Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 113

 

Contraloría detectó presunto daño patrimonial por $276 millones en Paseo El Edén, en La Tebaida (Quindío) 

 

Pieza gráfica del titular del comunicado con fotografías de daños en Paseo el Edén.
 
  • Fallas estructurales en el piso de adoquín para zonas de movilidad vehicular, así como mobiliario poco funcional, hacen parte de las razones del hallazgo. 
     
  • La CGR acompaña a la veeduría Cooproser en el seguimiento a la obra. 
     
  • Hallazgo fiscal dará lugar a las actuaciones correspondientes.  

    Armenia (Quindío), 24 de septiembre de 2021.- Un presunto daño patrimonial por $276,3 millones arrojó una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, a través del grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia del Quindío, tras revisar una denuncia que llevó al organismo de control a realizar seguimiento al Proyecto de revitalización Urbana Paseo El Edén, en el municipio de La Tebaida.  

    Un área total de 2037.8 m2 es la afectada en este proyecto, donde la Contraloría evidenció en la etapa precontractual fallas estructurales en la Fase 1 (plaza de Bolívar y conexiones). 

    Se encontró que diseño del piso articulado de tableta de adoquín utilizado para las zonas de movilidad vehicular no cumple con la finalidad para lo cual fue planeado. 

    Y es poca la funcionalidad de algunos elementos del mobiliario urbano, como son los bolardos y basureras que se instalaron, descritos por la CGR como “ineficaces, ineficientes y antieconómicos”.  

    En lo referente a la supervisión e interventoría del contrato de obra, se encontraron presuntas irregularidades en cuanto a su ejecución, de lo cual se hará el traslado respectivo a la autoridad de control disciplinario competente.  

    Relación de hallazgos 

    Bajo la estrategia “Compromiso Colombia”, la Contraloría ha venido acompañando a miembros de la veeduría ciudadana Cooproser para hacer seguimiento a este importante proyecto.  

    De acuerdo con los funcionarios de la CGR que realizaron las visitas a la obra, se observó que “al generarse fracturas en las unidades de adoquín, las aguas lluvias se filtran en la base granular, desestabilizando su compactación, lo cual conlleva a un aceleramiento en el proceso de deterioro y desajuste de toda la malla vehicular realizada en piso articular”.  

    En este sentido, y de acuerdo con lo determinado en la visita técnica, se pudo establecer un presunto detrimento patrimonial por un valor de $265.851.388. 

  • También se estableció un detrimento por $10.452.000, valor pagado por la administración municipal para adquirir 12 basureras, de las cuales la Contraloría pudo evidenciar que los soportes donde se instala la bolsa de basura no requieren de herramienta para ser desmontados acelerando su proceso de deterioro en el entorno. Además, estos elementos no se encuentran empotrados o anclados al piso.  

  • Y se verificó que los bolardos instalados no resultan funcionales ya que el material destinado para los mismos los hace mucho más frágiles a los impactos de los automóviles, acelerando su proceso de deterioro. Sin embargo, no se ha podido configurar un hallazgo frente a esto, dado que en la información que ha revisado la Contraloría no se reporta efectuado el pago de los mismos, además, el contrato aún se encuentra en ejecución y por tanto no se ha liquidado ni recibido a satisfacción la totalidad de la obra.  

    Traslado del hallazgo  

    La Gerencia Departamental de la CGR en Quindío se encuentra en el trámite de realizar el respectivo traslado del hallazgo al Grupo de Responsabilidad Fiscal, para adelantar las actuaciones correspondientes.  

    Y se efectuará el traslado con presunta incidencia disciplinaria a la Procuraduría Provincial de Armenia, para que adelante las investigaciones propias del caso. 

Publicado el 24 sep 2021 9:40


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 112

 

Revela diagnóstico de seguimiento de la Contraloría: 

 

En el primer semestre del año, aumentó el número de declaratorias de calamidades por emergencias y desastres naturales 

 

Pieza Gráfica con titular del comunicado y fotografía de desastre natural.

 

 

  • Se triplicaron las calamidades respecto al año anterior. 13 departamentos y 208 municipios emitieron decretos por calamidad para la atención de emergencias y desastres. 
  • Al primer semestre del año se contabilizaban 48.748 familias, equivalentes a 123.013 personas, afectadas por emergencias y desastres. 
  • A este mismo período, se destinaron $15.596 millones por parte de la UNGRD para la atención de emergencias y desastres por afectación de lluvias. 
  • De los recursos asignados se realizaron ordenes de proveeduría por un valor de $10.481 millones para la atención en 14 departamentos y 36 municipios. En Fondos de Inversión Colectiva se transfirieron $315 millones y en órdenes de contratación expedita $4.799 millones. 
  • La Mojana, región con mayor afectación, ha tenido inversiones que superan los $1.2 billones de pesos durante los periodos 2010 – 2021, pero a la fecha no se han ejecutado las obras estructurales de este megaproyecto para erradicar o disminuir inundaciones o sequías. 

 

Bogotá, 21 de septiembre de 2021.- La Contraloría General de la República, realizó un diagnóstico nacional de seguimiento a las calamidades del país durante primer semestre de 2021, el cual deja ver una situación preocupante. 

 

Las declaratorias de situación de calamidad pública a nivel departamental aumentaron en un 225%, pasando de 4 en el 2020 a 13 en el primer semestre de 2021 y, en el caso municipal, se presentó una variación del 118% (con un incremento de 95 a 208). 

 

De acuerdo a las cifras oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para el primer semestre del año se contabilizaban 48.748 familias, equivalentes a 123.013 personas, afectadas por emergencias y calamidades. 

 

Es importante aclarar y tal como lo evidenció la CGR, que en el año 2020 se presentaron 185 declaratorias de calamidad, de las cuales 86 se realizaron para la atención de la emergencia por la pandemia del covid-19, equivalentes a un 46,48%. 

 

Los departamentos donde se presentó mayor número de decretos de declaratorias de calamidad son: Córdoba, con 1 a nivel departamental y 28 municipal; Antioquia, 1 departamental y 22 municipales; Cauca, 1 departamental y 15 de sus municipios; Putumayo con 14 municipales; y Caquetá y Meta con13 decretos municipales. 

 

Mapa departamentos con decretos de declaratoria de calamidad 2021

 

A corte del 30 de junio de 2021, la UNGRD reportó para atención de calamidades una inversión por órdenes de proveeduría de $10.481 millones, de $315 millones del Fondo de Inversión Colectiva y de $4.799 millones por órdenes de contratación expedita, para un total de $15.596 millones.   

 

A través de estas órdenes de proveeduría por $10.481 millones, la UNGRD atendió desastres y calamidades en 14 departamentos y 36 municipios, siendo Risaralda, Arauca y Nariño, los territorios en los que se invirtieron mayores recursos. 

 

Y a través de los Fondos de Inversión Colectiva, la entidad transfirió recursos a 2 municipios: Puerto Asís (Putumayo), $214 millones, y Vistahermosa (Meta), $101 millones. 

 

En el caso de las órdenes de contratación expedita, se pudo verificar en el diagnóstico una inversión de $4.799 millones para la ejecución de las obras de emergencia para el control de eventos de inundación y socavación, en los municipios de Salamina y El Piñón (Magdalena). 

 

La Mojana, región más afectada  

 

La Mojana es una de las regiones del país con mayor afectación por presencia hídrica. Recoge las afluencias de tres de los ríos más importantes del país: Cauca, San Jorge y Magdalena (Brazo de Loba), y confluyen allí 11 municipios de 4 departamentos.  

 

Para atender emergencias y desastres en La Mojana se han invertido recursos del orden nacional que superan los $1.2 billones en el periodo 2010 - 2021, esto sin incluir las inversiones del orden territorial destinadas para este fin.  

 

Según lo manifestado por el Fondo Adaptación, los recursos necesarios para ejecutar este megaproyecto ascienden a $3.4 billones, lo que significaría una inversión total cercana a los $4.6 billones, pero a la fecha las obras estructurales no se han ejecutado.  

 

A finales del mes de agosto de 2021, se presentaron dos eventos específicos en la región de La Mojana: el primero de ellos, el rompimiento del Jarillón en el sector La Tea en el municipio de Guaranda, sobre la margen del Río Cauca, que afectó a 6.500 familias y 8 municipios (Majagual, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad y La Unión, en el departamento de Sucre, y Achí, Bolívar).  

 

De igual manera, por la fuerza del Río Cauca, se presentó el rompimiento del Dique San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, donde 350 familias resultaron afectadas y luego 200 tuvieron que ser evacuadas y reubicadas. 

 

Observaciones del diagnóstico 

 

Este diagnóstico hace parte del especial seguimiento que realiza la CGR a los recursos invertidos para emergencias y desastres, desplegando una estrategia con la cual se verifica la existencia, eficiencia, eficacia e impacto del Sistema Nacional de Información del Riesgo de Desastres y de los Sistemas de Información en los Niveles Regionales, Departamentales, Distritales y Municipales.  

 

De acuerdo al diagnóstico, se requiere que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, en cumplimiento del principio de oportuna información y en desarrollo de las obligaciones contenidas en la ley 1523 de 2012, fortalezcan su capacidad de captura, consolidación y difusión de información, con el fin de contar a nivel nacional y territorial con todos los datos que permitan conocer las situaciones de riesgo en el país, tanto por amenaza como por ocurrencia, así como todos los factores sociales y presupuestales que se comprometen con la ocurrencia y atención de estos riesgos. 

 

Se observan debilidades en el componente de prevención de riesgos: el 90% de los recursos destinados para emergencias y desastres a nivel nacional se invierten en atención ante la ocurrencia de los mismos. 

 

El mapa nacional y el histórico muestran regiones como la Costa Caribe, Chocó y La Mojana donde por las mismas épocas, en los mismos puntos o muy cercanos y por idénticas o similares causas, se presentan las declaratorias de calamidades con importantes inversiones de recursos que no impactan en el desarrollo social, sino que quedan reducidos a atender damnificados y afectados. 

 

De igual manera, se ha determinado en el diagnóstico que la UNGRD requiere fortalecer su capacidad de captura, consolidación y verificación de información, pues presuntamente podría estarse presentando el negocio de las calamidades, bajo la concurrencia de la asignación crónica de recursos para la atención momentánea y no de fondo para la atención de riesgos. 

Publicado el 21 sep 2021 21:05


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 111

 

Con “Compromiso Colombia” Contraloría facilitó puesta en operación de Plan Maestro de Alcantarillado en San Luis de Gaceno (Boyacá)  

  Pieza gráfica con el titular del comunicado Con “Compromiso Colombia” Contraloría facilitó puesta en operación de Plan Maestro de Alcantarillado en San Luis de Gaceno (Boyacá) y fotografía de la alcaldía de San Luis de Gaceno

 

  • Este proyecto, que amenazaba en convertirse en un elefante blanco, constituye la más alta inversión que realiza en la zona rural del departamento la Gobernación de Boyacá. 

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2021.- Luego de seis años de demoras y gracias a la estrategia “Compromiso Colombia” de la Contraloría General de la República y el apoyo ciudadano, se pudo destrabar, culminar exitosamente y poner en operación el Plan Maestro de Alcantarillado para la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de San Luis de Gaceno, al suroriente del departamento de Boyacá. 

 

El proyecto consta de alcantarillado pluvial y de aguas servidas y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Su valor final es de 4 mil millones de pesos, contando la adición que fue necesaria para la puesta en operación de toda la obra, la cual beneficia a 120 familias del centro poblado de Santa Teresa, unas 500 personas que ven mejorada su calidad de vida. 

 

En el acto protocolario de entrega y puesta en funcionamiento del proyecto, el alcalde de San Luis de Gaceno, el ingeniero Juan Carlos Buitrago, reconoció el papel de la Contraloría General de la República para que estas obras finalmente presten su servicio a la comunidad.  

 

En este caso, los cambios requeridos sobre los diseños iniciales y las demoras en la expedición de las licencias para los vertimientos impidieron la culminación oportuna de la obra, que fue suspendida casi totalmente en el 2017.  

 

La Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá de la CGR propuso en 2020 incluir el proyecto dentro de la estrategia “Compromiso Colombia”, para acompañar a los actores (contratista, interventor, Gobernación de Boyacá, Alcaldía de San Luis de Gaceno y ciudadanía) en el proceso de finalización de las obras y en la disposición de recursos para su puesta en operación, que fueron los puntos cruciales que se resolvieron en las mesas de trabajo promovidas por este organismo de control. 

 

Hubo compromiso del contratista y DNP agilizó trámites 

 

El Director de Seguimiento Regional de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Daniel Humberto Restrepo Mira resaltó las bondades de la estrategia “Compromiso Colombia” para evitar que proyectos fundamentales para la comunidad se conviertan en elefantes blancos y reconoció el trabajo de la Gerencia Departamental para generar espacios de concertación con contratistas, interventores y la administración local.

 

Destacó igualmente el compromiso del contratista, el Consorcio San Luis de Gaceno 2016, que se mantuvo al tanto del proyecto durante el cambio de trazado para la disposición final de las aguas de la PTAR, requerimiento que hizo en su momento la comunidad del centro poblado de Santa Teresa para aceptar el mismo. 

 

En efecto, si bien el 80 por ciento de las obras fueron construidas entre 2016 y 2018, la ejecución contractual se detuvo porque fue necesario modificar el trazado del alcantarillado pluvial para descargar en un cuerpo de agua diferente al inicialmente planeado, cambio que conllevó la necesidad de gestionar una nueva licencia ambiental.  

 

Además de promover escenarios para verificar la disposición de nuevos recursos y asegurar la culminación y puesta en operación del Plan Maestro de Alcantarillado, la estrategia “Compromiso Colombia” permitió también agilizar los trámites con el Departamento Nacional de Planeación para asegurar los pagos oportunos de las facturas pendientes adeudadas a la firma contratista.  

 

Aporte al cuidado del medio ambiente 

 

El ingeniero residente del consorcio contratista destacó las bondades de las técnicas constructivas de la PTAR, que se basan en medios naturales de decantación y oxidación bacteriana de las aguas residuales para eliminar los componentes nocivos y entregar agua en buenas condiciones a los cuerpos superficiales de agua del municipio, lo que disminuye sustancialmente sus costos de operación y mantenimiento, labores que había asumido el contratista y que ahora quedan a cargo de la administración municipal. 

 

El proyecto contempla que no se dispondrán aguas servidas a los cursos de agua que bordean el centro poblado, con la mejora que eso implica en el cuidado del recurso hídrico del municipio.  

 

La obra, según señalaron los delegados de la Secretaría de Servicios Públicos de la Gobernación de Boyacá, es la inversión más alta que se realiza en la zona rural de todo el departamento y su puesta en operación constituye un gran logro para la comunidad, luego de que el proyecto amenazaba no poderse terminar y no entrar en operación. 

Publicado el 20 sep 2021 14:10


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 110

 

Por pérdida de recursos de Bioenergy y Ecopetrol:

 

Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $920.646 millones contra 7 Directivos de Bioenergy Zona Franca S.A.S. 

 

Pieza gráfica con el titular del comunicado Por pérdida de recursos de Bioenergy y Ecopetrol: Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $920.646 millones contra 7 Directivos de Bioenergy Zona Franca S.A.S.

  • Se imputó culpa grave a dos gerentes generales y a 5 miembros principales de la Junta Directiva de Bioenergy Zona Franca S.A.S. 
     
  • De acuerdo a la imputación, no tenía sentido haber dado continuidad al proyecto, destinando los recursos que se recibieron vía capitalización de Bioenergy S.A.S. para terminar la construcción de la planta “El Alcaraván” cuando la Tasa Interna de Retorno de la inversión al momento de la terminación unilateral del contrato con Isolux era tan solo del 2,44%. 

 

  • No se debió haber dado continuidad a un proyecto que mostraba los indicadores financieros con tendencia a la baja y que finalmente, a febrero de 2017, tenía un CAPEX de USD$778 MM, con una TIR de -1.2% EA. 

 

  • La TIR de los accionistas se situó entonces en -3.3% EA; y el VPN del proyecto pasó de -401 a -609.  
     
  • La pérdida de la inversión se materializó al momento en que BIOENERGY S.A. y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., en enero de 2020, radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud encaminada a que se realizara la apertura del “proceso de reorganización”, por las pérdidas en que incurrió y que le impedían cancelar oportunamente sus obligaciones, y cuando en junio del mismo año solicitó terminar este proceso y entrar en liquidación. 

 

  • Igualmente se demostró que la planta “El Alcaraván” fue proyectada con una capacidad de producción de etanol de 504.000 litros al día, pero entre el año 2017 al 2019 se produjeron 131.209.887 litros, lo que se traduce en una utilización de 73 días para el año 2017, 94 para el 2018 y 98 para el 2019, lo que prueba que las decisiones, adoptadas para dar continuidad al proyecto, fueron desacertadas.  

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2021.-La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $920.646 millones de pesos por la pérdida de recursos públicos de BIOENERGY S.A.S., BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. y ECOPETROL, con ocasión de las inversiones realizadas para la terminación del componente industrial de la Planta de Producción de Etanol “El Alcaraván”, en el departamento del Meta, a 29 de diciembre de 2017

 

pesar de que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente 434 millones de dólares más respecto del caso de negocio presentado en octubre de 2011; situación que unida al deficiente desarrollo del componente agrícola, originó que no se diera la productividad esperada, por cuanto BIOENERGY S.A. y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. se encuentran en liquidación, lo que hace imposible obtener los flujos de recursos que permitan su recuperación. 

 

Se determinó, que sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, e incluso, sin que se hubiera obtenido la variedad optima, se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por el orden de un billón cuarenta y tres mil millones de pesos, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas a BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., para la ejecución del proyecto industrial. 

 

Presuntos responsables:  

 

Mediante Auto No.1481 del 17 de septiembre de 2021, la Contraloría  Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra: 

 

*JAIME LEONARDO FLÓREZ MUÑOZ, Gerente General de BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. (2009-2012).  

 

*ALECK REMBERTO SANTAMARIA DE LA CRUZ, Gerente General de BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. (2012-2015) 

 

Y: 

 

*MARIA ELENA VELASQUEZ RESTREPO,  

*JUAN FELIPE MUNERA YEPES,  

*MARÍA CRISTINA GLORIA INÉS CORTES ARANGO,  

*MYUNG - HO LEE  

*Y CLAUDIA CASTELLANOS RODRÍGUEZ 

(en su calidad de miembros principales de la Junta Directiva) 

 

Archivo de investigación  

 

Igualmente se archivó la investigación a los siguientes presuntos responsables, frente a los cuales se surtirá el grado de Consulta:JUAN CARLOS ROA MÁRQUEZ y la firma española ISOLUX INGENIERIA S.A. 

 

Un proyecto al que no se debió dar continuidad 

 

Los antecedentes de este proceso se relacionan con el hecho de que BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. contrató con la empresa española ISOLUX INGENIERÍA S.A., mediante Contrato ZF No. 050-10 de junio de 2010, la construcción de la planta industrial de Producción de Etanol “El Alcaraván, en Puerto López (Meta), con un plazo de 22 meses, la cual iniciaría a funcionar en abril o mayo de 2012. 

 

Sin embargo, el 8 de abril de 2014, después de firmar 6 otrosíes, BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. terminó el contrato y, para continuar con la ejecución del proyecto en su componente industrial, suscribió el 18 de julio de 2014 el contrato ZF No. 0010 -14 con el CONSORCIO MENEGUA, con un plazo de 14 meses, el que tampoco se cumplió, al celebrar 15 otrosíes, y con el CONSORCIO APPLUS, la interventoría (15 de septiembre de 2014)

 

Se reprocha por parte del ente de control, el haber dado continuidad a un proyecto que mostraba los indicadores financieros con tendencia a la baja, por cuanto en 2017, año en que se certificó el arranque de la planta industrial (14 de julio de 2017), estos se encontraban negativos (Tasa Interna de Retorno TIR -1.2% EA y Valor Presente Neto VPN -609), con la obtención de utilidades sólo hasta el año 2027. 

 

La CGR comprobó, que desde el momento anterior a la celebración del otrosí No. 6 al contrato C-050-10, en diciembre de 2013, las condiciones financieras mostraban el decrecimiento de la Tasa Interna de Retorno, el cual fue contundente, por cuanto para la fecha que se preveía entraría en funcionamiento la planta “El Alcaraván” (28 de marzo de 2013), la TIR ya se mostraba inferior en un 50% frente al caso de negocio. 

 

Firmado el otrosí No. 6 y terminado el contrato EPC (Ingeniería, Compras y Construcción), en junio de 2014, se aprobó el control de cambios 2, pasando el CAPEX del proyecto de USD$459 a USD$750 millones de dólares, al mismo tiempo que la TIR pasaba del 6.49% EA a 2.44% EA y el VPN del mismo de -102,61 a -152,3 (de junio de 2013 a junio de 2014).  

 

La justificación de la celebración de este control de cambios se dio, entre otras razones, por la contratación que BIOENERGY debió ejecutar para finalizar el proyecto, aumentando de forma considerable los costos de contratos a precios unitarios, e implicando un control mayor con aumento de costos de interventoría y costos de personal en equipo de proyecto. 

 

Concluye la imputación que, con estos indicadores, no tenía sentido haber destinado los recursos que se recibieron vía capitalización de Bioenergy S.A.S., para terminar la construcción de la planta “El Alcaraván” cuando la Tasa Interna de Retorno de la inversión al momento de la terminación unilateral del contrato con Isolux era tan solo del 2,44%. 

 

Controles de cambios y declive de la TIR y el VPN 

 

Pese a lo anterior, el 19 de abril de 2016, se aprobó el control de cambios No. 3, en donde el CAPEX del proyecto pasó de USD$750 MM a USD$733, pero la TIR del proyecto pasó de 2.44% EA a 1.24% EA y el VPN del proyecto de -152,3 a -401. 

 

Finalmente, con el control de cambios No. 4 aprobado en febrero de 2017, el CAPEX llegó a USD$778 MM, con una TIR del proyecto de -1.2% EA y el VPN del proyecto pasó de -401 a -609.  

 

Es así, como se probó que los constantes aumentos en valor y tiempo de ejecución, trajeron como consecuencia que el valor acumulado del proyecto aumentara al actualizar el caso de negocio. 

 

Se determinó que, desde noviembre de 2011, con el otrosí No. 5 (noviembre de 2011), los indicadores financieros tuvieron cambios significativos hasta la fecha de terminación unilateral del contrato con ISOLUX (8 de abril de 2014) y la contratación con el Consorcio MENEGUA (18 de julio de 2014) y el Consorcio APPLUS para la interventoría (15 de septiembre de 2014), lo que originó los controles de cambios, siendo el número 2, el más significativo en el declive de la TIR y el VPN del proyecto. 

 

Concluye también la imputación que, la situación financiera del proyecto no solo era evidente con el incremento en los costos de la construcción de la planta, sino que período tras período, los estados financieros de la sociedad evidenciaban el deterioro de las inversiones, reflejado en el incremento en las pérdidas que iban consumiendo el patrimonio social, situación que era conocida incluso de manera mensual en las reuniones de la Junta Directiva, sin que se evidenciara pronunciamiento ni correctivo alguno, encaminado a revertir este deterioro.   

 

Se tiene entonces que, no se tomaron las decisiones que permitieran modificar el curso de los acontecimientos a medida que estos se iban desarrollando, para poner fin a las pérdidas que se generaban período a período, suscribiendo desde el otrosí No. 5 al contrato C-050-2010, hasta el celebrado con el Consorcio MENEGUA y la interventoría con APLUS, aplazamientos en el cronograma que originaron la necesidad de suscripción de los controles de cambio y las correspondientes capitalizaciones con conocimiento de que se seguirían presentando pérdidas para la sociedad. 

 

Todo lo anterior quedó corroborado, aún más, cuando BIOENERGY S.A. y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., el 31 de enero de 2020, radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud encaminada a que se realizara la apertura del “proceso de reorganización”, por las pérdidas en que incurrió y que le impedían cancelar oportunamente sus obligaciones[1] y cuando el 17 de junio del mismo año, se solicitó terminar este proceso y entrar en liquidación. 

 

Es de anotar que la planta fue terminada en 2017, con una capacidad de producción de etanol de 504.000 litros al día, pero entre este año y el 2019, se produjeron 131.209.887 litros, lo que se traduce en una utilización de 73 días para el año 2017, 94 para el 2018 y 98 para el 2019, lo que ratifica que el proyecto agrícola fue un fracaso, lo cual se podía evidenciar desde los inicios del proyecto. 

 

[1] Causal de incapacidad de pago inminente, regulada en el artículo 9.2 de la Ley 1116 de 2006. 

 

Publicado el 20 sep 2021 11:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 109

 

Con el apoyo de la Contraloría General, a través de la estrategia “Compromiso Colombia”, sur de Bolívar estrena dos colegios

 

Pieza gráfica de comunicado Con el apoyo de la Contraloría General, a través de la estrategia “Compromiso Colombia”, sur de Bolívar estrena dos colegios

 

 

  • Se trata de la IE Armenia, en el corregimiento del mismo nombre, en el municipio de Pinillos. 
     
  • Y de la IE La Chapetona, en la zona rural del municipio de El Peñón. 

 

  • Los dos proyectos dejaron de estar pendientes, no se quedaron a medias y lograron terminarse.

 

Bogotá, 16 de septiembre de 2021.- Un total de 651 escuelas y colegios en todo el país han contado con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y su control preventivo, para salir adelante como proyectos de infraestructura educativa y no perder los millonarios recursos invertidos para su reactivación. 

 

A través de la estrategia “Compromiso Colombia”, este acompañamiento ha significado la protección de recursos públicos por cerca de $3,8 billones, destacó el Contralor Felipe Córdoba al visitar hoy dos de estas instituciones educativas, en el sur del departamento de Bolívar.  

 

Los beneficiarios de esos esfuerzos han sido 450.000 niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. 

 

Esta operación de salvamento ha hecho posible que se pueda contar, a partir de ahora, con las aulas de la Institución Educativa del corregimiento de Armenia, en el municipio de Pinillos. 

 

Durante seis meses, la Contraloría - a través de la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI- le hizo un seguimiento ininterrumpido al desarrollo de esta obra, bloqueada inicialmente durante dos años por problemas técnicos. 

 

En un esfuerzo conjunto con la gobernación de Bolívar, con los contratistas interventores y la comunidad, se pudo sacar la obra adelante, lo que permitió poner a salvo casi $9.000 millones comprometidos en este proyecto. 

 

Fueron corregidas las filtraciones, humedades, desniveles y escorrentía de aguas lluvias y empozamientos Los pisos en los accesos a los salones están nivelados y ya hay energía eléctrica, condición necesaria para la obtención del certificado RETIE. 

 

Paralelamente, fueron terminadas las obras de acabados en Centro de Desarrollo Infantil- CDI. 

 

Verificado el cumplimiento de los indicadores semanales de actividad del contratista, en compañía de funcionarios del Fondo Adaptación y la Gobernación de Bolívar, se llegó finalmente al 100 por ciento de la ejecución y se logró la terminación de la obra el pasado 3 de septiembre. 

 

IE La Chapetona 

 

Estuvo también el Contralor Felipe Córdoba en el corregimiento La Chapetona, del municipio de El Peñón. 

 

Allí recorrió las instalaciones de la IE La Chapetona, objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República desde el 11 de febrero de este año, después de una alerta que se dio por parte de la DIARI. 

 

Desde entonces se ha hecho esta labor de acompañamiento con todos los involucrados en el proyecto: el Fondo Adaptación, el contratista de obra, el interventor, el municipio y veedores ciudadanos.  

 

El colegio no contaba siquiera con agua potable y las filtraciones y humedades hacía que amenazara ruina. 

 

En virtud del seguimiento de la DIARI, fue posible suscribir compromisos claros y cronogramas con actividades verificables de acuerdo con el porcentaje de avance de las obras.  

 

En un término de 24 semanas fueron concluidas las obras pendientes para llegar al 100 por ciento de su ejecución. En ese plazo concluyó el capítulo eléctrico y fueron terminadas las obras menores y de acabados, al tiempo que quedó asegurado el mantenimiento. 

 

Las actividades de ingeniería dieron solución a los empozamientos de agua, humedades de las vigas canales y alistados de pisos. 

 

Fue obtenido también el permiso para el vertimiento de aguas residuales domésticas. 

 

Ha habido peticiones, quejas y reclamos de la comunidad con respecto a las acreencias del contratista, que serán resueltas en un término de quince días. 

 

El municipio suministrará de manera provisional el agua a la Institución Educativa, mientras se trabaja en la solución definitiva a través del contrato de perforación de un pozo profundo que se encuentra en ejecución.​ 

 

 

Publicado el 16 sep 2021 17:05