Boletines de Prensa - 2020

En Risaralda y Caldas: Por irregularidades en contratos financiados con recursos de regalías, Contraloría General determinó hallazgos fiscales por $13.739 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 107 

Imagen de billetes de 50 mil pesos en perspectiva haciendo alusión al hallazgo fiscal por 13,739 millones de pesos

 

 

  • Dos hallazgos en el departamento de Risaralda, uno por $11.106 millones y otro por $845 millones, tienen relación con proyectos de vivienda prioritaria desarrollados en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría.
  •  Las viviendas, en su mayoría destinadas a madres cabeza de hogar, resultaron no habitables por carecer de conexiones de servicios públicos.  
  • Además, tienen riesgo de alud por la inestabilidad del terreno. 
  • Detrimento patrimonial de $662 millones en La Dorada (Caldas), por obra de colegio que no ha sido terminada. 
  • Incumplimiento de contratos y falta de planeación, son algunas de las fallas detectadas en los diferentes proyectos auditados por la Contraloría. 

 

Bogotá, 19 de agosto de 2020.- La Contraloría General de la República encontró deficiencias relacionadas con la ejecución de los recursos de regalías en los departamentos de Risaralda y Caldas, que dieron lugar 11 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor total de $13.739 millones de pesos. 

El hallazgo fiscal de mayor cuantía es por $11.106 millones y corresponde a un proyecto de construcción de viviendas de interés prioritario desarrollado en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) por la Promotora de Vivienda de Risaralda, donde la afectación al patrimonio público se da por la inhabitabilidad de las mismas, en razón a la inexperiencia tanto del contratista como del interventor. Se trata de la Construcción de Viviendas para la equidad, en las Urbanizaciones San Lázaro, Villa Gladys y Terrazas de Monserrate. 

También se encontró un hallazgo fiscal por más de $845 millones en otro proyecto de vivienda prioritario de la Promotora de Vivienda de Risaralda, ubicado en el municipio de Belén de Umbría (Risaralda), y que tiene el mismo contratista (VHZ INGENIERIA S.A.S), donde se presentaron múltiples irregularidades, una de ellas es que tampoco son habitables, por no tener conexión para servicios públicos. El fallido proyecto cobija las Urbanizaciones Jazmín, Manantial y Villa Alba. 

En cuanto al departamento de Caldas, se determinó un posible detrimento de $662 millones por la obra de un colegio ubicado en el municipio de La Dorada, que no ha sido terminada y presenta deficiencias de planeación y ejecución: la construcción y adecuación de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Sede Antonio Nariño. 

Hallazgos fiscales por irregularidades en contratos en construcción de viviendas de interés prioritario 

La Promotora de Vivienda de Risaralda – Gobernación de Risaralda, suscribió contrato de obra pública Nº018 del 26 de junio de 2018, con VHZ INGENIERIA S.A.S., con el objeto de efectuar la ejecución del proyecto “Construcción de Viviendas para la Equidad, en las Urbanizaciones San Lázaro, Villa Gladys, Terrazas de Monserrate, en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, en el Departamento de Risaralda” por valor de $9.520.357.806, con fecha de inicio del 18 de julio de 2018 y plazo contractual de 12 meses.  

A su vez, suscribió el contrato N°015 de 2018, de Interventoría con el Consorcio Santa Rosa 2018, por valor de $787.326.199, para un costo total de $10.307.684.005, correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías.  

Durante el mismo año, la Promotora de Vivienda de Risaralda suscribió́ con la misma firma VHZ INGENIERA S.A.S el contrato de Obra N°026 de septiembre de 2018, para la “Construcción de viviendas para la equidad, departamento de Risaralda – Belén de Umbría, Urbanizaciones Jazmín, Manantial y Villa Alba” por un valor de $2.740.264.382. Y el contrato de interventoría para esta obra tuvo un valor de $186.063.891, con plazo contractual de 9 meses.  

Viviendas inhabitables y con riesgo de alud 

Con estos 2 megaproyectos se pretendía beneficiar a cerca de 800 personas a través de la construcción de más de 250 viviendas de interés prioritario, en su mayoría destinadas a madres cabeza de hogar.  

Sin embargo, como resultado del proceso de control fiscal, la Contraloría General de la República logró constatar que dicho objetivo no se ha logrado, debido a las múltiples irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de obra por la inexperiencia del contratista y del interventor, lo que las hace viviendas inhabitables, hecho que a su vez se traduce en una lesión al patrimonio público, 

En este caso, se determinó inicialmente un hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria y posible detrimento fiscal, por valor de $11.106.673.761, en el proyecto “Construcción de Viviendas para la Equidad, en las Urbanizaciones San Lázaro, Villa Gladys, Terrazas de Monserrate, en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, en el Departamento de Risaralda”.  

A su vez, la Contraloría configuró otro hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $845.261.130, por el proyecto “Construcción de viviendas para la equidad, departamento de Risaralda – Belén de Umbría, Urbanizaciones Jazmín, Manantial y Villa Alba”.  

Al desatender las normas de construcción y Mejoramiento de Vivienda, se presentaron múltiples irregularidades en la ejecución de los contratos de obra: las viviendas no cuentan con vías de acceso para discapacitados ni con conexiones para servicios públicos (no son habitables), además tienen riesgo de alud por la inestabilidad del terreno. 

En el contrato de obra se evidencian inconsistencias frente a las exigencias de la experiencia en general, dado que se debieron tener en cuenta, como factores de selección, la experiencia relacionada con la construcción de vivienda de interés social y las recomendaciones efectuadas en la “Guía de Asistencia Técnica, para vivienda de interés social” del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Por tratarse de proyectos encaminados a beneficiar poblaciones en situación de vulnerabilidad, el proyecto no solamente se centra en aspectos económicos, debe contemplar también factores de movilidad y accesibilidad.  

Detrimento patrimonial de $662 millones por obra de colegio no terminada 

El municipio de La Dorada (Caldas). fue designado en el 2017 como ejecutor del proyecto “Construcción y adecuación de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Sede Antonio Nariño en el Municipio de La Dorada”, financiado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías, Fondo de compensación Regional (FCR), por un valor de $2.218.731.265.  

Para dicha ejecución, el municipio suscribió un contrato de obra con la empresa Unión Temporal RCM en diciembre de 2018 por valor de $2.062.105.916, y otro de interventoría con la firma Interventorías, Consultorías y Construcciones S.A.S., por valor de $145.410.664, ambos con un plazo contractual de 6 y 7 meses, respectivamente.  

Pero luego de una exhaustiva auditoria de control fiscal, la Contraloría General de la República pudo constatar que dicho proyecto, que pretendía beneficiar a más de 18 mil niños, niñas y adolescentes de estratos 1, 2 y 3, a la fecha aún continúa en estado de ejecución, presentando significativos retrasos en los tiempos inicialmente estipulados en los contratos. 

Las demoras se deben a deficiencias en el proceso de planeación y ejecución, que afectaron la terminación en el plazo establecido, conllevando al desequilibrio económico del proyecto e impactando directamente a la población estudiantil beneficiaria del mismo. Todo esto se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $662.311.416. 

Durante la auditoría se evidenciaron inconsistencias en el recaudo esperado por amortizaciones, inexactitudes en el descuento por impuestos, divergencia entre las órdenes de pago y los soportes, así́ como inexistencia del traslado de los rendimientos financieros, constituyéndose estos en riesgos financieros para la entidad.  

Además, se pudo constatar que la ejecución de los contratos examinados tuvo deficiencias en el proceso de planeación, aprobación de garantías, publicación en el sistema electrónico de contratación pública — SECOP y aprobación de modificaciones de los proyectos ejecutados con recursos de Regalías. 

Tal situación obedece a fallas en el control y seguimiento que debía hacer la administración municipal a las formalidades de los procesos contractuales, en lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad vigente, y una abierta contradicción del principio constitucional de publicidad (Constitución Política, artículo 209), lo que dificulta el conocimiento y avance por parte de los interesados y de la comunidad en general, de los proyectos adelantados.  

En cuanto al avance físico de la obra, se evidenciaron cantidades de obra ejecutadas mayores a las proyectadas en el presupuesto contractual y cantidades de obra contractual no ejecutada. Además, se advierte deficiencia en la calidad de los materiales, lo que ha ocasionado deterioro prematuro en la estructura.  

Proyectos auditados 

La Contraloría General de la Repúblicarealizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en los Departamento de Caldas y Risaralda. 

En Risaralda se revisaron los proyectos ejecutados por la Promotora de Vivienda de Risaralda, la Gobernación de Risaralda y el municipio de Guática. Y en Caldas, los ejecutados por los municipios de La Dorada, Marmato, Pácora, la Gobernación de Caldas y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.   

A través de dos Actuación Especiales, fueron auditados en total 9 proyectos por un valor total de $69.566 millones, pertenecientes a los sectores de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo sostenible y Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Como resultado del proceso auditor en ambos departamentos, el equipo auditor configuró 21 hallazgos administrativos, de los cuales igual número (21) presentan incidencia disciplinaria, y 11 incidencia fiscal, por valor total de $13.739 millones. Adicionalmente, se obtuvieron beneficios de auditoría por valor de $4.963 millones.

Publicado el 15 ago 2020 15:00


Exitoso balance del primer año de la estrategia “Compromiso Colombia”: 308 proyectos de infraestructura crítica, por $6,83 billones, acompaña la Contraloría para lograr que salgan adelante

COMUNICADO DE PRENSA No. 106

 

  

  • Varios son los casos exitosos de proyectos que salieron del estado crítico en que estaban, se destrabaron y pudieron finalizar contando con el apoyo de la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, impulsada por el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 
  • Es así como, por citar algunos casos, se ha logrado la terminación de algunos de los escenarios deportivos que no estuvieron listos cuando se realizaron los Juegos Nacionales de Ibagué; se finalizó el Parque de las Aguas en Yopal; y se logró que indígenas de La Guajira y del Guaviare se beneficiaran de obras que estaban lejos de disfrutar (pozos profundos y malokas, en cada caso). 
  • También se destaca la construcción del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial del Casanare, en el municipio de Paz de Ariporo, por un valor de $13.506 millones; así como la construcción, adecuación y mejoramiento del Megacolegio MÍA de Quibdó, por $19.324 millones. 
  • Relación completa de casos exitosos de obras que, con la estrategia “Compromiso Colombia” de la CGR y el apoyo fundamental de la ciudadanía, alejaron el fantasma de terminar como elefantes blancos. 
  • “Compromiso Colombia” ha acompañado también al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, haciendo seguimiento a los proyectos de diseño, construcción y ampliación de 231 Instituciones Educativas. 
  • De estos 231 proyectos, 134 tenían que ser objeto de reasignación a otros contratistas, y a la fecha el 83.6% (112) de estos ya fueron reasignados para que empiecen su ejecución en manos de otros contratistas. 
  • Estos 112 proyectos reasignados, donde se invierten $677 millones, representan 1.965 aulas nuevas y 553 aulas Mejoradas. 
  • 63 proyectos de infraestructura educativa, con una inversión de $345 mil millones, ya han reiniciado su ejecución y tienen acta de inicio. Representan 1.044 aulas nuevas y 248 aulas mejoradas. 
  • Y en medio de la pandemia, la CGR se ha iniciado acompañamiento a distintos proyectos y problemáticas, relacionadas con obras de infraestructura hospitalaria, en Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y Santander de Quilichao, entre otras regiones.  

 

 

Bogotá, 12 de agosto de 2020.- Proyectos de infraestructura crítica, repartidos en todo el país, han logrado destrabarse, se han reactivado y en varios casos han logrado finalizar, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República a través de su estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, que al completar un año de su lanzamiento ha logrado hacer seguimiento, con el apoyo de la ciudadanía en cada región, a un total de 308 proyectos por $6,83 billones, en los 32 departamentos y el Distrito Capital. 

 

Esta cifra puede ser comparada con lo que espera recaudar el Estado colombiano con la aplicación de la Ley de Crecimiento Económico, indicó el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 

“Con esta iniciativa, hemos logrado quitarle el mote de “asustaduría” a la Contraloría, y sumar voluntades de todos los actores involucrados para que los proyectos críticos identificados por las mismas comunidades, logren salir adelante o empiecen a tomar forma”, agregó. 

 

Con la estrategia “Compromiso Colombia”, la Contraloría General de la República actúa como facilitador en la ejecución de proyectos de infraestructura que, pese a que demandan cuantiosos recursos, han presentado complicaciones para culminar exitosamente y que, incluso en determinados casos, han corrido el riesgo de convertirse en elefantes blancos. 

 

En mesas de diálogo y audiencias públicas informativas con los responsables de la ejecución de los proyectos, se acuerdan compromisos que permitan culminar y entregar las obras. 

 

Los acuerdos dan lugar a actas de compromiso, que son suscritas por los representantes de la comunidad, autoridades del orden nacional, regional y local, las entidades públicas involucradas y los contratistas de las obras. 

 

Y con el cumplimiento efectivo de los compromisos pactados, se logra que los proyectos salgan del estado de parálisis o suspensión en que se encontraban, se logre su viabilización y la ciudadanía reciba las correspondientes obras. 

 

 

Infraestructura educativa, la más golpeada 

 

El sector más impactado por obras críticas es el de Infraestructura Educativa, con 238 proyectos

 

“Compromiso Colombia” ha acompañado al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, haciendo seguimiento a los proyectos de diseño, construcción y ampliación de 231 Instituciones Educativas, que deben beneficiar, sin más demoras, a 183.566 alumnos. 

 

De esos 231 proyectos, 134 tenían que ser objeto de reasignación a otros contratistas, porque estaban afectados por incumplimientos crónicos y amenazaban con convertirlos en elefantes blancos. 

 

Hoy 112 de ellos, es decir, el 83,6% ya fueron reasignados para que empiecen su ejecución en manos de contratistas distintos de aquellos que incluso se vieron comprometidos en grandes escándalos de corrupción. 

 

Estos 112 proyectos reasignados para lograr el pleno cumplimiento de los contratos, beneficiarán a 90.305 estudiantes y representan: 

 

  • La construcción de 1.965 aulas nuevas 
  • Mejora de 553 aulas. 
  • 93 laboratorios 
  • 108 comedores 
  • Todo esto con una inversión de $677.819 millones. 

     
  • “Compromiso Colombia” ha conseguido que 63 proyectos de infraestructura educativa reiniciaran su ejecución y cuenten con su respectiva acta de inicio.  

     Estos 63 proyectos representan: 
     
    •  1.044 aulas nuevas 
    •  248 aulas mejoradas 
    •  47 laboratorios 
    •  60 comedores 
    •  45.973 estudiantes beneficiados 
    •  $345.406 Millones de inversión 
       

 

 

 

Tres colegios ubicados en Cundinamarca, Cesar y Huila ya fueron terminados y entregados a la comunidad, en beneficio de 1.900 estudiantes. 

 

De los 129 compromisos establecidos en 11 reuniones de seguimiento, el 75% (88) se cumplieron en su totalidad. Los demás están en proceso. 

 

Y gracias al impulso que le dio la estrategia “Compromiso Colombia”, hoy los chocoanos tienen a su disposición el moderno Megacolegio MÍA, que beneficia a más de 2.000 estudiantes de Quibdó.

 

 

 

Reactivación y finalización de 12 proyectos hospitalarios  

 

En el sector de Infraestructura Hospitalaria, se ha logrado dar impulso a 12 proyectos. 

 

Se consiguió reactivar la construcción de la Central de Urgencias de la ESE Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, por un valor de $9.717 millones.  La obra beneficia a 236.699 personas. 

 

También se impulsó la finalización y puesta en marcha del nuevo Hospital de mediana complejidad en el municipio de Mompox, en el departamento de Bolívar, que beneficia a cerca de 236.699 personas. El costo de la obra ha sido de $31.519 millones. 

 

Además, en Cartagena fue posible destrabar la terminación del Cap Barú, el Cap Bayunca, el Hospital Canapote, el Hospital del Pozón y la  Upa Daniel Lemaitre- 

Adelantos en tiempos de pandemia. 

 

La CGR acompañó la construcción de la planta física para la reubicación del Hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander - ESE Santander de Quilichao -, en el departamento del Cauca. 

 

Y, en Santa Marta, se propiciaron espacios de diálogo para aclarar la asignación de recursos o compra de equipos biomédicos a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privadas o mixtas que apoyen la prestación de servicios para garantizar la atención a la población afectada por la pandemia Covid-19. 

 

Además, se inició acompañamiento para la remodelación de la IPS la Campiña, urgencias hospitalización y otros servicios complementarios de baja complejidad en Sincelejo. 

 

 

Obras acompañadas por la Contraloría 

que han tenido un final exitoso 

 

*40 Pozos profundos en La Guajira- por un valor de $16.940. millones.  Se entregaron el 20 en agosto de 2019 y otros el 20 en febrero de 2020. Beneficiarios: 7.492 indígenas Wayúu. 

 

*Adecuación y optimización del sistema de alcantarillado y construcción de lagunas de estabilización en dos corregimientos de Riohacha: Matitas y Cotoprix, por valor de $ 1.912 millones de pesos. Se entregaron el 3 de octubre de 2019. Beneficiarios: 7.492 indígenas Wayúu. 

  

*Escenarios de los Juegos Deportivos Nacionales, por valor de $75.566 millones. Se oficializó la entrega el 13 de noviembre de 2019. Beneficiarios: 500 mil habitantes de Ibagué. 

 

*Parque de las Aguas en Yopal (Casanare) por valor de $26.456 millones de pesos. Se entregó el 28 de noviembre de 2019. Beneficiarios: 344.040 personas. 

 

*El 6 de diciembre de 2019 finalizó el Proyecto de Mejora de 344 cupos carcelarios en Girardot (Cundinamarca), por un valor de $279 millones. Beneficiaros 344 personas. 

 

*Entrega “Mejoramiento Vía El Molino, en La Guajira, por un valor de $7.151 millones, que beneficia a 8.840 habitantes. Se entregó el 10 de diciembre de 2019. 

 

*Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa de los parques educativos del departamento de Antioquia (Buriticá, Salgar y Yalí). 

 

*Construcción de 30 apartamentos pertenecientes a la manzana V1 y 57 apartamentos de la manzana V2 del Programa VIS Villa Andrea del área urbana del municipio de San José del Guaviare, por valor de $3.941 millones de pesos. Se entregó 16 de diciembre de 2019. Beneficiarios: 348 personas. 

 

*Mejoramiento en las instalaciones del Colegio Bolivariano en San Andrés, por valor de $ 1.936 millones de pesos. Se entregó el 17 de diciembre 2019. Beneficiarios: 1936 estudiantes. 

  

*Mejoramiento del Coliseo Municipal de Guateque (Boyacá), por un valor de $559 millones, que beneficia a 9.033 habitantes. Se entregó el 23 de diciembre de 2019. 

 

*Construcción de 17 Malokas en los resguardos indígenas en el departamento del Guaviare, por valor de $ 2.798 millones de pesos. Se entregaron el 5 diciembre 2019. Beneficiarios: 3000 habitantes. 

 

*Construcción y remodelación de los comedores populares del municipio de San José del Guaviare, por valor de $2.205 millones de pesos. Se entregaron el 26 de diciembre 2019. Beneficiarios: 64.000 habitantes. 

 

*Prevención del fenómeno de erosión en la Isla de Tierra Bomba del Distrito de Cartagena, por un valor de $ 31.254 millones de pesos. Se entregó el 30 de diciembre de 2019. Beneficiarios 6.200 personas. 

 

*Sistema de alcantarillado sanitario y ampliación del sistema de alcantarillado pluvial en la cra 13 entre calles 1-7 del Barrio Sábalo del municipio de Orito (Putumayo), por un valor de $2.848 millones. Se entregó el 17 de enero. Beneficiarios: 575 personas. 

 

*Reactivación de construcción de la Central de Urgencias de la ESE Hospital Universitario de Santander, por un valor de $9.717 millones.  Se entregó el 10 de febrero de 2020. Beneficiarios: 236.699 personas. 

 

*Entrega de obra ampliación de la Alameda Avenida del Señor de los Milagros Guadalajara de Buga, el pasado 4 de marzo de 2020, que beneficiará a 114.798 habitantes de Buga. Tiene un valor de $3.216. millones. 

 

*Se culminó en el municipio de Tauramena (Casanare) la Construcción del puente del Rio Sunce y mantenimiento de la vía Visinaca – Lagunitas-Rio Sunce, por un valor de $7.839 millones de pesos. Beneficia a casi 2.000 habitantes de la región. 

 

*El pasado 4 de junio se entregó la obra de Mejoramiento y pavimentación de la Vía 50rs03 Mateguadua (Belén de Umbría)- el Ariete (Apia)- Risaralda, que beneficiará a 46.998 ciudadanos y tuvo un costo de $4.998 millones. 

 

*Sistematización construcción de parque infantil con energía solar en San José del Guaviare, por un valor de $ 2.205 millones, que beneficia a 64.000 habitantes. Se entregó el pasado 10 de febrero. 

 

*Construcción del Centro Agro-Industrial y Fortalecimiento Empresarial del Casanare en el municipio de Paz de Ariporo, por un valor de $13.506 millones. Beneficia a casi 2.000 estudiantes de la región.  

 

*Construcción del Megacolegio MIA, en el Municipio de Quibdó, por valor de $19.324 millones.
 

Publicado el 12 ago 2020 17:00


Contraloría abre Indagación Preliminar por inconsistencias en soportes de combustible recibido por centro de reclusión del INPEC en Barranquilla

COMUNICADO DE PRENSA No. 105 

 

  • En Auditoría Financiera, el organismo de control evidenció también deficiencias en la depuración de información de demandas en contra del INPEC.  
  • El INPEC tiene 1.297 procesos administrativos en contra, con registro contable de provisión por aproximadamente $1,14 billones.  

 

Bogotá, 12 de agosto de 2020.- La Contraloría General de la República iniciará una Indagación Preliminar por un presunto detrimento al patrimonio económico del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranquilla (EPMSCBA-322), en cuantía por establecer, por presuntas inconsistencias en soportes de suministro de combustibles para vehículos que forman parte del parque automotor del INPEC. 

Los hechos en investigación tienen que ver con la ejecución de los contratos 001-2019 y 008-2019 con fecha de suscripción del 22/02/2019 y del 27/09/2019 respectivamente, y la orden de compra 41042 del 12/04/2019, que tenían por objeto el suministro de combustible para los vehículos oficiales del establecimiento penitenciario y adquisición de bonos intercambiables redimibles de combustible. 

En una Auditoría Financiera al INPEC, la Contraloría encontró inconsistencias por $18.741.210 en los vales del retiro del combustible, por cuanto los soportes de estos valores no evidencian la identificación del beneficiario, ni acreditan que el combustible fue recibido por los vehículos que forman parte del parque automotor del INPEC, para el desarrollo de sus actividades misionales. 

Se evidenció que estos soportes no fueron objetados y descontados por parte del Establecimiento de Reclusión al momento de pagar las facturas presentadas por el proveedor. 

Deficiencias en depuración de información relacionada con demandas en contra del INPEC 

La Auditoría de la Contraloría permitió establecer también que, de conformidad con el aplicativo Ekogui, el INPEC tiene 1.331 procesos en contra con registro contable de provisión, por valor de $1.147.911.125.016,00, de los cuales 1.297 corresponden a procesos administrativos, por valor de $1.146.179.738.550,00, y 34 procesos laborales, por valor de $1.731.386.466,00. 

Así mismo, según la información reportada en el mismo aplicativo aparecen 610 procesos con fallos favorables en primera instancia, por $85.578.652.940, que representan el 7,46% de los administrativos, los cuales se encuentran provisionados y 216 procesos administrativos que no cuentan con información relacionada con el sentido del fallo, por valor de $932.386.905.949, que equivalen al 81,34%, sobre los cuales no se informa el sentido del fallo, lo cual no permite identificar el estado en que se encuentra al igual que la afectación de la provisión. 

En el caso de los procesos laborales provisionados, aparecen 3 con fallos favorables y 28 sobre los cuales no se conoce el sentido del fallo, afectando igualmente la provisión sin conocer en qué estado se encuentran. 

Por lo mencionado, el saldo de la cuenta 2701 – Litigios y Demandas genera incertidumbre, debido a las deficiencias generadas en el proceso de depuración de la información relacionada con las demandas en contra de la entidad, que se reconocen como provisiones. 

Publicado el 12 ago 2020 08:40


Por contrato de corrección de diseños de planta de etanol: Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $12.243 millones contra 2 directivos de Bionergy y la firma Tipiel

COMUNICADO DE PRENSA No. 104

 

  • La imputación recae sobre Aleck Remberto Santamaría y Rosa Catalina Santos. El primero fue Gerente General de Bioenergy y la segunda su suplente.
  • Cobija además a la firma Tipiel, a la que Bioenergy pagó por realizar actividades que ya había ejecutado Isolux, contratada originalmente para realizar el proyecto de biocombustibles. 
  • No se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida.  

 

Bogotá, 11 de agosto de 2020.- La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $12.243 millones de pesos contra dos directivos en su momento de BIOENERGY S.A., empresa filial de Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación, y la firma TIPIEL S.A, que suscribió contratos con BIOENERGY para realizar actividades que previamente habían dado como recibidas a satisfacción a ISOLUX, empresa a la que inicialmente se le contrató la construcción de la planta de etanol situada en Puerto López (Meta). 

El ambicioso proyecto terminó convertido en uno de los elefantes blancos y desastres financieros más grandes de que se tenga noticia en el país; y hoy la CGR adelanta procesos de responsabilidad fiscal por una suma total que bien puede acercarse al billón de pesos, recursos públicos que buscar resarcir. 

En este caso, la imputación de responsabilidad fiscal recae sobre: 

  1. ALECK REMBERTO SANTAMARIA DE LA CRUZ, Gerente General de BIOENERGY S.A.                               
  2. ROSA CATALINA SANTOS PRADA, S.A., suplente del Gerente General de BIOENERGY S.A. 
  3. TIPIEL S.A., contratista en los contratos ZF No. 0016-14 de 01 de septiembre de 2014 y ZF No. 0018-14 de 1 de octubre de 2014 

Esta decisión fue tomada por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, mediante Auto No. 0549 del 16 de julio de 2020. 

La imputación de responsabilidad fiscal es exactamente por la suma DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS PESOS ($12.243.000.106), por la pérdida de recursos públicos con ocasión de la celebración de los contratos ZF No. 0016-14 de 1 de septiembre de 2014 y ZF No. 0018-14 de 1 de octubre de 2014, suscritos por BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. con TIPIEL S.A., para la "CORRECIÓN DE DISEÑOS, COMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APOYO TÉCNICO" 

BIOENERGY pagó a TIPIEL por actividades que ya había ejecutado ISOLUX 

BIOENERGY justificó la suscripción de los contratos con TIPIEL argumentando que esta empresa la había acompañado en el proceso de Interventoría del Contrato 0050-10 suscrito con ISOLUX, que se dio a través del contrato No. ZF No. 0010-12, y que, en el desarrollo de sus funciones de apoyo de la interventoría, evidenció inconsistencias en la ingeniería de detalle entregada por la empresa ISOLUX.  

Sin embargo, según las actas y avances del contrato firmados por ISOLUX, TIPIEL Y BIOENERGY, se evidenciaron pagos avalados por TIPIEL por el 93,7% de avance de la ingeniería, es decir que, la contratación se celebró, no obstante haber sido ejecutadas estas actividades por ISOLUX y recibidas a satisfacción por BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S y TIPIEL. 

Para la Contraloría, no es de recibo que se diga que no se ejecutó por parte de ISOLUX el 93,70% de la Ingeniería, y que por esta razón debió nuevamente contratarse el mismo objeto, cuando previamente la misma firma TIPIEL le había dado su aval con la aprobación de BIOENERGY, por lo que no se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida. 

Esta situación, demuestra la ocurrencia de irregularidades en la celebración de los contratos ZF No. 0016-14 de fecha 1 de septiembre de 2014 y ZF No. 0018-14 de fecha 1 de octubre de 2014. 

Publicado el 11 ago 2020 08:30


Cuarto Informe de la Contraloría sobre uso de recursos para el posconflicto, señala riesgos en fuentes de financiación

COMUNICADO DE PRENSA No. 103

 

  • Ejecución de la implementación del Acuerdo Final de Paz inferior a la prevista. 
  • Debido a la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales, se puede presentar el riesgo de que no haya cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para cumplimiento del Acuerdo Final. 
  • Puede existir un déficit de financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral RRI. Del costeo de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017/2018, la CGR calcula un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones. 
  • La no adjudicación de tierras con fines de Reincorporación y la inestabilidad jurídica de algunos de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación (ETCR), deben ser de especial cuidado de acuerdo al Decreto 902 para la implementación e inversión de los diferentes procesos de reincorporación.  
  • Se mantienen compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), para 82.240 familias inscritas en el Programa. 
  • En materia de reincorporación social y económica, se destaca el cumplimiento de las metas del Conpes 3931 de 2018, correspondiente a la política de reincorporación, la destinación de recursos para la aprobación y viabilización de proyectos productivos, los avances en la acreditación de los excombatientes, y la definición y aprobación de la Ruta de la Reincorporación aprobado por el Consejo Nacional Reincorporación.  
  • El análisis de la CGR, entregado al Congreso de la República, presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los Puntos del Acuerdo Final de Paz, e identifica los riesgos más relevantes tanto en materia de financiación y ejecución presupuestal, como en la implementación de las políticas públicas que contemplan el Acuerdo.  

 

 

Bogotá, 9 de agosto de 2020.- El cuarto informe de seguimiento de la Contraloría General de la República a los recursos destinados para el posconflicto, entregado por este organismo de control al Congreso al inicio de sus sesiones ordinarias, arroja algunas conclusiones relacionadas con inversión y política pública. 

Una de ellas es que, excepto lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), las demás fuentes de financiación previstas para el Acuerdo Final programaron y ejecutaron recursos menores a lo estipulado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018 durante las vigencias 2019 y 2020, lo que podría retrasar la ejecución de la implementación del AF. 

Otra de las conclusiones del análisis realizado para este informe, basado en las respuestas del Gobierno Nacional, es que: se aprecia una asignación del gasto concentrada en los puntos 2 al 6 sin tener en cuenta que el punto 1 (Reforma Rural Integral) es el que más supone inversiones de acuerdo al Plan Marco de Implementación. 

Prevalece el riesgo de que no haya cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para el cumplimiento del AF, debido a la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales, sostiene el informe de la CGR. 

Por otro lado, el informe destaca que menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del SGP, por debajo de las expectativas de financiación contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y en el Plan Plurianual de Inversiones PPI de Paz del PND 2018-2022. Aún no se cuenta con normatividad y lineamientos que permitan el uso de esta fuente en la implementación del AF.  

El informe de la Contraloría plantea otras situaciones como las siguientes. 

*Se puede presentar un déficit en la financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral RRI. Del costeo de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017, la CGR identifica un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones. 

*Se advierten demoras en los procesos de adjudicación de tierras para el desarrollo de Programas y Proyectos con fines Reincorporación, conforme a lo establecido en el Decreto 902 de 2017. 3. Para la vigencia 2019 y primer trimestre de 2020, no se encontró evidencia de que alguna entidad de derecho público solicitara la adjudicación de tierras para el desarrollo de programas y proyectos con fines de Reincorporación. 

*Prevalece el retraso de la aprobación y adopción del Plan Nacional de Educación Rural PEER. 

*Se reitera el riesgo de planeación y sostenibilidad financiera de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), toda vez que el proceso de formulación de iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se surtió sin la aprobación de la mayoría de los PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito). 

*Se evidencia ausencia de recursos para la implementación de los mecanismos de participación electoral. 

*También se menciona un riesgo de sostenibilidad financiera del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pese a que se mantienen los compromisos con 82.240 familias del Programa. 

*Adicional, se indican retrasos en los pagos de la Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI).  

Cuarto Informe sobre uso de recursos del posconflicto 

Llegando al cuarto año de implementación de los acuerdos de paz, en un documento de 371 páginas, la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Posconflicto, entregó al Congreso su informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las responsabilidades fijadas a los diferentes sectores y entidades a quienes se les asignó tareas en el Plan Marco de Implementación -PMI. 

La Contraloría General de la República –CGR-, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo tercero del Acto Legislativo 1 de 2016, presenta así el cuarto informe de seguimiento a la ejecución de los recursos y al cumplimiento de las metas del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto-AF-, el cual contiene acciones alrededor de seis puntos:  

1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdo sobre las Víctimas y 6. Mecanismos de Implementación y Verificación. 

El análisis de la CGR presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los Puntos del Acuerdo Final, e identifica los riesgos más relevantes tanto en materia de financiación y ejecución presupuestal, como en la implementación de las políticas públicas que contemplan el Acuerdo. 

El cuarto informe de seguimiento a los recursos destinados para el posconflicto, puede ser consultado por la ciudadanía en el sitio web de la CGR:  

https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/informes-posconflicto  

Así se estructuró el Informe 

Esta cuarta versión del informe, correspondiente a los recursos destinados para el posconflicto, durante el 2019 y los primeros meses del 2020, incluye un seguimiento a los indicadores de género y una perspectiva territorial. 

Para ello, y gracias al convenio logrado entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Contraloría General de la República (CGR), se realizaron visitas a 25 de los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- los cuales fueron priorizados para evaluar sus avances en la política pública de posconflicto. 

Como resultado, el organismo de control publicó el “Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la Paz del Plan Plurianual de Inversiones”. 

Dentro de la información evaluada se determinó que en el año 2019 la inversión privada, a través del mecanismo obras por impuestos, alcanzó el 82% de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 

Para dicho seguimiento se implementó la herramienta de control fiscal en tiempo real, a través de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la participación de la ciudadanía. 

Asimismo, el informe incluye el resultado de la vigilancia y seguimientos a $2,3 billones en contratos de inversión de Obras PDET y OCAD Paz, este último del Sistema General de Regalías (SGR), que tiene bajo su responsabilidad la viabilización, priorización y aprobación de proyectos que favorezcan la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

En el análisis realizado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto correspondiente al año 2019, también se determinó que se han destinado a la atención a la primera infancia $4,5 billones. 

El informe de la CGR incluyó la revisión de todos los sistemas de información oficiales, respuestas a más de 70 formularios, enviados a las entidades que tienen responsabilidades en el Plan Marco de Implementación y más de 100 reuniones presenciales y virtuales con funcionarios de las entidades responsables.

Publicado el 09 ago 2020 09:00