Boletines de Prensa - 2020

Baja inversión, ineficiencia presupuestal y falta de planeación, afectan gestión de recurso hídrico en el país: Contraloría

COMUNICADO DE PRENSA No. 133 

Recurso hídrico de Colombia, fotografía

Baja inversión, ineficiencia presupuestal y falta de planeación, afectan gestión de recurso hídrico en el país: Contraloría 

  • Estudio de la Contraloría, que abarca el período 2015-2018, muestra falencias en el uso oportuno y eficiente de los recursos asignados al programa de gestión del recurso hídrico.  
  • No hay certeza de las existencias que tiene el país en materia de agua subterránea.  
  • El ejercicio de las funciones de las autoridades ambientales frente al seguimiento y monitoreo de las concesiones de agua y permisos de vertimientos, no ha servido para que se reduzca la ilegalidad en el uso del recurso hídrico.  
  • Son escasos los proyectos del sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que cuentan con evaluaciones de resultados que permitan validar las inversiones efectuadas.   
  • Y son pocos los estudios que han realizado las CAR sobre las necesidades de agua para el sector productivo. 

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2020.- La gestión del recurso hídrico en el país muestra bajos recursos de inversión e ineficiente ejecución presupuestal, a lo que se añade ausencia de planeación y baja gestión de las autoridades ambientales, indica un estudio de la Contraloría General de la República sobre el tema. 

De acuerdo a este análisis, son evidentes situaciones como las siguientes: 

*Durante el periodo 2015-2018, solamente el 11% de los $1,66 billones dispuestos en el Presupuesto General de la Nación como recursos de inversión para el sector ambiente, fueron destinados a la gestión integral del recurso hídrico en Colombia. En total, solo alcanzaron los $184.026 millones, de los cuales el 9% fue asignado a proyectos de las CAR y el restante 2% a proyectos del Ministerio de Ambiente. 

*A un promedio de 10 de las 23 Corporaciones que reciben recursos para inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación les fueron aprobados proyectos bajo el programa gestión del recurso hídrico por un valor total de $153.257 millones, frente a los $30.770 millones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

*Llama la atención el hecho de que el IDEAM sea el administrador del sistema de manejo de los recursos hídricos y no haya tenido asignados recursos para ese programa. 

*La ejecución de los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación al programa de gestión del recurso hídrico fue en promedio el 27% para el periodo analizado (2015-2018). Lo que, a juicio de la CGR, puede significar que las brechas de financiamiento más grandes no son de carácter presupuestal, sino que están relacionadas con la ausencia de planeación y la baja gestión de las autoridades. 

Para la Contraloría resulta indispensable corregir la ineficiencia en la ejecución de los recursos destinados para este propósito, dadas las importantes falencias detectadas en el uso oportuno y eficiente de los mismos.  

*Las pérdidas de apropiación y las subejecuciones son reiterativas no solamente en los recursos del Presupuesto General de la Nación, sino también, y con mayor incidencia en los recursos propios y administrados por las CAR, concretamente en los recaudados por los instrumentos económicos de destinación específica para el recurso hídrico, tales como tasas por utilización del agua, tasas retributivas y compensatorias, y contribuciones parafiscales del sector eléctrico. 

  *Los análisis hechos con base en los datos suministrados por 19 Corporaciones Autónomas Regionales concluyen que la inversión realizada por estas entidades es inferior al valor de sus recaudos, situación que sugiere graves problemas de planeación, coordinación y gestión de la inversión que garantice la sostenibilidad del recurso hídrico. 

*Se evidencia que el Sector Ambiental carece de una base de datos que consolide toda la información presupuestal, detallada, veraz, oportuna y actualizada, que se asocie directamente con los planes, programas, proyectos e indicadores de cada política ambiental. 

Las anteriores son algunas de las conclusiones del estudio denominado “Evaluación de la Implementación de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico con Énfasis en la Oferta y la Demanda 2015-2018”

El análisis, realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente, formula también las siguientes apreciaciones: 

Existencias de agua subterránea 

Pese a los avances obtenidos después de 2010, cuando la información se concentraba en las regiones con mayor escasez de agua superficial, como la Costa Atlántica, la Sabana de Bogotá, el Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima y Huila, las autoridades ambientales no disponen todavía de una memoria confiable sobre las existencias de agua subterránea. Hoy, el 67% de las CAR reconocen acuíferos en su jurisdicción. Las CAR dieron cuenta a la Contraloría de 85 acuíferos, de los cuales 38 han sido incluidos en los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas, y de los 47 que no lo están, 35 están priorizados y 15 de ellos ya cuentan con Plan de Manejo. La CGR encontró que el sistema de información del IDEAM en este campo sigue siendo débil. El instituto informó que, a noviembre de 2019, 14 Corporaciones y 4 autoridades ambientales urbanas habían reportado información sobre captaciones de aguas subterráneas y su respectiva localización en provincias hidrológicas. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2019, la Contraloría intentó acceder al Sistema de Información del Recurso Hídrico y no pudo observar la información. Los únicos datos obtenidos llegaron a través de vínculos web.  

Condiciones de demanda no reducen la ilegalidad 

El ejercicio de las funciones de las autoridades ambientales frente al seguimiento y monitoreo de las concesiones de agua y permisos de vertimientos no ha conllevado a cambios en el comportamiento de los usuarios, ni al conocimiento real de la calidad de los recursos hídricos de su jurisdicción. Tampoco, a la reducción de la ilegalidad frente al uso del recurso. Si bien 8 Corporaciones Autónomas Regionales reportaron haber encontrado resultados positivos con los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, no adjuntaron los indicadores, estudios técnicos o documentos que soporten los efectos que produjeron dichos programas en los recursos hídricos de manera cuantitativa y cualitativa. La Contraloría evaluó a fondo la línea estratégica de la política de gestión del recurso hídrico relacionada con las actividades necesarias para adquirir, delimitar, manejar y vigilar las áreas donde se encuentran los ecosistemas clave para la regulación de su oferta. Aunque halló avances significativos, también advirtió rezagos en la aplicación de normas que buscan disponer de espacios territoriales claves para el aseguramiento de la oferta del recurso hídrico.  

Una de estas normas es la Ley 99 de 1993, que en su Artículo 111 declaró de interés público tales territorios, asignó a los municipios la obligación de adquirir los predios necesarios para ese propósito y dispuso un plazo de quince años para las inversiones necesarias, destinando un porcentaje no inferior al 1% de los ingresos del ente territorial. 

¿Ha funcionado la figura de los Pagos  por Servicios Ambientales (PSA)? 

También encontró la CGR que si bien se pensó en el Pago por Servicios Ambientales (PSA) como una alternativa útil para el posconflicto y el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, persisten vacíos técnicos y operativos y ausencia de mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional que obstaculizan el éxito de esta estrategia. Son escasos los proyectos de PSA que cuentan con evaluaciones de resultados que permitan la validación de las inversiones efectuadas. La mayoría carecen de una única línea política y están desconectadas de los instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio. 

Inicialmente se previó utilizar la figura de los PSA en las áreas estratégicas de provisión de agua para las necesidades humanas, pero se fue haciendo extensiva a otros ecosistemas estratégicos sin referencia específica al recurso hídrico, al tiempo que se fue vinculando, paulatinamente, a otros actores no institucionales distintos a los municipios y autoridades ambientales, que son los que le están dando mayor impulso a estas políticas. 

Las CAR no han comprado con sus recursos o, en la actualidad, no poseen predios para atender las necesidades, aunque algunas de ellas han diseñado criterios técnicos complementarios para apoyar a las entidades territoriales en la adquisición de predios de importancia estratégica. 

Pocos estudios sobre necesidades  de agua para el sector productivo 

La CGR encontró que son pocas las Corporaciones Autónomas Regionales que cuentan con estudios enfocados a las necesidades de los sectores productivos, por lo que son ellos mismos quienes, en muchos casos, han suplido por cuenta las necesidades de información sobre el recurso hídrico que requieren para sus actividades. 

La excepción a esta tendencia son los casos registrados en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, entidad que cuenta con estudios de la calidad del agua de la cuenca alta del Río Magdalena efectuados recientemente, o los estudios realizados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, con los cuales se caracterizó, cualitativa y cuantitativamente, la calidad del recurso hídrico superficial en los departamentos de Putumayo y Caquetá. 

En este mismo grupo se encuentran la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que efectuó su evaluación regional del agua en 2017, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, con la caracterización de calidad y cantidad de fuentes hídricas de su jurisdicción en los años 2017 y 2018.  En otro grupo se sitúan aquellas corporaciones que tienen hidroeléctricas en su jurisdicción, como la Corporación Autónoma Regional de Chivor, que intentan avanzar en la determinación de la calidad del agua para los usos productivos. Para la Contraloría es claro que corresponde también a los productores, en especial al solicitar concesiones de aguas, presentar los monitoreos de calidad de las aguas requeridas para su actividad con el fin de identificar si se cumplen o no los criterios de calidad. 

El análisis de la información proveniente de las autoridades ambientales, recaudada y analizada por la CGR, a través del equipo investigador de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, muestra que los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, en los aspectos específicos de la determinación de la calidad del agua basada en los estudios técnicos respectivos para los usos productivos, distan de estar completos y, en los casos más extremos, no existen. 

Reportes sobre uso eficiente y sostenible del agua 

Las CAR relacionan la apertura de procesos sancionatorios a algunos usuarios por incumplimiento de las acciones de sus Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua aprobados, pero algunas limitan sus reportes a informar que efectúan seguimiento y control a dichos programas sin especificar resultados. Aun así, hay excepciones, como la de CORNARE, que cuenta con estudios sobre "Cuantificación de la eficiencia en la implementación de la Ley 373/1997, sobre el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) 2010-2018” y que van más allá de la estadística básica.  

No obstante, los resultados exhibidos no van soportados de los indicadores respectivos, estudios técnicos o documentales que los recopilen, como tampoco de cuantificación y cualificación de los efectos que dichos resultados han significado en materia de cumplimiento de los objetivos señalados por la política pública. 

Sostenibilidad financiera 

El análisis de sostenibilidad financiera para la implementación de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, realizado en el 2004 por el DNP a través de la consultoría a cargo de la firma Economía Urbana, estimó que bajo el escenario de ese entonces las fuentes de financiación, tanto específicas como generales dedicadas al recurso hídrico, eran insuficientes para financiar los productos y alcanzar las metas propuestas por la Política en el corto y mediano plazo. 

Las tres recomendaciones para garantizar la financiación de la política tuvieron desarrollos, pero tardíamente. Estas fueron: 

  1. Utilización del pago por servicios ambientales como alternativa a la compra de predios en cuencas abastecedoras. 
  2. Actualización tarifaria de las transferencias del sector eléctrico.  
  3. Y mejoramiento en la ejecución del Fondo de Compensación Ambiental.  

Publicado el 20 Sep 2020 10:00


Avanza Expo Ciudadanía 5.O

COMUNICADO DE PRENSA No. 132 

Poster Expo Ciudadanía, Con más de 2,700 visitantes y 560,000 vistas

 

  • Más de 2.700 visitantes a esta Feria Virtual de la CGR han visto cerca de 560 mil veces las publicaciones del evento y han descargado masivamente la aplicación ControlApp. 

 

Bogotá, 17 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República adelanta “Expo Ciudadanía 5.0”, un moderno espacio virtual acercamiento a los colombianos, donde pueden en tiempo real y desde cualquier parte del mundo, conectarse a nuestra entidad, para conocer cómo operamos y cómo pueden ser parte del control a los recursos estatales destinados al mejoramiento de la vida de los ciudadanos. 

A la fecha, esta exitosa estrategia ciudadana ha recibido más de 2.700 personas conectadas virtualmente en 8 estands que muestran mediante videos, infografías e imágenes interactivas la labor de la Contraloría. 

Nuestros visitantes han visto cerca de 560 mil veces nuestras publicaciones en la Feria, contando además con 344 asistentes en directo al webinar “Veedurías al cuidado de lo público”, donde se explica ampliamente los resultados de una efectiva labor del cuidado de lo público. 

También, ha sido descargada masivamente la nueva aplicación ControlApp, que permite a los ciudadanos un contacto inmediato con la CGR; revisar y estar pendientes de obras inconclusas y elefantes blancos para hacer un efectivo seguimiento ciudadano mediante el envío de fotos y videos en tiempo real del estado de las obras que más necesitan los colombianos. 

Invitamos a la ciudadanía a visitar Expociudadanía 5.0 hasta este viernes 18 de septiembre, inscribiéndose en: 

https://sistema.level-tech.co/forms/expociudadania/.    

Si requiere información adicional o soporte para su registro, comuníquese con las líneas de atención 3213903375 y 3204338027.

Publicado el 17 Sep 2020 17:00


Contraloría detectó 14 hallazgos fiscales por $36.365 millones, en Actuación Especial de Fiscalización a proyectos de regalías en Sucre

COMUNICADO DE PRENSA No. 131 

Sucre, Foto de proyecto inconcluso

  • Sobrecostos en adquisición de bienes, incumplimiento de contratos y falta de planeación, son algunas de las fallas encontradas en los diferentes proyectos auditados.  
  • Detrimento patrimonial de más de $18.000 millones en obra vial ejecutada por Gobernación de Sucre. 
  • Municipio de Los Palmitos: hallazgo de $8.252 millones por incumplimiento de contrato que beneficiaría a 700 campesinos, por la siembra de ñame tipo exportación.  
  • Alcaldía de Coveñas: detrimento patrimonial por $3.102 millones en proyecto de fomento de vida saludable que no se ejecutó.  
  • Sobrecostos de más de $1.200 millones en contrato de Gobernación de Sucre para adquisición de equipos de cómputo y software.  
  • Hallazgos por $61 millones en proyectos Covid, en municipios de San Juan de Betulia y San Benito Abad. 

 

Bogotá, 14 de septiembre de 2020. Un total de 14 hallazgos administrativos con presunta connotación fiscal por valor de $36.365 millones de pesos, encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación de Sucre y algunos municipios de este Departamento. 

Uno de los proyectos evaluados fue el denominado “Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Tablitas – San Marcos, municipios de El Roble, Caimito y San Marcos, Departamento de Sucre”.  

Para la ejecución de este proyecto, la Gobernación de Sucre firmó, para la vigencia 2017, un contrato de Obra Pública con el Consorcio Mega Vías 018 por valor de $149.855 millones, en el cual la Contraloría detectó, entre otras cosas, irregularidades en el manejo del anticipo pagado, que correspondía al 15% del valor total del contrato. 

A la fecha, no se avaló por la interventoría el uso del 81,88% del anticipo entregado, causando un detrimento al patrimonio por un dinero no ejecutado de manera eficiente, lo que se traduce en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, fiscal y penal por $18.407 millones. 

Adicional a esto, y a pesar de haber aceptado todas las condiciones contractuales en la etapa precontractual, el contratista no presentó a tiempo los permisos ambientales. 

Y de los 14 tomos de los estudios y diseños solamente presentaron 2 para realizar la reprogramación y ejecución normal de la obra pública, habiendo incumplido varias veces los requerimientos de la interventoría. A la fecha, y después de un año, siguen faltando 2 de esos tomos. Según la Contraloría, en la ejecución contractual, se evidencia una falta notable de capacidad para desarrollar el contrato en condiciones normales.  

En riesgo los recursos públicos por ejecutar 

A todas las situaciones irregulares encontradas durante la ejecución del contrato de obra, se le suma que en la Tesorería del Departamento de Sucre se encontró́ un embargo vigente contra la firma KHB INGENIERIA S.A.S., con ocasión de su participación en el consorcio MEGAVIAS 018, por un valor de $360.000.000.

Los retrasos injustificados, así́ como la evidente incapacidad técnica, operativa y financiera evidenciada en los hitos del contrato de obra, ponen en altísimo riesgo los recursos públicos aún por ejecutar en este proyecto, ya que a la fecha se tiene un avance físico por debajo del 7% después de un año de ejecución contractual y un avance financiero cercano al 20%. 

A la fecha, el contrato permanece suspendido y a pesar de que en el país y en el departamento ya se han abierto las actividades relacionadas con las obras civiles con el protocolo de bioseguridad, aún el departamento no lo ha hecho con este proyecto de importancia departamental, que tiene como objetivo beneficiar a más de 81 mil habitantes. 

Sobrecostos en adquisición de equipos de cómputo y software 

Con el fin de beneficiar a 24.500 personas de los 26 municipios del departamento de Sucre, la Gobernación de Sucre fue designada como ejecutora del proyecto con vigencia inicial de 2017, “Fortalecimiento de capacidades en CTel en niños, niñas y jóvenes de los establecimientos educativos a través del Programa Ondas en el Departamento de Sucre”, el cual fue financiado con recurso del Sistema General de Regalías, por valor total de $11.741 millones. El proyecto consistía en la compra de equipos de cómputo, software y servidores. Sin embargo, dentro del proceso de control fiscal, la Contraloría General de la República encontró sobrecostos en la adquisición de 1.000 computadores y 160 servidores, por $1.287.505 millones, lo que se traduce en un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, por el mismo valor.  

Esta cifra resulta de la diferencia entre el valor neto cancelado al contratista UNIÓN TEMPORAL ONDAS SUCRE 2018 y el valor cotizado de los elementos suministrados en ese tiempo. Esto significa que hubo fallas en la etapa de planeación y omisiones en la realización de los estudios de mercado y documentos previos, los cuales son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato.  

Violación a cumplimiento de contrato que beneficiaría a 700 campesinos 

La Alcaldía del municipio Los Palmitos fue designada como ejecutora del proyecto “Implementación de 700 hectáreas de ñame espino tipo exportación municipio de Los Palmitos, San Pedro, Sampués, Sincé, y Ovejas en el Departamento de Sucre”, y para su ejecución, firmó un contrato de interés público en 2015 con el Consorcio Agrícola de Sucre, por valor de $8.252.730.515, suma aprobada por el OCAD Región Caribe con recursos del Sistema General de Regalías. 

Este proyecto tenía como objetivo principal “recuperar la capacidad productiva de los pequeños productores rurales, incentivando la siembra de ñame espino tipo exportación”, y prometía beneficiar a 700 campesinos de la región, pero debido a una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna por parte de la entidad territorial, este objetivo no se cumplió. 

Luego de un minucioso estudio del caso, la Contraloría General de la República pudo constatar que durante la ejecución del proyecto se presentó una violación al cumplimiento del Contrato de Interés Público, debido a la omisión y falta de planeación frente a distintas variables, en especial, las ambientales y climáticas, ya que estas incidían directamente en la siembra y producción del ñame espino tipo exportación. No se encontró́ un estudio serio y completo acerca de la ubicación del objeto contractual del proyecto, y tras una reunión con los beneficiarios del mismo se verificó que no fue posible la producción de ñame como estaba previsto, debido a que el verano secó la semilla e impidió́ su producción, razón por la cual no tuvieron la posibilidad de recibir ninguna utilidad social, que es en última la finalidad del contrato de interés público para la comunidad beneficiaria. Como consecuencia del incumplimiento y con base en las conclusiones obtenidas dentro del proceso de fiscalización, se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $8.252.730.515, que corresponde al valor financiado y pagado con recursos del SGR.  

Proyecto de fomento de vida saludable que no se ejecutó 

La Alcaldía de Coveñas fue designada como ejecutora del proyecto “Prevención y promoción para el fomento de estilos de vida saludable, en el municipio de Coveñas”, el cual tenía como principal objetivo el fortalecimiento de hábitos de vida saludable de 13.600 habitantes del municipio, mitigando así las problemáticas de salud que para el año 2015, afrontaba el territorio. 

Para esto firmó un contrato de interés público con la Asociación de Promotores Comunitarios -APROCO y otro de interventoría con la Fundación para la Administración y el Desarrollo de las Entidades Públicas – FUNADEP, para un valor total de $3.102.208.200, correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías. 

Sin embargo, luego de un profundo análisis por parte de la Contraloría General de la República, se pudo constatar que la documentación revisada del proyecto no deja constancia de la ejecución presupuestal y física del proyecto, lo que es calificado como un detrimento patrimonial, debido a la falta de una adecuada planeación. 

Esto por cuanto se debió́ hacer un estudio minucioso en el que se contemplaran distintas variables del mercado para determinar los costos unitarios, el valor de la mano de obra, el material publicitario, determinación de los profesionales que se requerían, salarios, tiempos, actividades a realizar, desplazamientos, costos logísticos, costos de escenarios, vehículos para desplazamientos del personal y otros insumos. Dichos componentes no se encontraron en los estudios previos del contrato, ni en el proyecto, ni en los soportes de la ejecución del contratista. Tampoco se halló relación en los informes de supervisión entregados. Así mismo se determinó que el contratista (la Asociación de Promotores Comunitarios -APROCO) no estaba inscrita en la plataforma de registro de prestadores de servicios del Ministerio de Salud y Protección social, condición que le impedía prestar servicios de salud de promoción y prevención, finalidad que debía cumplir el proyecto. Todo esto da muestra de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, ya que no da cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del estado, por lo que se configura una violación al cumplimiento de los contratos de interés público y de interventoría, dando lugar a un hallazgo con incidencia administrativa, fiscal y disciplinaria por valor de $3.102.208.200. 

Hallazgos en proyectos Covid 

Por otro lado, dentro del proceso auditor de control fiscal a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías para atender la emergencia Covid-19 en el departamento de Sucre, la Contraloría General de la República auditó un monto total de $505.169.750, de los cuales se configuraron 3 hallazgos fiscales por valor de $61.675.200. 

Tales hallazgos corresponden a proyectos de los municipios de San Benito Abad y San Juan de Betulia, que dentro de su proceso de ejecución faltaron al principio de economía de sus contratos, e incurrieron en sobrecostos al adquirir elementos de bioseguridad.  

Actuación Especial de Fiscalización 

En ejercicio de sus funciones como máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano, la CGR realizó una Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Sucre, ejecutados por la Gobernación de Sucre, y las alcaldías de Buenavista, Corozal, Coveñas, Los Palmitos, San Benita Abad, Sincelejo, Tolú y Toluviejo.  

En total fueron auditados 16 proyectos por un valor total de $258.892 millones, de los cuales $230.401 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.  

Estos proyectos pertenecen a los sectores de Salud y Protección social, Transporte, Vivienda, ciudad y territorio, Deporte y Recreación, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Agricultura y Desarrollo rural. 

Como resultado del proceso auditor, el equipo auditor configuró en total 15 hallazgos administrativos de los cuales 15 presentan incidencia disciplinaria, 14 incidencia fiscal y 1 incidencia penal, por valor total de $36.365 millones, por deficiencias relacionadas con la ejecución de los recursos de regalías.   

 

Publicado el 14 Sep 2020 11:00


Desde este 15 de septiembre: Contraloría realiza Feria Virtual Expo Ciudadanía 5.0

COMUNICADO DE PRENSA No. 130 

Imagen Expociudadanía, con logo y personas en circulos.

  • Se trata de una innovadora propuesta de la CGR, para incentivar la participación ciudadana.
  • La Contraloría busca con esta feria llegar con un lenguaje visual atractivo y moderno a los colombianos, en todas las regiones del país. 
  • El objetivo es que los ciudadanos conozcan y entiendan los mecanismos y herramientas con las que cuentan para cuidar de los recursos públicos, con el apoyo de la CGR. 
  • Expo Ciudadanía 5.0 funcionará entre nueve de la mañana y las siete de la noche. 
  • La feria es una iniciativa de la Delegada de Participación Ciudadana de la Contraloría, para promover el control social participativo, a través de una estrategia de pedagogía ciudadana. 
  • Desde cualquier rincón del país, los colombianos pueden conectarse y participar activamente de Expo Ciudadanía 5.0, inscribiéndose a través de la página web de la Contraloría General de la República (https://sistema1.level-tech.co/forms/expociudadania/). 

 

Bogotá, 14 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República realizará, a partir de este martes 15 y hasta el viernes 18 de septiembre, la Feria Virtual Expo Ciudadanía 5.0, un espacio virtual, novedoso y moderno donde la entidad se acerca a la ciudadana para contarles sobre su labor, mostrar las diferentes herramientas de control en el manejo de recursos y facilitar sus denuncias. 

Durante 4 días, en esta Feria Virtual conformada por 8 stands, se podrá interactuar con temas relacionados con la nueva función de control preventivo y concomitante que ejerce la CGR, las actividades de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia” y temas como Elefantes Blancos, la APP “ControlAPP”, veedurías y redes sociales, entre otros. 

“La Contraloría busca llegar con un lenguaje visual atractivo y moderno a los colombianos, en cualquier región del país, buscando que entiendan los mecanismos y herramientas con las que cuentan para cuidar de los recursos que son de todos”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez. 

Chat con respuestas en tiempo real 

Los ciudadanos que se conecten a esta Feria Virtual podrán conocer los resultados o logros obtenidos por la Contraloría, gracias a su participación activa, de manera individual o de forma organizada, en veedurías. 

Cada stand tendrá activado un chat con respuesta en tiempo real a todas las inquietudes de los ciudadanos e, igualmente, podrán denunciar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 

Se espera una masiva asistencia de diversos públicos a Expo Ciudadanía 5.0, que van desde jóvenes de colegios y universidades, veedores, empleados del sector público y privado y ciudadanía en general.  

Desde cualquier rincón del país, los colombianos pueden conectarse y participar activamente de Expo Ciudadanía 5.0, inscribiéndose a través de la página web de la Contraloría General de la República (https://sistema1.level-tech.co/forms/expociudadania/). 

Plataforma virtual y otras herramientas tecnológicas 

La Contraloría General de la República es pionera en incursionar en el campo de las ferias virtuales con Expo Ciudadanía 5.0.  

A través de G&S Congresos y Convenciones, una compañía especializada en operación logística de eventos, congresos y convenciones presenciales y virtuales, se ha implementado un desarrollo tecnológico de primer nivel que incluye la plataforma de realidad virtual “Level Tech”, servidores cloud de Google, video llamadas, avatares e interacciones con contenido digital. 

La Feria Expo Ciudadanía 5.0, contará técnicamente con: 

*Formato Software As Services (SAS), una aplicación alojada y configurada en internet lista para ser usada durante el período del evento.  

*Una plataforma responsiva que se adapta al dispositivo desde el cuál los asistentes se conecten, ya sea PC, portátil, tabletas o teléfonos inteligentes. 

*Y soporte para los navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Explorer 11 y Microsoft Edge. 

Publicado el 14 Sep 2020 09:30


Costos de la pandemia: En por lo menos 10 puntos del PIB podría crecer la deuda pública de Colombia, advierte Contralor General

COMUNICADO DE PRENSA No. 129 

Imagen con pesos colombianos, monedas en primer plano.

 

  • Viene un retroceso de 10 años en el avance logrado en temas como la distribución del ingreso, señala también.
  • Caída de la economía, déficit de las finanzas públicas y aumento de la pobreza, otras graves secuelas de la emergencia. 
  • Se esfumó el promisorio panorama económico que mostraba el país antes de la pandemia. 
  • Llamado del Contralor al Gobierno Nacional, Alcaldes y Gobernadores: “Hay que trabajar en conjunto para superar este momento tan difícil y las condiciones que viven hoy los colombianos”. 
  • “Hay que dejar de lado temas políticos, ideológicos, y hay es que pensar en la ciudadanía, que tenga los servicios básicos satisfechos y capacidad de generación de ingreso”, añade. 
  • Dice el Contralor sobre el proyecto Hidroituango: “Es importante generar e iniciar las obras, pero quienes han cometido errores tienen que pagar por ello. No puede haber detrimento al patrimonio y tiene que recuperarse la plata de los antioqueños”.  
  • Según el Contralor, se espera que hacia finales de este año se haga imputación de cargos en el caso Hidroituango, para fallar este proceso de responsabilidad fiscal en 2021. 
  • Para el jefe de control, se hace necesaria hacer una reforma legislativa al sistema de salud el próximo año. 
  • La Contraloría ve con preocupación que de los $5.5 billones de contratación para atención de la pandemia, ha encontrado presuntos sobrecostos por más de $500 mil millones. 
  • No han llegado a 930 hospitales públicos recursos por $2.8 billones, que debían darles algunas EPS. 

 

Bogotá, 11 septiembre de 2020.- En por los menos 10 puntos del PIB podría crecer la deuda pública de Colombia, advirtió hoy el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, al exponer los costos que trae consigo la pandemia del Covid-19. 

En un Foro sobre ¿Cuánto le está costando la pandemia a la Nación?, convocado por la CGR y Foros Semana, el Contralor habló de los enormes costos económicos y sociales que ha significado esta emergencia. 

Según el Contralor, la declaratoria de emergencia sanitaria y de dos emergencias económicas y sociales, suponen fuertes restricciones al aparato productivo, y han dejado necesariamente unas secuelas preocupantes: 

“Es posible que suframos un retroceso de 10 años en el avance logrado en temas como la distribución del ingreso, la mejora en los índices de empleo formal. Los sectores más vulnerables y las empresas medianas y pequeñas se verán sensiblemente afectados”, indicó. 

A esto se suman otras dos previsiones negativas: la caída de la economía este año será del 5,5%, de acuerdo a las estimaciones del propio Gobierno, y las finanzas del Gobierno Central Nacional terminarán con un déficit de 8,2% del PIB. 

A todo esto, se añaden los empleos perdidos por estos meses de emergencia y cuarentena: según el Dane, la tasa de desempleo a julio, a nivel nacional, fue del 20.2%. Esto equivale a 4 millones 559 mil personas desempleadas. 

Las personas que quedaron inactivas laboralmente desde marzo hasta julio suman 2 millones 717 mil personas, que por diversas razones dejaron de buscar empleo. 

Fedesarrollo estima que el número de pobres en Colombia aumentará en 5,5 millones para 2020, lo que para el Contralor significa un retroceso enorme en los indicadores sociales que mostraban avances muy significativos durante la última década. 

Otra cifra preocupante mencionada por el Contralor Carlos Felipe Córdoba: 

Según el DANE, la pobreza monetaria en 2018 fue del 27,0%, es decir, 13 millones 73 mil personas. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 la calcula en 32,1% y la Cepal en el 32,5%, con lo cual la pobreza aumentará en 5 puntos porcentuales. 

Incremento de la deuda  

Sobre el incremento sustancial que tendrá el nivel de la deuda pública, el Contralor explicó que el cálculo de un crecimiento de por los menos 10 puntos del PIB, tiene como base el análisis sobre la manera como se afectarán los límites señalados inicialmente por el Marco Fiscal de Mediano plazo

“Por eso, en reciente informe al Congreso y al presidente de la República recalqué que el reto de la política fiscal a mediano plazo es reorientar el gasto público para elevar la capacidad productiva, diversificar la producción y aumentar la productividad y la competitividad de la economía”, señaló el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 

“El reto es grande si tenemos en cuenta que, al cierre de 2019, la deuda pública bruta ascendía a $607,29 billones, es decir, 57,2% del PIB”, agregó. 

De la deuda total, $239,45 billones corresponden a deuda externa (22,5% del PIB) y $367,84 billones a deuda interna (34,6% del PIB).  

PUNTOS DE LA INTERVENCIÓN DEL CONTRALOR  CARLOS FELIPE CÓRDOBA EN EL FORO ¿CUÁNTO LE CUESTA LA PANDEMIA A LA NACIÓN? 

Panorama económico antes de la pandemia 

  • Antes de la pandemia Colombia disfrutaba de un panorama económico que, en comparación con nuestros vecinos, era más promisorio.  
  • Se había cerrado el año 2019 con una tasa de crecimiento de 3,3%... 
  • La tasa de desempleo llegaba al 9,5%, muy por debajo del 20,2% actual…  
  • El Gobierno Nacional Central tenía un déficit fiscal equivalente al 2,6% del PIB, lo que le permitía mirar con buenas perspectivas el 2020… 
  • Antes de que fuera detectado el primer caso de COVID, había una confianza razonable en que la economía cerraría este año con un crecimiento cercano al 4%. 
  • También se esperaba, en línea con la regla fiscal, reducir el déficit del Gobierno Nacional Central a 2,2% del PIB. 

Consecuencias en el empleo: 

  • La tasa de desempleo a julio en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas fue del 24,7%, equivalente a 2 millones 798 mil personas desempleadas. 
  • De acuerdo con el DANE, a julio la tasa de desempleo de las mujeres a nivel nacional fue del 24,6%, mientras las de los hombres fue del 17,4%. 
  • En las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 26,9% en 
  • Mujeres, frente al 22,2% en hombres. 
  • Las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de edad corresponden al 41,2%, mientras que los hombres jóvenes representan el 37,4% de los desocupados. 


Vigilancia y control de la CGR sobre recursos ejecutados 

  • Los recursos presupuestados por el Gobierno Nacional con el fin de atender la emergencia han sido del orden de los $2,.8 billones 
  • En esos recursos están incluidos los $25,5 billones del FOME y $3,25 billones de capitalización del Fondo Nacional de Garantías,  
  • Están contemplados también $124.000 millones por subsidio de servicios públicos y $900.000 millones de reasignaciones presupuestales. 
  • La Contraloría ha manifestado su preocupación por falta de celeridad en la ejecución de estos recursos. 
  • Con base en su capacidad preventiva, la CGR ha advertido y controlado la posible desviación presentada en algunos ejecutores tanto nacionales como territoriales. 
  • La Contraloría ve con preocupación que de los $5.5 billones de contratación para atención de la pandemia, ha encontrado presuntos sobrecostos por más de $500 mil millones. 

Hay que dejar de lado temas políticos e ideológicos 

  • El Contralor formuló un llamado al Gobierno Nacional, Alcaldes y Gobernadores: “Hay que trabajar en conjunto para superar este momento tan difícil y las condiciones que viven hoy los colombianos, por la emergencia del Covid-19”. 
  • Sostiene que “Hay que dejar de lado temas políticos, ideológicos, y hay es que pensar en la ciudadanía, que tenga los servicios básicos satisfechos y capacidad de generación de ingreso”. 

Imputación y fallo en proceso fiscal por Hidroituango 

  • Dice el Contralor sobre el proyecto Hidroituango: “Es importante generar e iniciar las obras, pero quienes han cometido errores tienen que pagar por ello. No puede haber detrimento al patrimonio y tiene que recuperarse la plata de los antioqueños”.  
  • Según el jefe del organismo de control, se espera que hacia finales de este año se haga imputación de cargos en el caso Hidroituango, para fallar este proceso de responsabilidad fiscal en 2021. 

Publicado el 11 Sep 2020 15:30