Boletines de Prensa - 2020

Por sobrecostos en contratos de equipos biomédicos: Contraloría General abrió proceso de responsabilidad fiscal por $377 millones, contra gerente de Hospital de Yopal

COMUNICADO DE PRENSA No. 112 

 

Imagen de pruebas biomédicas en hospital, tomada de banco de imágenes

Bogotá, 26 de agosto de 2020.- La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal, en cuantía de $377 millones de pesos, contra el Gerente del Hospital Regional de la Orinoquía ESE, de Yopal (Casanare), Ronald Roa Castañeda, la subgerente administrativa del centro asistencial, María Yaneth Delgado, y la empresa contratista Región Plus, por sobrecostos de más del 27% en un contrato Covid por el cual se adquirieron equipos biomédicos y mobiliario hospitalario. 

Mediante el contrato de Suministro No. 039 del 3 de abril 2020, que celebró con Región Plus SAS, el Hospital Regional de la Orinoquía HORO realizó esta compra para fortalecer tecnológicamente los servicios asistenciales ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

El contrato se suscribió por un valor de $1.477 millones, con un plazo de ejecución de 4 meses. 

Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR vinculó como presuntos responsables a: 

*RONALD ROA CASTAÑEDA, en calidad de Gerente del Hospital Regional de Orinoquía ESE. 

*MARÍA YANETH DELGADO PRECIADO, en calidad de Subgerente de área Administrativa y Financiera del Hospital Regional de la Orinoquia ESE, y supervisora del contrato No. 039 de 2020. 

*Y la empresa contratista REGIÓN PLUS S.A.S, representada legalmente por JULIETH KATERINE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Publicado el 26 ago 2020 09:30


Con recursos de la parafiscalidad ganadera se apalancaron gastos de servicios públicos, cánones de arrendamiento y pólizas de cumplimiento de contratos para ejecutar ciclos de vacunación

COMUNICADO DE PRENSA No. 111 

Ganado vacuno, fotografía tomada por Camila Chaves

Fotografía por Camila Chaves

  • Al evaluar el proceso y la estructura utilizada para la vacunación en bovinos y bufalinos, la Contraloría evidenció pagos no ajustados a los contratos de las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas (OEGAs).  
  • La Contraloría llama la atención sobre la oportunidad y efectividad de los controles en materia de supervisión a la vacunación, movilización y control del hato ganadero en el territorio nacional, y de manera específica en zonas de alta vigilancia, como el caso de Arauca. 
  •  Se encuentran inconsistencias de reporte y registro de información sobre actas de predios no vacunados entre el ICA y FEDEGAN. 
  • También se hallaron irregularidades en guías sanitarias de movilización, como 2159 guías dadas a personas fallecidas y otras 257 expedidas a cédulas inexistentes. 
  •  Asimismo, en los 9 departamentos donde se adelantó esta auditoría, los procesos administrativos sancionatorios a cargo del ICA están quietos. Muchos están caducados e incluso prescritos. 

 

Bogotá, 24 de agosto de 2020.-Con recursos de la parafiscalidad ganadera se apalancaron gastos como servicios públicos, cánones de arrendamiento y pólizas de cumplimiento de los contratos suscritos con las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas (OEGAs) para la ejecución de los ciclos de vacunación, determinó una Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República. 

La auditoría se adelantó al eje de Sanidad Animal, puntualmente a la ejecución al Programa Nacional de Fiebre Aftosa y demás enfermedades de control oficial, en Bovinos, a cargo del ICA, y de manera transversal a FEDEGAN fondo parafiscal y a VECOL S. A. 

Como resultado de la auditoría, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, se obtuvieron 55 hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene presunta incidencia fiscal por valor de $208 millones, 12 posible connotación disciplinaria y 2 dan mérito para abrir Indagación Preliminar. Así mismo, se dará traslado a la Fiscalía para que se investigue las inconsistencias en los datos de los solicitantes de las guías de movilización.  

Debilidades en seguimiento y control, por parte del ICA 

La Contraloría encontró debilidades en los procesos de seguimiento y control a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, en torno a la prevención y erradicación de las enfermedades de control oficial en bovinos y bufalinos, así como un problema visible en la calidad y completitud de la información. 

A partir de las verificaciones realizadas, la CGR llama la atención sobre la efectividad de los controles y la eficiencia de la supervisión a los procesos de vacunación, movilización y control del hato ganadero en el territorio nacional, particularmente en zonas de alta vigilancia, como es el caso de Arauca, zona de frontera y, por tanto, de mayor riesgo para el contagio de enfermedades de control oficial, e ingreso de animales de contrabando. 

En esta Auditoría de Cumplimiento, se identificaron situaciones como las siguientes: 

*No se desarrollaron actividades de supervisión a predios y vacunadores durante el ciclo de revacunación y el primer ciclo de vacunación de 2019. 

*Se encuentran inconsistencias de reporte y registro de información sobre actas de predios no vacunados entre el ICA y FEDEGAN; e incertidumbre frente a la cantidad real de animales registrados en el programa Identifica. 

*Y, aunado a lo anterior, se evidenció que no hay avance en los procesos administrativos sancionatorios a cargo del ICA, en los nueve departamentos auditados.  

Diferencias entre los datos reportados por FEDEGAN y los del ICA 

La CGR, consideró que los principios de concertación y cogestión entre los sectores público y privado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 395 de 1997, no se están aplicando en debida forma; ya que no coinciden los datos del proceso de vacunación respecto del seguimiento y control realizado a la movilización de los bovinos y bufalinos  

Vale destacar que esta información es el insumo para la toma de decisiones requeridas en la ejecución del programa de sanidad animal, con el claro objetivo de mantener el estatus sanitario del país. 

“Las situaciones descritas, evidencian riesgos, que de materializarse tendrían gran repercusión sobre la sanidad de la población animal, objeto de la auditoría y, por tanto, de la conservación del estatus sanitario del país”, advirtió la Contraloría. 

Para la CGR, se hace necesario documentar y hacer seguimiento a los procesos de contratación para la ejecución de los ciclos de vacunación, planteando indicadores, que además de prever el conocimiento por parte de las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas (OEGAs) de la región donde operan, identifique criterios objetivos de idoneidad y otros que permitan medir la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los recursos de la parafiscalidad.  

Irregularidades en guías sanitarias de movilización 

Además, el organismo de control estima conveniente fortalecer los controles, incluso en asuntos claves como las guías sanitarias de movilización dado que se constataron, a partir de cruces realizados por la Dirección de Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), situaciones como las siguientes:  

•          2159 guías solicitadas por personas fallecidas. 

•          257 guías expedidas a cédulas inexistentes.  

•          998 nombres que se repiten con distintas cédulas. 

•          La coincidencia entre nombres y cédulas luego del cruce es inferior al 70%.  

Sistemas de información 

La CGR evaluó la congruencia entre los sistemas de información SAGARI, SIGMA, y PAS en el contexto del marco normativo del programa, en el marco técnico de la estrategia de gobierno digital, entre otros, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

1) Criterios de calidad de los datos ingresados en cada sistema; 2) la información reportada por los sistemas que sirven de insumo a los otros procesos y sistemas del Programa; y 3) los resultados de cruces de las bases de datos de los sistemas que permiten establecer la exactitud, completitud, consistencia, coherencia y credibilidad de la información reportada. 

En tal virtud, se evidenciaron inconsistencias entre los sistemas de información relacionados con actas de predios no vacunados, a cuyos propietarios no se le inician los correspondientes procesos sancionatorios; registros sanitarios de predios con incongruencias en sus identificaciones entre otros, lo que genera riesgos con respecto a la exactitud, completitud, consistencia, veracidad y congruencia de información sobre predios (caracterización, propiedad e inventario) reportada por SAGARI, SIGMA, PAS y el Registro Sanitario de Predios Pecuarios. 

Publicado el 25 ago 2020 09:30


7 Instituciones Educativas inconclusas en Antioquia, por $135 mil millones, bajo la lupa de la Contraloría, por escasos avances de ejecución

COMUNICADO DE PRENSA No. 110 

 

 

  • Balance de visita de la CGR a 7 obras críticas de construcción de instituciones educativas en los municipios de Bello, Itagüí  y Sabaneta, en el departamento de Antioquia. 

 

Bogotá, 24 de agosto de 2020.-Nuevas infraestructuras inconclusas ha identificado la Contraloría General de la República en el departamento de Antioquia, luego de que se realizara visita a 7 obras en estado crítico, proyectos de construcción de instituciones educativas, por un valor cercano a los $135 mil millones de pesos, que debían estar en etapa de diseño y construcción, pero donde a la fecha no se registra el cumplimiento de los cronogramas definidos en ninguna de estas. 

Dando alcance al programa de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, el equipo de la Gerencia Departamental de la CGR en Antioquia continúa haciendo seguimiento y poniendo bajo la lupa las obras inconclusas y consideradas críticas, especialmente en proyectos de construcción de instituciones educativas en los municipios de Itagüí, Bello y Sabaneta. 

En Antioquia, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE desarrolla intervenciones por valor de $376.971 millones, en 53 instituciones educativas de 20 municipios del departamento: Abriaquí, Arboletes, Barbosa, Bello, Caldas, Cañasgordas, Chigorodó, Copacabana, El Carmen de Viboral, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, Necoclí, Rionegro, Sabaneta, Turbo, Vigía del Fuerte y Yondó. 

Lote abandonado en el Municipio de Itagüi 

En el municipio de Itagüí se realizó la verificación del estado del lote en la Vereda Los Gómez, en la que se debía construir una Institución Educativa por parte del FFIE, por $7.475 millones, que buscaba beneficiar 960 estudiantes y que supuestamente debía entregarse en agosto de 2019. 

En la revisión se constató que dicho lote se encuentra en un estado de abandono total, cubierto por maleza y a la deriva de reiniciar su construcción. Este retraso ha perjudicado a los estudiantes, ya que, por ser la única institución educativa de la vereda, la Alcaldía Municipal debió adecuar unas aulas provisionales en la cancha de fútbol de la comunidad debido a la contingencia nacional.  

El lote para la construcción no tiene ningún avance físico según la verificación que realizó la Contraloría, a pesar de que el acuerdo de obra para su ejecución se firmó el 13 de octubre de 2017, hace ya 3 años. 

Obras inconclusas en el municipio de Bello 

El personal de la CGR realizó también visita fiscal a 5 obras inconclusas asociadas al FFIE en el municipio de Bello, donde según el Ministerio de Educación, la entidad reporta un total de 9 proyectos educativos, los cuales representan 234 aulas entre nuevas, especializadas y mejoradas. 

El total de inversión proyectada es de $48.693 millones, de los cuales el Ministerio de Educación Nacional aporta $24.187 millones, la Entidad Territorial Certificada ETC aporta $9.669 millones y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA- aporta $4.310 millones. 

La Gerencia Departamental de la CGR verificó el estado de cumplimiento de las fases 1 y 2, correspondientes a los estudios, diseños y obra en 5 de ellos: 

IE LA NAVARRA 

IE TOMAS CADAVID 

IE FERNANDO VELEZ 

IE CARLOS PEREZ MEJÍA 

IE LICEO ANTIOQUEÑO SEDE GRAN AVENIDAD 

Proyectos en Fase 1 – (diseños) 

Uno de los proyectos visitados en etapa de diseño fue la Institución Educativa La Navarra sede El Trébol, que reporta una inversión total de $2.994 millones y se encuentra en proceso de reasignación al Consorcio Sinergia como contratista de obra y al Consorcio Infraestructura INTERCON como contratista de Interventoría.  

El inicio de ejecución de esta obra se estimaba para el 30 de abril del presente año y tiene como entrega proyectada el mes de enero del 2021. Hasta el momento no se evidencian avances físicos.   

El segundo proyecto visitado en etapa de diseño, fue la Institución Educativa Tomas Cadavid, que se encuentra en proceso de reasignación a la empresa contratista, por un valor total de $10.944.735.642.  

Hasta el momento el avance físico es del 0%, aun cuando la fecha de inicio de ejecución de este proyecto en su fase de diseños fue el 8 de febrero de 2017 y estaba pactado iniciar la fase de obra el mes de marzo del presente año, registrando fecha esperada de entrega para el mes de septiembre del 2021.    

La Contraloría General de la República realiza un seguimiento y monitoreo constante a estos dos proyectos considerados críticos, ya que a la fecha debían tener el 100% de avance ejecutado de diseños y e inicio de trabajo de obras.  

Proyectos en Fase 2 (obra) 

De igual forma, la visita fiscal en el municipio de Bello, incluyó la inspección de proyectos críticos que, según los cronogramas estipulados, debían estar en fase 2 o fase de construcción.  

Una de las obras visitadas fue la sede principal de la Institución Educativa Fernando Vélez, que alberga 1.723 estudiantes en jornada única y el propósito era ampliar la fase complementaria, proyecto que inició ejecución el 31 de enero de 2017, cuya entregaba se estimaba inicialmente para el 15 de febrero de 2020 y ahora para el 1 de febrero de 2021. A pesar de que en la documentación oficial aparece un avance del 41%, en la visita realizada se evidenció que es mucho menor. 

La inspección en el municipio de Bello también abarcó el recorrido de la obra que se adelanta en la Institución EducativaCarlos Pérez Mejía, por un valor total de $4.722 millones, que inició ejecución con la fase de diseños el 31 de enero de 2017, su fase de obra debía iniciar en julio de 2018, teniéndose que entregar en octubre del presente año y apenas completa 40% de avance físico. 

También se revisó el terreno donde funcionaba la Institución Educativa Liceo Antioqueño sede Gran Avenida, la cual fue demolida para renovarla y construir 17 aulas nuevas, mejorar 2 y generar 4 aulas especializadas, que beneficiarían a 670 estudiantes; y en donde se invertirían cerca de $6.511 millones.  

Este proyecto se encuentra en proceso de reasignación al contratista y de interventoría. La fecha de inicio de ejecución de esta obra fue en el 2019, y a pesar de haberse iniciado en marzo de 2019 y tener una fecha de propuesta de entrega de mayo de 2021, actualmente su avance físico es del 0%. 

MUNICIPIO DE SABANETA 

En el municipio de Sabaneta, la comisión de la Contraloría General, visitó el lote baldío donde se debía construir la estructura de la Institución Educativa María Auxiliadora y que a la fecha no se ha desarrollado. 

El presupuesto para la construcción indicado por los estudios y diseños, equivale a un total de $5.820 millones; sin embargo, para la ejecución del proyecto el Municipio debe realizar unas obras de contención cuyo costo asciende a $3.618 millones, recursos con los que actualmente no cuenta la administración municipal. 

Un proyecto que es reflejo de las falencias de planeación que se han presentado en diferentes infraestructuras educativas del FFIE y que podrían generar, de no construirse allí, procesos de responsabilidad fiscal. 

Publicado el 24 ago 2020 19:00


30 alertas de la Contraloría por presuntos sobrecostos de $34 mil millones en contratación del PAE durante la pandemia

COMUNICADO DE PRENSA No. 109 

Imagen de una manzana con elementos de educación, cubos de A,B y C

 

 

  • Los sobrecostos detectados motivan la apertura de 4 indagaciones preliminares por $6.074 millones. 
  • El departamento de Antioquia tiene alertas por $15.381 millones en 16 de sus municipios, incluyendo Medellín ($11.246 millones). 
  • También se dan alertas en Bolívar, Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca y Meta. 
  • Durante la emergencia sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, la Contraloría realizó seguimiento a recursos públicos por $570 mil millones destinados al PAE en 34 entidades territoriales del país. 

 

Bogotá, 23 de agosto de 2020.-El control y seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por la pandemia, permitió establecer 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones y da lugar a la apertura de 4 indagaciones preliminares por $6.074 millones. 

Los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial, con corte al 15 de junio, proceden de la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones, que tienen por objeto el suministro del Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas y adolescentes inscritos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), pertenecientes a los centros educativos oficiales del país. 

Indagaciones Preliminares  

En el marco del control concomitante y preventivo que realiza la CGR, se dispuso el inicio de 4 Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074 millones, que involucran la contratación en los municipios de:  

Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones). 

Alertas  

Las 30 alertas por posibles sobrecostos, halladas en contratos PAE que aún no se han cancelado en su totalidad, corresponden a $34.856 millones, sobre los cuales se realizarán acciones de control fiscal. 

Las alertas generadas son las siguientes: 

  • En 16 municipios del Departamento de Antioquia: 

Medellín ($11.246 millones), Bello ($924 millones), Rionegro ($839 millones), Turbo ($816 millones), Itagüí ($291 millones), Apartadó ($273 millones), El Bagre ($165 millones), Caucasia ($122 millones), Necoclí ($119 millones), La Ceja del Tambo ($118 millones), Remedios ($113 millones), Sabaneta ($108 millones), Chigorodó ($89 millones), Carepa ($86 millones), Dabeiba ($41 millones) y Arboletes ($31 millones). En Bolívar: contratación directa del Departamento ($9.128 millones) y del municipio Magangué ($621 millones). 

  • En Cundinamarca: contratación del Departamento ($2.474 millones) y de los municipios de Facatativá ($599 millones), Fusagasugá ($22 millones), Funza ($1.130 millones), Girardot ($37 millones) y Soacha ($765 millones). 
  • En Risaralda: contratación del Departamento ($944 millones) y de Pereira ($1.595 millones).  
  • En el Valle del Cauca: el Distrito de Buenaventura ($1.585 millones).  
  • Y en el Meta: el municipio de Villavicencio ($293 millones).  

Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.  

Contratación revisada 

El valor de la contratación del PAE revisada es de $570.267 millones, que incluye los municipios no certificados de: Arboletes, Carepa, Chigorodó, Yarumal, Dabeiba, El Bagre, La Ceja del Tambo, Necoclí, Remedios, Acandí, Atrato, Carmen de Darién, Bahía Solano, Condoto, Rio Quito, Tadó, Rio Sucio, Rio Iró e Istmina.   

Abarca también los Municipios y Distritos Certificados de Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Turbo, Cartagena, Magangué, Quibdó, Bogotá, Facatativá, Fusagasugá, Funza, Girardot, Chía, Soacha, Zipaquirá, Villavicencio, Dosquebradas, Pereira, Buenaventura, Cali, Cartago, Guadalajara de Buga y Jamundí.

Publicado el 23 ago 2020 11:00


Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Mesa Nacional de Participación alertan sobre incumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los Decretos Leyes Étnicos y el impacto del Covid-19 en víctimas del conflicto armado

COMUNICADO DE PRENSA No. 108

 

 

  • Para 2030 se requieren más de $357,4 billones para indemnizaciones individuales y colectivas, vivienda urbana y rural, retornos y reubicaciones, alimentación, educación y salud, entre otros. 
  • El derecho a la restitución de tierras presenta escasos avances. De 1.292 órdenes judiciales en casos de víctimas con pertenencia étnica, solo se ha cumplido el 11.4%. 

 

Bogotá, 20 de agosto de 2020. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el Covid -19. 

Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por ello se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.  

La pandemia en los territorios y comunidades étnicas podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado. 

Para las comisiones, es fundamental que el Gobierno nacional ante la contingencia generada por el coronavirus adopte urgentemente correctivos y medidas especiales, que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica.  

A pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización, durante la emergencia. 

Entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por el covid-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.  

Se encontraron casos en que algunas comunidades confinadas en Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato y Riosucio (Chocó), han tenido que esperar más de seis meses la entrega de la ayuda humanitaria, y otros donde los actores armados aprovecharon la emergencia sanitaria para aumentar su intimidación en las zonas donde delinquen.  

Sobre la Ley de Víctimasy Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos 

A pesar de la insistencia de los órganos de control, el Gobierno nacional no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo CONPES que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz. 

El esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. Es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos.  

Según cálculos de la Contraloría General de la República, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y  salud - SGP ($197,3 billones), entre otros. 

La materialización del derecho a la restitución de tierras presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces. Durante los años 2018 y 2019 no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. En los casos de víctimas de pueblos étnicos solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, y de 1.292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas 11.4%.  

Frente a la restitución de derechos territoriales para los pueblos indígenas y comunidades negras se requiere el pleno funcionamiento del componente étnico del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Asimismo, no se ha logrado un aporte significativo para la protección y formalización de la propiedad de las comunidades étnicas.  Durante toda la vigencia de la Ley y los Decretos Leyes se han restituido en sentencia 382.755 hectáreas, de las cuales el 58% corresponde a grupos étnicos y el 99% de estas, a territorios ya formalizados (resguardos y territorios colectivos de comunidades negras titulados).  

Seguimiento en cifras  

En total, 879.821 víctimas han sido indemnizadas, lo que corresponde a casi el 13% de los 7.261.998 sujetos de reparación. A este ritmo se necesitan más 50 años para indemnizar al universo de víctimas sujetos de reparación. Entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95.127 indemnizaciones. Sin embargo, existe un rezago de 1’320.177 solicitudes, frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación.  

La Reparación Colectiva presenta escasos avances. De los 755 Sujetos de Reparación Colectiva –SRC- incluidos en el Registro Único de Víctimas –RUV-, solo 156 tiene Plan Integral de Reparación Colectiva –PIRC- aprobado y de esos apenas el 2% ha finalizado su implementación. Cabe anotar que para el caso de sujetos étnicos (539), el 11% se encuentra en implementación.   

Solo un 4% de las víctimas pendiente de atención ha tenido acceso a programas de vivienda. Entre 2018 y 2020 se otorgaron 27.778 subsidios familiares de vivienda (63% urbanos y 37% rurales), frente a 715.899 hogares pendientes de atención. 

El derecho a la participación en las Mesas de Víctimas tampoco ha sido respetado por parte de algunas gobernaciones y alcaldías, que no han tenido en cuenta a esta población en sus planes de desarrollo. Por lo que se reiteró el llamado a las entidades territoriales a garantizar el derecho a la participación de las víctimas en la formulación de los Planes de Acción Territorial, con estrategias que permitan superar las limitaciones impuestas por la actual emergencia sanitaria.  

Publicado el 20 ago 2020 11:00