Boletines de Prensa - 2019

Se pagaron actividades que no se ejecutaron:

Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $3.627 millones contra exalcaldes de Buenaventura, por inconcluso Acuaparque

COMUNICADO DE PRENSA No. 087

 

  • Esta fue la suma que recibió el contratista, que representa el 94.42% del valor total del contrato suscrito para adecuar el Centro Recreacional Acuaparque, de los cuales sólo se invirtió el 22.44% al mes de julio de 2016.
  • Se pagaron actividades que no fueron ejecutadas y que se tuvieron que compensar con obras ejecutadas por el contratista que eran necesarias para el desarrollo de la obra pero que nunca fueron contratadas, por tanto, lo pagado no coincidía con lo ejecutado.
  • La imputación con responsabilidad fiscal cobija al exalcalde Bartolo Valencia y el exalcalde (e) Wilmer Garcés. También al contratista, el Consorcio Acuaparque, y al exsecretario de Infraestructura Vial de Buenaventura, Julio César Díaz.

 

Bogotá, 1 de julio de 2019.- La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $3.627 millones de pesos, a título de culpa grave, contra el exalcalde de Buenaventura, BARTOLO VALENCIA RAMOS y su exsecretario de Planeación y exalcalde (E), WILMER GARCÉS LOZANO, por la pérdida de recursos públicos que se dio con ocasión del pago de actividades no ejecutadas en la celebración del Contrato de Obra Pública que se celebró en 2015 para la Adecuación del Acuaparque de esta ciudad.

También se imputaron cargos a JULIO CÉSAR DIAZ CUERO, en su condición de Secretario de Infraestructura Vial del Distrito de Buenaventura, Interventor y Supervisor del contrato de obras 15BB1176 del 3 de agosto de 2015, a título de dolo.

FREDY JESÚS MOSQUERA OBANDO, en su condición de miembro del CONSORCIO ACUAPARQUE, contratista, a título de dolo.

Y DISMOD INGENIEROS LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES, en su condición de empresa miembro del CONSORCIO ACUAPARQUE, contratista, a título de culpa grave.

Obra inconclusa

El contrato No. 15BB1176 de fecha 3 de agosto de 2015, fue suscrito entre el señor WILMAR GARCÉS LOZANO, en su calidad de Alcalde Distrital de Buenaventura (E) y el Consorcio Acuaparque por un valor de $3.842 millones y un plazo de ejecución de la obra de 6 meses.

Entre el mes de agosto y diciembre de 2015, la administración saliente, sin reportarlo al nuevo Alcalde, le giró al contratista recursos por concepto de anticipo por el orden de $1.921 millones y sin justificación alguna el Acta Parcial de Obra No. 1, por valor de $1.706 millones, entregándose así al contratista la suma final de $3.627 millones,suma que representa el 94.42% del valor total del contrato, de los cuales sólo se invirtió el 22.44% al mes de julio de 2016.

La obra finalmente no se concluyó porque los trabajos se suspendieron y nunca se reanudaron.

Lo anterior se dio en razón a las deficiencias en la planeación de la obra, situación que quedó evidenciada en las varias suspensiones de ejecución de obra y los informes de interventoría.

Planos incompletos

El contratista debió ejecutar obras imprescindibles para el desarrollo de la misma que no fueron contratadas, encontrándose que la planimetría de la obra estaba incompleta y que los planos carecían de la información necesaria e importante para su desarrollo (planos urbanos, arquitectónicos, estructurales y de detalles, así como los planos hidrosanitarios y eléctricos de todo el centro recreativo y sus diferentes edificaciones a construir y a recuperar).

Los planos no tenían detalles constructivos, niveles, especificaciones, ni cotas, y tampoco definían instalaciones técnicas (hidráulicas, sanitarias, redes eléctricas y funcionamiento de piscinas), esto sin contar que, desde un principio, las obras se encontraban invadidas por viviendas en madera y ferro concreto.

Por tanto, se pagaron actividades que no fueron ejecutadas y que se tuvieron que compensar con obras ejecutadas por el contratista que eran necesarias para el desarrollo de la obra pero que nunca fueron contratadas, por tanto, lo pagado no coincidía con lo ejecutado.

Diligencias archivadas

Dentro del proceso de responsabilidad fiscal, se archivaron las diligencias a favor de BERNARDO ARROYO GONZÁLEZ, en su calidad de interventor externo del contrato de obras 15BB1176 del 3 de agosto de 2015, y ELIECER ARBOLEDA TORRES, en su calidad de Alcalde del Distrito Especial, Portuario, Económico, Turístico y Biodiverso de Buenaventura, para el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.

Esta decisión se remitirá en grado de consulta.

Publicado el 01 Jul 2019 17:00


Contraloría encontró hallazgos fiscales por $620 millones en Corpocesar

COMUNICADO DE PRENSA No. 086

 

  • Así mismo, el organismo de control consideró No Razonable la ejecución presupuestal de Corpocesar en la vigencia 2018 y emitió Opinión Negativa sobre sus estados contables.

 

Bogotá, 28 de junio de 2019.- Una Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República (CGR) a la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) determinó 22 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $620 millones de pesos.

Otros 12 hallazgos tienen posible connotación disciplinaria, 2 presunta incidencia penal y uno más da pie para abrir una indagación preliminar.

La auditoría, que fue adelantada por la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar adscrita a la CGR,  consideró No Razonable la ejecución presupuestal de Corpocesar en la vigencia 2018, entre otras deficiencias porque ejecutó recursos por $28.127 millones, lo que equivale tan solo al 46,04%, quedando el 53,96% en reservas, es decir $32.966 millones para ejecución en la vigencia siguiente.

Así mismo, el organismo de control emitió Opinión Negativa sobre los Estados Contables de Corpocesar, por no presentar razonablemente la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018.

Con fundamento en su opinión contable y presupuestal, la CGR No Feneció la cuenta fiscal de Corpocesar, por la vigencia 2018.

Hallazgos fiscales

Los hallazgos fiscales detectados durante la auditoría financiera dispuesta en el plan de vigilancia y control fiscal 2019, corresponden a irregularidades que se dieron en el marco de contratos de prestación de servicios logísticos, implementación de estrategias para el manejo ambiental, interventoría, acciones de mitigación y construcción, como se relaciona a continuación.

*Hallazgo por $268.804.352 en el Contrato de interventoría No. 19-6-0209-0-2017

El objeto de este contrato era la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato de “construcción de obras hidráulicas para la rehabilitación de orillas y control de inundación sobre la margen izquierda del río Chiriaimo - San Diego, por valor de $923.300.000,00”.

Dentro de los conceptos pagados al contratista se encuentra una actividad denominada “Revisión, análisis y verificación de los estudios para la construcción”, cuyo valor es de $244.804.352,94. No se observan soportes de su ejecución tales como informes, conceptos y/o recomendaciones.

Igualmente se observó que Corpocesar pagó una actividad denominada “Otros Gastos bancarios y financieros” por un valor total de $24.000.000,00 lo que generó un detrimento por dicho valor pagado por este concepto, ya que no corresponde al objeto del contrato ni incide en su ejecución, además de financiar gastos de crédito del cual se beneficiaría el contratista.

*Hallazgo por $103.395.200 en el contrato No. 19-6-0185-0-2018

El objeto de este contrato fue la “Prestación de servicios logísticos, requeridos para el desarrollo de actividades referentes a los CIDEAS departamental y municipal, PRAES de las instituciones y centros de educación superior, PROCEDAS municipales, sensibilización en jornadas del calendario ambiental y capacitaciones de interés ambiental para los usuarios de la corporación”, de las cuales no existe evidencia de su realización.

 

*Hallazgo por $89.654.373 en el Contrato de obra No. 19-6-0223-0-2018 

El contrato fue suscrito el 27 de diciembre 2018 y su objeto es la “Implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y el enfoque diferencial”

El valor del contrato es $896.543.739 y tenía un plazo de ejecución de ocho meses contados a partir de la fecha del acta de inicio.

La Contraloría determinó que se realizó el pago del anticipo y a la fecha de auditoría no se habían realizado las actividades contratadas, a pesar de que la interventoría y supervisor han oficiado al contratista solicitando el cumplimiento del cronograma.

*Hallazgo: por $85.141.363 en el Contrato de obra No. 19-6-0206-0-2017

El objeto de este contrato fue la “construcción de obras hidráulicas para la rehabilitación de orillas y control de inundaciones sobre la margen izquierda del río Chiriaimo – San diego" por valor de $14.687.950.568,97, en el cual se pagó al contratista por concepto de IVA el valor de $85.141.363,57, en contravía a lo estipulado por la Ley 21 de 1992 en su artículo 100 y a lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia 22897 del 2012. 

*Hallazgo: por $73.215.407 (Pago del IVA en el Contrato 19-6-0212-0-2017)

La Corporación Regional Autónoma del Cesar (Corpocesar) suscribió el contrato de obra pública No. 19-6-0212-0-2017, cuyo objeto es “implementación de acciones de mitigación para promover un desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en el marco de la política nacional de cambio climático en zonas rurales del departamento del cesar”, por valor de $7.490.381.323.

La entidad pagó al contratista por concepto de IVA el valor de $73.215.407, en contravía a lo estipulado por la Ley 21 de 1992 en su artículo 100 y a lo contenido en sentencia 22897 de 2012 del Consejo de Estado, Sección Tercera.

Publicado el 28 Jun 2019 15:00


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Para asegurar que culminen sin inconveniente:

Contraloría General acompaña obras de infraestructura por $4,86 billones, con la estrategia “Compromiso Colombia”

COMUNICADO DE PRENSA No. 085

 

  • “Compromiso Colombia” busca desentrabar aquellos proyectos en el país que tienen inconvenientes por algún motivo,  financiero, operativo, de infraestructura o de otro tipo.
  • Entre las obras a las que la CGR realiza seguimiento están los aeropuertos de Providencia, Leticia, Pasto, Armenia y Popayán, por cerca de $566.000 millones.
  • Otras obras de infraestructura que tienen el acompañamiento de la CGR son el Puente Pumarejo, la Vía de la Prosperidad, el Canal del Dique (en el municipio de Cotorra, Córdoba), el Acueducto La Mesa-Anapoima, la rehabilitación de la Avenida 40 en el municipio de Villavicencio, la construcción de la torre de El Mirador en Puerto López, y la ampliación del sistema de acueducto y alcantarillado en Puerto Gaitán, entre otras.
  • El organismo de control busca también garantizar el cumplimiento de proyectos fundamentales como la construcción de 231 colegios, a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).
  • La Contraloría ha puesto su lupa además a contratos de ampliación de cupos y mantenimiento de infraestructura carcelaria y penitenciaria, estableciendo para tal efecto acuerdos de seguimiento con FONADE, USPEC e INPEC.
  • A través de su Unidad de Regalías, la CGR revisa inversiones  desde el 2012 hasta el 2018 en unos 15.200 proyectos, en todas las regiones del país, que tienen 66.208 contratos, con el fin de determinar cuáles pueden quedar bajo la lupa de “Compromiso Colombia”.
  • Los proyectos sobre los cuales pone sus ojos la CGR, a través de “Compromiso Colombia”, deben estar identificados como “críticos” por la entidad ejecutora, la Contraloría o fuentes tales como informes de auditoría, actuaciones especiales de control fiscal o estudios sectoriales, así como información de medios de comunicación social y redes sociales.

 

 

Bogotá, 27 de junio de 2019.- Acompañando la ejecución de obras vitales de infraestructura para el país por $4,86 billones de pesos, a fin de que lleguen a su término sin inconvenientes, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, lanzó hoy una nueva estrategia de Control Fiscal Participativo denominada “Compromiso Colombia”.

“Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era de la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal en Colombia”, destacó.

Bajo la modalidad de evaluación concertada, la estrategia pretende que la CGR sirva como facilitadora en la ejecución de proyectos que presentan complicaciones.

En este sentido el organismo de control ya está haciendo el seguimiento a proyectos con algún tipo de complicación relacionados con obras de construcción, ampliación de capacidad y mejoramiento en general de los aeropuertos de Providencia, Leticia, Pasto, Armenia y Popayán, por cerca de $566.000 millones.

Otras obras de infraestructura que tienen ya el acompañamiento de la CGR son el Puente Pumarejo, la Vía de la Prosperidad, el Canal del Dique (en el municipio de Cotorra, Córdoba), el Acueducto La Mesa-Anapoima, la ampliación del Teatro Colón y la restauración del Teatro Santa Marta (primera etapa).

Adicionalmente, la Contraloría busca impulsar el cumplimiento de los objetivos a cargo de las entidades vigiladas, de manera efectiva y oportuna, con el fin de que la ciudadanía reciba a tiempo los beneficios de las políticas públicas.

Para cumplir con este fin, ha promovido acuerdos con entidades como el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), el Ministerio de Minas y la Agencia de Desarrollo Rural, para garantizar el cumplimiento de proyectos fundamentales como la construcción de 231 colegios, 32 proyectos de soluciones energética y 40 pozos profundos en la alta y media Guajira, por valor superior a los $1,8 billones.

Lupa a cupos carcelarios y proyectos regionales

La Contraloría ha puesto también su lupa a contratos de ampliación de cupos y mantenimiento de infraestructura carcelaria y penitenciaria, estableciendo para tal efecto acuerdos de seguimiento con FONADE, USPEC e INPEC.

A nivel regional, hay seguimiento a proyectos como la construcción de la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander y la construcción del Edificio de la Universidad de Córdoba, en Sahagún, entre otros.

También quedó incluida la rehabilitación de la paralela de la Avenida 40 en el corazón de Villavicencio, por $8.646 millones.

“Necesitamos que las obras se hagan y se hagan bien hechas. Están los recursos y lo malo es que no llegan”, afirmó el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte haciendo una referencia a muchos proyectos que presentan trabas en su ejecución.

Características de los proyectos admisibles en Compromiso Colombia

Los proyectos deben estar identificados como “críticos”, cuando tienen un retraso, suspensión, prorroga u otra situación que impida la finalización oportuna de la política, programa, proyecto o contrato que sea rescatable, es decir que con la intervención de la ciudadanía y de la CGR el proyecto salga adelante, se termine y preste el servicio para el que fue planeado.

Debe ser identificado por la entidad ejecutora, la Contraloría o fuentes tales como Informes de auditoría, actuaciones especiales de control fiscal o estudios sectoriales, así como información de medios de comunicación social y redes sociales.

También son admisibles aquellos proyectos materia de peticiones de la ciudadanía, análisis de sistemas de información, bases de datos y datos abiertos a los que acceda la CGR.

Igual aquellos detectados por los observatorios de políticas públicas, gasto público o cualquier otro sistema de vigilancia fiscal, o por un número plural de miembros del Congreso de la República o de una corporación pública territorial.

Y también los proyectos relacionados con solicitudes realizadas por el representante o directivo principal de las entidades ejecutoras de recursos.

Condiciones para el ejercicio de esta forma de control

* Voluntad de asumir el compromiso por parte de la entidad vigilada.

* Deben tener impacto directo en la ciudadanía.

* Deben ser claras las acciones a realizar y los responsables.

* Posibilidad real de tener resultados en el corto y mediano plazo (seis meses a 1 año).

Herramientas de seguimiento

Las herramientas principales para realizar seguimiento a los proyectos bajo la lupa de “Compromiso Colombia”, son: mesas de diálogo, mesas de seguimiento, actas de Compromiso y Rendiciones de Cuentas.

Papel de las Veedurías

Las veedurías tienen un papel central en “Compromiso Colombia”, debido a que pueden originar, motivar e impulsar la estrategia; participan en el proceso; hacen seguimiento; y propician la efectiva ejecución del contrato o proyecto.

ADJUNTOListado de proyectos de infraestructura críticos que tienen seguimiento de la Contraloría General de la República, a través de "Compromiso Colombia"

Publicado el 27 Jun 2019 13:00


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En Tolima:

Hallazgo fiscal de $718 millones por tercerización y pagos indebidos en contratación de campaña contra el zika

Comunicado de Prensa No. 084

 

  • La Contraloría General de la República determinó un presunto detrimento patrimonial por este monto, a raíz de los pagos indebidos que recibió la IPS Fundasalud de parte del Hospital de Chaparral, que subcontrató con esta empresa para realizar el objeto del contrato que inicialmente suscribió con la Secretaría de Salud Departamental.
  • A su vez, Fundasalud IPS subcontrató con personas naturales y jurídicas entre ellas RENACER AL TOLIMA por un valor de $ 327.753.000, para que desarrollara las actividades por las que había sido contratada, las que en su mayoría no se ejecutaron se ejecutaron.

 

Ibagué, junio de 2019.- La Contraloría General de la República- determinó a través de 22 hallazgos fiscales y disciplinarios por $718 millones de pesos por las irregularidades que se dieron en la ejecución del contrato interadministrativo 637 de 2016, suscrito entre la Secretaría de Salud del Tolima y el Hospital San Juan Bautista de Chaparral con el objeto de apoyar actividades de promoción, prevención y control de dengue, chikunguya y zika, en 11 Municipios de este departamento.

El Hospital subcontrató tales actividades con la IPS FUNDASALUD, empresa que a su vez realizó otra subcontratación, estas 2 entidades cobraron y se les pagó indebidamente por gastos operativos en el manejo de los contratos, sin que los ejecutaran directamente.

El contrato inicial que suscribieron la Secretaría de Salud departamental y el Hospital de Chaparral tenía un valor total de $1.000 millones, de los cuales $930 millones transfirió el centro asistencial subcontratando con FUNDASALUD IPS.

Las actividades contratadas debían adelantarse en los Municipios de Coyaima, Carmen de Apicalá, Líbano, Honda, Mariquita, Purificación, Prado, Saldaña, Rovira, Alvarado y San Antonio.

Pagos indebidos a la IPS FUNDSALUD

En la auditoría adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en el Tolima, el organismo de control verificó que el Hospital San Juan Bautista de Chaparral no ejecutó las actividades contratadas con el departamento, sino que subcontrató en su totalidad las mismas con FUNDASALUD IPS, transfiriendo los recursos de la cuenta exclusiva del convenio a una cuenta no controlada.

Además, en el estudio previo, no se determinaron los objetos de los contratos con las especificaciones técnicas mínimas de los bienes y servicios requeridos para desarrollar cada una de las actividades contratadas.

Para la CGR, existía un antecedente de facturas de transporte presuntamente alteradas para legalizar el pago de servicios no prestados por valor superior a los $140 millones, por lo que se requirió revisar en detalle cada una de las facturas y pagos presentados por FUNDASALUD IPS.

Una vez analizada la información recopilada por parte del equipo auditor que adelanto la Denuncia de la Contraloría, se evidenció que el Hospital San Juan Bautista de Chaparral pagó indebidamente a esta IPS, a través del contrato número 246 de 2016, la suma de $718,6 millones, correspondientes al 77,26% del valor total de lo contratado ($930 millones).

De ese valor, $144,8 millones se determinaron como hallazgo fiscal en la auditoría realizada por la Gerencia de la CGR en 2017, y $573,8 millones se encontraron al resolver el Derecho de Petición sobre una denuncia ciudadana.

La mayor parte de esta última suma, exactamente $513,7 millones, corresponde a actividades cobradas, pagadas y cuya ejecución no está evidenciada.

Otros $60 millones corresponden a lo que FUNDASALUD le cobró al Hospital San Juan Bautista y este le pagó indebidamente, por concepto de gastos operativos por el manejo del contrato, cuando esa IPS no las realizó directamente, sino que las subcontrató.

Actividades que no se ejecutaron y sí se pagaron

FUNDASALUD IPS subcontrató con personas naturales y jurídicas, entre las cuales   con FUNDACION RENACER AL TOLIMA al que se la pagó el 35% del valor del contrato, para que desarrollaran todas las actividades de salud pública, contenidas en el objeto contractual, entre ellas, capacitación, recolección de inservibles, transporte de personal, suministros de elementos, apoyo logístico, promoción, perifoneo y divulgación.

La Contraloría pudo establecer que dichas actividades se cobraron sin que se evidenciara su ejecución.

Otras actividades, como la recolección de inservibles, se cobraron, pero las mismas fueron realizadas por la comunidad, los estudiantes, policía y las empresas de servicios púbicos de cada Municipio, con su personal y carros recolectores, entre otros.

También, se cobró por el alquiler de sillas, video beam y computadores, cuando estos fueron suministrados por las Instituciones Educativas y Entidades en donde se realizaron las actividades.

Se le pagó a la FUNDACION   RENACER AL TOLIMA, por servicios de capacitación y de transporte, pero se evidenció que no hubo presencia de personal en los lugares donde se debió adelantar la capacitación. O sea que se cobró y se recibió pago por servicios que nunca se prestaron.

Demuestra lo anterior el uso antieconómico, ineficaz e ineficiente  de los recursos de salud pública  provenientes del Sistema General de Participaciones.

Publicado el 25 Jun 2019 08:00


Por proyecto de vivienda a damnificados que no se culminó:

Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $5.547 millones contra exdirector de la UNGRD y exalcalde de Tumaco

COMUNICADO DE PRENSA No. 083

 

Pasto, 20 de junio de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Departamental en Nariño, abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $5.547 millones de pesos contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez, y el exalcalde de Tumaco, Víctor Arnulfo Gallo, entre otros.

Esto por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de construcción de viviendas nuevas que no se culminó y debía favorecer a 327 familias de veredas del municipio de Tumaco, damnificadas por el desbordamiento del río Mira en 2009.

El proceso tiene origen en un hallazgo fiscal detectado en el seguimiento que se hizo a una denuncia ciudadana por parte de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.

Hechos materia del proceso de responsabilidad fiscal

El proyecto de vivienda, que no se construyó en su totalidad, se adelantó en las veredas San Juan, Achotal, Candelillas, Chinquirito, Vuelta De Cajapi y El Guabo - Miras Palma, en ejecución del Convenio No. 9677-04-982-2013 del 5 de Noviembre de 2013, por un valor de $6.934 millones, suscrito por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) – Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el municipio de Tumaco.

En virtud de dicho Convenio, se transfirió dicho monto de recursos al municipio de Tumaco para la ejecución de este “proyecto de mitigación construcción de viviendas nuevas”, con el que se atendió a los afectados que se registraron con ocasión del desbordamiento del río Mira en el departamento de Nariño, por efectos de la temporada de lluvias del año 2009.

El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) desembolsó los $6.934 millones acordados, pero las viviendas no se construyeron en su totalidad.

Este Fondo es una cuenta especial de la Nación administrada por la Fiduprevisora, cuya ordenación del gasto está a cargo del Director de la UNGRD.

Presuntos responsables

*CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ,  en calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, suscriptor del Convenio 9677-04-982-2013 y Director de esta entidad hasta el 31 de julio de 2018.

*MARÍA DEL ROCÍO ENTRENA VICCINI, supervisora del convenio 9677-04-982-2013 (contratista asignada a la Subdirección de Riesgos de la UNGRD).

*VÍCTOR ARNULFO GALLO ORTIZ, en calidad de Alcalde del Municipio de Tumaco en el periodo 2012-2015, y responsable de la suscripción de los Convenios 9677-04-982-2013 y 001 de 2014 concebidos para dotar de vivienda a 327 familias damnificadas con el desbordamiento del Río Mira en 2009.

*JIMMY ALFREDO CORREA OROBIO, supervisor integral de los Convenios 9677-04-982-2013 y 001 de 2014, designado en el Comité Técnico No. 004 de 28 de mayo de 2014.

*FUNDACIÓN MUJERES DINAMIZADORAS DE PAZ – FUMDEPAZ, Fundación sin ánimo de lucro, cuyo representante legal es MARÍA CRISTINA ACOSTA OLAYA.

*MARÍA CRISTINA ACOSTA OLAYA, en su calidad de representante legal de la FUNDACIÓN MUJERES DINAMIZADORAS DE PAZ – FUMDEPAZ, para la época de los hechos.

Publicado el 20 Jun 2019 14:30