Boletines de Prensa - 2020

Contraloría General profirió fallo de responsabilidad fiscal por $953 millones contra exalcalde de Acandí (Chocó)

COMUNICADO DE PRENSA No. 142 

Imagen comunicado con billetes que dice: Contraloría General profirió fallo de responsabilidad fiscal por novecientos cincuenta y tres millones contra exalcalde de Acandí (Choco)

  • Se trata del exalcalde Asael Rodríguez Palacios, encontrado responsable por daño patrimonial en un contrato para construir un sistema de acueducto.  
  • Atendiendo denuncias ciudadanas la Gerencia de la CGR en el Chocó abrió investigaciones por presuntas irregularidades en el PAE y en el Hospital San Francisco de Asís. 

 

Bogotá, 9 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República halló responsable fiscal en cuantía de $953 millones de pesos al exalcalde de Acandí (Chocó), Asael Rodríguez Palacios, por daños ocasionados al patrimonio del Estado al darse irregularidades en la ejecución de un contrato de obra para la construcción de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado. 

El proyecto debía ejecutarse en el corregimiento de Sapzurro, y el contrato respectivo fue suscrito por el Municipio de Acandí con la Unión Temporal Sapzurro. 

Según la Contraloría, la administración municipal habría girado al contratista la suma equivalente al 50% del valor del contrato, recursos que no se vieron reflejados ni invertidos en la ejecución del mismo, que fue liquidado de manera bilateral el día 15 de noviembre de 2011.  

Al confirmarse el fallo de primera instancia dictado por la Contraloría General, a través de la Gerencia Departamental de Chocó, el proceso de responsabilidad fiscal pasará a jurisdicción coactiva. 

El fallo proferido determinó como responsables fiscales a:  

*Asael Rodríguez Palacios, en calidad de Alcalde Municipal.   

*Carlos Augusto Asprilla Guisado, en calidad de Director Operativo de Planeación e Infraestructura del Municipio de Acandí y quien actuó como Supervisor del contrato. 

*Sergio David Congote Rodríguez, en calidad de contratista, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SAPZURRO (participación 95%),  

*Juan Francisco Paniagua Gaviria, representante Legal de INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE URABÁ LTDA. - CONUR LTDA, integrante (5%) de la UNIÓN TEMPORAL SAPZURRO. 

*Y Argemiro Jaraba Ledesma, en calidad de representante legal de la Asociación de Municipios del Bajo Cauca y Bajo Nechí - AMBACAN, contratista interventor. 

Investigaciones por el PAE y en el Hospital San Francisco de Asís 

La Gerencia de la Contraloría General de la República en el Chocó anunció de paso la apertura de dos investigaciones originadas en denuncias ciudadanas: una por presuntas irregularidades en el suministro de las raciones alimentarias y ejecución del Plan de Alimentación Escolar, PAE y otra por la situación administrativa del Hospital San Francisco de Asís. 

Para hacerle seguimiento a la primera denuncia, la Contraloría realiza una Actuación Especial de Fiscalización al contrato que tiene por objeto el suministro de raciones alimentarias nutricionales en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Quibdó. 

Esta auditoría permitirá revisar que la prestación del servicio cumpla con lo establecido en el contrato y en los lineamientos del programa, así como la normatividad vigente.  

De igual forma se adelanta una actuación Especial de Fiscalización a la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó, que tiene por objeto emitir un concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos. 

Y, además, se verificará el comportamiento administrativo y financiero de la entidad, luego que se recibieran denuncias sobre presuntas irregularidades en la dotación de la UCI en el hospital, sobrecostos de hasta 300% en implementos que no habrían llegado, no funcionan o se entregan en grave estado de deterioro.

Publicado el 10 oct 2020 15:00


Con retrasos de más de un año, se están pagando subsidios a usuarios de gas de estratos 1 y 2

COMUNICADO DE PRENSA No. 141 

Imagen con texto que dice: Con retrasos de más de un año, se están pagando a usuarios de gas de estratos 1 y 2

  • Así lo indica un estudio de la Contraloría, según el cual las asignaciones presupuestales para este fin son insuficientes, frente a un escenario de ampliación de cobertura y precios crecientes del servicio.
  • La CGR evaluó cuál ha sido la incidencia en la asignación de recursos del Presupuesto Nacional para subsidiar el consumo de gas combustible en los estratos 1 y 2 de la población. 
  • Se nota que año a año los recursos están siendo deficitarios en relación con lo que se solicita para cubrir estos subsidios. 
  • En el año 2017, la asignación presupuestal tuvo un recorte del 66% % y en 2018 del 34%. 
  • Las reservas de Gas Natural vienen decayendo desde el 2012, cuando se registraban 5.727 Giga Pies Cúbicos GPC, y hoy se habla de 3.163 GPC, una alerta para la garantía de abastecimiento con producto nacional. 

 

Bogotá, 5 de octubre de 2020.- Los recursos para atender los subsidios al servicio público de gas combustible a los estratos menos favorecidos del país no alcanzan y deben ser pagados con retrasos de hasta más de un año, indica un estudio sobre el tema realizado por la Contraloría General de la República. 

La no asignación suficiente o completa en el Presupuesto General de la Nación de los recursos solicitados para cubrir el ítem de subsidios de Gas Natural y GLP lleva a que el Ministerio de Minas y Energía, como ejecutor de este presupuesto, postergue sus pagos de un año a otro con atrasos de hasta más de 1 año, afectando a las empresas que prestan el servicio.  

Es de destacar que en 2017 se solicitaron $782.220 millones y tan solo se apropiaron $268.000 millones, o sea que se apropió $514.220 millones menos de lo solicitado, es decir, que se presentó una disminución del 66%.  

Esta situación se observa claramente en el siguiente cuadro: 

Panorama del tema de subsidios 

El Estudio Sectorial “Incidencia de los subsidios en las limitaciones de ingreso a los usuarios menos favorecidos del servicio público de gas combustible en Colombia”, fue elaborado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía. 

Estas son algunas de sus conclusiones y comentarios: 

*Las reservas de Gas Natural vienen decayendo desde el 2012, cuando se registraban 5.727 Giga Pies Cúbicos GPC, y hoy en día se habla de 3.163 GPC, lo cual es una alerta para la garantía de abastecimiento con producto nacional. 

*Los precios del GLP difieren sustancialmente según la fuente de producción, pese a la resolución regulatoria de la CREG que rige para todas las fuentes. Y debe anotarse que, en Reficar, planta que debe mostrar más eficiencias, el GLP es más costoso. 

*En relación, con el GLP se advierte también que gran parte de los consumidores de este tipo de combustible no están siendo subsidiados y la expansión en sectores rurales está cada vez más reducida, lo que está generando que los consumidores en los sectores rurales vuelvan al consumo de leña para la cocción de alimentos, con unos efectos importantes de tipo ambiental. 

*En la factura final al usuario los ítems que más pesan son el valor del producto y el transporte por las redes primarias. Se puede decir que representan casi un 60%, impactando la posibilidad de acceder al servicio a los usuarios menos favorecidos sino es con el otorgamiento de subsidios. 

*El comercializador del sector regulado domiciliario no obtiene la totalidad del producto demandado de la fuente más económica. Esto ocasiona que el valor del producto al usuario final sea el resultado de promediar todas las compras hechas por el comercializador (proceso denominado canasteo), lo que hace más complejo controlar las tarifas a los usuarios en las diferentes regiones. 

*El gas combustible es transado en dólares en el territorio nacional, pero se paga en pesos y el ajuste se hace mes a mes con la Tasa Representativa del Mercado TRM; cuando esta va al alza -como ocurre actualmente- los precios de la factura se hacen impagables para los sectores menos favorecidos. Esta situación ocasionó un congelamiento de las tarifas.   

*Es importante, solicitar a la CREG y al Gobierno Nacional que se revise la estructura tarifaria, ya que las altas volatilidades en la TRM  tienen incidencia en la tarifa al consumidor final, que en este caso son los sectores de la población con más limitantes en sus ingresos. 

*El costo final del gas combustible es afectado significativamente por el alza de la TRM. Además, la escasez del producto y la posición dominante, son circunstancias que obligan finalmente al Estado a apropiar más presupuesto año a año para cubrir el ítem de los subsidios. 

*Existe un proveedor de gas natural y GLP con posición dominante en el mercado colombiano, la empresa Ecopetrol, que oferta una cantidad y se reserva una gran porción para su uso.  

 

Publicado el 05 oct 2020 13:00


Este jueves: Contraloría capacita a ministros, gobernadores, alcaldes y demás responsables de reportes en Registro de Obras Inconclusas

COMUNICADO DE PRENSA No. 140 

Fotografía de Diari con texto, Contraloría capacita a ministros, gobernadores, alcaldes y demás responsables de reportes en registro de obras inconclusas, este jueves.

  • Todos los entes estatales, gobernaciones y alcaldías y en general ordenadores del gasto público, que deben reportar a la CGR las obras inconclusas hasta el 17 de octubre de 2020, estarán conectados en una capacitación virtual que hará la DIARI. 
  • La CGR tiene identificadas más de $10 billones de pesos invertidos en obras inclusas. Los Llanos Orientales, la región que registra más proyectos. 
 

Bogotá, 1 de octubre de 2020.- Este jueves 1 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, la Contraloría General de la República realizará el Webinar “Registro de Obras Inconclusas, aprende con la DIARI”, en el que los alcaldes, gobernadores, superintendentes, ministros y todos los ordenares del gasto público serán capacitados en el diligenciamiento de la herramienta creada para realizar reportes en el Registro Nacional de Obras Inconclusas. 

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), de la Contraloría General de la República, capacitará a los funcionarios en los ámbitos jurídicos, tecnológicos y técnicos, para hacer eficiente los reportes en el Registro y puedan así realizar este proceso antes del 17 de octubre de 2020. 

La Contraloría General de la República, según lo dispuesto por la Ley 2020 del 17 de Julio de 2020, abrió el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, en el que todas las entidades estatales deben reportar la identificación de esta información clave que se podrá consultar en la página del organismo de control desde el 18 de octubre de 2020.   

 “La DIARI está presta a ayudarles e ilustrarlos en cómo realizar el registro, recalcó la directora de esta dependencia, María Fernanda Rangel. 

La CGR tiene identificados $10 billones de pesos en obras inconclusas en el país, anotó. 

Recordó que “aquellos funcionarios que no reporten y tengan en su inventario una obra inconclusa, de acuerdo con el concepto de la Ley, serán sancionados después de haber hecho una evaluación de la no justificación de registro. Y se compulsarán copias a la Procuraduría General de la Nación”. 

La intención de la Contraloría es salvar estos $10 billones de pesos que el país ha invertido en las Obras Inconclusas y ponerlas en funcionamiento para el bien de los colombianos.

Publicado el 01 oct 2020 07:30


Alerta la Contraloría: continúan siendo altos los riesgos de corrupción por contratación con recursos de regalías

COMUNICADO DE PRENSA No. 139 

Imagen en blanco y negro con texto que dice: Alerta la Contraloría, Continúan siendo altos los riesgos de corrupción por contratación con recursos de regalías.

  • No se están observando plenamente los principios de la contratación pública (transparencia, economía y responsabilidad), asegura el organismo de control.  
  • Persiste el uso de la contratación directa o con un solo proponente o la contratación de entidades o personas que no cumplen con todos los requisitos. 
  •  Entre 2012 y junio de 2019 se contrataron en total proyectos de regalías por $33.9 billones, de los cuales $4.2 billones (el 12%) fueron en forma directa. 
  •  Siguen los riesgos asociados a la contratación de los ejecutores de los proyectos, como por ejemplo la concentración de la contratación. 
  •  Tampoco se han logrado superar los problemas de dispersión de recursos, falta de pertinencia de muchas inversiones y lentitud en la ejecución por parte de las entidades territoriales. 
  •  Aún permanecen “dormidos” en Cuentas Maestras más de $4 billones de recursos de regalías, que corresponden a saldos y rendimientos financieros que no han sido ejecutados. 
  •  En las auditorías que adelantó en 2019 sobre recursos de regalías, la Contraloría encontró 375 hallazgos con incidencia fiscal por valor de $718.342 millones.  

 

Bogotá, 30 de septiembre de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó hoy sobre los altos riesgos de corrupción que sigue presentando la contratación efectuada con recursos de regalías. 

En un Webinar de Rendición de Resultados sobre la Vigilancia Fiscal a los recursos de regalías, el jefe del organismo de control dijo que persiste la contratación directa o con un solo proponente. 

“Nuestros Sistemas de Monitoreo, a través de la DIARI y los Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación revelan que $33,9 billones, del total de recursos contratados a 15 de junio de 2019, unos $4,2 billones fueron manejados mediante la modalidad de contratación directa, lo que quiere decir que el 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías se ha hecho de manera directa”, indicó el jefe del organismo de control. 

Los sectores de educación (con el 21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), son los de mayor contratación directa en el país. 

En reciente informe al Congreso de la República sobre los riesgos y hechos del ciclo de regalías en 2019 y las perspectivas para 2020, la CGR asegura que este tipo de contratación va asociada a situaciones como falta de planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación. 

Celebración indiscriminada de convenios 

De las actuaciones especiales realizadas por la Contraloría General en el proceso auditor del Sistema General de Regalías, llama especialmente la atención la celebración indiscriminada de convenios ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto en cada negocio jurídico y confundiendo de manera dolosa las figuras de interpretación y aplicación restrictivas contempladas en el ordenamiento jurídico para consentir la contratación directa.  

Uno de los riesgos más comunes está asociado a la contratación con recursos de regalías de particulares, entidades públicas y/o privadas, entidades sin ánimo de lucro o realización de convenios de cooperación, donde los contratistas cumplen obligaciones en distintos sectores.  

Para la Contraloría, aunque hay instituciones que tienen experiencia en diversos sectores, en otros casos se advierte que son contratadas empresa sin la experiencia suficiente o cuyas actividades por las cuales fueron contratadas no están registradas dentro del objeto institucional.  

Un único oferente en el 70% de la contratación 

La Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR realizó un estudio de las modalidades de contratación directa con recursos de regalías, teniendo en cuenta las particularidades de los tipos de contratación, la suspensión de contratos y los hallazgos encontrados en el proceso auditor.  

Como se resultado se encontró que los procesos de contratación por concurso (licitaciones, concurso de méritos) en la ejecución de proyectos con recursos de regalías son mayoritarios (representan el 67,7%) y se realizan con un único oferente en cerca del 70% del valor de la contratación 

Proyectos aprobados en riesgo de liberación de recursos 

Pero, además, según este informe de balance, persisten otros riesgos asociados a la eficiencia, efectividad y equidad en la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR): 

Por ejemplo, resaltó el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a 31 de diciembre de 2019 se registraban 321 proyectos por $1,24 billones que fueron aprobados y se encontraban en riesgo de liberación de recursos, porque no cumplían con la acreditación de los requisitos o porque no contaban con un acto de apertura del proceso de selección. 

Los más críticos son aquellos que fueron aprobados y al 31 de diciembre llevaban más de seis meses sin surtir todo el proceso para la contratación. En este grupo se encontraban 180 proyectos por valor de $641.015 millones de pesos. 

Al hacer un análisis de los resultados departamentales se encuentra que el departamento de Nariño tenía 13 que fueron aprobados y después de 6 meses no habían cumplido con los requisitos o no tenían un acto de la apertura de selección, por valor de $93.438 millones de pesos, equivalente al 14,6% del total de los proyectos en mayor riesgo.  

Le siguen Bogotá con 1 proyecto por valor de $79.978 millones (12,5%), Meta 10 proyectos por $70.946 (11,1%), Córdoba 11 proyectos por $59.971 (9,36%) y Cesar con 12 proyectos por $41.033 millones de pesos (6,40%). En estos cuatro departamentos y la capital de la república se concentró el 53,9% del valor de los proyectos con mayor riesgo de liberación de recursos. 

Dificultades en la estructuración de proyectos 

Otra situación que mencionó el Contralor es que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, no han pasado el primer filtro de verificación de requisitos 1.680 proyectos de regalías que suman $11,7 billones de pesos, lo que se traduce en enormes pérdidas de recursos públicos. 

Los departamentos con mayores deficiencias en la presentación de proyectos son Caquetá cuyos proyectos suman $0,92 billones de pesos, seguido de Chocó ($0,71), Boyacá ($0,67), Nariño ($0,54), Antioquia ($0,50), La Guajira ($0,49) y Cauca ($0,48). 

Proyectos aprobados y sin contratar 

A este panorama se suma el hecho de que se ha multiplicado el número de proyectos que, aunque ya fueron aprobados por los OCAD, no han sido contratados, especialmente en el área de infraestructura. 

En este sentido, hay una voz de alerta por proyectos con más de dos años, y hasta 4, sin contratar por parte de las entidades territoriales. 

De acuerdo con el análisis sectorial que realizó la CGR el sector de infraestructura vial es el que tiene el mayor rezago, con más de $1.2 billones de pesos en proyectos aprobados sin contratar, situación que contrasta con la precariedad de las vías de gran parte de las regiones del país.  

De la misma manera, se advierte un alto porcentaje de recursos inutilizados en los sectores de mayor necesidad para la población vulnerable, como lo son educación, ambiente y desarrollo sostenible y agua potable y saneamiento básico.  

En un análisis por departamentos con proyectos sin contratar, el ranking lo encabeza Antioquia, seguido de la Guajira, territorios opuestos por su capacidad institucional, indicadores de gestión, de pobreza y desempeño fiscal, por lo que se considera no es un tema de capacidades institucionales sino de una adecuada gestión de los recursos. 

Acumulación de recursos en cuentas maestras 

También destacó el Contralor en el Webinar de Rendición de Resultados de la Vigilancia y Control a las Regalías, que aún permanecen “dormidos” en Cuentas Maestras más de $4 billones, que corresponden a saldos y rendimientos financieros que no han sido ejecutados. 

La Contraloría advierte no solo la permanencia de valores importantes en las Cuentas Maestras sin ejecutar sino también la gran disparidad en la tasa de interés efectiva que pagan los bancos por los recursos depositados en sus cuentas, incluso una tasa que no alcanza a cubrir la inflación.  

Considera que la acumulación de recursos de regalías en las Cuentas Maestras sin ejecutar, sumado a los bajos rendimientos financieros de los saldos de estas cuentas, están afectando el desarrollo económico y social de los diferentes territorios colombianos. 

De acuerdo con los estudios sectoriales realizados por la CGR, se pudo establecer que los bancos donde están depositados los recursos de regalías reconocen, en las Cuentas Maestras, incluyendo la Cuenta Única, una tasa de interés muy por debajo de las del mercado, castigando los recursos de inversión para proyectos de desarrollo. 

Se determinó que en más del 86% de las Cuentas Maestras las tasas de interés son inferiores a la establecida por la Superintendencia Financiera como referencia, con un interés promedio entre el 0,01% y 3,23%.  

Concentración de la contratación  

Otro de los temas de investigación de la Contraloría General de la República es la concentración de la contratación con recursos de regalías. A manera de ejemplo, en el período 2012-2019, la contratación de consultoría para vivienda en cada uno de los departamentos ha tenido unos índices significativos de concentración en uno o dos firmas consultoras.  

Los departamentos de Chocó y Caquetá son los que presentan los mayores valores de regalías contratados a un solo consultor. Chocó ha contratado con un solo consultor el 75,43% de los contratos correspondientes a consultoría, que equivalen a $8.209 millones de pesos y Caquetá ha contratado con un solo consultor el 86,43% equivalente a $5.112 millones de pesos. 

Aumento de hallazgos fiscales  

En el ejercicio auditor de la vigencia 2019 se encontraron 375 hallazgos con incidencia fiscal, por valor de $718.342 millones. El número de beneficios fue de 30 por valor de $119.849 millones, para un total de $838.191 millones. 

El valor de los hallazgos con incidencia fiscal supera la cifra que se obtuvo para el periodo 2018, en un 132%, ya que para ese entonces se tuvo como resultado un total de 309, por valor de $309.036 millones.  

El resultado más reciente muestra un aumento bien significativo: 

Un total 383 de hallazgos con incidencia fiscal, por un valor de $722.184 millones de pesos, detectaron las auditorías que realizó la Contraloría General de la República en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020. 

Esto significa un crecimiento de más del 500% en el valor de los hallazgos fiscales encontrados en este período, con respecto al anterior (vigencia del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019), con un total de 144 por valor de $133.989 millones. 

Se destacan 5 casos de impacto relacionados con hallazgos fiscales en los departamentos de Córdoba ($69.896 millones de pesos), Sucre ($47.657 millones de pesos), Putumayo ($23.935 millones de pesos), Meta ($66.920 millones de pesos), y Casanare ($81.955 millones de pesos). 

Otro aspecto a destacar: se registra un valor de beneficios obtenidos para el periodo junio 2019 a mayo de 2020 de $119.849 millones de pesos. 

Del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, se auditaron en total 766 proyectos, por un valor total de $6.197 billones de pesos.  

Durante este período, se han tramitado igualmente 716 procesos de responsabilidad fiscal por un valor total aproximado de $883.901 millones de pesos (cuantía con variación debido a que existen procesos cuyo valor se encuentra por determinar), de los cuales 159 procesos son de conocimiento de los contralores delegados intersectoriales que se encuentran en el nivel central por valor total de $650.402 millones; y 557 procesos por valor de $233.500 millones se adelantaron en los territorios, por contralores provinciales de regalías e integrantes de las colegiaturas. 

Menores recursos y efectos de la emergencia sanitaria 

Según la Contraloría, durante el 2019, Colombia dejó de percibir importantes recursos de regalías por causa de la explotación ilícita de minerales, al estancamiento de proyectos debido a dificultades para el cumplimiento de la normatividad ambiental y la complejidad de los procesos de concertación social. 

También por efecto de las caídas de los precios en el mercado internacional las regalías de carbón disminuyeron 14% en el 2019, pues pasaron de $2.2 billones en el 2018 a $1.9 billones en 2019. 

La Ley 1942 de 2018 estableció un ingreso proyectado de $18,56 billones por recaudos y transferencias, pero durante la pandemia el recaudo cayó en un 18%. 

La emergencia por el Covid-19 provocó una disminución en los recursos del Fondo de Estabilización que han sido destinados a la atención de las necesidades sanitarias. 

También ha tenido una marcada incidencia la utilización de recursos prestados del Fondo de Ahorro Pensional Territorial FONPET para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y el FAE. 

Así, proyectos que se consideraban prioritarios para municipios y departamentos debieron ser aplazados. 

Otras situaciones que destaca el Informe de Balance de Regalías de la CGR 

*En términos generales, la Contraloría General de la República señala que la Nación ha dejado de percibir importantes recursos de regalías asociados a la explotación ilícita de minerales, al estancamiento de propuestas o proyectos de hidrocarburos y mineros que no avanzan debido fundamentalmente a las dificultadas asociadas al cumplimiento de la normatividad ambiental y en las divergencias de intereses que se expresan en los procesos de concertación social.  

*Así mismo, persisten débiles procesos de fiscalización sobre todo en el conocimiento de las reservas mineras y su explotación, como también los incumplimientos de las empresas de hidrocarburos y mineras de sus obligaciones contractuales.  

*La baja formalización de los procesos de extracción de minerales ha conllevado como nunca antes a una muy baja recaudación de regalías que puede conllevar a menores inversiones en los planes de desarrollo locales, especialmente en deficientes ejecuciones en las áreas de educación, salud, vías terciarias e infraestructura.  

*La extracción irregular de minerales acarrea graves consecuencias en el desarrollo local y altos índices de corrupción en todos los esquemas productivos en las regiones. A pesar del trabajo conjunto entre diferentes instituciones para enfrentar el grave delito de la extracción ilícita de minerales, el país presenta un escenario preocupante de ilicitud en toda la cadena productiva de la minería, desde la explotación hasta la comercialización de los minerales.  

*Otro aspecto que se debe tener en cuenta, no relacionado con mayores ingresos de regalías, está asociado con los conflictos presentados entre la gestión de los recursos naturales renovables (áreas excluibles de la minería) y la explotación de hidrocarburos y minería. De acuerdo con la sentencia C-035/16, no deben existir explotaciones en zonas de páramos y por extensión en zonas de exclusión minera como por ejemplo las reservas forestales protectoras y humedales Ramsar entre otros, sin embargo, todavía existen proyectos vigentes en dichas zonas, independientemente de una posible condición de suspendidos.  

*De acuerdo con la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería, con fecha de corte del 26 de diciembre de 2019, se encontraban 665 títulos mineros superpuestos total o parcialmente con áreas excluibles de la minería, superando 14 Riesgos y hechos en el ciclo de las regalías 2019 y perspectivas 2020 las 230.000 hectáreas. Así mismo, se presentan conflictos generados por la superposición de las explotaciones de hidrocarburos y minerales con otros sectores, como por ejemplo con la infraestructura de interés público, los patrimonios culturales y los procesos de adjudicación y restitución de los derechos de las víctimas del conflicto. 

Publicado el 30 sep 2020 16:00


Festival de errores: Complejo Cultural del Porro terminó de “Elefante Blanco” y hallazgo fiscal por $17.655 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 138 

Imagen que dice: Festival de errores, Complejo cultural del porrio terminó de "Elefante Blanc" y por hallazgo fiscal por $17.655 millones; algunas imagenes de el edificio sin terminar y accesos. Aludiendo al festival

 

  • La Contraloría encontró lo que podría ser un festival de fallas constructivas, de planeación y ejecución en esta obra, construida, entre otros objetivos, para ser escenario del tradicional Festival Nacional del Porro.  
  • El proyecto desarrollado en el municipio de San Pelayo (Córdoba), con recursos de regalías, se convirtió en una obra sin utilidad, por graves deficiencias de planeación, sostenibilidad, funcionalidad, dotación y calidad.  
  • Se presentaron debilidades en los procedimientos constructivos e incumplimiento de normas y especificaciones técnicas, como falta de rigor en el control y supervisión técnica a cargo de la interventoría.  
  • Por falta de mantenimiento, se ha producido un deterioro notable de la construcción recibida en 2015.  
  • Desde que fue terminada al día de hoy, esta obra solo es utilizada para un evento que se lleva a cabo por cuatro días en el mes de junio: el Festival Nacional del Porro.  
  • Otro hallazgo importante de la CGR en el departamento de Córdoba, esta vez por $1.981 millones, tiene que ver con un proyecto de ciencia y tecnología ejecutado por la Gobernación de Córdoba, donde hubo gestión ineficiente, incumplimientos y falta de planeación.  
  • Mañana miércoles, Contralor General y su equipo de regalías rinden cuentas de resultados de vigilancia y control a los recursos de regalías: de 3:00 a 5:00 p.m. se realiza el Webinar “Rendición de Resultados, Vigilancia y Control a las Regalías. Perspectivas y retos de la nueva Ley”.  


 

Bogotá, 29 de septiembre 2020.- En un “Elefante Blanco” notablemente deteriorado se convirtió el Complejo Cultural del Porro, en el municipio de San Pelayo (Córdoba), sede permanente del tradicional Festival Nacional del Porro; y por este hecho, la Contraloría General de la República señaló un presunto hallazgo fiscal por $17.655 millones de pesos. 

Este es el hallazgo más relevante de una Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre del presente año la CGR a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron algunas Alcaldías del departamento de Córdoba y la misma Gobernación; y que tuvo como resultado 5 hallazgos fiscales por un total de $20.637 millones. 

El hallazgo fiscal relacionado con el “Elefante Blanco” en que se convirtió el Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro, tiene también connotación disciplinaria. La obra fue inaugurada en 2015 y muestra hoy un evidente deterioro, por falta de mantenimiento, como se pudo verificar al atender una denuncia interpuesta ante la Contraloría General. 

Este proyecto tenía como objetivo general ofrecer un espacio cultural especializado donde se desarrollarán actividades de expresión artística, beneficiando a 1.607.519. habitantes. 

Una obra que no es útil y con graves deficiencias 

Luego del proceso auditor adelantado por la Contraloría General de la República, se pudo constatar que la ejecución de este proyecto refleja una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz del municipio de San Pelayo y del contratista, toda vez que carece de sostenibilidad y no cumple con el objetivo por el cual fue aprobado y puesto en marcha. 

El proyecto es calificado como un ‘Elefante Blanco’, debido al daño fiscal por una obra que no es útil, por la ejecución de un proyecto de inversión en donde no se cumplieron con las funciones, finalidades y servicios que motivaron su contratación, dadas las graves deficiencias de planeación, sostenibilidad, funcionalidad, dotación y calidad de la obra.  

Lo anterior es reflejo tanto de debilidades en los procedimientos constructivos e incumplimiento de normas y especificaciones técnicas, como de falta de rigor en el control y supervisión técnica a cargo de la interventoría. 

“Teniendo en cuenta la mala calidad y estado de algunos ítems de la obra, se evidencia que la labor de la interventoría como vigilante de la correcta ejecución se muestra deficiente, negligente y omisiva”, sostiene la Contraloría General y concluye que, en este caso, no se cumplió a cabalidad con realizar labores de control y vigilancia. 

Foografías en collage de los espacios abandonados en el complejo.

¿Cómo y para qué se costea una obra en abandono y deterioro? 

El Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro es sostenido por el Municipio den San Pelayo con recursos de estampilla pro cultura, recursos de ingresos corrientes de libre destinación y recursos del sistema general de participaciones. 

Para la Contraloría, la inversión de estos recursos del Municipio se está direccionado a una obra que no está siendo empleada o generando alguna utilidad y uso. 

Por lo evidenciado por el equipo auditor de la CGR, estos gastos e inversiones no han sido suficientes, ya que en la visita técnica realizada los días 2 y 3 de junio de 2020 es indiscutible el deterioro y abandono en que se encuentra esta obra: 

*El acceso a la edificación se encuentra en mal estado, lo cual dificulta el ingreso al complejo. 

*La zona de parqueo y otras áreas comunes se encuentran completamente llenas de maleza. 

*La silletería del auditorio se encuentra deteriorada. 

*Se advierte un avanzado deterioro en el cielo raso que, si bien obedece a la calidad del material empleado, se pudo informar a tiempo al contratista para que realizara las reparaciones en cumplimiento de la póliza de garantía. 

*Los pasamanos tanto exteriores como interiores presentan oxidación. 

“Todo lo anterior refleja el estado de una obra insostenible que presenta deterioro y abandono, afectando su utilidad y el cumplimiento del objetivo del proyecto conforme a lo aprobado por el Ocad. La obra se encuentra en malas condiciones que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura”, concluyó la Contraloría. 

En lo revisado por el organismo de control, se evidenció que la obra del complejo cultural desde que fue terminada no está siendo utilizada salvo para los días destinados a la celebración del Festival del Porro en el mes de junio, sin cumplir con la necesidad que llevo a la entidad para llevar a cabo la aprobación de este proyecto y su contratación. 

Imagen de la falla en el cielo raso con los detalles del daño. En collage con planos detallados.

La conclusión de la Contraloría es contundente: 

“La cuantificación del daño obedece a la pérdida derivada de todos los costos y gastos en que se incurrieron; y por todos los beneficios que se dejan de percibir por la construcción de una obra que no ha sido utilizada de acuerdo a los fines y objetivos conforme a como fue concebida y ejecutada, lo anterior, conlleva que el proyecto no sea funcional ni sostenible; por consiguiente se configura un posible detrimento por valor de $17.622.382.389 correspondiente a la obra y $33.413.395 por la interventoría”. 

Así, en atención a denuncia tramitada por la CGR, se establecieron 2 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales 1 tiene presunta incidencia fiscal por valor de $17.655.795.784. Estos hallazgos serán trasladados a las instancias correspondientes. 

La historia tras este proyecto, muestra lo siguiente: 

El municipio de San Pelayo fue designado como ejecutor del proyecto 

   “Construcción del Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro”, aprobado por el OCAD Regional Caribe mediante Acuerdo 007 del 09/07/2013 y el Acuerdo 22 del 27/04/2015, por un valor total de $19.032.707.780, con recursos del Sistema General de Regalías, fuentes de financiación del Fondo de Compensación Regional.  

Para su ejecución, se celebraron dos contratos: el LP-003-2014 (contrato de obra) modalidad de contratación Licitación Pública con “la Unión Temporal Complejo Cultural San Pelayo”, por valor total de $ 12.866.652.782; y el 0036/2014 (contrato de interventoría) modalidad de contratación concurso de méritos, con el “Consorcio Intercomplejo Cultural” 56, por valor de $953.085.391. 

El 9 de marzo de 2015 se le hizo una prórroga de 2 meses y 15 días al contrato principal, para finalizar el 10 de junio de 2015. El 13 de mayo de ese mismo se hizo adición por mayores cantidades de obra por ítems no previstos, ya que desde el planteamiento inicial y a lo largo del proceso surgió la necesidad de otros ítems, como cerramiento, red de contraincendios, rampa a discapacitados y sistema eléctrico con requerimientos energéticos. Y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, se adicionó en valor el contrato.  

Se presentó a OCAD y fue aprobado mediante acuerdo número 22 del 27 de marzo de 2015 por un valor de $6.165.854.998, de los cuales $5.709.124.998 eran destinados a la construcción de la obra y $456.730.000 a la interventoría. El adicional tiene fecha de 13 de mayo de 2015 y el valor del contrato ascendió a $17.622.692.389. 

Ineficiente ejecución y planeación de proyecto de ciencia y tecnología 

 

Otro hallazgo importante de la CGR, esta vez por $1.981 millones, tiene que ver con un proyecto de ciencia y tecnología ejecutado por la Gobernación de Córdoba, donde se advierte una gestión ineficiente, incumplimientos y falta de planeación. 

 

La Gobernación de Córdoba fue encargada de la ejecución del proyecto “Implementación de un programa de comprensión lectora de empresarismo y emprendimiento en las comunidades educativas del Departamento de Córdoba”, el cual fue aprobado mediante Acuerdo No. 009 del 9 de julio de 2013 del OCAD Región Caribe, por un valor de $7.967.485.213, con recursos del Sistema General de Regalías. 

 

Para su ejecución, se celebró el contrato interadministrativo No. 674 del 5 de noviembre de 2013 entre la Gobernación de Córdoba y la Universidad Francisco de Paula Santander -UFPS, por valor de $7.967.485.213, y el contrato de interventoría No. 514 de 2014 por valor de $555.925.470 con Fundeseres.  

 

Se pudo constatar que el contrato principal (No.674 de 2013) tuvo varios modificatorios en los que se ampliaron los plazos de ejecución; se aplicaron suspensiones al contrato y se estipuló un porcentaje como gastos administrativos del contrato.  

 

Con base a lo anterior, el contrato interadministrativo se pactó inicialmente para ser ejecutado en 8 meses y con las modificaciones, su plazo final fue de 20 meses y 20 días, terminando su ejecución el 30 de mayo de 2017.  

 

Luego de la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República, se pudo evidenciar que, durante el proceso de planeación y ejecución del proyecto, se presentaron situaciones como las siguientes: 

 

*Debilidades en el sistema de control financiero e interno de la administración que dio el departamento Córdoba a los recursos del Sistema General de Regalías. 

 

*Inobservancia a la normatividad vigente aplicable en materia de contratación y a lo establecido en el Decreto 1949 de 2012 articulo 60 y la Circular N°007 de febrero 24 de 2014, falta de planeación, y ausencia de procedimiento de aprobación de los ajustes del proyecto.  

*Así mismo, deficientes, omisivas y negligentes labores de la interventoría en la situación presentada, que tienen su origen en la ineficacia en el proceso de supervisión. 

*Todo esto, atendiendo entre otras cosas, a un saldo no reintegrado a la cuenta única del Sistema General de Regalías (correspondiente a componentes del proyecto que no fueron ejecutados o lo fueron por menor valor), intermediación innecesaria y administración no requerida en el contrato interadministrativo No. 674 de 2013 del 5 de noviembre de 2013. 

*Hubo además incumplimiento de los requerimientos establecidos en el proceso de licitación privada No. 12 y de las cláusulas del contrato interadministrativo No. 674 de 2013, estudios deficientes y falta de planeación. 

*Esta ejecución se refleja en una gestión fiscal antieconómica, ineficaz y omisiva del ente territorial, frente a las acciones que debió realizar conforme a los estipulado contractualmente y en el desarrollo de las actividades establecidas en los objetivos específicos y generales. 

*Tal situación condujo a que se pagaran recursos correspondientes a gastos administrativos innecesarios y no justificados, con cargo al presupuesto del contrato.  

Todas estas fallas de gestión se traducen en la configuración de 3 hallazgos administrativos, de los cuales 3 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 tienen posible incidencia fiscal (por un valor exacto de $1.981.101.267) 

Cobertura de la Actuación y total de hallazgos 

La Contraloría General de la República realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Córdoba, ejecutados por la Gobernación de Córdoba y las alcaldías de La Apartada, Sahagún, Moñitos, San Pelayo, Pueblo Nuevo e Instituto Nacional de Vías INVIAS.  

En total fueron auditados cinco proyectos y 6 denuncias por un valor total de $170.093 millones, de los cuales $163.912 millones, corresponden a recursos del Sistema General de Regalías. Dichos proyectos pertenecen a los sectores de Educación, Transporte y Cultura.  

Como resultado del proceso, el equipo auditor configuró 11 hallazgos administrativos, de los cuales diez 10 presentan connotación disciplinaria y 5 incidencia fiscal, por valor total de $20.637 millones. 

ESTÉ MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE, DE 3:00 A 5.00 P.M. 

WEBINAR “RENDICIÓN DE RESULTADOS, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS REGALÍAS. PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA NUEVA LEY” 

 

CON LA PARTICIPACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, CARLOS FELIPE CÓRDOBA Y SU EQUIPO DE REGALÍAS, ASÍ COMO UN GRUPO DE INVITADOS ESPECIALES ENCABEZADOS POR EL VICEMINISTRO DE HACIENDA, JUAN ALBERTO LONDOÑO, EL SENADOR DAVID BARGUIL Y EL DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS, DIDIER TAVERA. 

Publicado el 29 sep 2020 16:30