la adquisición  de elementos tecnológicos intangibles (softwares, contenidos digitales, plataformas educativas, conectividad a internet, etc.), los cuales se subutilizan en los períodos de ejecución contractual,  o en el peor de los casos, nunca se vuelven a usar después de finalizado el proyecto, atentando contra el principio de sostenibilidad previstos en la Ley.  

Según el Contralor Delegado para Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICS, de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Iván Sánchez Arango, “en este caso, sucede algo similar a cuando se construye una obra, se dota con todo lo necesario, se pone a disposición un recurso humano, y durante la ejecución del proyecto presta el servicio a menos de la mitad de la población objetivo, y cuando finaliza el mismo, se abandona lo contratado”. 

Nueva Actuación Especial 

La CGR continuará en los siguientes tres meses, en su tarea de verificar proyectos financiados con dineros del Sistema General de Regalías, por $117.000 millones, en 9 departamentos: Huila, Guajira, Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío, Arauca, Valle del Cauca y Sucre, en procura de proteger los recursos invertidos en ciencia, tecnología e innovación, los cuales son vitales, muy especialmente ahora, en tiempos de pandemia. 

Se van a verificar plataformas educativas y herramientas tecnológicas que deberían estar funcionando en esos departamentos. 

Publicado el 05 Sep 2020 10:30


Continúa la encrucijada presupuestal del sector ambiental en el país: Reducción en el presupuesto nacional y altos recursos en las CAR no ejecutados

COMUNICADO DE PRENSA No. 120 

Imagen de unas manos tomando una planta recién sacada de la tierra

  • Informe anual de la CGR sobre resultados de gestión del Estado en materia ambiental.  
  • El sector ambiental sigue siendo desfavorecido presupuestalmente y el control y monitoreo de los recursos naturales presenta debilidades. 
  • Se incrementa la carga de pasivos ambientales en el país.  
  • Considera la Contraloría que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 se fijó un Pacto por la Sostenibilidad con importantes tareas y metas que no se compadecen con los presupuestos asignados en los dos últimos años.  
  • Se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetivos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos.  
  • Colombia sigue en el reto de impulsar la minería de manera sostenible al tiempo que preserva las practicas artesanales y ancestrales.  
  • Después de cuatro años de la creación del Impuesto Nacional al Carbono, se observa que no se ha ejecutado ningún proyecto que contribuya a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero –GEI. 

  

Bogotá, 4 de septiembre de 2020.-La Contraloría General de la República entregó su informe anual sobre estado actual del sector ambiental del país, donde además de evaluar la política pública y la gestión de las entidades que administran los recursos naturales, señala una importante reducción en materia de inversión, reflejada en un recorte presupuestal del 21% en 2019, con respecto a 2018. 

Lo dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba en la presentación del Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA 2019-2020): “Las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”. 

Según este Informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se mantienen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente: 

*Vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica. 

*Deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales de hacer presencia en todo el territorio. 

*Escasa planificación de las áreas protegidas. 

* Incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas.  

Lo anterior ha incrementado la carga de pasivos e impactos ambientales en el país, como se advierte con: 

*La contaminación de las cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos. 

*El precario estado de los ecosistemas marinos y manglares. 

*El aumento de la deforestación. 

*El bajo cumplimiento de la norma ambiental vigente en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. 

*El incumplimiento sobre la participación justa y equitativa de algunos proyectos que aprovechan los recursos genéticos.  

Para la Contraloría, “La realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”. 

Fuerte reducción presupuestal 

 

Al igual que en la vigencia 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2019 presenta reducción. En esta oportunidad de $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que para la CGR significa que la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país. 

 

El rubro para inversión, que es el que financia los programas y proyectos para la protección del medio ambiente, muestra una fuerte caída del 21% respecto al año 2018, situando este sector como uno de los más desfavorecidos de la agenda pública nacional.  

Otras conclusiones de la evaluación que realizó la CGR sobre el gasto público social ambiental de la vigencia 2019, son las siguientes: 

*Se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos.  

*Los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones (95%).  

*Diecinueve CAR apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones.  

*Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por $2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%. 

*Esto quiere decir que la suma de $818.726 millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal, lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia.  

*La CGR considera relevante la iniciativa del ejecutivo de incluir en el PND 2018-2022 la reforma a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, para lo cual ya cursa en el Congreso de la República el respectivo proyecto de ley que incluye la unificación del manejo presupuestal de estas entidades, ya que su falta de homologación ha contribuido a la ineficiencia en la ejecución de los recursos públicos puestos a su disposición para la preservación del medio ambiente. 

Como lo ha indicado en informes anteriores, la Contraloría le solicita al Congreso de República dar impulso a dicha iniciativa, para que redunde en el uso racional y eficaz de estos recursos. 

*Se han detectado deficiencias en la aplicación de los porcentajes de los recursos de inversión destinados al medio ambiente con cargo al impuesto al carbono.  

Después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances importantes que redunden en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).  

El recaudo de impuesto por parte de la DIAN para el periodo 2017-2019 ascendió a $1.221.980 millones de los cuales el 45% corresponde al Medio Ambiente, es decir, $549.891 millones.  Sin embargo, los recursos permanecen ociosos en la Tesorería General de la Nación no obstante que tienen destinación específica, para la protección del Medio Ambiente.  

La forma como ha sido implementado el mercado de bonos de carbono no da certeza sobre la reducción de emisiones y por eso hay abruptas variaciones de sobreoferta o excesiva demanda. 

Datos claves del Informe del Estado de los Recursos  Naturales y el Ambiente (IERNA 2019-2020) 

Al firmar el Acuerdo de París de 2015, el país se comprometió a llegar al cero por ciento de la deforestación neta en 2020. Sin embargo, no existen cifras claras sobre el avance hacia esa meta porque no existe un reporte oficial del IDEAM. En 2018 el área deforestada era de 197.159 hectáreas. 

En materia de reforestación, el gobierno nacional, en enero de 2020 se comprometió a sembrar 180 millones de árboles al 2022, lo que representaría una extensión de 140 a 270 mil hectáreas en total, equivalentes a un promedio de 35 a 67 mil hectáreas por año. 

El país cuenta hoy con contratos que dan acceso a los recursos genéticos sin garantizar los beneficios monetarios y no monetarios a los que tienen derecho las comunidades étnicas.  

La falta de control en las colecciones biológicas y rigurosidad de protección sobre la riqueza biológica del país puede generar una pérdida genética incalculable como resultado de procesos de patentes resultado de la biopiratería. 

La Autoridad Nacional Pesquera informó que entre los años 1975 al 2016 el recurso pesquero del Río Magdalena ha disminuido hasta en un 70%, especialmente de especies como el bagre rayado, el nicuro y bocachico, entre otras, perdiendo su capacidad de proveer la dieta alimenticia a los moradores de su área de influencia. 

El Río Magdalena presenta deterioro ambiental de su sistema de humedales del río y a partir de actividades como producción agropecuaria.  

De los 263.684 vehículos nuevos registrados en Colombia en 2019, sólo el 1,2% trabaja con tecnologías híbridas eléctricas, lo que afecta sensiblemente las metas ambientales definidas por el Plan Nacional de Desarrollo en su línea de Transporte sostenible. 

El CONPES 3943 proyectó en 2018 la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030, pero según el PND para cumplir esa meta durante los próximos ocho años tendrían que ingresar 593.400, es decir, un promedio de 74.175 por año. 

Las motocicletas conformaron el 58% del parque automotor y representan el mayor porcentaje de evasión de la revisión técnico-mecánica: el 76% en 2019. 

La pérdida de agua que podría ser reutilizada en el país es cercana al 41%, debido a las grandes ineficiencias en los sistemas de acueducto del país, lo que aleja al país de los objetivos de la economía circular e infraestructura verde. 

La Policía Nacional, a través de su Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, es una de las entidades con mejores resultados en la lucha por la eliminación del uso del mercurio y otras sustancias que afectan la salud y el ambiente. Durante 2019 intervino 3.755 minas y produjo 1.197 capturas. 

El  15% del impuesto al Carbono está destinado al Pacto Región Amazonia. La asignación real de este recurso ha llegado solo al 10% en la subcuenta Conservación de los bosques de la región de la Amazonia. Esta situación refleja un rezago en la formulación de los programas y los proyectos ambientales con cargo a este gravamen. 

Para la vigencia 2019 los recursos de cooperación internacional representan una fuente importante para la inversión del sector ambiental y ascendieron al 67% con relación a los recursos apropiados para inversión por el Presupuesto General de la Nación. 

San Andrés se encuentra al borde de una emergencia sanitaria ante la acumulación de basuras. En 2019 el crecimiento poblacional y las actividades de turismo y comercial generaron un aumento de los desechos. 

Las aguas residuales del Archipiélago, vertidas al ecosistema marino mediante el Emisario Submarino, no presentan ningún tratamiento y sólo se realiza separación de residuos sólidos de mayor tamaño.  

Publicado el 04 Sep 2020 08:30


Contraloría responde a veedurías: No se han dilatado actuaciones en proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en contrato de concesión de peajes en Cartagena

COMUNICADO DE PRENSA No. 119 

Imagen de vehículos próximos a un peaje

  • Lo que se dio fue una suspensión de términos para todos los procesos no Covid que adelanta la CGR, que se decretó desde el 16 de marzo hasta el 15 de julio.  
  • La Contraloría insiste en hacer ver a los veedores que el proceso tiene sus tiempos y oportunidades procesales, como la práctica de pruebas. 
  •  También les recuerda que son terceros ajenos al proceso, el cual tiene reserva y, por lo tanto, deben tener paciencia y comprensión hasta que se produzca el fallo definitivo. 
  •  La CGR debe seguir tramites y actuaciones que garanticen el debido proceso y el derecho a la defensa, sin perjuicio de las medidas que se tomen para resarcir la lesión al patrimonio público a que haya lugar. 

 

Bogotá, 3 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República no ha dilatado injustificadamente sus actuaciones en el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena, respondió el organismo de control a las veedurías que han planteado esta situación. 

Adicionalmente, les recordó que, en atención a la emergencia causada por el Covid-19, desde el 16 de marzo y hasta el 15 de julio, este organismo de control suspendió términos procesales. 

La suspensión de términos implicó la interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta la entidad, incluyendo este.  

Peticiones y denuncias a granel 

Desde enero y prácticamente durante casi todos los meses que han transcurrido del presente año, las veedurías a este proyecto han enviado al Contralor que tiene a su cargo el proceso de responsabilidad fiscal una cantidad de peticiones y denuncias, que se les ha respondido oportunamente, donde piden información sobre el estado actual de la investigación y requieren que se acelere la decisión que debe tomar el organismo de control 

Las Contraloría insiste en hacerles ver que el proceso tiene sus tiempos y oportunidades procesales, como la práctica de pruebas, y dentro del mismo se han adelantado varias diligencias y actuaciones. 

Es así como en febrero pasado un equipo de la de Contraloría realizó una visita especial a las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar -EDURBE, para recaudar pruebas. 

Dicha visita se realizó entre el 24 y 28 de febrero del año en curso y el 16 de marzo, o sea 17 días después, se suspendieron términos. 

Las diligencias practicadas entonces incluyeron la toma de declaraciones juramentadas, visitas a las obras e instalaciones de la concesión, así como la recepción de una importante información documental. 

Como resultado de esta visita se tiene entonces el recaudo de un amplio acervo probatorio, que el despacho encargado del proceso deberá valorar en conjunto con las demás pruebas cuya práctica y recaudo quedó pendiente antes de la suspensión de términos procesales, sin que existen otros motivos diferentes, como sugirieron los voceros de las veedurías en algunas de las comunicaciones que han dirigido a la Contraloría. 

Los veedores quisieron hacer presencia en esa visita y la Contraloría les indicó -en su momento-  que,  al tratarse de la diligencia dentro de un Proceso de Responsabilidad Fiscal, únicamente tenían acceso, los funcionarios comisionados y el funcionario de conocimiento de la CGR, quienes atendían la visita y los sujetos procesales y/o sus apoderados, ante lo cual, por previsión legal, terceros ajenos al proceso no pueden concurrir, esto en aras de garantizar la reserva procesal y los derechos y garantías procesales de los investigados. 

Hay reserva  

Debe tenerse en cuenta que este proceso de responsabilidad fiscal tiene reserva y la veeduría no es sujeto procesal. Y vale decir, igualmente, que desde el mismo momento en que el Contralor Carlos Felipe Córdoba declaró esta investigación de impacto nacional, se le ha solicitado a los veedores paciencia y comprensión dado que la misma está bajo reserva hasta que se produzca el fallo definitivo. 

Al declararse de impacto nacional, el proceso se trasladó a Bogotá y pasó a conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. 

Contraloría no puede sustituir a la administración distrital 

La Contraloría señaló también que no puede de ninguna manera sustituir a la Administración Distrital ni al Departamento Administrativo de Valorización Distrital, que son las entidades contratante y supervisora del contrato de concesión, respectivamente. 

Esto respecto a consideraciones que han hecho los veedores sobre el cobro de la tarifa de peajes durante el periodo actual, y otras posibles irregularidades en actuaciones reciente del concesionario y autoridades de la ciudad de Cartagena. 

En este sentido, se les indicó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política, el control fiscal que adelanta la Contraloría General de la República tiene dos límites o prohibiciones: el control anterior, y el ejercicio de coadministración, lo cual se muestra en plena concordancia con el objeto del proceso de responsabilidad fiscal. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 124 del Decreto 403 de 2020, el proceso de responsabilidad fiscal tiene por propósito el resarcimiento de los daños que se ocasiones al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de los servidores públicos o de los particulares que realizan gestión fiscal o que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de estos.  

En este orden de ideas, la Contraloría General de la República no puede entrar a remplazar la gestión administrativa que deben realizar las autoridades de este nivel de acuerdo con sus competencias constitucional y legalmente asignadas en el ámbito de sus territorios, siendo estas quienes deben adoptar las decisiones ejecutivas de manera oportuna en los asuntos que están bajo su control, tal como sucede con la ejecución de los contratos estatales en que hagan parte, con el objeto de prevenir daños al patrimonio del Estado, gestión esta que sí es del resorte de la función fiscalizadora adelantada por las Contralorías.  

En otras palabras, no puede confundirse el alcance de las funciones fiscalizadoras de la Contraloría, que tiene por objeto el resarcimiento de los daños causados al patrimonio del Estado, en cuanto al proceso de responsabilidad fiscal hace, con el ejercicio de las funciones administrativas propias de las autoridades competentes, las cuales, debe adelantar todas las actuaciones que la Constitución y la Ley prevén para la eficiente gestión ejecutiva, la cual incluye las actuaciones contractuales, mediante el ejercicio de la potestades exorbitantes que la ley le ha asignado, so pena de las sanciones que la ley establece por el incumplimiento de sus competencias. 

Traslado de hechos que no son objeto del proceso  

Finalmente, la CGR informó a los veedores que hechos nuevos que denuncian sobre la Concesión Vial de Cartagena no son objeto de investigación dentro del proceso de responsabilidad fiscal en curso, por lo que se dio traslado de los mismos a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura y a la Contraloría Distrital de Cartagena, en este segundo caso para lo de su competencia, por tratarse de recursos propios y contratos que no son objeto del control fiscal excepcional que ordenó en su momento el Contralor General de la República. 

Se les aclaró, además, que tampoco corresponde al Despacho del Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción ejercer dentro del proceso de responsabilidad fiscal las facultades de control preventivo y concomitante, previstas en el Acto Legislativo 04 de 2019 y reglamentadas en el Decreto Extraordinario 403 de 2020. 

El Contralor Delegado Intersectorial 11 tiene bajo su conocimiento y trámite proceso desde octubre de 2019, luego que el Contralor General ordenara en grado de consulta su desarchivo y lo declarara de impacto nacional. 

¿Qué investiga la CGR? 

La CGR investiga en este caso si ya se cumplió el plazo y el recaudo de peajes para financiar las obras contratadas, dentro de los parámetros del modelo financiero. 

Además del corredor vial, se adicionaron obras que implicaron una ampliación del plazo, actualización de tarifas y el flujo de recaudo de peajes.   

Las denuncias de las veedurías sobre el tema se centran en que el peaje ya cumplió su finalidad tanto en plazo, como en recaudo y remuneración al concesionario. 

Se está analizando si ya se cumplió con la remuneración del concesionario a la TIR de 17,22% y desde qué época. 

Por otra parte, se está investigando si las obras financiadas con los peajes tienen o no sobrecostos.  

Publicado el 03 Sep 2020 09:30