Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO No. 038

 

  • Contraloría General investiga  lo que está ocurriendo con los proyectos de infraestructura educativa en varias regiones del país y los resultados iniciales confirman retrasos en varias obras y determinan  además, en algunos casos, costos exagerados.
  • Lluvia de denuncias por incumplimientos de los contratistas y posibles sobrecostos y, sobretodo, por la demolición de establecimientos educativos para dar paso a nuevos que están inconclusos o no se han entregado, con lo cual muchos estudiantes han sido trasladados, cuando no “amontonados”, en sitios inapropiados.
  • Sube el volumen y el tono de las denuncias recibidas por la Contraloría: “La ejecución de los proyectos se encuentra en estado crítico”; “se han incumplido los cronogramas de las obras”; “No tenemos respuesta del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa”; “El colegio parece un edificio colapsado por algún terremoto destructor”; “¿Quién responde por el hacinamiento, la incomodidad, la falta de espacios pedagógicos y recreativos?”.
  • La situación es tal que se han interpuesto varias tutelas, como es el caso del departamento de Boyacá, donde el incumplimiento en la construcción de los colegios y lo que llaman los demandantes “el inicio del carrusel de las escuelas o de los colegios”, ha dejado a niños y jóvenes expuestos a recibir clases en lugares improvisados, como plazas de mercado, coliseos, conchas acústicas “y hacinados en los pocos colegios que quedaron en pie, es decir que no se derrumbaron”.  
  • Con motivo del inicio de las investigaciones de la Contraloría, se han recibido también denuncias de proveedores y trabajadores de las obras contra los contratistas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFIE,  por mora en los pagos.
  • La indagación abarca denuncias relacionadas con la firma portuguesa Mota-Engil y otros contratistas como la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio Desarrollo Escolar -G4, entre otros.
  • La Contraloría ha encontrado desfases significativos en los costos promedio por aula construida en las zonas urbanas, en proyectos ejecutados en marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
  • Un ejemplo, es el caso de la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, donde se construyeron 3 aulas a un costo promedio de $1.039 millones por aula, que desborda el costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de $146 millones (por aula nueva, tanto urbana como rural).
  • A diciembre de 2018 sólo se habían terminado 73 proyectos de infraestructura educativa en área urbana, de un total de 543 aprobados. Y de esos 73 concluidos solo se habían entregado 12.

 

Bogotá, 28 de marzo de 2019.- Atendiendo un cúmulo denuncias que ha recibido de parte de Alcaldes, Secretarios de Educación, Concejos Municipales, Veedores Asociaciones de Padres de Familia, Rectores, Congresistas, y en general comunidades de varias regiones del país afectadas por retrasos e incumplimientos en obras de infraestructura educativa, contempladas en los planes del gobierno anterior para implementar la Jornada Única Escolar, la Contraloría General de la República avanza en una indagación preliminar cuyos resultados preliminares confirman hasta ahora algunos de los graves hechos denunciados y evidencian, además, desfases significativos en los costos promedio por aula construida.

Son varios los casos donde el costo promedio por aula nueva desborda el que fue estimado en el Documento Conpes 3831 del 3 de junio de 2015, por el cual se declaró de importancia estratégica el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar.

De acuerdo con el diagnostico consignado en dicho Conpes, este Plan debía cumplir a diciembre de 2018 con la meta de resolver el 60% del déficit de aulas estimado en 51 mil aulas nuevas y ampliadas. Es decir, cumplir con la entrega de al menos 30 mil nuevas aulas y mejoradas.

Los funcionarios de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR que adelantan esta indagación preliminar han establecido hasta el momento, con base en información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, que dicha meta no se cumplió porque a diciembre de 2018 sólo se habían terminado 73 proyectos en área urbana de un total de 543 aprobados por la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

Sin embargo, de esos 543 proyectos contratados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFI solo se comenzaron 310, de los cuales 237 aún se encuentran en obra negra y de los 73 terminados solo se han entregado 12 proyectos, equivalentes a 230 aulas, de las cuales solo 131 son nuevas, 5 especializadas y el resto mejoradas, lo que hace más evidente que la meta del Conpes a 31 de diciembre de 2018 no se habría cumplido.

Los 73 proyectados terminados en área urbana corresponden a la construcción y mejoramiento de igual número de instituciones educativas, con un total de 1.310 aulas de las 30.680 proyectadas (que incluyen tanto nuevas como mejoradas y especializadas). Esta cifra es muy inferior a la meta trazada y al compararse indica un avance del 4.3%.

Dos de las instituciones educativas terminadas deberán demolerse, porque no es posible certificar si cumplen con los estándares constructivos y de sismo resistencia exigidos por las normas técnicas vigentes.

 

Desfases en los costos

 

El equipo investigador de la Contraloría ha identificado que entre los 73 proyectos terminados se evidencian algunos donde hay notables desfases en los costos promedio.

Es el caso de la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, donde se construyeron 3 aulas a un costo promedio de $1.039 millones por aula, que desborda el costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de $146,6 millones (por aula nueva, tanto urbana como rural).

En la IE Técnica de Accion Comunal de Fusagasuga (Cundinamarca) se construyeron solo 2 aulas nuevas, a un costo de $620 millones cada una.

Y está el caso de las 5 aulas nuevas y especializadas construidas en la IE Nuestra Señora del Rosario en Polo Nuevo (Atlántico), a un costo promedio de $557 millones por aula.

Igual sucede en la IE San Joaquín de La Mesa (Cundinamarca), donde se terminaron 2 aulas nuevas y 2 especializadas a un costo promedio de $417 millones cada una.

Así mismo, en la IED Tecnológico de Madrid (Cundinamarca), donde se terminaron 12 aulas nuevas y 1 especializada a un costo promedio de 4327 millones por aula.

 

Visitas de la Contraloría

 

Los investigadores de la CGR están visitando las obras, acompañado de un equipo de ingenieros, con el propósito de verificar las causas de esos desfases frente al costo por aula estimado en el Conpes.

Para determinar el costo unitario promedio por aula de cada uno de los 73 proyectos terminados, se tomó el valor efectivamente causado y pagado por la intervención y construcción de las 73 instituciones educativas.

Los resultados preliminares arrojan que en 35 proyectos dichos costos fueron superiores y en la mayoría de los casos se duplica el costo estimado en el Conpes.

Vale señalar también que en otros 36 proyectos el costo unitario promedio por aula resultó inferior a los $146, 6 millones estimados por el Conpes.

El Plan de la Contraloría es visitar la totalidad de las obras terminadas y las que están en fase de ejecución, para determinar ineficiencias en el uso de los recursos públicos invertidos en el desarrollo de los proyectos.

 

¿Qué indaga la Contraloría?

 

La indagación preliminar en curso tiene por objeto investigar, con base en las denuncias conocidas por la CGR, el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para Infraestructura Educativa y los asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE, para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018, durante dichas vigencias y hasta el presente año.

Dado que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE es una cuenta especial sin personería jurídica del Ministerio de Educación Nacional se considera por parte de la Contraloría que esta es una de las entidades que puede resultar afectada con las presuntas irregularidades que se investigan en esta actuación.

La indagación abarca denuncias relacionadas con la firma portuguesa Mota-Engil y otros contratistas como la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio Desarrollo Escolar -G4, el riesgo que se tiene de alta pérdida de recursos del erario por los críticos problemas de ejecución de varios proyectos, el incumplimiento de las metas del Plan de Infraestructura Educativa para la implementación de la jornada única escolar, así como la presunta falta de seguimiento y control en algunos de los proyectos.

Las denuncias que ha recibido la Contraloría proceden tanto de comunidades afectadas con los retrasos en las obras y por demolición de los antiguos establecimientos, como denuncias de proveedores y trabajadores de las obras contra los contratistas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE por mora en los pagos.

De acuerdo con la Ley 610 de 2000, la indagación preliminar busca determinar si existe un detrimento fiscal e identificar a los presuntos responsables fiscales, si a ello hay lugar y, de lograr probarse, se ordenaría la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.

La investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR se inició luego que el pasado 18 de enero el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para la Infraestructura Educativa y los asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018.

Para la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, desde finales de 2015 hasta mediados del año 2016 se celebraron contratos con la multinacional Mota-Engil, Graña y Montero, Constructora Colpatria, Consorcio Gramma, Consorcio Desarrollo Escolar -G4 y Germán Mora Insuasti, entre otros. Este último integra otros consorcios contratistas del mismo Plan.

 

Se siguen recibiendo denuncias

 

A partir de la declaratoria de impacto nacional por parte del Contralor, ha aumentado el volumen de denuncias que recibe la Contraloría General de la República de parte de Alcaldes, Secretarios de Educación, Veedores Municipales y Asociaciones de Padres de Familia, incluyendo órdenes de jueces de tutela que solicitan que este organismo de control intervenga para verificar

Estas denuncias se están recibiendo directamente en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y también a través de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales de la CGR.

A partir de las denuncias recibidas, se están priorizando las obras que serán objeto de inspección por parte del equipo investigador de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

 

*INFORMACIÓN DE CONTEXTO*

 

La Contraloría ha podido identificar que además de los aportes del Ministerio de Educación Nacional por $1.2 billones, a la financiación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018 concurren recursos por $1.13 billones, transferidos por las entidades territoriales, a lo que se suman los rendimientos generados por su manejo a través del esquema fiduciario, para un total de $2.5 billones girados  entre los años 2015 y 2018.

En los contratos de obra y de interventoría celebrados  entre finales de 2015 y julio de 2016 se comprometieron recursos disponibles y de vigencias futuras del orden de $3.4 billones, de los cuales a diciembre 31 de 2018 se han pagado a los contratistas $656 mil millones de pesos.

Además de estas sumas, entre los  años 2015 y 2018 se han utilizado $53 mil millones en los gastos administrativos de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, encargada de coordinar y supervisar la ejecución de los proyectos.

La Contraloría está evaluando la ejecución de los recursos con fundamento en las metas adoptadas en el Conpes 3831 de 2015, mediante el cual se declara como de valor estratégico nacional el Plan Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa para la jornada única escolar 2015-2018.

De acuerdo con el diagnostico consignado en el Conpes este plan debía cumplir a diciembre de 2018 con la meta de resolver el 60% del déficit de aulas estimado en 51 mil aulas nuevas y ampliadas. Es decir, cumplir con la entrega de al menos 30 mil nuevas aulas y mejoradas.

Según el Conpes, la jornada única escolar requiere la construcción o adecuación de colegios denominados tipo 10, que incluye no solo las aulas para garantizar las clases a los niños y jóvenes sino también de laboratorios de física, química,  ciencias naturales y bilingüismo, laboratorio de tecnología, innovación y multimedia, biblioteca, centro de conectividad, comedor y cocina, sala de maestros, zona administrativa, canchas deportivas y áreas recreativas y por supuestos baterías sanitarias y servicios generales.

El costo promedio por cada aula nueva construida, incluyendo los laboratorios, canchas deportivas y demás áreas de servicio asociadas, fue estimado en el Conpes 3831 en $146,6 millones, incluyendo el costo de obras y de la interventoría.

Este costo no incluye la dotación de las aulas ni la prestación de los servicios públicos, que debe asumir cada entidad territorial a un costo promedio de $6 millones por aula.


img_til

COMUNICADO DE PRENSA No. 037

 

  • Contralor Carlos Felipe Córdoba radicó proyecto de Acto Legislativo que da vuelco a las funciones que ejerce la CGR, empezando por el establecimiento de un control concomitante y preventivo.
  • Se reducirá sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones fiscales, se unificarán las competencias de las CGR y las contralorías territoriales y el Contralor General tendrá la función de intervención ante estas, cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad.
  • La reforma busca también que los créditos derivados de responsabilidad fiscal tengan prelación sobre otros.

 

Bogotá, 27 de marzo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, radicó hoy un proyecto de acto legislativo que establece un sistema de control fiscal concomitante y preventivo, que permite a este organismo adelantar actuaciones en tiempo real, recuperar el control de advertencia y alertar así oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público.

La vigilancia en tiempo real estará sustentada en el uso de tecnología avanzada: big data e inteligencia artificial. En otras palabras, la auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Unos de los aspectos novedosos del proyecto de acto legislativo es la unificación de las competencias de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. Así mismo, el Contralor General de la República tendrá la función de intervención frente a las Contralorías Territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención de la Contraloría General frente a las Contralorías Territoriales se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de estas o cuando  se requiera apoyo técnico.

En caso de eventuales procesos de intervención, los mismos se adelantarán respetando las garantías laborales de los empleados de la CGR y la estabilidad de los funcionarios de las contralorías territoriales en la Contraloría General.

El nuevo modelo de control fiscal asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo, determinando que los créditos derivados de la responsabilidad fiscal deben tener prelación frente a otros acreedores.

Sistema de Control Concomitante y Preventivo

El Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte ha considerado necesario modificar el Artículo 267 de la Constitución Política y establecer un sistema de control concomitante y preventivo.

“El país no aguanta más, que la Contraloría llegué a ver las cenizas de lo que muy posiblemente pueda encontrar, de los presuntos robos al erario público, por eso estamos pidiendo que tengamos una función preventiva, concomitante y posterior, para estar en todo momento vigilantes y atentos del recurso de todos los colombianos y superar esa limitante que hoy tenemos, que nos lleva a llegar después de pasados los hechos irregulares”, expresó.

“Lo que necesitamos es ser preventivos y en ese sentido hacemos un llamado al Congreso, para que se nos permita fortalecer la Contraloría General de la República, de aquí hacia el futuro, contando además con unas herramientas tecnológicas con las que buscamos llegar rápido y con un paso adelante sobre quienes se quieren quedar con los recursos públicos, que son de todos los colombianos”, añadió.

Actuaciones de control fiscal llevarán menos tiempo

Para establecer el Sistema de Control Fiscal y Preventivo, se propone modificar el Artículo 267 de la Constitución. Se llama “Preventivo” porque se quiere evitar que ocurran daños fiscales.

Cuando prospere la reforma propuesta por el Contralor, este sistema preventivo será un complemento del actual control posterior y selectivo.

De esta manera, será posible reducir sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones de gestión fiscal.

El proyecto crea por cada Contraloría Delegada Sectorial de la CGR una oficina con funciones preventivas.

Técnología avanzada

La aplicación del nuevo modelo de control fiscal será eficaz mediante el uso de tecnología avanzada. La auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Para ejercer la vigilancia “en tiempo real”, la CGR utilizará mecanismos como datos públicos digitales y bases de datos de registro y control de la contratación pública.

Unificación de competencias con las Contralorías Territoriales

Hoy día existen 65 contralorías, sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales. Funciona también una Auditoría General de la República encargada de vigilarlas. Esa cantidad genera la sensación de que el control fiscal está desarticulado.

Por eso, el Contralor considera urgente unificar las competencias de todas esas contralorías, de una manera ordenada y de acuerdo con su respectivo ámbito territorial, sin distinciones sobre el origen de los recursos públicos que deben vigilar.

La Contraloría General de la República conservaría su competencia nacional y en el nivel local esa competencia se ampliaría a toda clase de recursos y se compartiría con las contralorías territoriales.

Una ley posterior a la reforma regularía las competencias concurrentes entre contralorías y la forma en que la CGR podría realizar control prevalente.

Función de Intervención frente a las Contralorías Territoriales

El Contralor General de la República tendrá la función de intervención frente a las Contralorías Territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención de la Contraloría General frente a las Contralorias Territoriales se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de las mismas o se requiera apoyo técnico.

Coordinación con la Auditoría General

Adicionalmente, se asigna al Contralor General de la República la función de organizar, en coordinación con la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, para armonizar y estandarizar la vigilancia de la gestión fiscal y con el fin de formular políticas públicas sobre la materia.

Funciones jurisdiccionales a la CGR

El proyecto de acto legislativo asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo.

Actualmente, los fallos fiscales de la Contraloría pueden ser controvertidos en las instancias jurisdiccionales y por eso no alcanzan de inmediato el carácter de “cosa juzgada”.

Además, en el caso de los fallos con responsabilidad, el cobro coactivo, indispensable para recuperar los dineros perdidos, se supedita a que la Justicia decida si el acto administrativo que conduce al fallo es nulo o no lo es.

En estas condiciones, es común que se presenten largos debates procesales que dilatan las actuaciones y alejan la posibilidad de que el perjuicio patrimonial sufrido por el Estado sea resarcido. Con el riesgo de que el gestor fiscal, es decir el servidor o servidores que producen el perjuicio patrimonial, se queden sin una sanción oportuna.

En estas condiciones, los procesos fiscales pueden tardar hasta 12 años, (5 años en el trámite ante la Contraloría y 7 años en la jurisdicción de lo contencioso administrativo).  El Contralor quiere acabar con esta situación y esa es la razón por la que propone modificar el Artículo 116 de la Constitución, para asignar funciones jurisdiccionales a las autoridades de control fiscal.

Estas funciones jurisdiccionales servirían exclusivamente para determinar la responsabilidad fiscal, dado que se trata de una función especializada. En este aspecto, la reforma atendería cabalmente las exigencias derivadas de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Créditos derivados de responsabilidad fiscal tendrían prelación

Por otra parte, la potestad de cobro coactivo atribuida a la Contraloría General de la República en el numeral 5 del artículo 268, se ha visto obstaculizada porque algunos jueces, administradores concursales y liquidadores les dan el mismo tratamiento a los créditos fiscales que a los de cualquier otro acreedor de las empresas o personas naturales que acuden a ese tipo de procedimientos.

Es por eso que la Reforma busca que, de manera taxativa, se estipule la prelación de los créditos derivados de la responsabilidad fiscal, algo apenas lógico porque están en juego recursos que fueron objeto de malversación patrimonial.

Se ha considerado necesario, además, que las medidas cautelares decretadas durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal o del proceso de cobro coactivo no se levanten a solicitud del juez del concurso; es decir, que ante el cobro coactivo de las deudas de carácter fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, éstas no se mezclen con otras deudas o procedimientos de naturaleza concursal.

Con tal reforma se busca, que los recursos públicos cada vez estén mejor protegidos y con la prioridad debida.

Publicado el 27 Mrz 2019 16:30


img_til

COMUNICADO DE PRENSA No. 036

 

  • $8 billones no le llegan al erario cada año por contrabando licor, cerveza y cigarrillo,  y evasión de aportes parafiscales.

 

Bogotá, 26 de marzo de 2019.- La Contraloría General de la República iniciará la próxima semana una Actuación Especial de Fiscalización para determinar en qué se han utilizado los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por cerca de $800 mil millones de pesos que se han destinado a los resguardos índígenas del Cauca en las últimas cuatro vigencias, dado que, según el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, no se está viendo su impacto y resultados.

“No estamos viendo resultados representados en mayor salud y educación, ni en el componente nutricional de los niños indígenas”, aseguró.

Córdoba Larrarte dispuso que un equipo de auditores, encabezado por el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas Uribe, se encargue de verificar qué sucedió con dichos recursos y adelantar las evaluaciones respectivas.

El Contralor hizo este anunció al intervenir al acto de reactivación del acuerdo de inversión y cooperación entre la Federación Nacional de Departamentos y la multinacional Philip Morris, para adelantar acciones contra el contrabando de cigarrillos en el país.

Esto dijo el Contralor Córdoba Larrarte en su intervención:

“Hoy vemos las circunstancias que están sucediendo en el Cauca. Hay grandes montos de dinero que se han destinado hacia estas zonas y que hoy no se ven, por lo que Contraloría ha programado a partir de la próxima semana varias actuaciones especiales para saber dónde están esos recursos, que son de todos los colombianos y que deben aparecer porque no hay derecho... da mucho pesar como nuestros indígenas solo comen un amasado de maíz o de plátano y ni siquiera tienen la capacidad de comer proteínas y los niños indígenas mueren en gran medida desnutridos”.

$8 billones que no recibe el erario

Al habla luego del acto de firma de la reactivación del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos con la multinacional Philip Morris, el Contralor mencionó la millonaria suma de recursos que está dejando de percibir el erario por contrabando de licor, cerveza y cigarrillo, y la evasión de aportes parafiscales: en total más de $8 billones.

Así lo precisó el Contralor Córdoba Larrarte:

“En mi paso por la Federación se hicieron esfuerzos ingentes para concretar este acuerdo de inversión y cooperación entre la Federación Nacional de Departamentos y la Philip Morris, ya que por contrabando licor, cerveza y cigarrillo se dejan de percibir hacia los 32 departamentos del país unos $1,6 billones de pesos, recursos que dejan de llegar para la salud, la educación y la recreación de todos los colombianos”.

Pero además de ese $1,6 billones de pesos, hay que decir también que la evasión de aportes parafiscales llega a unos $5,4 billones, y alrededor de $1 billón se pierde por los juegos ilegales de azar, con lo cual en total anualmente están dejando de llegar al erario alrededor de unos $8 billones”.

Publicado el 26 Mrz 2019 13:15


img_til

COMUNICADO DE PRENSA No. 035

 

  • Según el Contralor Carlos Felipe Córdoba, es necesario determinar cuanto antes qué ha pasado con los recursos destinados para el desarrollo social del departamento del Chocó y mirar con lupa el desarrollo de los proyectos aprobados recientemente por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Regional Pacífico por $20.661 millones.
  • Uno de las obras sobre las que expresó preocupación el Contralor es la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en la provincia de San Juan de Istmina, donde se han comprometido $5.136 millones del Fondo de Compensación Regional y todavía no se ha terminado.
  • Atendiendo una solicitud de la comunidad, la CGR está haciendo seguimiento al milímetro a la retrasada construcción del Mega Colegio MIA, en cuya inversión inicial ya fueron comprometidos $13.800 millones más una adición de $6.300 millones, con recursos del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones.
  • La CGR ha detectado graves problemas en obras de infraestructura importantes como la Vía Quibdó-Medellín y el acueducto de Istmina y, adicionalmente, ha encontrado que los proyectos e iniciativas relacionados con los programas para el posconflicto tienen inicio de implementación y no hay un solo certificado de disponibilidad presupuestal o contrato para su desarrollo.

 

Quibdó (Chocó), 22 de marzo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, expresó hoy en Quibdó su indignación por el rezago que muestran los indicadores sociales del departamento del Chocó, alertó para que algunas obras que se adelantan en la región no se conviertan en elefantes blancos y se mostró preocupado por la baja ejecución que al cierre de 2018 presentaban 26 proyectos por $88.173 millones, financiados con recursos de regalías.

Al terminar la vigencia pasada, estaban sin contratar dos proyectos de regalías por $199 mil millones en los sectores de agricultura y desarrollo rural y “Debo decir que hasta el momento no se advierte un impacto social positivo de esos proyectos”, lamentó el Contralor al intervenir en Quibdó en un Foro convocado por el Consejo de Estado sobre “Justicia Abierta, Multiculturalidad y Transparencia”.

Entre 2012 y 2018 el departamento del Chocó se benefició, al menos sobre el papel, de 280 proyectos con cargo al Sistema General de Regalías por $728.750 millones, recordó Córdoba Larrarte.

Según el Contralor, es necesario determinar cuanto antes qué ha pasado con los recursos destinados para el desarrollo social del departamento y mirar con lupa el desarrollo de los proyectos aprobados recientemente por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Regional Pacífico por $20.661 millones

De esos recursos, $8.747 millones corresponden a Chocó y están anunciados, de manera genérica, para el ajuste de los esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios de Bojayá, Lloró, Medio Atrato, Río Quito, Acandí, Riosucio, Unguía, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Cértegui, Condoto, Nóvita, Río Iró, Tadó y Unión Panamericana.

Los proyectos deben estar sintonizados con las necesidades del día de los pobladores del Chocó y mejorar efectivamente su calidad de vida, señaló al respecto.

No más elefantes blancos

“No podemos permitir que otros proyectos críticos se vayan a dormir el sueño de los justos en cementerios de elefantes blancos”; anotó enseguida, al recordar que la Contraloría General de la República ha hecho un inventario de 890 obras en todo el país que están en este estado: abandonadas, inconclusas y sin funcionar.

“Me preocupa particularmente la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en la provincia de San Juan de Istmina, donde se han comprometido $5.136 millones del Fondo de Compensación Regional y todavía no se ha terminado”.

A estas alturas ese proyecto debería estar ejecutado, pero su avance físico está en el 89,97 por ciento y su avance financiero es del 80,36 por ciento.

El Contralor consideró también necesario hacer seguimiento a la construcción del Sistema de Masificación de gas natural de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto, financiado por el Fondo de Compensación Regional por $18.000 millones. Su avance financiero es del 66,99 por ciento y el físico tan solo del 53,46 por ciento.

Lupa a otros proyectos

El Contralor Córdoba Larrarte recomendó a los chocoanos estar en alerta ante la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos cuatro años de recursos por $14,3 billones, para invertir en programas y proyectos prioritarios que serán incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI).

“Hay que ampliar la lupa sobre esos dineros, para que mejore la calidad de vida de los habitantes del Choco, en salud, en educación y en infraestructura, donde se tienen tantas necesidades”, indicó.

El Contralor Córdoba habló igualmente del  ejercicio de control excepcional que ha iniciado la Contraloría General de la República a los proyectos de los hospitales San Francisco de Asís, de Quibdó, y el hospital Lancario Barbosa, de Acandí.

Además -recordó- con base en información recibida de las veedurías ciudadanas la Contraloría ha puesto su foco sobre el hospital Ismael Roldán y el proyecto del hospital Zona Norte de Quibdó.

Por otro lado, atendiendo una solicitud de la comunidad, la CGR está haciendo seguimiento al milímetro ala retrasada construcción del Mega Colegio MIA, en cuya inversión inicial ya fueron comprometidos $13.800 millones más una adición de $6.300 millones, con recursos del Sistema general de Regalías y del Sistema General de Participaciones.

La CGR ha detectado graves problemas en obras de infraestructura importantes como la Vía Quibdó-Medellín y el acueducto de Istmina y, adicionalmente, ha encontrado que los proyectos e iniciativas relacionados con los programas para el posconflicto tienen inicio de implementación y no hay un solo certificado de disponibilidad presupuestal o contrato para su desarrollo.

Publicado el 22 Mrz 2019 17:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 034

 

  • Recursos de la empresa se perdieron por compra irregular de un predio, que se dio cuando el funcionario de gestión inmobiliaria no realizó el debido estudio de títulos y no advirtió que tenía una medida cautelar.

 

Medellín (Antioquia), 20 de marzo de 2019.- La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal por $1.752 millones contra un exfuncionario de la empresa Ecopetrol, Juan Manuel Piñeros Quevedo, que ejercía el cargo Profesional Universitario Grado 1, por la compra irregular de un predio rural en el municipio de Yondó, al nororiente del departamento de Antioquia.

El proceso de responsabilidad fiscal, adelantado por la Gerencia Colegiada Departamental de Antioquia, se dio por la compra del predio “La Cabaña”, de cerca de 4.500 metros cuadrados.

El fallo de primera instancia del 05 de diciembre de 2018, fue confirmado por la Dirección de Juicios Fiscales mediante el auto 315 del 14 de marzo de 2019, en grado de consulta y resolviendo el recurso de apelación interpuesto.

El 1 de junio de 2011, Ecopetrol adquirió este predio en el municipio de Yondó, por valor de $1.323 millones, incluyendo gastos notariales por $7 millones 806 mil pesos. 

Sin embargo, una demanda generó la rescisión del negocio jurídico, generando un detrimento patrimonial, que indexado (traído a valor presente) alcanza ahora la suma de $1.752 millones.

El predio no hace parte de los activos de Ecopetrol, ya que el negocio jurídico no se pudo registrar porque sobre el mismo recaía una demanda de rescisión por lesión enorme y, de esta manera, los recursos de la empresa se perdieron al pagarse al vendedor.  

El hoy exfuncionario Juan Manuel Piñeros Quevedo fue encontrado responsable en razón a que tenía la obligación de realizar el debido estudio de títulos y aunque sobre el predio recaía una medida cautelar no advirtió la irregularidad y permitió el negocio de compraventa.

Publicado el 20 Mrz 2019 11:00