Boletines de Prensa - 2020

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Comunicado Conjunto Contraloría, Procuraduría y Fiscalía

COMUNICADO DE PRENSA No. 56

 

Bogotá, abril 17 de 2020 - En relación con las declaraciones de la alcaldesa de Bogota, Claudia López, del día anterior relacionadas con una supuesta orden de los organismos de control de parar los giros y trasferencias para las ayudas humanitarias por la emergencia sanitaria del covid-19, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación se permiten manifestar:

  1. Los órganos de control no han dado orden a la alcaldesa de Bogotá de suspender los giros correspondientes al subsidio denominado Ingreso Solidario.
  2. Se debe recordar que no es competencia de la Fiscalía, la Procuraduría ni de la Contraloría coadministrar. La responsabilidad por la toma de decisiones públicas, uso y destinación de recursos, tanto como la contratación, corresponde a las autoridades administrativas, en el marco de la ley.
  3. La responsabilidad de la administración por la prestación, interrupción o suspensión de la distribución de ayudas humanitarias a los ciudadanos, es del resorte exclusivo de la propia administración, sin que pueda justificar su suspensión en la acción constitucional de la Fiscalía, la Contraloria o la Procuraduría.
  4. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloria General de la República avanzan en la vigilancia e investigación del uso dado a los recursos destinados por el gobierno nacional y las administraciones locales para mitigar el impacto de la emergencia producto de la pandemia del coronavirus, y el país será informado pronta y permanentemente de los hallazgos que den paso a procesos penales, disciplinarios y fiscales.

Publicado el 17 Apr 2020 13:05


Contraloría alerta sobre concentración de créditos subsidiados para el agro en emergencia por Covid-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 055

 

  • En la línea especial de crédito (LEC) Colombia Agro Produce, lanzada en respuesta a la emergencia, grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los $226 mil millones colocados hasta la fecha.
  •  Así lo revela seguimiento de la CGR a las colocaciones de recursos por parte de Finagro.

 

Bogotá, 17 de abril de 2020.- Cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas.

Así lo evidenció la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el sector agropecuario, al examinar detalladamente el comportamiento de las colocaciones hechas por Finagro dentro de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce.

Finagro es uno de los mayores colocadores de crédito oficial en el país y del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, sus colocaciones en total superan los $6,1 billones, de los cuales $4,8 billones (el 78%) han sido para los grandes beneficiarios, que son personas con activos superiores a los 5.000 salarios mínimos mensuales.

Los medianos productores han recibido $710 mil millones (12%), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido $630.000 millones (10%), suma considerada pequeña dentro de ese universo.

Productores agropecuarios son los menos beneficiados

En cuanto a  la línea especial de crédito (LEC) Colombia Agro Produce, lanzada en respuesta a la emergencia, grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos colocados.

En un análisis sobre el tema, el equipo de trabajo de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario encontró que de los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, 

$8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores.

El informe detalla que de los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.

“(Los recursos) se colocan -explica el documento- sin controlar la afectación por la emergencia y su destinación, de tal manera que no surte efecto lo dispuesto por la CNCA (Comisión Nacional de Crédito Agropecuario) y la Circular 11 de Finagro, que estableció que los grandes clientes no pueden acceder a la línea para comercialización”.

“A la fecha la línea no les está llegando a los productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios”; explican los investigadores de la CGR.

De acuerdo con la normatividad de emergencia, esta línea de crédito debería estar focalizada en actividades de producción de alimentos o en factores que impacten o protejan el empleo.

Más reparos

Otro elemento del desequilibrio relacionado con la destinación de estos recursos se refleja en el hecho de que Bogotá concentra el 35.6% de las colocaciones de emergencia, mientras que sólo el 24% de municipios han tenido acceso al crédito.

Y un reparo de fondo hecho por la Contraloría es que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario no contempló como requisito la demostración de la afectación de los solicitantes del crédito y Finagro partió de la base de que todo el país se encuentra afectado, y bajo esa premisa general, no focalizó los recursos a los pequeños productores.

Publicado el 17 Apr 2020 07:00


Nueva alerta de la Contraloría: Contratistas que cobraron por 2 días de trabajo y más sobrecostos en kits de mercados y elementos de protección

COMUNICADO DE PRENSA No. 054

 

  • El municipio de Puerto Escondido (Córdoba) contrató por dos días personal médico, que cobró varios millones de pesos.
  • Presuntos sobrecostos en kits de ayuda alimentaria, en contratos de Gobernaciones de Arauca, Casanare, Guaviare y Valle, y municipios como La Palma (Cundinamarca), Acacías y Puerto Gaitán (Meta) y La Unión (Valle).
  • Sobrecosto del 197% en galón de alcohol antibacterial en Ocaña: se compraron 100 galones en $11.300.000, cuando solo valdrían $3.800.000.
  • Presunto sobrecosto de más de $118 millones en contrato de suministro de raciones para preparar en casa de estudiantes de colegios oficiales del Casanare.

 

Bogotá, 15 de abril de 2020.- La Contraloría General de la República entregó un nuevo reporte de contratos destinados a la atención de la emergencia por el COVID-19. En tiempo real se examinan 7.756, y nuevamente se encontraron sobrecostos exagerados en kits de mercado y elementos de protección, con un elemento adicional: se detectaron tres casos de personal médico (un médico, una enfermera y un psicólogo) contratados por un municipio de Córdoba y que cobraron buena parte del valor del contrato, aunque solo trabajaron dos días.

Esto último se dio en el municipio de Puerto Escondido (Córdoba), pero hay también casos relevantes en Guaduas (Cundinamarca) y Ocaña (Norte de Santander), La Unión (Valle), Acacías y Puerto Gaitán (Meta) y La Palma (Cundinamarca), así como en las Gobernaciones de Arauca, Casanare, Guaviare y Valle, que tienen que ver, sobre todo, con sobrecostos en kits de mercado y elementos de protección como tapabocas y geles antibacteriales, entre otros.

Puerto Escondido (Córdoba)

El municipio de Puerto Escondido (Córdoba), bajo el amparo de la Urgencia Manifiesta, suscribió dos contratos con objetos similares (prestación de servicios logísticos dentro las medidas de emergencia).

La Contraloría encontró en uno de estos contratos presuntos sobrecostos en servicios y que no se especifica la población para atender. En cuanto al otro, suscrito con el mismo contratista, la CGR objetó que el mismo se haya realizado sin un estudio de mercado.

Gobernación de Arauca

La Contraloría evaluó en la Gobernación de Arauca un contrato de compraventa, por valor de $4.463.739.189, cuyo objeto es el suministro, logística y entrega de un kit de ayuda alimentaria para la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19 en el departamento de Arauca.

Se atendió por parte de la Contraloría una denuncia de la Veeduría Departamental sobre presuntos sobrecostos en kits de mercado. Se trata de un contrato para entregar 33.437 kits en los 7 municipios del departamento de Arauca.

La Contraloría calcula un presunto sobrecosto del 31% en la diferencia por kit vs la propuesta.

Se encontraron presuntos sobrecostos en productos como: sal 145%, panela 206% y pasta 211%.

Municipio de Guaduas (Cundinamarca)

La Contraloría detectó sobrecostos en la ejecución de un contrato por $310.000.000, cuyo objeto es el suministro de mercados y kits de aseo para la población vulnerable, con ocasión del COVID-19. 

En kits de mercado, la Contraloría detectó un presunto sobrecosto de 60,31%. Se compró cada kit de mercado por $79.167, cuando los costos de mercado (Referencia Dane y Almacenes Éxito) indican que debió comprarse por $38.238

El valor de cada kit de aseo contratado es de $29.727 y la Contraloría lo calcula en $19.690.

De otro lado, la Contraloría analizó otro contrato suscrito por el municipio de Guaduas, por un valor de $250.000.000, y cuyo objeto es el suministro de víveres y mercado de plaza para el Hogar de Bienestar con ocasión del COVID-19.

La CGR encontró un presunto sobrecosto del 374% en el mercado de plaza y víveres, con respecto al contrato original; y un presunto sobrecosto del 67% en los mismos ítems, con respecto al otrosí del contrato.

El mayor sobrecosto se da en productos de plaza como calabaza (1.788%), melón (979%), apio y acelga (806%), nabo (291%) y cilantro (250%).

También hay sobrecostos notables en víveres como: sobre de desodorante (633%) y arroz de sopa (425%).

Municipio de Ocaña (Norte de Santander)

El municipio de Ocaña contrató, por $112.435.000, el suministro de elementos de protección para afrontar la emergencia sanitaria del COVID-19.

La Contraloría encontró un presunto sobrecosto estimado del 41,04% en el suministro de estos elementos de protección, que tuvieron un valor de $112.435.000, cuando al verificar los costos de mercado (con Droguería La X y Droguería La Rebaja de Ocaña) se determinó que el valor de referencia es $79.719.600.

Es así como se dan exagerados sobrecostos, como los siguientes:

*Del 197% en el galón de alcohol antibacterial. Ese galón que en una Droguería de Ocaña vale $38.000, se compró a $113.000. Como se compraron 100 unidades, se tiene un sobrecosto en este producto de $7.500.000. O sea, se compró en $11.300.000, lo que valía solo $3.800.000.

*En el gel para manos hay un sobrecosto del 163%. Se compraron 20 galones por $3.413.165, cuando en una droguería de la ciudad se pueden conseguir por $1.300.000. Cada galón de gel se compró por $170.658 y realmente tiene un valor de $65.000.

En el mismo contrato, se detectaron sobrecostos del 110% en caretas para protección biológica y del 41% en tapabocas comunes.

Municipio de La Unión (Valle)

Se encuentra un presunto sobrecosto del 85,6% en mil mercados adquiridos para suministrar como ayudas humanitarias, en un contrato por $80.000.000.

Cada mercado se compró en $80.000 y los precios de referencia verificados por la Contraloría indican que el precio debió ser de $43.903. Habría así un sobrecosto total que supera los $35 millones.

La Contraloría comparó este contrato con otro suscrito por el municipio de La Unión, con el mismo objetivo, aunque por menor valor (por $40.000.000) y determinó que en este segundo no hubo ningún sobrecosto y antes los mercados se vendieron un poco por debajo de los precios del mercado.

ESE Red de Salud del Oriente

Esta ESE contrató la compra de equipo biomédico, por $36.414.000, y la Contraloría determinó un presunto sobrecosto del 135% (con IVA) en un esterilizador vapor de mesa.

Municipio de Puerto Gaitán (Meta)

Presunto sobrecosto del 26% en componentes de kits de mercado contratados en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Contrato por $1.000 millones.

El mayor sobrecosto (del 46%) se da en la libra de arroz blanco, adquirida por $2.556, mientras los precios de referencia indican que vale $1.384.

Este mismo contrato incluye kits indígenas, donde también hay sobrecostos.

Gobernación de Guaviare

Presuntos sobrecostos del 19% en kits alimentarios, donde cada kit se adquirió a $251.000, cuando el precio de referencia es $211.062.

La Palma (Cundinamarca)

Presunto sobrecosto del 35,61% en un contrato por $65 millones para la adquisición de elementos no perecederos e implementos de aseo para las personas afectadas del municipio de La Palma.

Hay sobrecostos en productos como arroz, sal, aceite, azúcar y atún, entre otros.

Gobernación del Valle

Presunto sobrecosto del 31,53% en la compra de alimentos y víveres para 10.176 kits de alimentos, dirigidos a adultos mayores.

En el contrato se asignaron $2.330 millones, cuando el costo estimado es de $1.771 millones. La diferencia pasa de los $558.000.

Publicado el 15 Apr 2020 08:00


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Comunicado conjunto Contraloría, Fiscalía y Procuraduría

COMUNICADO DE PRENSA No. 053
 

 

Bogotá, 14 de abril de 2020.- En sesión conjunta de trabajo realizada en la tarde de hoy entre la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, coordinada por los titulares de dichos órganos, se acordaron las líneas de trabajo ante las evidencias encontradas por los equipos técnicos en diferentes regiones del país, frente a las presuntas irregularidades en las actuaciones para atender la emergencia generada por el Covid-19. 

Se acordó constituir una mesa técnica de carácter permanente que, como puesto de control unificado, revise quejas, hallazgos y denuncias ciudadanas sobre abusos en el manejo de los temas de la emergencia e identifique las acciones inmediatas que deban emprenderse. 

Semanalmente se revelarán al país los casos de impacto nacional y regional que presenten indicios de corrupción y desgreño, para ejercer articuladamente las acciones fiscal, disciplinaria y penal, según sea el caso. 

Se estableció también que los equipos de las tres entidades actuarán integrados en los territorios, facilitando una mayor eficiencia en las investigaciones, con el compromiso de reportar al país los hallazgos y las decisiones que se tomen por cada una de las entidades. 

“No vamos a permitir que los corruptos jueguen con la necesidad de la gente en esta coyuntura”, señalaron los jefes de las entidades comprometidas en la estrategia Transparencia para la Emergencia. “Trabajo conjunto y resultados son la clave para frenarles el paso a los corruptos”.

Publicado el 14 Apr 2020 19:40


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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba; y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se permiten informar que:

COMUNICADO DE PRENSA No. 052

 

Bogotá, 13 de abril de 2020.- El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba; y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se permiten informar que:

1. Los tres organismos acordaron, en el marco de sus competencias, crear desde el inicio de esta pandemia un equipo integrado por servidores de alto nivel para hacer frente a la corrupción en la que puedan incurrir funcionarios de todo orden -nacional, departamental y municipal- en la atención de los colombianos y aplicación de las medidas para controlar la propagación del coronavirus.

Este grupo es liderado por el Procurador, el Contralor y el Fiscal General.

2. Indicar que, como entes autónomos e independientes, no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativo a la persecución de corruptos. Este grupo ya existe, se enmarca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades.

3. En los próximos días empezaremos a mostrar resultados concretos contra quienes incurran en actos de corrupción y comprometan su responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.

Publicado el 13 Apr 2020 18:00