Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 043

 

  • *Irregularidades en subsidios de vivienda llevaron a esta decisión del organismo de control.

 

Sincelejo (Sucre), 2 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Departamental en Sucre, profirió falló con responsabilidad fiscal por $171,9 millones contra el Fondo de Vivienda de Interés Social de Sincelejo (FOVIS), debido a irregularidades en la aplicación de subsidios públicos de vivienda para 11 trabajadores de la Empresa de Apuestas Permanentes de Sucre, APOSUCRE.

La adquisición de bienes defectuosos sobre los cuales no se cumple con la norma técnica de calidad en sismo resistencia, dejó en evidencia una gestión fiscal deficiente desarrollada por la Asociación de Vivienda ASOVICOR y por los ex gerentes y representantes legales del Fondo Municipal de Vivienda y de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo (FOVIS): Rafael Macea Gómez, Luz Cassab Díaz y Leonardo Grillo Martínez.

El fallo fue confirmado, en segunda instancia, por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la CGR.

Publicado el 02 Apr 2019 09:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 042

  • Dicha cuantía obedece a un incremento en el valor inicial del contrato, que se vio afectado por constantes ajustes.

 

Tolima, 1 de abril de 2019.- La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Tolima determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $15.818 millones, en el desarrollo del proyecto para la construcción de obras de control de presas y protecciones longitudinales en el río Gualí, cuyos recursos provienen del Fondo Nacional de Regalías – FNR.

El proyecto que fue ajustado cuatro veces, ocasionó disminución de las obras al pasar de 8 presas y dos muros de contención a solo 5 presas y dos muros de contención, con un incremento en el contrato que pasó de $16.221 millones a $26.305 millones.

Esta obra diseñada para adelantarse en dos años, tardó 7 años en ser ejecutada incumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en las normas técnicas de obligatorio cumplimiento, al construirse con especificaciones técnicas inferiores y resistencia inferior a la pagada.

De esta manera se pone en riesgo a la población de Honda, dado que las estructuras construidas al verse sometidas a la fuerza impuesta por la naturaleza (corriente del rio) no garantizan que sean aptas para resistirlas, se ven afectadas en su durabilidad y aceleran la presencia de fallas prematuras, quedando propensas a un colapso en caso de emergencia.

Estos hechos fueron declarados de Impacto Nacional mediante Resolución 0216 de 18 de marzo de 2019, suscrita por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, por lo que el trámite investigativo será adelantado por la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, del órgano de control.


COMUNICADO DE PRENSA No. 041

 

Barranquilla, 1 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial de más de $228 millones, contra la Fundación Huellas con Futuro, por un contrato celebrado el 18 de mayo de 2017 con la alcaldía de Soledad, en el departamento de Atlántico.

Según el organismo de control, el contratista no pudo soportar gastos o evidenciar el avance del contrato de 00286 de 2017 en el cual la alcaldía municipal invirtió $385 millones, y cuyo objetivo era generar estrategias que fortalezcan las políticas públicas de niños y niñas en Soledad al nor-oriente del departamento del Atlántico.

La Contraloría General de la República encontró que más de $ 228 millones en gastos no pudieron ser soportados por parte del contratista y tampoco se pudo establecer el avance o ejecución.

En el contrato en mención se ven comprometidos los recursos del Estado y la vulneración de los derechos de un sector prioritario de atención como son los niños y niñas del municipio de Soledad Atlántico.

Publicado el 01 Apr 2019 15:30


COMUNICADO DE PRENSA No. 040

 

  • Hace 3 años, la Contraloría produjo un fallo fiscal donde determinó que la compañía Prodeco y otros involucrados deben resarcir al Estado colombiano la suma de $60.023 millones por un daño patrimonial en esta cuantía.
  • A pesar de que, conforme a lo previsto en la Ley 610 de 2000, Prodeco elevó demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, hizo uso también del Tribunal Internacional llevando la disputa con el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI.

 

Bogotá, 1 de abril de 2019.- La institucionalidad del control fiscal se ha visto afectada por nuevos riesgos frente a su ejercicio constitucional y legal y uno de ellos es consecuencia del mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera, como los tratados internacionales de libre comercio.

Los responsables fiscales han buscado ampararse en los mismos para evadir las decisiones de los órganos del control fiscal, desconocer el ordenamiento jurídico de Colombia en la materia, e introducir al Estado colombiano en acciones de carácter internacional, que no deberían caber en este tipo de asuntos.

En próximo días en el seno del CIADI, institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, se proferirá una importante decisión en el caso Prodeco- Glencore.

Esta compañía demandó no sólo ante dicho Tribunal Internacional sino también en la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia (Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca), un fallo de responsabilidad fiscal por el detrimento al patrimonio público, causado por la minera y otros servidores públicos que lesionaron los intereses patrimoniales del Estado colombiano.

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Prodeco, por el fallo de responsabilidad fiscal.

El daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería con el cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país.

La Contraloría General de la República considera el tema de la mayor importancia, por las implicaciones no sólo económicas, jurídicas y de soberanía del Estado colombiano, y de sus instituciones que no pueden ver soslayadas sus facultades constitucionales y legales a propósito de posibles demandas internacionales. 

El fallo de la Contraloría

Mediante auto del 21 de agosto de 2015 y actuando como segunda instancia, el Despacho del Contralor General de la República, confirmó la ocurrencia de un daño de $60.023 millones de pesos causado a los intereses patrimoniales del Estado y la declaratoria de responsabilidad fiscal de contra C.I. Prodeco S.A. y otros involucrados (Prodeco es propiedad de la multinacional Glencore).

El fallo con responsabilidad fiscal se originó en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí No. 8 del 28 de enero de 2010, al Contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.

Como consecuencia de ese otrosí, el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra de pesos equivalente a la de la condena, por la explotación de la mina de carbón “Calenturitas”, en el departamento del Cesar.

Publicado el 01 Apr 2019 12:15


COMUNICADO DE PRENSA No. 039

 

Cartagena de Indias, 29 de marzo de 2019.- La situación de la empresa Electricaribe, desde el punto fiscal y de operación, ya está llegando a los límites. En este momento está presionada por un déficit de $1,3 billones, únicamente para asegurar la prestación del servicio, reveló aquí la Contraloría General de la República.

 “Por condiciones índices, esta sería una compañía que tendría que hacer inversiones cercanas a los $600 mil millones de pesos y en este momento vemos que no supera los $140 mil mil millones de pesos”, aseguró el Vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee.

“Esa brecha se refleja claramente en la operación comercial y en la prestación y calidad del servicio, a partir de redes que no están cumpliendo con los estándares de calidad”, sostuvo.

La Contraloría encontró que la pérdida de capital de trabajo de la compañía inició en el primer trimestre de 2015 y esa situación la llevó a la crisis que tiene, aseguró también el Vicecontralor, en declaraciones que concedió luego de intervenir en un debate público sobre la situación de Electricaribe que convocó el organismo de control en Cartagena.

Sostuvo que Electricaribe minó la confianza de la banca para prestarle recursos a las compañías del sector eléctrico.

Tambén recordó que es la empresa con más reclamaciones de los usuarios en el país, aunque hoy está dando una mejor respuesta a esos reclamos.

Indicó que en algún momento habrá que responder por el pasivo pensional de los trabajadores de la empresa y eso implicaría una suma de $1,8 billones.

Para la Contraloría, es necesario alinear a todos los interesados en lograr una solución para la empresa y que los inversionistas que lleguen no resulten golondrinas.

Publicado el 29 Mrz 2019 19:00