Foro 11 - Evaluación de la Política Pública de Vivienda en la Población Indígena
Foros 2024
Foro: Evaluación de la Política Pública de Vivienda en la Población Indígena
This is an example of quick text
This is an example of quick text
Foro: Evaluación de la Política Pública de Vivienda en la Población Indígena
Aunque la población indígena del país, que representa el 4.4% de la población nacional, goza de especial protección constitucional, entre 2014 y 2022 solo recibió el 2.25% de los recursos asignados por los Ministerios de Vivienda y Agricultura para subsidios de vivienda urbana y rural, según un estudio sectorial de la Contraloría.
El informe concluye que Colombia carece de un cálculo específico del déficit habitacional de la población indígena, lo cual impide evaluar la efectividad de la política pública en este aspecto.
La Contraloría manifestó su preocupación por el desarrollo de esta política, ya que no considera que el 92% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, lo cual limita su acceso a créditos y, en consecuencia, a la posibilidad de obtener una vivienda.
Este estudio incluye un llamado al Gobierno Nacional para implementar una metodología que permita calcular el déficit habitacional de la población indígena y recomienda que la asignación de subsidios sea equitativa y proporcional a la población indígena, considerando su condición de especial protección constitucional.
El informe concluye que Colombia carece de un cálculo específico del déficit habitacional de la población indígena, lo cual impide evaluar la efectividad de la política pública en este aspecto.
La Contraloría manifestó su preocupación por el desarrollo de esta política, ya que no considera que el 92% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, lo cual limita su acceso a créditos y, en consecuencia, a la posibilidad de obtener una vivienda.
Este estudio incluye un llamado al Gobierno Nacional para implementar una metodología que permita calcular el déficit habitacional de la población indígena y recomienda que la asignación de subsidios sea equitativa y proporcional a la población indígena, considerando su condición de especial protección constitucional.
