Boletines de Prensa - 2019

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Política migratoria a revisión por la Contraloría

 COMUNICADO DE PRENSA No. 077

 

  • El organismo de control presenta hoy martes en la capital de Norte de Santander, la metodología con la cual evaluará el impacto fiscal de la migración en Colombia y los resultados obtenidos hasta la fecha en atención asistencia e inclusión.
  • El desplazamiento de la Contraloría General de la República a Cúcuta es la primera de una serie de visitas que desarrollará la entidad a las principales ciudades con mayor afectación y flujos migratorios.

 

 

Bogotá, 11 de junio de 2019.- Con presencia en los Puentes Internacionales Francisco de Paula Santander, Tienditas y Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta, se realiza hoy martes, a partir de las diez de la mañana, una jornada de “Evaluación Concertada en Materia Migratoria” por parte de la Contraloría General de la República, en cabeza del Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Con esta estrategia se busca medir los impactos fiscales y acceso a servicios sociales y humanitarios que se han venido implementando por el Gobierno Nacional durante la vigencia 2015 - 2018, para la atención, asistencia e inclusión de la población migrante venezolana y evaluar la política proyectada al 2021 por el documento CONPES 3950 de 2018.

La visita contará también con la asistencia de los Contralores Delegados para la Gestión Pública, y para el Sector Social, David José Valencia Campo y Julio César Cárdenas Uribe, con quienes se desarrollará en horas de la tarde una agenda técnica con entidades del orden nacional, territoriales y organizaciones civiles de colombianos y venezolanos, para de manera participativa evidenciar y medir los impactos fiscales y el acceso a servicios sociales y humanitarios.

El desplazamiento de la Contraloría General de la República a Cúcuta es la primera de una serie de visitas que desarrollará la entidad a las principales ciudades con mayor afectación y flujos migratorios: Maicao, Riohacha, Barranquilla, Santa Marta, Arauca, Cartagena y Medellín, entre otras, con el objeto de adelantar un Estudio Sectorial Articulado denominado “El Impacto Fiscal de las Migraciones, los resultados obtenidos de las medidas adoptadas del Gobierno durante la vigencia 2015-2018”, a cargo del Despacho del Vicecontralor General de la República y las delegadas para la Participación Ciudadana, Gestión Pública y Sector Social. 

Presentación y rueda de prensa

El equipo de la Contraloría profundizará sobre las acciones adelantadas en su conjunto por el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes ministerios y la gerencia de fronteras con Venezuela, así como también la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, en presentación pública que tendrá lugar en la sede de la Gerencia Departamental Colegiada Norte de Santander de la Contraloría, ubicada en la Avenida 11E Número 8A - 07 barrio Colsag, donde también se darán declaraciones a los periodistas locales.

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Publicado el 11 Jun 2019 09:45


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No se planeó solución definitiva:

Deslizamientos y cierres en puntos críticos de vía Bogotá -Villavicencio no fueron incluidos en el nuevo contrato en ejecución

COMUNICADO DE PRENSA No. 076

 

  • Esto implica que con los contratos suscritos se continuará sin dar solución definitiva a los problemas de la vía, afectando a sus usuarios y a la comunidad.
  • Sostiene el organismo de control que la atención de sitios críticos y/o inestables de la vía “se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas en los puntos críticos".
  • Para la CGR, la problemática actual “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsable tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor.”
  • La Auditoría de Cumplimiento de la CGR al corredor vial Bogotá-Villavicencio, estableció hallazgos fiscales por un total de más de $2 mil millones, de los cuales $1.883 millones corresponden al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores sin cumplimiento de los requisitos fundamentales para su reconocimiento.

 

Bogotá, 10 de junio de 2019.- Una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República al corredor vial Bogotá-Villavicencio, encontró que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público — Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015, y por ende, en el marco de este contrato se continuará sin dar solución definitiva, manteniéndose la comunidad afectada, lo mismo que los usuarios del corredor.  

La inclusión de situaciones que afectan la vía, se habría hecho siguiendo las políticas públicas dadas en los Conpes 2654 de 1993 y 3612 de 2009.

Según el organismo de control, en la estructuración de la nueva concesión, se detectó que la atención de sitios críticos y/o inestables del corredor Bogotá -Villavicencio, factor limitante para la continuidad en la operación de la vía, por generar  cierres por deslizamientos o inestabilidades, “se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial”.

Tampoco está contemplada la medición para efecto de contar con indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, lo que sería contrario con el objeto contractual de la nueva concesión.

Considera el organismo de control que la problemática actual del corredor vial Bogotá-Villavicencio “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsable tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor.”

Deficiencias en proceso de comparaciónde Iniciativa Pública vs Iniciativa Privada

Otro aspecto evaluado en la auditoria es relacionado con la selección de la iniciativa privada sobre la iniciativa pública que estaba adelantando la ANI con FONADE, la cual incluía en su estructuración el sector 1 (Bogotá - El Tablón) y el sector 3 (Chirajara- Villavicencio).

En ese tema, se identificaron deficiencias en el proceso de comparación realizado por la ANI, generando incertidumbre sobre si se escogió la mejor alternativa acorde con los intereses y las políticas públicas del Estado, toda vez que la Iniciativa Pública atendería el corredor en su totalidad para llevarlo a doble calzada, mientras que la Iniciativa Privada se limita al sector 3.

Doble calzada quedaría incompleta

Así mismo se establece en el Contrato de concesión de 2015 producto de la estructuración privada, que se entregará al concesionario el recaudo de los tres peajes existentes en la vía, una vez el Contrato 444 de 1994 y su Adicional 01 de 2010 alcance el Ingreso Real Esperado, quedando sin la posibilidad de financiar con los ingresos provenientes del uso de la vía, la construcción de la segunda calzada del primer sector (Bogotá — El Tablón), y quedando así incompleta la doble calzada del corredor entre Bogotá y Villavicencio.

Hallazgos fiscales por más de $2 mil millones

La Auditoría de Cumplimiento de la CGR al corredor vial Bogotá-Villavicencio, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, estableció hallazgos fiscales por un total de más de $2 mil millones, de los cuales $1.883 millones corresponden al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores sin cumplimiento de los requisitos fundamentales para su reconocimiento.

El otro hallazgo fiscal, por $149 millones, tiene que ver con pagos por concepto del Panel de Amigables Componedores para actividades que no correspondían a controversias.

 ADJUNTO: Enlace Informe Auditoría de Cumplimiento ANI Corredor Vial Bogotá-Villavicencio

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Publicado el 10 Jun 2019 17:00


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Contraloría realiza inspección física en las contaminadas playas de Puerto Colombia

COMUNICADO DE PRENSA No. 075

 

  • El objeto de la visita es evaluar la grave situación ambiental que sufre el municipio de Puerto Colombia
  • Posteriormente, entre 2 y 4 de la tarde, se realizará una reunión en la sede de la CGR en Barranquilla, con las autoridades ambientales nacionales y regionales, encabezadas por los Ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Salud, así como el director de Corpomag, el Alcalde de Puerto Colombia y los Contralores del Atlántico y Barranquilla
  • En esta reunión se evaluarán las acciones que adelantarán estas entidades en el tema de manejo de vertimientos y basuras al río Magdalena, buscando generar un compromiso por la sostenibilidad ambiental de este importante afluente
  • La CGR realizará en el segundo semestre de 2018 una auditoría de cumplimiento sobre la gestión ambiental relativa a la cuenca del Río Magdalena

 

Bogotá, 6 de junio de 2019.- Una comisión de funcionarios de La Contraloría General de la República realizará mañana viernes una visita a las contaminadas playas del municipio de Puerto Colombia, que vive por estos días una emergencia ambiental.

La inspección física será realizada, entre 9 y 11 de la mañana, por un equipo encabezado por la Contralora Delegada para el Medio Ambiente, Walfa Constanza Téllez, y el Gerente Departamental del organismo de control en el Atlántico, Marcial Enrique Cano.

“Vamos a evaluar la afectación ambiental que tiene hoy el municipio de Puerto Colombia y el área metropolitana de Barranquilla, producto de la isla de cerca de 600 toneladas de basura que obstruyó 18 kilómetros de playa”, precisó la Contralora Delegada para el Medio Ambiente.

Vistazo al plan de acción y gestión del Río Magdalena

Posterior a esta visita, entre 2 y 4 de la tarde, habrá una reunión en la sede regional de la Contraloría General de la República, situada en la calle 70 No. 52-29 (piso 2), con el objeto de identificar las acciones que, sobre manejo de vertimientos y basuras arrojados al Río Magdalena, adelantarán para el segundo semestre de 2019 y el año 2020 las distintas entidades públicas comprometidas con el tema:

Los 15 departamentos que son parte de este afluente, el municipio de Puerto Colombia, las Contralorías del Departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla y las instituciones del orden nacional que desarrollan la política pública ambiental y de salud en el país, como son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico) y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Compromiso por la Sostenibilidad Ambiental del Río Magdalena

La reunión de los actores involucrados con la gestión ambiental del Río Magdalena y sus zonas circundantes, busca lograr un compromiso país que permita construir acciones coordinadas y atender, de manera inmediata y concurrente, la grave situación de insostenibilidad que se aprecia hoy. 

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Publicado el 07 Jun 2019 15:00


Contraloría General revisa ejecución de obra financiada con recursos de regalías por $30.337 millones, en la isla Tierra Bomba (Bolívar)

COMUNICADO DE PRENSA No. 074

 

  • Construcción de las obras de estabilización y recuperación de un sector de la línea de costa de Tierra Bomba acumula una ejecución de 51 meses y no se advierte una posible fecha de terminación.

 

Cartagena, (Bolívar), junio de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, realizó una visita fiscal al Distrito de Cartagena, con el propósito de recaudar información que luego de varios requerimientos aún no se ha remitido al organismo de control.

La información requerida tiene que ver con el Contrato de Obra No. 01-04 de 2015, cuyo objeto es la construcción de las obras de estabilización y recuperación de un sector de la línea de costa de Tierra Bomba, el cual a la fecha supera una inversión de $31 mil millones de recursos de regalías. 

Se trata de un proyecto que entró en vigencia en el año 2015, cuyo período inicial de 18 meses con suspensiones, prórrogas y adiciones en plazo, ahora acumula una ejecución de 51 meses y no se advierte una posible fecha de terminación.

La Contraloría General observó la contratación de varios estudios y diseños realizados por la Universidad de Cartagena de vigencias anteriores que no han podido implementarse.

Dentro del proyecto, además, se han realizado otras contrataciones con recursos propios y con el mismo contratista Rahs Ingenieria S.A.S.,

para la Prevención del fenómeno de erosión en la Isla de Tierra Bomba por vía de urgencia manifiesta, la cual supera los $2.000 millones.

Esta obra beneficiaría a una población de 6.663 personas, algunas de las cuales han manifestado ante la CGR su inconformidad con el avance, valores invertidos y toda la ejecución de la obra, que dejan claro los pocos o nulos beneficios recibidos con la cuantiosa contratación.

A la fecha, el proyecto presenta una ejecución física del 25% y un avance financiero del 58%, según el aplicativo Gesproy del DNP. No ha habido información oficial al respecto por parte del Distrito.

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Publicado el 05 Jun 2019 18:00


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Por irregularidades en ejecución de Fase III de Transmilenio:

Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $3.931 millones contra exdirectora del IDU, Liliana Pardo

 COMUNICADO DE PRENSA No. 073

 

 

  • También fue imputada, por el mismo valor, la entonces Directora Técnica de Construcciones del IDU, Carmen Elena Lopera.
  • La imputación está relacionada con la contratación y pago de estudios y diseños, que reemplazaron los que inicialmente se tenían.
  • También se imputó responsabilidad fiscal, por $734 millones, al sucesor de Liliana Pardo Gaona en la dirección del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, por no descontar en un acta de liquidación estudios y diseños que había sido declarados inviables.

 

Bogotá, 5 de junio de 2019.- La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $3.931 millones de pesos, en forma solidaria, en contra de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, Liliana Pardo Gaona, y la entonces Directora Técnica de Construcciones de esta misma entidad, Carmen Elena Lopera Fiesco, por irregularidades en la ejecución del proyecto Fase III de Transmilenio en la carrera 10 y la calle 26.

Durante la administración de la exdirectora Liliana Pardo se contrataron y pagaron nuevos estudios y diseños a través de los contratos de obra números 136 y 138 de 2007, después que los diseños iniciales fueron declarados inviables por presentar riesgos de inestabilidad para las obras correspondientes al puente vehicular de la carrera 13 por calle 26, puente vehicular de la carrera 10 por calle 26, puente vehicular de la carrera 7 por calle 26, e intercambiador de la carrera 3 por calle 26.

Un segundo motivo de imputación contra Liliana Pardo y su directora de Construcciones, Carmen Elena Lopera, es que los estudios y diseños iniciales de la calle 26, que fueron entregados por los consultores del contrato 133 de 2005, contaban con la aprobación y viabilidad técnica para su construcción, pero fueron objeto de actualizaciones y rediseños, como consecuencia de deficiencias en la planeación del proyecto.

Entre estas deficiencias están la falta de adquisición predios, la decisión de incluir buses biarticulados y la atemporalidad de las obras de drenaje de otro contratista de la fase III en el tramo de la calle 26, que llevó a rediseñar los productos correspondientes a la oreja suroccidental del puente vehicular Av. Ciudad de Cali con Avenida El Dorado y el puente Estación Modelia, así como actualizar los diseños del patio garaje.

También se imputó responsabilidad fiscal, por más de $734 millones, al exdirector del IDU, Néstor Eugenio Ramírez Cardona, por no descontar en el acta de liquidación del contrato de consultoría 129 de 2005 los estudios y diseños que fueron declarados inviables por presuntos riesgos de inestabilidad para las obras.

Descargos

Conforme lo dispone la Ley 610 de 2000, los exdirectores del IDU Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez Cardona, y la entonces la Directora Técnica de Construcciones del instituto, Carmen Elena Lopera Fiesco, cuentan con un término de 10 días para presentar los descargos contra las imputaciones formuladas y podrán aportar o solicitar la práctica de pruebas.

Vencido el término de traslado y practicadas las pruebas pertinentes, el funcionario de conocimiento proferirá Fallo con Responsabilidad Fiscal o sin Responsabilidad Fiscal, según fuere el caso.

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Publicado el 05 Jun 2019 14:00