Boletines de Prensa - 2020

Balance del control preventivo en emergencia por Covid-19:

Contraloría adelanta 2 procesos fiscales por $2.246 millones y ha alertado a 26 Gobernaciones y 67 Alcaldías por presuntos sobrecostos y ambigüedades contractuales

COMUNICADO DE PRENSA No. 068

 

  • “Estamos dando resultados contundentes y mostrando que el control preventivo sirve”, dice en plenaria no presencial del Senado el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  • Se han decretado embargos en los 2 procesos de responsabilidad fiscal que se han abierto, uno de los cuales involucra al Gobernador de Arauca.
  • También se han aplicado medidas cautelares a otros 3 Gobernadores.
  • La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelanta hoy 21 indagaciones preliminares, por una cuantía superior a los $50 mil millones. 7 están en reparto para poder abrir proceso de responsabilidad fiscal.
  • *En la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo se han abierto otras 12 indagaciones preliminares.
  • El Contralor General ha expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.
  • Grandes floricultores se beneficiaron con $2.000 millones de la Línea de Crédito Agro Produce.
  • Contralor explicó al Congreso cómo se está ejerciendo control sobre manejo de recursos públicos entregados a la banca.
  • Eventualmente, la Contraloría podrá adelantar acciones de vigilancia y control posteriores sobre los recursos del FONPET y el FAE prestados al FOME.
  • Contraloría evaluará traslado de pensionados de las AFP a Colpensiones.
  • Unidad de Gestión del Riesgo llamada a rendir cuentas, por su gestión contractual en la emergencia.

 

Bogotá, 6 de mayo de 2020.- Dando cabal aplicación al Acto Legislativo 04 de 2019, que permite a la Contraloría General de la República ejercer el control preventivo y concomitante, este organismo de control ha puesto su lupa al manejo de los recursos públicos dirigidos a atender la emergencia por el Covid-19 y, su balance de actividades en este tema muestra, para empezar,  la apertura  de 2 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía que suma $2.246 millones.

A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata –DIARI, que se ha convertido en los ojos y oídos de la sociedad, el organismo de control ha emitido alertas tempranas sobre presuntos sobrecostos, ambigüedades e inconsistencias contractuales en 26 de las 32 Gobernaciones, así como en  67 alcaldías municipales y distritales, precisó hoy en una sesión plenaria no presencial del Senado el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba.

De dichas alertas se han desprendido los 2 procesos de responsabilidad fiscal mencionados (uno en Sincelejo y en otro en Arauca), ambos por presuntos sobrecostos en contrataciones para entrega de kits alimentarios a población vulnerable.

Otro resultado de estas alertas es la apertura de varias indagaciones preliminares y la evaluación de distintos casos para decidir la actuación a seguir.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelanta hoy 21 indagaciones preliminares, por una cuantía superior a los $50 mil millones. 7 están en reparto para poder abrir proceso de responsabilidad fiscal.

En la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo se han abierto 12 indagaciones preliminares.

Las Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR en Antioquia, Boyacá y Casanare abrieron otras 3 indagaciones preliminares.

No ha pasado ni siquiera un mes desde la primera actuación de la Contraloría y se han podido realizar embargos en los casos de Sincelejo y Arauca, y a otros tres Gobernadores, al verificar presuntos sobrecostos.

El Contralor General ha expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.

Esto implica que la Contraloría General de la República ha desplazado en sus competencias a las respectivas Contralorías Territoriales, con el fin de iniciar actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otro ejercicio de control que resulte idóneo para esclarecer los hechos relacionados.

Alerta por colaciones de crédito de Finagro

Otro logro que resaltó el Contralor es la alerta que dio el organismo a su cargo sobre la concentración de créditos subsidiados para el agro, específicamente en las colocaciones hechas por Finagro dentro de la Línea de Crédito denominada Colombia Agro Produce.

La CGR encontró que de los $226.000 millones colocados en esta línea de crédito hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores.

De los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.

Con corte reportado al 23 de abril de 2020 a la CGR por parte de FINAGRO, se han desembolsado créditos por $224.502.909.702.

La línea no fue focalizada por productos, regiones y en pequeños productores para atender la situación de emergencia y contribuir con la producción y con la sostenibilidad alimentaria.

Los primeros recursos se aprobaron a grandes clientes de los bancos por $213.566 mil millones, sin ningún control de su urgencia y verificación de su destino, y ninguna de las líneas de colocación fue la de producción.

Incluso se han colocado $2.000 millones para grandes floricultores.

Se determinó que esta línea de crédito se coloca por demanda, sin gestión de FINAGRO, ni políticas claras, de tal manera que el 32.5% de los recursos se concentran en Bogotá en actividades no productivas, y en 5 departamentos, que sumados representan el 73% de los créditos aprobados.

La Contraloría ha encontrado entonces que carece de controles en su colocación, de tal manera que puede acceder a la misma cualquier persona que no se encuentre afectada de manera directa por la emergencia.

Se verificó que no contempla ningún indicador de efectividad para medir su impacto en la producción agropecuaria, especialmente de alimentos, ni en la generación y/o en el mantenimiento de los empleos sectoriales.

Después de la alerta de la Contraloría, a la fecha se han cancelado operaciones por $58.753.000.000 en créditos devueltos. Lo que significa $1.764.700.000 en subsidios.

Finagro, mediante circular reglamentaria del 24 de abril, cerró el acceso de los Grandes Productores a todos los segmentos de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce.

Control sobre manejo de recursos públicos entregados a la banca

La Contraloría General ha requerido información al Ministerio de Hacienda, al Banco de la República, a la Superintendencia Financiera, a Bancoldex y al Fondo Nacional de Garantías.

Son punto de interés de la CGR el monto de los recursos asignados para su cumplimiento, las asignaciones que se han realizado; los programas y líneas de crédito que se han creado para la ejecución de la estrategia y el control que está realizando la Superintendencia Financiera.

Seguimiento sobre recursos públicos facilitados a las Pymes

La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras hace seguimiento a las obligaciones del Ministerio de Hacienda y del Fondo Nacional de Garantías para la verificación del debido cumplimiento de lo establecido en el Decreto 466 del 23 de marzo de 2020, en cuanto a la debida focalización de las líneas de garantía.

Se está haciendo seguimiento a los recursos que Bancoldex otorga mediante créditos directos con tasa compensada.

Desde el 7 de abril Bancoldex reporta a la Contraloría General de la República información sobre los desembolsos correspondientes a las líneas de crédito “Colombia Responde” y “Colombia Responde para Todos”.

Con corte al 21 de abril de 2020 se han otorgado 609 créditos a la micro, pequeña y mediana empresa por valor total de $300.162.981.213, por las líneas mencionadas.

En cuanto a créditos para las grandes empresas se reportó que han accedido a esta línea 47 de ellas, por un monto total de $145.264.297.629.

Posición sobre recursos del FONPEC y el FAE prestados al FOME

La Contraloría General de la República podrá hacer uso de cualquiera de los mecanismos de vigilancia y control fiscal establecidos en el Decreto 403 de 2020, para constatar que los recursos públicos dispuestos para la atención de la emergencia cumplan con su finalidad y sean restituidos en término a las fuentes que permitieron obtener el flujo necesario para hacer frente a la contingencia por el COVID 19, sin perjuicio de la posibilidad de advertir sobre riesgos de afectación o amenaza del flujo de pagos de FONPET o de incumplimiento de las obligaciones del FAE.

A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI),  se realiza seguimiento en tiempo real a los giros efectuados por el FOME, informando a las respectivas Contralorías Delegadas Sectoriales lo correspondiente para que realicen el respectivo seguimiento y vigilancia sobre el uso de tales recursos.

Desde la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras se viene realizando seguimiento al programa Ingreso Solidario cuya ejecución se ha financiado con recursos del FOME.

Traslados de pensionados de fondos privados a Colpensiones

La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo realizará el trámite para incorporar en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2020 la auditoría de cumplimiento tanto a Colpensiones como a los Fondos Privados de Pensiones.

Se evaluará que los traslados a Colpensiones de pensionados del Régimen de Ahorro Individual en la modalidad de retiro programado que reciben un salario mínimo se encuentren efectivamente financiados.

También, las acciones para contratar la renta vitalicia y el estado de las cuentas individuales de los pensionados trasladados; se verificará que las AFP giren los recursos a Colpensiones para el pago de las mesadas pensionales.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Ungrd

A esta entidad, se le han pedido los expedientes documentales completos con información presupuestal, contable y legal de los contratos suscritos para atender la emergencia económica, social y ambiental.

Se le ha solicitado Informe detallado de la estrategia desarrollada para cumplir con los objetos contractuales, especialmente lo referente con la entrega de la asistencia humanitaria alimentaria.

La Contraloría hace seguimiento a la entrega de 18 mil ayudas humanitarias de emergencia enviadas a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar.

También se está haciendo seguimiento a la entrega de 150.000 ayudas humanitarias en la ciudad de Bogotá y 50.000 ayudas en el municipio de Soacha en asocio con la seccional Cundinamarca/Bogotá D.C. de la Cruz Roja. 

Regalías

En cuanto a este tema, la Unidad de Seguimiento, Auditoría y Responsabilidad Fiscal de Regalías, se encuentra realizando seguimiento permanente al decreto 513 de 2020, el cual establece medidas para flexibilizar el trámite de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Fue implementada una red de monitoreo a redes sociales, medios de comunicación nacionales y regionales, redes sociales de veedores ciudadanos, emisión de reportes diarios para el seguimiento de denuncias y alertas regionales y seguimiento a las decisiones adoptadas por los organismos colegiados de administración y decisión- OCAD.

Publicado el 06 may 2020 19:30


Contralor y Procurador pidieron al DNP proyecto de ley que amplíe el plazo para aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial por emergencia de COVID-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 067

 

  •  “Los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor”.
  • “En un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”.

 

Bogotá, 5 de mayo de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidieron al Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentar, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que permita adecuar los términos para la aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), para incluir el impacto del COVID-19 en las finanzas territoriales.

En carta enviada al director del DNP, Luis Alberto Rodríguez Ospino, los jefes de los órganos de control advirtieron que “los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor, esto es, la tasa de contagio del brote y las medidas de aislamiento social para contener el virus”.

Indicaron que los proyectos de PDT que se presentaron pueden tener un déficit en relación con la lucha contra el brote y la adecuada consideración de los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Ante las inquietudes planteadas por los mandatarios territoriales sobre las dificultades para cumplir con los términos de elaboración, presentación y trámite de los PDT, debido a la atención que se requiere para contener la pandemia, la aplicación de reglas de confinamiento social y la reducción de espacios de diálogo ciudadano; el Contralor y el Procurador pidieron evaluar un programa especial de acompañamiento al proceso de planeación territorial.

“Dichas dificultades tienen relación directa con la crisis derivada del COVID-19 y las medidas que se han tomado para evitar el contagio. Ciertamente, en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”.

Solicitaron al DNP evaluar un término adicional para la aprobación de los PDT o valorar la alternativa de una modificación normativa a los instrumentos de planificación territorial, para que los planes se aprueben conforme a los estudios que se logren en relación con el impacto de la emergencia sanitaria.  

Para los entes de control, también se podría habilitar que los órganos de representación departamental, distrital y municipal, en ejercicio de la competencia regulatoria de sus procedimientos, consideraran y aprobaran modificaciones a sus reglamentos con el objetivo de permitir la discusión de los planes y su adecuación al contexto actual.

Recomendaron exhortar a los órganos administrativos de representación popular para que frente a los proyectos presentados se asegure el trámite prevalente y la participación de los ciudadanos, de conformidad con el Decreto Legislativo 491 de 2020, según el cual las corporaciones pueden sesionar de manera no presencial, razón por la cual se debería asegurar el acceso a medios virtuales y a espacios para materializar este principio.

El Procurador y el Contralor enfatizaron en que este tipo de medidas se podrían anticipar a debates judiciales que se generen con ocasión de la aprobación del PDT con algún déficit formal o material, así como facilitar la labor de los organismos de control al momento de evaluar la gestión de las administraciones territoriales para que responda a las realidades de tiempo, modo y lugar en que se tomaron las decisiones y ejecutaron los recursos públicos, y su concordancia con los Planes de Desarrollo Territorial.

Publicado el 05 may 2020 07:30


Contraloría General urge precisar condición de estabilidad geológica del Relleno Doña Juana

COMUNICADO DE PRENSA No. 066

 

  • El Operador del relleno Sanitario Doña Juana, NO reportó oportunamente información geotécnica relevante del proceso de inestabilidad en marcha, que concluyó con el deslizamiento del 28 de abril.
  • El organismo de control plantea la posibilidad de adelantar una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para establecer las posibles causas y situaciones relacionadas con esta emergencia.
  • La Contraloría General estima necesario evaluar el Plan de contingencias del relleno Doña Juana y, en forma preliminar,  dice que éste presenta debilidades.
  • Problemáticas administrativas, operativas, ambientales y de estabilidad, así como debilidades de planes de contingencia, han sido detectadas en los procesos auditores de la Contraloría General de la República sobre varios rellenos sanitarios del país.
  • Gestión integral de residuos sólidos, hospitalarios y rellenos sanitarios, ha sido revisada por la Contraloría, encontrando diferentes falencias.

 

Bogotá, 4 de mayo de 2020.-  La Contraloría General de la República urgió hoy a al operador del relleno sanitario Doña Juana, a la ANLA, la Superintendencia de Servicios y la UAESP, para que precisen la condición de estabilidad geotécnica en la que se encuentra este luego del evento de deslizamiento ocurrido en la noche del pasado martes 28 de abril, al tiempo que reveló que, según lo que ha podido establecer con la ANLA, el operador NO reportó oportunamente información geotécnica relevante del proceso de inestabilidad en marcha, que concluyó con esta nueva emergencia.

Para la Contraloría, esta situación debe ser abordada por la Supervisión del contrato y la ANLA, a efecto de imponer medidas que impidan que se repitan procesos de remoción en masa al interior del relleno y que, como consecuencia directa, se coloque en riesgo y exposición a la población por situaciones biosanitarias adversas y deterioro de las condiciones ambientales.         

La Contraloría señaló que se requiere también un pronunciamiento del operador del relleno en relación de las causas, implicaciones y posibles riesgos derivados del deslizamiento.

El organismo de control plantea la posibilidad de adelantar una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para establecer las posibles causas y situaciones relacionadas con la actual emergencia que afronta el Relleno Sanitario Doña Juana, el más grande del país y uno de los más grande del mundo.

La Contraloría General estima necesario evaluar el Plan de contingencias del relleno Doña Juana y, en forma preliminar, dice que éste presenta debilidades.

Considera, además, que la vida útil del relleno es un punto de especial importancia para el adecuado manejo de los residuos sólidos del Distrito Capital y para que continúe su operación de acuerdo al tiempo que le fija la licencia ambiental, hecho que ocurrirá entre los años 2022 a 2023, situación que implica que la actual Administración Distrital debe resolver este hito lo antes posible, dadas las implicaciones tarifarias, de salud pública y ambientales asociadas a las características actuales del relleno.

No es un problema de ahora y es generalizado

En varias de sus auditorías, el organismo de control ha detectado diferentes problemáticas administrativas, operativas, ambientales y de estabilidad del Relleno Doña Juana, así como de otros rellenos del país.

En las auditorías practicadas desde la 2017, en relación con el relleno Doña Juana, se han determinado situaciones como la carencia del permiso de vertimientos, incumplimientos del operador del relleno Consorcio Gerenciamiento Relleno Doña Juana (CGR DJ) en relación con las obligaciones de la licencia ambiental, desatención reiterada por parte del operador a los informes de la interventoría y deficiencias en labores de mantenimiento y en obras de manejo requeridas para la adecuada operación del relleno, entre otras.

El ente de control ha detectado que otros rellenos sanitarios del país se encuentran en situación similar al relleno Doña Juana, en cuanto a afrontar una corta vida útil, situación que demanda de las Administraciones Locales acciones urgentes a efecto de no decretar emergencias sanitarias, así como la necesidad de definir soluciones técnicas, sociales ambientales y económicas de largo plazo,

Los casos evaluados en los informes de la Contraloría dan cuenta de múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas donde se encuentran emplazados los sitios de disposición final en los rellenos, y se tiene como ejemplo, aparte de Doña Juana (en Bogotá), El Carrasco (Bucaramanga), Rediba (Barrancabermeja), Magic Garden (San Andrés Islas) y Pradera (Medellín).

Estudios de la Contraloría sobre la política nacional de manejo de residuos sólidos han señalado la necesidad de aplicar cambios estructurales para atender los impactos ambientales que se generan en distintas ciudades del país.

Hallazgos de las Auditorías de la Contraloría sobre el relleno Doña Juana y otros similares y, en general, el tema de residuos sólidos y residuos hospitalarios:

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para Medio Ambiente, ha realizado diferentes actuaciones de control fiscal relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos, residuos hospitalarios y rellenos sanitarios en el territorio nacional.

Dichas actuaciones corresponden a 3 auditorías ejecutadas en los años 2017 y 2018, así como de seguimiento y atención de denuncias ciudadanas relacionadas con el tema.

 

1.            Auditoría de Desempeño a la Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y las Corporaciones Autónomas Regionales en el marco de la política de gestión ambiental y urbana - PGAU (2014-2017)

En esta auditoría de abril de 2018, involucró 16 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se establecieron 23 hallazgos administrativos, sobresaliendo las siguientes situaciones que guardan relación directa con el relleno Doña Juana:  

Administrativas - Institucionales

La Contraloría General de la República encontró debilidades en la formulación de la política, debido a la baja participación de las corporaciones y de la comunidad en general.

También, encontró falta de gestión, articulación y fortalecimiento de las instituciones públicas evaluadas

Otra de las falencias detectadas por el organismo de control, fue la falta de articulación, gestión e inoperancia en desarrollo de sus funciones de seguimiento y control de la CAR Cundinamarca, la Superintendencia de Servicios Públicos, UAESP y Secretaría de Ambiente, en donde hay deficiencias en la toma de medidas preventivas y sancionatorias.

Precisó también en este informe, que el relleno no contaba con el permiso de vertimientos.

Incumplimientos

El equipo auditor de la Contraloría Delegada para Medio Ambiente encontró que hubo incumplimientos por parte del operador del relleno, el Consorcio Gerenciamiento Relleno Doña Juana, en relación con las obligaciones de la licencia ambiental, así como del contrato de concesión y al plan operativo RAS 2000.

También se incumplió con la modificación de los diseños de optimización y en el manejo de lixiviados y gases del relleno, en donde existen diferencias respecto de lo ejecutado frente a los diseños definidos en el plan de manejo ambiental.

Los parámetros de vertimientos también fueron incumplidos, así como los sistemas de manejo de los gases producidos en el relleno y los controles de las emisiones atmosféricas. 

Hubo incumplimiento en las labores de restauración paisajística, así como también, desatención reiterada por parte del operador a los informes de la interventoría.

Deficiencias y situaciones en proceso

Dentro de este proceso auditor, la Contraloría evidenció procesos de inestabilidad activos de la masa de residuos sólidos ya dispuestos de forma definitiva.

Por otra parte, detectó que no se presentó la adecuación requerida en tiempo de la celda de emergencia, con lo cual no se contaba con la misma para la fecha de la auditoría   

También encontró deficiencias en obras de manejo requeridas para la adecuada operación del relleno (Vías internas, sistema de manejo de aguas superficiales y drenaje del lixiviado y manejo de gases).

Otras deficiencias reiteradas encontradas por el ente de control tienen que ver con labores de mantenimiento, así como en los sistemas de instrumentación del relleno (piezómetros, inclinómetros) y falta de claridad del mecanismo con el cual se liquida al operador del relleno por el tratamiento del lixiviado.

 

2.            Auditoría de desempeño al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y autoridades ambientales en desarrollo de la política para la gestión integral de residuos sólidos 2014-2018

Esta auditoría liberada por la Contraloría General de la República en diciembre de 2018 estableció 28 hallazgos administrativos y en lo relacionado con el relleno sanitario Doña Juana, se resaltan las siguientes situaciones:

Administrativas - Institucionales

La CGR detectó falencias e inconsistencias en el proceso de modificación de tarifa del servicio de aseo, desde el punto de vista de la eficacia, eficiencia y economía, dado que no se encontraban en el expediente todas las pruebas que permitieran soportar la modificación de la tarifa y en especial con lo relacionado al punto del tratamiento del lixiviado.

En cuanto a la vida útil del relleno, en el marco de la modificación a licencia ambiental realizada en el 2014 por la CAR, se extiende hasta el año 2022, pero esta fecha no fue considerada para la modificación de la formula tarifaria en favor del operador del relleno.

Además, la Contraloría encontró bajo desempeño de las Autoridades Ambientales para realizar el seguimiento a las metas de aprovechamiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, y a nivel local, solo 351 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos — PGIRS, de los 928 actualizados, se ajustan a la Resolución 754 de 2014.

Incumplimientos

El ente de control detectó que no se cumplen las directrices del Conpes 3874 de 2016 en relación al manejo de residuos sólidos, en donde se requiere pasar de un modelo lineal (prioriza la disposición en el relleno), al modelo circular, basado en separación en la fuente, clasificación y reciclaje, con la consecuente reducción de residuos dispuestos en los rellenos y la consecuente ampliación de su vida útil. 

Deficiencias y situaciones en proceso

En el ejercicio auditor, el equipo de la Contraloría detectó diferentes problemáticas administrativas, operativas, ambientales y de estabilidad del Relleno Doña Juana, así como de otros rellenos del país y de la política nacional de manejo de residuos sólidos, en donde se requieren cambios estructurales para atender los impactos ambientales generados en el manejo de residuos sólidos en Colombia.

En general se presentaron falencias y debilidades en los rellenos analizados en aspectos tales como:

Tecnologías complementarias y alternativas a rellenos sanitarios. (Se ha planteado desarrollar proyectos de aprovechamiento del gas para generación de energía, sin que se materialicen).

Proceso de entrega y seguimiento rellenos sanitarios. (Debilidades en el seguimiento por parte de la ANLA).  
Vida útil de los rellenos sanitarios (Varios rellenos próximos al agotamiento de la vida útil)
Cobro por disposición final y tratamiento (Cobro de servicios sin contar con la licencia ambiental)
Constitución provisiones para actividades de cierre, clausura y pos-clausura de rellenos sanitarios.

(La mayoría de los rellenos no están destinando recursos para la etapa de clausura) 

- Falta de oportunidad y articulación de los Planes de Gestión Integral de   Residuos Sólidos PGIRS. (No se articulan con los demás planes municipales y departamentales, tales como POT, PBOT, EOT y pales de desarrollo).

Los casos evaluados en los informes dan cuenta de las múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas donde se encuentran emplazados los sitios de disposición final en los rellenos, en donde se tiene como ejemplo Doña Juana (Bogotá D.C.), El Carrasco (Bucaramanga), Rediba (Barrancabermeja), Magic Garden (San Andrés Islas) y Pradera (Medellín).

 

3.            Auditoría de cumplimiento a la gestión integral de residuos hospitalarios peligrosos en las costas Atlántica y Pacífica.

Esta auditoría liberada por la CGR en noviembre de 2017 estableció 25 hallazgos administrativos, de los cuales 16 tienen incidencia disciplinaria.

Se desarrolló sobre Corpoguajira, Corpamag, CRA, Cardique, CVS, Codechoco y CVC, donde se evaluaron entidades prestadoras de servicios de salud de la red de hospitales del estado e instituciones privadas del sector salud.

El ente de control encontró debilidades en la gestión de residuos hospitalarios (peligrosos) en la mayoría de las entidades hospitalarias evaluadas, en donde se resaltan problemas con el almacenamiento y disposición de los residuos hospitalarios (RH) a su interior.

Se detectaron falencias en la adecuada entrega y registro del manejo de los residuos a los gestores en lo relacionado a transporte y disposición final en los sitios adecuados y dispuestos para tal objeto, en las celdas de bioseguridad al interior de los rellenos sanitarios.

También encontró deficiencias en las condiciones de bioseguridad al interior de las instituciones prestadoras de servicios de salud, en los sitios de depósito temporal al interior de las entidades prestadoras de servicios de salud,

En cuanto a los vertimientos de aguas residuales, la CGR encontró que se hacen sin los respectivos permisos de las Corporaciones y hubo incumplimiento de normas de emisiones atmosféricas.

Hubo incumplimientos normativos y falencias en aspectos relevantes de coordinación entre la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), las Secretarias de Salud Departamentales y Municipales y las Corporaciones Autónomas Regionales, todas ellas con funciones y responsabilidades de seguimiento y control frente al tema de la gestión integral de residuos hospitalarios.

La Contraloría también encontró desactualización y desarticulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Peligrosos (PGIRH) y debilidades de los planes de contingencia de la gestión integral de residuos hospitalarios. 

Publicado el 04 may 2020 07:30


Con Audiencia Virtual sobre Túnel de La Línea y Ruta del Sol 3, arrancó seguimiento preventivo de la CGR a proyectos de infraestructura

COMUNICADO DE PRENSA No. 065

 

  • Contraloría alerta a entidades gubernamentales a seguir criterios de transparencia en procesos de reactivación de obras de infraestructura.
  • El organismo de control inició seguimiento a las entidades del Gobierno Nacional y territoriales que desarrollan esta clase de proyectos, como el INVIAS, la ANI y diferentes Alcaldías y Gobernaciones. 
  • Lupa a licitación para mejoramiento de la Vía Toledo-Chinácota, en Norte de Santander, donde la Contraloría detectó un valor por metro de vía mejorada de $12 millones, que supera lo establecido en la contratación pública, configurando así una posible irregularidad.

 

Bogotá, 29 de abril de 2020.- La Contraloría General de la República comenzó a realizar seguimiento a importantes proyectos de infraestructura del país, como el Túnel de la Línea y la Ruta del Sol, Tramo 3, atendiendo las disposiciones del Gobierno Nacional en el marco del decreto 417 del 17 de marzo de 2020 por el cual se declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.

En una primera audiencia virtual, con el INVIAS y la ANI, se hizo seguimiento a estos proyectos, a partir de las situaciones asociadas a las medidas adoptadas por la aparición del Covid-19.

“En conjunto con el INVIAS y ANI, estamos realizando seguimientos y generación de alertas a fin de evitar posibles daños al patrimonio público respecto de algunos proyectos de infraestructura, conociendo las medidas que se han adoptado para el cumplimiento de plazos en proyectos como el Túnel de la Línea y el proyecto Ruta del Sol, Tramo 3, dada las situaciones de contingencia por el Covid-19”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

De esta manera, la CGR inicia un seguimiento, con enfoque preventivo, sobre la inversión de recursos en infraestructura vial, añadió.

Posibles irregularidades en licitación vial en Norte de Santander

A través de denuncias ciudadanas y con el análisis realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR (DIARI), se viene realizando seguimiento puntual a las inversiones de entidades públicas en infraestructura vial.

Y, en este sentido, se identificó el proceso de licitación pública LP-SI-004-2020 de la Gobernación de Norte de Santander, con la Fundación Ambientalista Planeta Azul, que tiene por objeto el “MEJORAMIENTO DE LA VIA TOLEDO-CHINACOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, por $12.946.717.648, lo que representa un valor por metro de vía mejorada de $12 millones, que genera un riesgo de extralimitar los valores establecido para una contratación pública.

“A través de las herramientas con las que cuenta la Contraloría General de la República se realizaron comparaciones de precios unitarios con contratos de proyectos de infraestructura vial con objetos similares y localizados en el departamento Norte de Santander, lo que permitió evidenciar un posible sobrecosto, de acuerdo a que ninguno de los desarrollos que se ejecutarán en la vía Toledo-Chinácota, representan una complejidad técnica que justifique el valor total, así como tampoco se evidencian obras de tratamiento en taludes o muros de contención, que pudiesen ser factores que podrían incrementar el valor final”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

“Como máximo ente de control fiscal del país y bajo el ejercicio del Control Preventivo y Concomitante que nos ha brindado el Congreso de la República, estamos obligados a determinar y alertar sobre la ocurrencia de presuntos daños fiscales por el uso improductivo de los recursos públicos, a través de debilidades de planeación y en la de ejecución de los proyectos de infraestructura. Son los recursos de todos los colombianos y en medio de una emergencia como la que vivimos, es fundamental que no se despilfarren”, concluyó diciendo el funcionario de la CGR.

Más control, en la Nueva Contraloría

La Contraloría General de la República, con el fin de garantizar la defensa y protección del patrimonio público, y en el marco del Acto legislativo 04 de 2019, reglamentado por el Decreto 403 de 2020, en ejercicio del nuevo Control Preventivo y Concomitante, ha desplegado todos los mecanismos de seguimiento permanente y preventivo para la vigilancia de la inversión de los recursos públicos.

Por tal motivo, pone en marcha esta estrategia de seguimiento virtual a los proyectos de infraestructura; procesos que además el ente de control ha venido acompañando a través de la Estrategia "Compromiso Colombia", donde, junto a la ciudadanía y actores involucrados, ha identificado diferentes problemáticas, para generar acuerdos que permitan sacarlos adelante.

Publicado el 09 abr 2020 08:00


Por inconcluso proyecto de casas fiscales de la Policía, Contraloría determinó daño fiscal por $5.364 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 064

 

  • La construcción de la segunda fase del proyecto “Ciudadela Policial – CENOP”, en el municipio de San Luis (Tolima), nunca se concluyó.
  • La obra fue gestionada y financiada por el Fondo Rotatorio de la Policía.
  • El proyecto de vivienda está abandonado hace 4 años y no se evidencia gestión alguna para su terminación.
  • La Contraloría no ha definido aún los presuntos responsables fiscales por este caso. Esto se determinará en el proceso de responsabilidad fiscal, que vendrá ahora.


 

Bogotá, 27 de abril de 2020.-Tras concluir una Actuación Especial de control fiscal, la Contraloría General de la República de la República determinó la ocurrencia de un presunto daño fiscal por $5.364 millones, por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional, a través del Fondo Rotatorio de la entidad, en la construcción de un proyecto de 51 casas fiscales en el municipio de San Luis (Tolima).

Las casas no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad. Debilidades en las etapas de planeación y ejecución de la segunda etapa del proyecto denominado “Ciudadela Policial CENOP”, ocasionaron la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma, por no existir recursos para finalizarla.

Las viviendas inconclusas estaban destinadas a familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Parte del posible detrimento patrimonial encontrado en este caso corresponde a lo invertido en obra ($5.132 millones) y el resto a la interventoría ($231 millones).

Los contratos de obra y de interventoría fueron suscritos en diciembre de 2012, el primero con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Un hecho llamativo para la Contraloría es que para la construcción de las 51 viviendas se dio un plazo de ejecución de apenas 3 días, por cuanto el acta de inicio es del 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato  era hasta el 31 de diciembre de 2012, deficiencia de planeación que llevó a realizar cuatro prórrogas.

La obra está abandonada hace aproximadamente 4 años y, según el organismo de control, no se evidencia gestión alguna para su terminación y el cumplimiento de los fines para los cuales se hizo esta millonaria inversión.

Antecedentes e irregularidades encontradas por la Contraloría

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad adelantó esta Actuación Especial de control fiscal sobre los recursos invertidos por el Fondo Rotatorio de la Policía, para la construcción del proyecto “Ciudadela Policial – CENOP”, en el municipio de San Luis (Tolima).

Fue así como efectuó una revisión desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero a los contratos celebrados desde el momento de su planeación (vigencias 2010 – 2011) y ejecución (2011-2015) hasta la fecha, concluyendo -como se indicó antes- que existió un daño fiscal en la Fase II por valor de $5.364 millones. 

Verificando los antecedentes de la obra, se determinó que inicialmente la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, estableció la necesidad de 51 viviendas que conformarían la segunda etapa del proyecto “Ciudadela Policial CENOP en San Luis, Tolima”.

Para este efecto, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía –FORPO, gestionaron y destinaron un total de $7.000 millones: $6.697 millones para obra y $302 millones para interventoría.

Para lo anterior se celebraron en el mes de diciembre de 2012 dos contratos: el de obra con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el de interventoría con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, respectivamente.

El acta de inicio tiene fecha 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre (3 días).

Por esta deficiencia de planeación se debieron realizar cuatro prorrogas, así:

  1. El 31 de diciembre de 2012 por seis (6) meses, hasta el 30 de junio de 2013.
  2. El 28 de junio de 2013 por cuatro (4) meses, hasta 28 de octubre de 2013.
  3. El 31 de diciembre de 2013, hasta el 30 de mayo de 2014. 
  4. El 30 de mayo de 2014, hasta el 28 de agosto de 2014.

Estas prórrogas en tiempo no modificaron la forma de pago.

Por lo tanto, no existe relación entre las prórrogas otorgadas, la forma de pago pactada y los recursos presupuestales apropiados, lo que condujo a que la Reserva Presupuestal expirara, quedando desfinanciada la obra.

Las anteriores debilidades evidenciadas, tanto en la etapa de planeación como en la de ejecución, ocasionaron la desfinanciación de la obra y al no existir recursos para terminarla, vino consigo el abandono de la misma.

Publicado el 27 abr 2020 11:59