Boletines de Prensa - 2020

Denuncia Contralor en Foro de Salud: Hay medicamentos con exceso de recobro hasta del 8 mil por ciento

COMUNICADO DE PRENSA No. 149

Fotografía del Contralor Carlos Felipe Córdoba, con el titular de la noticia.

  • Es el caso del Doxopeg, un medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer de ovario.  
  • Igual sucede con dos medicamentos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (Haemate P 500 e Immunate 100), con recobros de 6 mil y 3 mil por ciento, respectivamente.  
  • Preocupación del Contralor por concentración de sumas de recobros girados en 9 meses, a tres EPS, por medicamentos no PSB de enfermedades de alto costo. 
  • La Contraloría ha detectado, además, nuevas posibles contravenciones a la integración vertical en el caso de cuatro EPS.  
  • También se evidencia el giro preferente de igual número de EPS a un mismo proveedor de medicamentos (configurando un oligopolio).  
  • Algunas EPS no han cumplido con la obligación del Giro Directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%.  
  • “No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos en manos de aquellos que encuentran en la crisis, no una oportunidad para resolver problemas estructurales, sino para hacer negocios”, advierte el Contralor Carlos Felipe Córdoba.  
  • Muy lento avance en saneamiento de la deuda del sector salud, a través del Acuerdo de Punto Final: solo $1,51 billones de pesos de los $6,7 billones proyectados para tal fin han sido efectivamente pagados.  

 

Bogotá, 20 de octubre de 2020-. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó hoy sobre una serie de situaciones problemáticas que están afectando el Sistema de Salud y a las que se les debe prestar atención, empezando por el recobro de medicamentos que exceden hasta en un 8 mil por ciento el precio máximo permitido y el hecho que tres EPS concentren el 60% de la suma de recobros girados en 9 meses, por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo.  

Hay también concentración de proveedores en el 50% de los recobros, en ese mismo caso. 

Y a esto se suman nuevas posibles contravenciones a la integración vertical en el caso de cuatro EPS, el giro preferente de igual número de EPS a un mismo proveedor de medicamentos (configurando un oligopolio) y una marcada concentración en pocas EPS de los recursos destinados por concepto de compensación y liquidación mensual de afiliados en los regimenes contributivo y subsidiado. 

Al hablar el Foro Virtual “El sistema de salud que necesitamos los colombianos”, el Contralor indicó que, aun en medio de los naturales problemas de índole financiero y fiscal que se han afrontado, ha sido muy lento el avance en el saneamiento de la deuda del sector, a través del Acuerdo de Punto Final, pues solo $1,51 billones de pesos de los $6,7 billones proyectados para tal fin han sido efectivamente pagados. 

Dijo también que la Contraloría ve con preocupación cómo el giro anticipado de techos o presupuestos máximos para los meses de febrero, marzo y abril de la presente vigencia no se tradujo en el flujo de recursos esperado a los prestadores de servicios de salud, para lo cual se generó el anticipo en mención.  

Según precisó, en su ejercicio de Vigilancia y Control fiscal a dichos recursos, la CGR ha venido haciendo un seguimiento de manera específica y ha encontrado que algunas EPS no han cumplido con la obligación del Giro Directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%. 

En este sentido, anunció que, dentro de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el segundo semestre de la presente vigencia, la CGR contempla auditorías a 28 EPS del sistema, con el fin de establecer las responsabilidades en posibles hallazgos de carácter fiscal. 

“No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos” 

El Contralor fue enfático en señalar que la Contraloría General de la República redoblará esfuerzos para que los recursos públicos, orientados y ejecutados en el marco de la pandemia, alcancen la mayor eficiencia y eficacia posible en el propósito de controlar la grave situación de salud que aqueja al país. 

“No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos en manos de aquellos que encuentran en la crisis, no una oportunidad para resolver problemas estructurales, sino para hacer negocios”, subrayó. 

Tres ejemplos dicientes de exceso en recobro de medicamentos 

El Contralor reconoció que el proyecto de regulación de precios de medicamentos ha permitido ahorros cercanos a los $7 billones en el último quinquenio, sin embargo -dijo- hay una alarma: 

Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2019, la Contraloría ha constatado medicamentos que exceden hasta en un 8.000% por ciento el precio máximo permitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Tales situaciones son motivo de alerta y de verificación por parte de los equipos auditores que se encuentran en las EPS.   

El tablero de control de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, que permite detectar gastos indebidos, buenas o malas prácticas, riesgos, patrones o tendencias relacionadas con la gestión fiscal, encontró que hay medicamentos cuyos recobros exceden hasta el 8 mil por ciento del precio máximo permitido. 

Estos son de 3 los casos detectados por la DIARI: 

*DOXOPEG SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 20 mg/10 Ml. Excede presuntamente hasta el 8000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer de ovario. 

*HAEMATE P 500 UI. Excede presuntamente hasta el 6000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (asociada a la coagulación sanguínea) 

*IMMUNATE 1000 FACTOR DE COAGULACIÓN. Excede presuntamente hasta el 3000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (asociada a la coagulación sanguínea). 

Otros problemas a los que se les debe prestar atención 

En su intervención en el Foro Virtual “El sistema de salud que necesitamos los colombianos”, convocado por la Casa Editorial El Tiempo, el Contralor Carlos Felipe Córdoba entregó otros datos y cifras de problemas estructurales del sector salud. 

*A través también del tablero de control administrado por la DIARI, se ha observado las EPS que más han realizado recobros por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo (Artritis, Cáncer, ERC, VIH y Hemofilia).  

Son: NUEVA EPS, SURAMERICANA y SANITAS, por $906.000 millones. 

Esa cifra equivale al 60.46% de los recobros girados entre los meses de enero y septiembre de 2019. Y llama la atención que cerca del 50% de los recobros esté representado únicamente por siete 7 proveedores a nivel nacional. 

*También se observa una concentración en los pagos hacia las IPS que tienen vínculos empresariales con la EPS. 

Esto último evidencia el posible establecimiento de una condición de integración vertical, que se infiere de los giros preferentes en casos como los de Coomeva EPS, Salud Total EPS, Nueva EPS y Famisanar EPS.  

*Se ha encontrado, igualmente, que cuatro EPS giran de manera preferente a un proveedor de medicamentos, con lo que se podría estar configurando en el mercado de la salud la presencia de oligopolios en los proveedores. 

*Respecto al régimen contributivo, entre enero y julio de 2020 se han destinado recursos UPC por valor de $14.73 billones y la Contraloría ha encontrado que las cinco EPS que reciben más recursos por concepto de compensación son NUEVA EPS, SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL Y FAMISANAR. 

*En cuanto al régimen subsidiado, entre los meses de enero y julio de 2020 se han destinado recursos UPC Liquidación Mensual de Afiliados por valor de $13.54 billones. 

Las cinco EPS que reciben mayor cantidad de recursos por la Liquidación Mensual de Afiliados son COOSALUD, NUEVA EPS, MUTUAL SER, EMSSANAR Y ASMETSALUD. Estas EPS han recibido en el periodo señalado $6.02 billones, lo que evidencia una concentración cercana al 44%. 

*De los $3,93 billones destinados durante la actual vigencia para los presupuestos máximos, la ADRES ha realizado giros por $2,36 billones a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB). 

Si bien es obligatorio que estas entidades reporten la destinación de los recursos entregados por este concepto, sólo 11 de ellas han realizado el reporte a la ADRES.  

En este sentido, el Contralor General llamó la atención a las 28 entidades restantes para que realicen el reporte del total recibido por las EPS que han realizado giros a las IPS por más de $811.000 millones, correspondiente al 34% de los recursos girados a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). 

El desafío de disponer de más UCI  

Para el Contralor Carlos Felipe Córdoba, la problemática del Sector Salud se ha caracterizado por una gran presión sobre los servicios de salud, que al inicio de la pandemia no tenían una capacidad instalada adecuada, lo cual debe dejar como enseñanza que la inversión en salud y el cuidado de los presupuestos públicos deben ser una prioridad para el país. 

Según el Ministerio de Salud Pública, al inicio de la pandemia se contaba con 5.539 camas UCI, cuya capacidad había aumentado gradualmente a 5.845 para abril de 2020, con la perspectiva de llegar a 9.000 en la última fase de implementación de medidas contra la pandemia; sin embargo y a raíz de los esfuerzos por mejorar la capacidad instalada en camas de UCI, a septiembre de 2020, ya se registran alrededor de 10.000 camas UCI instaladas en el país. 

En una reunión reciente con el equipo de la Contraloría Delegada de Salud, el Ministerio anunció la ejecución de recursos por más de $280.000 millones para contratar y formalizar personal de atención en la emergencia.   

También informó sobre la destinación de $380.000millones con el propósito de saldar deudas salariales de los hospitales públicos y saneamiento de su nómina.  

Pero la Contraloría considera que no existen bases de consulta pública actualizadas en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (RETHUS) ni en el Observatorio de Talento Humano en Salud que permitan realizar un seguimiento fiscal de la ejecución real de estas asignaciones. 

Retos para la post pandemia 

Otro tema al que se refirió el Contralor es que el organismo de control a su cargo observa con preocupación que Colombia ha perdido la soberanía en la producción de vacunas desde la implementación de la Ley 100 de 1993, situación que debe ser corregido en el futuro.  

Frente a la pandemia por COVID-19, el Gobierno Nacional se ha visto precisado a la adquisición de vacunas con el propósito de lograr la inmunidad o la protección de la población mediante una estrategia internacional que obligará a la orientación de recursos por una suma cercana a los US $ 500 millones. 

“Este escenario obligará a la disposición de recursos institucionales con el ánimo de alcanzar la eficiencia y eficacia en el uso de estos recursos”, concluyó al respecto. 

Se refirió luego al Proyecto de Ley 010 que tramita el Congreso y tiene como propósito generar una reforma en el Sistema de Salud y dijo que la Contraloría le está realizando seguimiento, con el fin de determinar oportunamente sus potenciales riesgos e impactos desde la perspectiva macroeconómica sobre las finanzas del sistema.

Publicado el 20 oct 2020 10:00


Con 156 hallazgos fiscales por $16.776 millones, concluyó Actuación Especial de la CGR sobre destinación de recursos de la Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas

COMUNICADO DE PRENSA No. 148 

Imagen de resguardos indigenas en Colombia, Embera, con el titular del comunicado.

  • 638 hallazgos disciplinarios y 45 de carácter penal, dan cuenta también de la gravedad del problema que significa el manejo de los recursos del SGP destinados a los Resguardos Indígenas. 
  • Conclusiones preocupantes arroja la Actuación Especial de Fiscalización que ordenó el año pasado el Contralor Carlos Felipe Córdoba sobre la utilización de recursos del SGP por más de $1,04 billones, destinados a los Resguardos Indígenas en las últimas cinco vigencias (2015 a junio de 2019).  
  • Se corrobora lo que anticipó el Contralor: no se ve el resultado e impacto de estos recursos.  
  • Solo el 25% de las de 200 entidades territoriales objeto de esta Actuación manejaron adecuadamente estos recursos. El 62% presentó fallas no tan graves y el 11% deficiencias generalizadas.  
  • En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.  
  • Buena parte de los recursos destinados a los Resguardos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades indígenas.  
  • Es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo.   
  • Del presupuesto auditado en las cinco vigencias ($1,04 billones), se ejecutaron $662.702 millones aproximadamente (el 63.69%).  
  • Listado de municipios que no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas y de municipios que dejaron de ejecutar recursos.  
  • Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales.  
  • Por falta de supervisión de los contratos y convenios, se dan situaciones como la falta de entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos. 

 

Bogotá, 19 de octubre de 2020-. Un total de 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por $16.776 millones de pesos, estableció la Contraloría General de la República al concluir una Actuación Especial de Fiscalización a los más de $1,04 billones de pesos del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas del país, durante las vigencias 2015 a 30 de junio de 2019. 

Se determinaron 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen posible connotación disciplinaria y 45 presunto carácter penal. 

Otros 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de Indagación Preliminar, 7 a Procesos Administrativos Sancionatorios, 22 tienen otras incidencias y 41 representaron beneficios de auditoría por $2.235 millones. 

Los conceptos emitidos para cada uno de las entidades territoriales que manejaron recursos de la llamada Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas y que fueron objeto de esta Actuación, permiten concluir que solo el 25.22% (57) manejaron adecuadamente estos recursos. 

Mientras tanto, el 61.95% (145 entidades territoriales) presentan deficiencias, que si bien no son generalizadas si impactan el cumplimiento de los objetos contractuales y las metas de los proyectos formulados por las comunidades indígenas, siendo más grave aún, lo evidenciado en el 10.62% de las entidades (24), cuyas deficiencias son materiales y generalizadas. 

En general, de acuerdo con la revisión efectuada a los contratos de ejecución de estos recursos, se encontró que la estructuración de los proyectos de inversión, por parte de los resguardos indígenas, presenta debilidades, ya que no surte la metodología dispuesta para ello según la normatividad aplicable, no hay una determinación de la población beneficiaria de los bienes y servicios contratados y no presentan un cronograma de ejecución del proyecto, aunado a la falta de asistencia técnica por parte de las Oficinas de Planeación Municipal y Departamental.  

Adicionalmente, la gran mayoría de los recursos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad indígena. 

No se ejecutan todos los recursos disponibles 

La Contraloría verificó que es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo, por lo que en cada vigencia se deben incorporar recursos del balance en cantidades importantes de la vigencia o vigencias anteriores, como consecuencia de la baja ejecución de los recursos. 

A partir de los documentos aportados por las entidades territoriales, se determinó un presupuesto definitivo auditado, en las cinco vigencias, de $1.040.465.959.949, el cual incluye lo girado por el Ministerio de Hacienda, los rendimientos financieros y recursos del balance incorporados en 2015, correspondientes a recursos disponibles de vigencias anteriores.  

Del presupuesto señalado se ejecutaron $662.702.203.040, que representan el 63.69% de los recursos disponibles ($592.829.177.303 ejecutados por entes territoriales y $69.873.025.737 por Resguardos Indígenas Certificados). 

Para adelantar esta ejecución, las entidades territoriales suscribieron previamente 3.111 contratos de administración de recursos, por $916.976.492.528, suma que representa el 88.13% del total de recursos.  

En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.  

Inoportuna incorporación de recursos 

Hay también inoportunidad en la incorporación de los recursos de la Asignación Especial y falta de gestión de los entes territoriales para garantizar que las entidades financieras reconocieran adecuadamente los rendimientos financieros. 

Y se da igualmente inoportunidad en la incorporación de los intereses recibidos y los recursos del balance. 

Entre las razones para no celebrar oportunamente los contratos, se tienen debilidades en la gestión de los entes territoriales y/o demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión, lo que dificulta la ejecución de los planes de inversión.  

Las deficiencias en los controles que deben ejercer los entes territoriales en la ejecución de los recursos, permiten el incumplimiento de los objetos contractuales, esto conlleva a que se hagan pagos o desembolsos sin los soportes requeridos. 

Se evidencian deficiencias por la no elaboración de proyectos de inversión, o formulación inadecuada (sin cumplimiento de todos los requisitos), además de la inoportunidad de los mismos, afectando la ejecución del presupuesto (se ejecuta sin tener claras las necesidades de la comunidad indígena). 

Algunos casos de deficiencias en los contratos de administración 

Dentro de las principales deficiencias, relacionadas con los contratos de administración, se evidenciaron situaciones como las siguientes. 

*Los municipios de El Bagre, Cáceres (Antioquia), Guapi (Cauca), Chía (Cundinamarca), Unguía y Acandí (Chocó), Calamar (Guaviare), Rivera (Huila), Albania (La Guajira) y Prado (Tolima), no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas, es decir, no ejecutaron los recursos que les fueron asignados y girados para realizar proyectos de inversión en beneficio de las comunidades indígenas. 

Estos 10 municipios dejaron de ejecutar $6.521.503.357 en las 5 vigencias. 

 *El municipio de Arauca, no obstante haber suscrito los contratos de administración con los 5 resguardos de su jurisdicción por $449.566.819, no ejecutó los recursos en las vigencias 2016 y 2017, por tanto, no se realizó ningún proyecto de inversión que beneficiara a la comunidad indígena. 

*Arauquita, en el departamento de Arauca, suscribió contratos con los Resguardos Indígenas Bayoneros por $9.905.140; El Vigía por $69.700.000 y Cajaros por $5.801.396, en la vigencia 2017. Sin embargo, no hubo ejecución del contrato de administración, como consecuencia tampoco los proyectos de inversión se llevaron a cabo. 

*En el departamento Caldas, los municipios de Belalcázar, Riosucio, Risaralda y San José suscribieron los contratos de administración en las vigencias auditadas, pero no incorporaron los proyectos de inversión a ejecutar ni las actas de priorización de los mismos por las asambleas de las comunidades indígenas. 

*Albania en el Caquetá, para su resguardo solo suscribió contrato de administración en la vigencia 2018; igual que La Montañita, en el mismo departamento, que para su resguardo solo suscribió en el 2016, dejando de ejecutar $238.390.349 y $144.284.732, respectivamente, en las 5 vigencias. 

*El Consejo de Autoridades Indígenas del Resguardo Indígena de San José del Ariporo, en el municipio de Paz de Ariporo, por voluntad propia dejó de ejecutar los recursos en las vigencias auditadas, que sumaron $368.079.848. 

*El municipio de Timbiquí en el Cauca, no suscribió contratos de administración para sus 4 resguardos indígenas, en las vigencias 2015 y 2017.  (Total presupuesto sin ejecutar: $1.284.630.718). 

*Para las vigencias 2017, 2018 y 2019, el municipio de Villagarzón – Huila, no celebró contratos de administración de recursos para los 11 resguardos del municipio. 

No se identifican las necesidades de las comunidades indígenas 

Se evidenció que, pese a la existencia de actas de asamblea de los resguardos indígenas, existe en la mayoría de ellos, desconocimiento respecto de la formulación de los proyectos de inversión, dificultad en la concertación con las comunidades ydeficiente identificación de las necesidades de la comunidad, que no conducen a mejorar las condiciones de vida de la población indígena.   

Tampoco se establece la justificación de los proyectos, no se identifican los beneficiarios y qué bienes se entregarán, ni cómo, cuándo o dónde se cumplirá el objeto contractual.  

La mayoría de los entes territoriales suscriben los contratos de administración de forma extemporánea, es decir, después del 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, lo que trae como consecuencia el envío tardío al Ministerio del Interior, incumpliendo la normatividad que señala la entrega del contrato de administración, junto con los proyectos de inversión debidamente formulados, a más tardar el 20 de enero de la vigencia en la cual se van a ejecutar dichos recursos. 

Situaciones que se dan por falta de supervisión de contratos y convenios 

Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales, presentando falencias respecto del seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, lo que genera:  

*Incumplimiento de los objetos contractuales. 

*Falta de entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos; e inexistencia de registros de entrega de bienes.  

*Las actas de supervisión no detallan la labor ejecutada en cumplimiento del objeto contractual.  

*Extremos como en la Alcaldía de Solano - Caquetá, en donde el contratista termina haciendo entrega de dinero en efectivo a los beneficiarios, porque los materiales y/o equipos que les compraba la entidad territorial no les eran necesarios y no estaban contemplados dentro del contrato de administración.  

*Diferencias entre lo pactado, suscrito y ejecutado. 

*En algunos casos, el visto bueno de la supervisión, está fundado en la información suministrada por el mismo contratista. 

*Adquisición de bienes muebles (vehículos, lanchas etc.) sin el título de propiedad a nombre del resguardo (Orocué-Casanare, Buenos Aires-Cauca, San José del Guaviare y Cumbal-Nariño). 

*Falta de legalización de los predios adquiridos por los resguardos y cuyo título de propiedad no está a favor del resguardo (Ipiales-Nariño, Dibulla-Guajira y San Agustín-Huila). 

*Maquinaria entregada por el ente territorial pero que no se encuentra en uso por el resguardo. 

*Obras inconclusas, fallas de calidad de obra, bienes sin utilizar o deteriorados, obras terminadas sin prestar servicio alguno (Aldana, Córdoba, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Potosí y Santacruz (Nariño), Puerto Leguízamo (Putumayo).  

*La no entrega de los elementos solicitados en donde se cambian por otros de uso exclusivo del representante legal del resguardo. 

*Venta de los elementos entregados por el ente territorial, por parte de algunos miembros de la comunidad indígena, por lo que la adquisición de los mismos es repetitiva durante varias vigencias.  Por su vida útil, se considera que no debían ser adquiridos cada año. 

*Contratación de alimentación para 95 pacientes, los cuales -según cruce con las ESE- no fueron atendidos en los tiempos en que se realizó la contratación (Cubará y Güicán, en el departamento de Boyacá). 

*Pago de incentivos que no se encuentran dentro de los fines de los recursos utilizados. 

*En el departamento de Guainía se realizó el pago de subsidios estudiantiles que no corresponden a un proyecto de inversión autorizado, por $246.282.543. Y mientras tanto se declararon como inviables, cultivos de yuca dulce, reparación de viviendas y conucos afectados por la ola invernal del 2018. 

*Pago de manipuladoras las cuales debieron ser garantizadas por el operador del PAE, contratado por la Gobernación del Amazonas. 

*Mayores valores pagados en la compra de combustible. 

*Adquisición de bienes que no están en funcionamiento y se encuentran desarmados y en mal estado.  Construcción de baterías sanitarias, las cuales no han prestado servicio porque el sistema séptico es deficiente y no se conectaron a la red. 

Esta Actuación Especial de Fiscalización de la CGR se adelantó respecto de 820 asignaciones especiales de SGP para resguardos, de las 892 que contaron con recursos presupuestales, durante las vigencias auditadas, 2015 a 30 de junio de 2019, lo cual equivale al 91,93%, correspondientes a resguardos ubicados en 29 departamentos del país, dentro de los que se incluyen 8 resguardos certificados, que administran autónomamente sus recursos. 

Publicado el 19 oct 2020 20:00


Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0074 de 2020

Manual de Cálculo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD y límites de gasto Ley 617/00

Publicado el 19 oct 2020 18:00


Recobros indebidos y sobrecostos en medicamentos, a la cabeza de modalidades más frecuentes de menoscabo a recursos de la salud

COMUNICADO DE PRENSA No. 147 

Pastillas y fármacos haciendo alusión a los recursos de salud

  • Así lo ha detectado la Contraloría General de la República, al analizar la motivación de sus fallos con responsabilidad fiscal en el sector salud.  
  • Otras dos modalidades habituales son la sustracción y aprovechamiento de los recursos, para lucro de sus propiciadores, y la intermediación de funciones y recursos a cargo exclusivo de las EPS.  
  • El tema es analizado en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana, dedicada a lo que le puede suceder al sector salud en la pospandemia.  
  • En el editorial de la revista, el Contralor Carlos Felipe Córdoba considera que, después de la pandemia, es ineludible la reestructuración del sector de la salud no solo para aumentar sus presupuestos, sino para agilizar la distribución de eso recursos.  
  • Dice también que lo menos el 60 por ciento de los hospitales públicos del país tienen graves problemas financieros.  
  • Reseña de la más reciente edición de la revista Economía Colombiana.  
  • Escriben el presidente de Anif y exministro de Salud, Mauricio Santa María, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, el Decano de Medicina de la Javeriana, Carlos Gómez Restrepo, y la presidente de Asocajas, Adriana Guillén.  
  • También la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, la médica Fernanda Hernández y dos reconocidos investigadores: los profesores Manuel Vega Vargas y Oscar Rodríguez Salazar.  
  • Analistas coinciden en que se debe enfrentar decididamente la corrupción en el sector y fortalecer el modelo preventivo del sistema de salud.  
  • La revista incluye además un documento del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el “Estado actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 

 

Bogotá, 15 de octubre de 2020.- La indebida formulación y pago de recobros y los sobrecostos en medicamentos, están a la cabeza de las modalidades más frecuentes de menoscabo a los recursos parafiscales de la salud, según ha podido establecer la Contraloría General de la República. 

Otra modalidad que está a la par es la intermediación indebida de los recursos de la UPC, con el traslado de funciones que están directa y exclusivamente a cargo de las EPS, a terceros que no están habilitados por la ley. 

Y claro, no puede faltar la sustracción y aprovechamiento de los recursos, desviados con el objeto de acrecentar el patrimonio particular. 

El tema de “Responsabilidad fiscal y protección de los recursos de la salud” es abordado por la Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, Claudia Serrano Evers, en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana, dedicada esta vez a analizar, desde distintas perspectivas, cómo le irá al sector salud en la pospandemia. 

La línea doctrinal de la CGR, contenida en sus fallos de responsabilidad fiscal y elaborada con base en la realidad probatoria de cada expediente, ha permitido fijar precedentes o tipologías de diversas modalidades de menoscabo de los recursos parafiscales de la salud, de los cuales se destacan los antes referidos. 

De igual modo, en la Contraloría General de la República se adelantan actuaciones para verificar si, a pesar de los reiterados pronunciamientos que ha hecho sobre la indebida destinación y aprovechamiento de los recursos, algunas EPS en la actualidad han incurrido presuntamente en: 

✱ La erogación de gastos de administración dentro de la franja de la UPC, por productos o servicios que no se prestaron o no se utilizaron. 

✱ Pagos de anticipos por servicios de salud que no se prestaron. 

✱ Omisión de la gestión de cobro de cartera dentro de procesos liquidatorios en desmedro de los recursos parafiscales. 

✱ Pago de créditos que no tienen relación de conexidad con la prestación de los servicios a los usuarios. 

✱ Adquisición de equipos e inmobiliario no relacionados con dicha prestación. 

✱ Y pago de transporte de personal administrativo. 

 

Restructuración del sector salud: Contralor 

En el editorial de la revista Economía Colombiana, el Contralor Carlos Felipe Córdoba dice que después de la pandemia, Colombia enfrentará sustanciales e impactantes cambios en su derrotero social y económico y uno que definitivamente resulta ineludible es la reestructuración del sector salud, no solo para aumentar sus presupuestos, sino para agilizar la distribución de esos recursos. 

También se requiere tomar esta decisión para garantizar que los dineros de la salud se orienten hacia la modernización tecnológica de la política sanitaria y el apoyo suficiente a la investigación científica y la ciencia médica, puntualiza el jefe del organismo del organismo de control. 

El Contralor señala que por lo menos el 60 por ciento de los hospitales públicos del país tienen graves problemas financieros, a pesar de que anualmente se incorporan inmensos recursos por parte de la Nación y los territorios para atender al sector.  

“Los dineros destinados no fluyen con la diligencia requerida por ineficiencias en la contratación, por el exceso de trámites burocráticos, enredados procedimientos administrativos y, lo que es peor, por la corrupción en algunos eslabones de la cadena”, asegura. 

“Ahí tenemos un desafío enorme: trabajar por una nueva política de salud, por nuevos diseños presupuestales, por una acción más contundente de los organismos de control, por una protección integral para quienes trabajan en clínicas, hospitales y entidades sanitarias, no solo en la parte laboral sino también en la operativa. Construir un sistema humanamente más cercano a la gente, como nos enseñaron el coronavirus y la cuarentena que vivimos con ejemplos dolorosos y dramáticos”, sostiene. 

Manos sucias de la corrupción no dieron tregua en plena pandemia 

El Contralor Carlos Felipe Córdoba lamentó que las manos sucias de la corrupción no hayan descansado ni siquiera en medio de la tragedia social que ha traído la pandemia para millones de colombianos. 

“Es increíble que una parte de las ayudas decretadas por el gobierno para aliviar el drama de quienes han tenido que confinarse en sus casas, sin empleo y sin dinero para auxiliar a sus familias, fueran objeto del asalto de intermediarios canallas que, aprovechando la urgencia de la asistencia social, no dudaron en realizar sus tramposos negocios con la comida y los subsidios de los más necesitados”. 

“Por fortuna, fueron puestos al descubierto muy temprano y recibirán rápidamente enérgicas sanciones por parte de la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República”, indicó. 

“Es una triste situación que el país rechaza indignado y que nos sacude y estimula para no descansar en el objetivo de llevarlos a la cárcel y recuperar los dineros robados a los débiles presupuestos sociales del país”, agregó. 

Recordó el Contralor General que a la Contraloría le correspondió prácticamente estrenar el nuevo modelo de control fiscal al calor de la crisis desatada por la pandemia. 

Preocupación de la CGR por ejecución de recursos de salud a nivel departamental 

Por su parte, la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, escribió un artículo sobre el control concurrente que ejerce la CGR a los recursos de la salud. 

La labor de la Contraloría se centra en verificar el flujo de los 4 billones de pesos que las EPS reciben cada mes, pero con especial énfasis en el comportamiento del giro directo desde la Adres a los hospitales y clínicas, que es el 68 % de la UPC en el régimen subsidiado, cerca de 5,4 billones de pesos en los primeros cuatro meses de 2020, explicó. 

Anotó también que la Contraloría General de la República actuará de forma articulada con las contralorías territoriales para que los recursos de la salud pública colectiva se ejecuten oportunamente y con suficiencia.  

Recordó que cada mes el sistema de salud gestiona alrededor de 4,5 billones de pesos, que no pueden quedar en cuentas bancarias ante tantas necesidades del servicio de salud. 

Y, adicionalmente, reveló que -de acuerdo los resultados preliminares de un estudio que adelanta la dependencia a su cargo- la oportunidad en la ejecución de los recursos para la salud es incompleta en la mayoría de las entidades territoriales departamentales, por lo que se ha encontrado al analizar en lo sucedido en los cuatrienios de los gobiernos 2012-2015 y 2016-2019. 

El análisis inicial realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Salud encontró que en el periodo 2012-2015, de 3,7 billones de pesos disponibles del SGP para salud pública, solo se ejecutó el 59%, pero lo más preocupante es que en 2012 –primer año de gobierno– se ejecutó solo la tercera parte de los 0,72 billones disponibles.  

Reseña de artículos de la revista Economía Colombiana 

*“Amenazas, retos y avances de la salud en Colombia”, donde el exministro de Salud y actual presidente de Anif, Mauricio Santa María, considera que para seguir contando con un sistema bueno y que mejore en calidad es clave reducir la corrupción en todos los eslabones de la cadena de prestación del servicio, sobre todo a escala territorial. 

“Es necesario profundizar en la vigilancia de los recursos, para que estos cumplan su propósito social y lleguen a los territorios más asediados por la pobreza, la desigualdad y con mayores necesidades en atención de su población. 

“Es clave erradicar la corrupción y evitar que el gasto en salud que hacemos todos los colombianos termine en desviaciones ilegales de recursos hacia funcionarios públicos o contratistas privados. Esta tarea requiere el trabajo conjunto, coordinado y controlado de todo el aparato institucional que respalda al sistema. Solo de esta manera el sistema de salud podrá mantener los estándares que se ha planteado y continuar con los avances ejemplares en materia de política pública social”. 

¨*“Retos que enfrenta el financiamiento del Sistema de Salud”, del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. 

Considera que “El país debería pensar en hacer una transición hacia mecanismos de financiación a través de impuestos generales, lo que permitiría tener un flujo estable de recursos que irriguen al sistema al mismo tiempo que se reducen los costos laborales 

Asimismo, estima que la sostenibilidad del sistema dependerá del éxito que tengan las políticas consignadas en el Acuerdo de Punto Final, en materia de saneamiento y transformación de los mecanismos de gestión y financiación. 

“La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 pone de presente, ahora más que nunca, la importancia de contar con un sistema de salud sólido, con ingresos crecientes en el tiempo y con mecanismos de control al gasto que permitan consolidar un sistema cada vez más equitativo, progresivo y eficiente”, concluye. 

*“Tormenta perfecta: Covid-19, petróleo y economía”, del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. 

Afirma que la incertidumbre no debe ser un obstáculo para actuar cuando de por medio hay vidas por salvar. Las empresas del Estado o las que tienen participación estatal están abocadas a formar parte activa de la solución. “Debemos entender que, con el fin de salvar vidas y puestos de trabajo, tendrán que tomar decisiones difíciles”. 

Y subraya también: lo más importante para Ecopetrol será “no desaprovechar esta crisis”, mantener sus costos bajo control, renegociar con sus proveedores, mantener la caja y una estricta “disciplina de capital”, sabiendo en qué gastar, en qué invertir y seguir creyendo en las apuestas estratégicas que ha hecho para garantizar su crecimiento de largo plazo.  

*“El sector salud y las Cajas de Compensación Familiar”, de la presidente de Asocajas, Adriana Guillén. 

Afirma que el país tendrá que promover, necesariamente, un acuerdo social en el que se definan los beneficios financiados con los recursos del sistema de salud y se convoquen otros sectores que contribuyan para dar respuesta a las necesidades de la población de una manera intersectorial. 

“El reto del sistema de salud es el de generar un mayor compromiso de los agentes en el desarrollo de un modelo de atención centrado en el usuario y el fortalecimiento de la cultura ciudadana que fomente el autocuidado y la protección de los recursos de la salud, lo cual sin duda contribuye al bienestar general de la población, tarea cotidiana de las Cajas de Compensación Familiar”. 

*“Limitaciones del aseguramiento social basado en el lucro”, del Profesor Oscar Rodríguez Salazar, del Grupo de Protección Social de la Universidad Nacional.  

Sostiene que con una cobertura de afiliación cercana al 95 %, era de esperarse que el sistema de salud colombiano garantizase el acceso oportuno y de calidad a la prestación del servicio; sin embargo, está mostrando toda su fragilidad para hacer frente a la actual pandemia. 

Rodríguez Salazar considera que se debe lograr una reforma al sistema de salud que garantice la prevención y el acceso en condiciones de equidad. 

*“El Sector Salud frente a la pandemia”, del Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, Carlos Gómez Restrepo: 

Dice que “El acuerdo de punto final, visto con optimismo y considerado por algunos medios de comunicación como la “luz al final del túnel”, se ve sacudido ante las amenazas de la pandemia y las nuevas demandas a un sector vulnerable y ya debilitado”. 

Y considera que, a raíz de la actual pandemia, se debe orientar el rumbo para cambiar decididamente hacia la prevención. “El fortalecimiento del modelo preventivo es, quizás, la mejor decisión para prepararnos ante futuros eventos en salud por agentes emergentes y reemergentes que amenazan la salud humana”. 

*“Corrupción en Salud. En tiempos de pandemia por Covid-19”, del médico y profesor Manuel Vega Vargas. 

Sostiene que la coyuntura hace evidente la necesidad de poner en juego una estrategia anticorrupción específicamente sectorial, que permita captar la especificidad y complejidad de este fenómeno en el campo de la salud y que responda rápida y eficazmente al desarrollo de la pandemia.  

“En la medida en la que se activen mecanismos de transparencia, gobernanza y participación social para vigilar los recursos destinados a esta crisis es posible ganar valiosos aprendizajes para luchar contra la corrupción en el futuro”.  

“Tenemos la oportunidad de hacer de esta pandemia de COVID-19 un laboratorio para probar las vacunas institucionales y sociales destinadas a enfrentar nuestra crónica pandemia de corrupción en salud, que persiste en tiempos de “normalidad”. 

*“El periodismo en medio del Covid-19”, reflexión que hace la médica Fernanda Hernández, especialista en epidemiología, presentadora de la sección de Salud en Noticias Caracol. 

Sostiene que los periodistas pueden salvar vidas con pedagogía, sin dejar a un lado las denuncias.  

“Que brillen el rigor y el buen criterio y que, por encima de los intereses particulares, se imponga el interés fundamental, que es la protección de la vida y el bienestar de la población”, clama la doctora Fernanda. 

*La revista trae además un documento del Ministerio de Salud y Protección Social donde expone el “Estado actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, y señala que, de acuerdo con las proyecciones para la vigencia 2020, el costo por concepto de aseguramiento de la población colombiana asciende a cerca de 55,1 billones de pesos. 

*También reproduce un fragmento de “El amor en los tiempos del cólera”, novela del escritor Gabriel García Márquez, donde se hace una premonición del coronavirus al referirse a “la epidemia del cólera morbo”, que “había causado en once semanas la más grande mortalidad de nuestra historia”. 

Publicado el 15 oct 2020 14:30


Por inconclusa obra de acueducto: Contraloría General declaró responsable fiscal por $1.272 millones a exalcalde de Chimichagua (Cesar)

COMUNICADO DE PRENSA No. 146 

Imagen de acueducto con texto que dice: Por inconclusa obra de acueducto: Contraloría General declaró responsable fiscal por mil doscientos setenta y dos millones de pesos a ex-alcalde de Chimichagua, Cesar.

  • Los hechos corresponden a un contrato de 2010, por valor de $1.965 millones, para las redes de alcantarillado sanitario y disposición final en el municipio de Chimichagua.  
  • La Contraloría evidenció que las obras se encuentran inconclusas sin prestar servicio a la comunidad  

 

Bogotá 15 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.272 millones de pesos contra el exalcalde del municipio de Chimichagua (Cesar), Rigoberto Pérez Cano, por unas obras inconclusas de redes de alcantarillado sanitario y disposición final, en los corregimientos de El Guamo y La Vega. 

Según se determinó en visita técnica del organismo de control, realizada en el marco del correspondiente proceso fiscal, las obras a construir no se terminaron y presentan deterioros en algunas cámaras de inspección, sus coronas y tapas en concreto. Además, se desconoce el estado actual de la tubería instalada. 

La Gerencia Departamental de la CGR en el Cesar concluyó que existen indicios que demuestran la existencia de daño al patrimonio del Estado en la ejecución del Contrato No. 038 de 2010, por el valor del anticipo pagado al contratista de $980.736.236, que indexado a la fecha es $1.272.871.363. 

Esto en razón a que las obras ejecutadas están inconclusas, no prestan servicio y no están cumpliendo los fines esenciales del Estado.  

Del mismo modo, se concluyó que, con las obras ejecutadas hasta la fecha, no es posible que el sistema pueda funcionar, ya que se necesita un sitio de disposición y tratamiento de las aguas residuales recolectadas en las redes construidas, de lo contrario el sistema colapsaría, conforme lo argumenta el Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

Según la norma, el concepto de integralidad implica, que no se puede realizar ni el diseño ni la construcción de alguna de las partes del sistema de alcantarillado, sin tener en cuenta los efectos que se van a tener sobre las otras y que los diferentes componentes del mismo deben correlacionarse entre sí, de tal manera que sean funcionales y garanticen los objetivos de descontaminación para los cuales fueron planeados. 

Publicado el 15 oct 2020 19:50