Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 042

  • Dicha cuantía obedece a un incremento en el valor inicial del contrato, que se vio afectado por constantes ajustes.

 

Tolima, 1 de abril de 2019.- La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Tolima determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $15.818 millones, en el desarrollo del proyecto para la construcción de obras de control de presas y protecciones longitudinales en el río Gualí, cuyos recursos provienen del Fondo Nacional de Regalías – FNR.

El proyecto que fue ajustado cuatro veces, ocasionó disminución de las obras al pasar de 8 presas y dos muros de contención a solo 5 presas y dos muros de contención, con un incremento en el contrato que pasó de $16.221 millones a $26.305 millones.

Esta obra diseñada para adelantarse en dos años, tardó 7 años en ser ejecutada incumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en las normas técnicas de obligatorio cumplimiento, al construirse con especificaciones técnicas inferiores y resistencia inferior a la pagada.

De esta manera se pone en riesgo a la población de Honda, dado que las estructuras construidas al verse sometidas a la fuerza impuesta por la naturaleza (corriente del rio) no garantizan que sean aptas para resistirlas, se ven afectadas en su durabilidad y aceleran la presencia de fallas prematuras, quedando propensas a un colapso en caso de emergencia.

Estos hechos fueron declarados de Impacto Nacional mediante Resolución 0216 de 18 de marzo de 2019, suscrita por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, por lo que el trámite investigativo será adelantado por la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, del órgano de control.


COMUNICADO DE PRENSA No. 041

 

Barranquilla, 1 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial de más de $228 millones, contra la Fundación Huellas con Futuro, por un contrato celebrado el 18 de mayo de 2017 con la alcaldía de Soledad, en el departamento de Atlántico.

Según el organismo de control, el contratista no pudo soportar gastos o evidenciar el avance del contrato de 00286 de 2017 en el cual la alcaldía municipal invirtió $385 millones, y cuyo objetivo era generar estrategias que fortalezcan las políticas públicas de niños y niñas en Soledad al nor-oriente del departamento del Atlántico.

La Contraloría General de la República encontró que más de $ 228 millones en gastos no pudieron ser soportados por parte del contratista y tampoco se pudo establecer el avance o ejecución.

En el contrato en mención se ven comprometidos los recursos del Estado y la vulneración de los derechos de un sector prioritario de atención como son los niños y niñas del municipio de Soledad Atlántico.

Publicado el 01 abr 2019 15:30


COMUNICADO DE PRENSA No. 040

 

  • Hace 3 años, la Contraloría produjo un fallo fiscal donde determinó que la compañía Prodeco y otros involucrados deben resarcir al Estado colombiano la suma de $60.023 millones por un daño patrimonial en esta cuantía.
  • A pesar de que, conforme a lo previsto en la Ley 610 de 2000, Prodeco elevó demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, hizo uso también del Tribunal Internacional llevando la disputa con el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI.

 

Bogotá, 1 de abril de 2019.- La institucionalidad del control fiscal se ha visto afectada por nuevos riesgos frente a su ejercicio constitucional y legal y uno de ellos es consecuencia del mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera, como los tratados internacionales de libre comercio.

Los responsables fiscales han buscado ampararse en los mismos para evadir las decisiones de los órganos del control fiscal, desconocer el ordenamiento jurídico de Colombia en la materia, e introducir al Estado colombiano en acciones de carácter internacional, que no deberían caber en este tipo de asuntos.

En próximo días en el seno del CIADI, institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, se proferirá una importante decisión en el caso Prodeco- Glencore.

Esta compañía demandó no sólo ante dicho Tribunal Internacional sino también en la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia (Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca), un fallo de responsabilidad fiscal por el detrimento al patrimonio público, causado por la minera y otros servidores públicos que lesionaron los intereses patrimoniales del Estado colombiano.

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Prodeco, por el fallo de responsabilidad fiscal.

El daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería con el cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país.

La Contraloría General de la República considera el tema de la mayor importancia, por las implicaciones no sólo económicas, jurídicas y de soberanía del Estado colombiano, y de sus instituciones que no pueden ver soslayadas sus facultades constitucionales y legales a propósito de posibles demandas internacionales. 

El fallo de la Contraloría

Mediante auto del 21 de agosto de 2015 y actuando como segunda instancia, el Despacho del Contralor General de la República, confirmó la ocurrencia de un daño de $60.023 millones de pesos causado a los intereses patrimoniales del Estado y la declaratoria de responsabilidad fiscal de contra C.I. Prodeco S.A. y otros involucrados (Prodeco es propiedad de la multinacional Glencore).

El fallo con responsabilidad fiscal se originó en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí No. 8 del 28 de enero de 2010, al Contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.

Como consecuencia de ese otrosí, el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra de pesos equivalente a la de la condena, por la explotación de la mina de carbón “Calenturitas”, en el departamento del Cesar.

Publicado el 01 abr 2019 12:15


COMUNICADO DE PRENSA No. 039

 

Cartagena de Indias, 29 de marzo de 2019.- La situación de la empresa Electricaribe, desde el punto fiscal y de operación, ya está llegando a los límites. En este momento está presionada por un déficit de $1,3 billones, únicamente para asegurar la prestación del servicio, reveló aquí la Contraloría General de la República.

 “Por condiciones índices, esta sería una compañía que tendría que hacer inversiones cercanas a los $600 mil millones de pesos y en este momento vemos que no supera los $140 mil mil millones de pesos”, aseguró el Vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee.

“Esa brecha se refleja claramente en la operación comercial y en la prestación y calidad del servicio, a partir de redes que no están cumpliendo con los estándares de calidad”, sostuvo.

La Contraloría encontró que la pérdida de capital de trabajo de la compañía inició en el primer trimestre de 2015 y esa situación la llevó a la crisis que tiene, aseguró también el Vicecontralor, en declaraciones que concedió luego de intervenir en un debate público sobre la situación de Electricaribe que convocó el organismo de control en Cartagena.

Sostuvo que Electricaribe minó la confianza de la banca para prestarle recursos a las compañías del sector eléctrico.

Tambén recordó que es la empresa con más reclamaciones de los usuarios en el país, aunque hoy está dando una mejor respuesta a esos reclamos.

Indicó que en algún momento habrá que responder por el pasivo pensional de los trabajadores de la empresa y eso implicaría una suma de $1,8 billones.

Para la Contraloría, es necesario alinear a todos los interesados en lograr una solución para la empresa y que los inversionistas que lleguen no resulten golondrinas.

Publicado el 29 mar 2019 19:00


COMUNICADO No. 038

 

  • Contraloría General investiga  lo que está ocurriendo con los proyectos de infraestructura educativa en varias regiones del país y los resultados iniciales confirman retrasos en varias obras y determinan  además, en algunos casos, costos exagerados.
  • Lluvia de denuncias por incumplimientos de los contratistas y posibles sobrecostos y, sobretodo, por la demolición de establecimientos educativos para dar paso a nuevos que están inconclusos o no se han entregado, con lo cual muchos estudiantes han sido trasladados, cuando no “amontonados”, en sitios inapropiados.
  • Sube el volumen y el tono de las denuncias recibidas por la Contraloría: “La ejecución de los proyectos se encuentra en estado crítico”; “se han incumplido los cronogramas de las obras”; “No tenemos respuesta del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa”; “El colegio parece un edificio colapsado por algún terremoto destructor”; “¿Quién responde por el hacinamiento, la incomodidad, la falta de espacios pedagógicos y recreativos?”.
  • La situación es tal que se han interpuesto varias tutelas, como es el caso del departamento de Boyacá, donde el incumplimiento en la construcción de los colegios y lo que llaman los demandantes “el inicio del carrusel de las escuelas o de los colegios”, ha dejado a niños y jóvenes expuestos a recibir clases en lugares improvisados, como plazas de mercado, coliseos, conchas acústicas “y hacinados en los pocos colegios que quedaron en pie, es decir que no se derrumbaron”.  
  • Con motivo del inicio de las investigaciones de la Contraloría, se han recibido también denuncias de proveedores y trabajadores de las obras contra los contratistas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFIE,  por mora en los pagos.
  • La indagación abarca denuncias relacionadas con la firma portuguesa Mota-Engil y otros contratistas como la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio Desarrollo Escolar -G4, entre otros.
  • La Contraloría ha encontrado desfases significativos en los costos promedio por aula construida en las zonas urbanas, en proyectos ejecutados en marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
  • Un ejemplo, es el caso de la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, donde se construyeron 3 aulas a un costo promedio de $1.039 millones por aula, que desborda el costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de $146 millones (por aula nueva, tanto urbana como rural).
  • A diciembre de 2018 sólo se habían terminado 73 proyectos de infraestructura educativa en área urbana, de un total de 543 aprobados. Y de esos 73 concluidos solo se habían entregado 12.

 

Bogotá, 28 de marzo de 2019.- Atendiendo un cúmulo denuncias que ha recibido de parte de Alcaldes, Secretarios de Educación, Concejos Municipales, Veedores Asociaciones de Padres de Familia, Rectores, Congresistas, y en general comunidades de varias regiones del país afectadas por retrasos e incumplimientos en obras de infraestructura educativa, contempladas en los planes del gobierno anterior para implementar la Jornada Única Escolar, la Contraloría General de la República avanza en una indagación preliminar cuyos resultados preliminares confirman hasta ahora algunos de los graves hechos denunciados y evidencian, además, desfases significativos en los costos promedio por aula construida.

Son varios los casos donde el costo promedio por aula nueva desborda el que fue estimado en el Documento Conpes 3831 del 3 de junio de 2015, por el cual se declaró de importancia estratégica el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar.

De acuerdo con el diagnostico consignado en dicho Conpes, este Plan debía cumplir a diciembre de 2018 con la meta de resolver el 60% del déficit de aulas estimado en 51 mil aulas nuevas y ampliadas. Es decir, cumplir con la entrega de al menos 30 mil nuevas aulas y mejoradas.

Los funcionarios de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR que adelantan esta indagación preliminar han establecido hasta el momento, con base en información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, que dicha meta no se cumplió porque a diciembre de 2018 sólo se habían terminado 73 proyectos en área urbana de un total de 543 aprobados por la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

Sin embargo, de esos 543 proyectos contratados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFI solo se comenzaron 310, de los cuales 237 aún se encuentran en obra negra y de los 73 terminados solo se han entregado 12 proyectos, equivalentes a 230 aulas, de las cuales solo 131 son nuevas, 5 especializadas y el resto mejoradas, lo que hace más evidente que la meta del Conpes a 31 de diciembre de 2018 no se habría cumplido.

Los 73 proyectados terminados en área urbana corresponden a la construcción y mejoramiento de igual número de instituciones educativas, con un total de 1.310 aulas de las 30.680 proyectadas (que incluyen tanto nuevas como mejoradas y especializadas). Esta cifra es muy inferior a la meta trazada y al compararse indica un avance del 4.3%.

Dos de las instituciones educativas terminadas deberán demolerse, porque no es posible certificar si cumplen con los estándares constructivos y de sismo resistencia exigidos por las normas técnicas vigentes.

 

Desfases en los costos

 

El equipo investigador de la Contraloría ha identificado que entre los 73 proyectos terminados se evidencian algunos donde hay notables desfases en los costos promedio.

Es el caso de la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, donde se construyeron 3 aulas a un costo promedio de $1.039 millones por aula, que desborda el costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de $146,6 millones (por aula nueva, tanto urbana como rural).

En la IE Técnica de Accion Comunal de Fusagasuga (Cundinamarca) se construyeron solo 2 aulas nuevas, a un costo de $620 millones cada una.

Y está el caso de las 5 aulas nuevas y especializadas construidas en la IE Nuestra Señora del Rosario en Polo Nuevo (Atlántico), a un costo promedio de $557 millones por aula.

Igual sucede en la IE San Joaquín de La Mesa (Cundinamarca), donde se terminaron 2 aulas nuevas y 2 especializadas a un costo promedio de $417 millones cada una.

Así mismo, en la IED Tecnológico de Madrid (Cundinamarca), donde se terminaron 12 aulas nuevas y 1 especializada a un costo promedio de 4327 millones por aula.

 

Visitas de la Contraloría

 

Los investigadores de la CGR están visitando las obras, acompañado de un equipo de ingenieros, con el propósito de verificar las causas de esos desfases frente al costo por aula estimado en el Conpes.

Para determinar el costo unitario promedio por aula de cada uno de los 73 proyectos terminados, se tomó el valor efectivamente causado y pagado por la intervención y construcción de las 73 instituciones educativas.

Los resultados preliminares arrojan que en 35 proyectos dichos costos fueron superiores y en la mayoría de los casos se duplica el costo estimado en el Conpes.

Vale señalar también que en otros 36 proyectos el costo unitario promedio por aula resultó inferior a los $146, 6 millones estimados por el Conpes.

El Plan de la Contraloría es visitar la totalidad de las obras terminadas y las que están en fase de ejecución, para determinar ineficiencias en el uso de los recursos públicos invertidos en el desarrollo de los proyectos.

 

¿Qué indaga la Contraloría?

 

La indagación preliminar en curso tiene por objeto investigar, con base en las denuncias conocidas por la CGR, el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para Infraestructura Educativa y los asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE, para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018, durante dichas vigencias y hasta el presente año.

Dado que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE es una cuenta especial sin personería jurídica del Ministerio de Educación Nacional se considera por parte de la Contraloría que esta es una de las entidades que puede resultar afectada con las presuntas irregularidades que se investigan en esta actuación.

La indagación abarca denuncias relacionadas con la firma portuguesa Mota-Engil y otros contratistas como la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio Desarrollo Escolar -G4, el riesgo que se tiene de alta pérdida de recursos del erario por los críticos problemas de ejecución de varios proyectos, el incumplimiento de las metas del Plan de Infraestructura Educativa para la implementación de la jornada única escolar, así como la presunta falta de seguimiento y control en algunos de los proyectos.

Las denuncias que ha recibido la Contraloría proceden tanto de comunidades afectadas con los retrasos en las obras y por demolición de los antiguos establecimientos, como denuncias de proveedores y trabajadores de las obras contra los contratistas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE por mora en los pagos.

De acuerdo con la Ley 610 de 2000, la indagación preliminar busca determinar si existe un detrimento fiscal e identificar a los presuntos responsables fiscales, si a ello hay lugar y, de lograr probarse, se ordenaría la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.

La investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR se inició luego que el pasado 18 de enero el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para la Infraestructura Educativa y los asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018.

Para la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, desde finales de 2015 hasta mediados del año 2016 se celebraron contratos con la multinacional Mota-Engil, Graña y Montero, Constructora Colpatria, Consorcio Gramma, Consorcio Desarrollo Escolar -G4 y Germán Mora Insuasti, entre otros. Este último integra otros consorcios contratistas del mismo Plan.

 

Se siguen recibiendo denuncias

 

A partir de la declaratoria de impacto nacional por parte del Contralor, ha aumentado el volumen de denuncias que recibe la Contraloría General de la República de parte de Alcaldes, Secretarios de Educación, Veedores Municipales y Asociaciones de Padres de Familia, incluyendo órdenes de jueces de tutela que solicitan que este organismo de control intervenga para verificar

Estas denuncias se están recibiendo directamente en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y también a través de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales de la CGR.

A partir de las denuncias recibidas, se están priorizando las obras que serán objeto de inspección por parte del equipo investigador de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

 

*INFORMACIÓN DE CONTEXTO*

 

La Contraloría ha podido identificar que además de los aportes del Ministerio de Educación Nacional por $1.2 billones, a la financiación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018 concurren recursos por $1.13 billones, transferidos por las entidades territoriales, a lo que se suman los rendimientos generados por su manejo a través del esquema fiduciario, para un total de $2.5 billones girados  entre los años 2015 y 2018.

En los contratos de obra y de interventoría celebrados  entre finales de 2015 y julio de 2016 se comprometieron recursos disponibles y de vigencias futuras del orden de $3.4 billones, de los cuales a diciembre 31 de 2018 se han pagado a los contratistas $656 mil millones de pesos.

Además de estas sumas, entre los  años 2015 y 2018 se han utilizado $53 mil millones en los gastos administrativos de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, encargada de coordinar y supervisar la ejecución de los proyectos.

La Contraloría está evaluando la ejecución de los recursos con fundamento en las metas adoptadas en el Conpes 3831 de 2015, mediante el cual se declara como de valor estratégico nacional el Plan Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa para la jornada única escolar 2015-2018.

De acuerdo con el diagnostico consignado en el Conpes este plan debía cumplir a diciembre de 2018 con la meta de resolver el 60% del déficit de aulas estimado en 51 mil aulas nuevas y ampliadas. Es decir, cumplir con la entrega de al menos 30 mil nuevas aulas y mejoradas.

Según el Conpes, la jornada única escolar requiere la construcción o adecuación de colegios denominados tipo 10, que incluye no solo las aulas para garantizar las clases a los niños y jóvenes sino también de laboratorios de física, química,  ciencias naturales y bilingüismo, laboratorio de tecnología, innovación y multimedia, biblioteca, centro de conectividad, comedor y cocina, sala de maestros, zona administrativa, canchas deportivas y áreas recreativas y por supuestos baterías sanitarias y servicios generales.

El costo promedio por cada aula nueva construida, incluyendo los laboratorios, canchas deportivas y demás áreas de servicio asociadas, fue estimado en el Conpes 3831 en $146,6 millones, incluyendo el costo de obras y de la interventoría.

Este costo no incluye la dotación de las aulas ni la prestación de los servicios públicos, que debe asumir cada entidad territorial a un costo promedio de $6 millones por aula.