Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 13

 

En total se detectaron 223 hallazgos administrativos: 

Auditorías financieras y de cumplimiento al INPEC y a la USPEC revelan que siguen sin solución falencias del sistema penitenciario y carcelario 

 

INPEC, DEMANDAS POR 1.1 BILLONES PIEZA GRÁFICA

 

  • Demandas al INPEC, ocasionadas por presuntas fallas del servicio, tienen pretensiones por $1.1 billones a junio de 2020.  
  • Deficiencias en los saldos de las cuentas bancarias, créditos judiciales y pasivos contingentes impiden que se conozca la realidad financiera de la entidad.  
  • Informe de Contraloría General evidencia deficiencias en control interno.  
  • Sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia.  
  • Entre los hallazgos fiscales detectados en la auditoría a la USPEC sobresale uno por $2.393 millones, por gestión antieconómica e ineficiente al pagar por unos elementos que están instalados, no están terminados ni en funcionamiento. 

 

 

Bogotá, 9 de febrero de 2021.- Serias falencias administrativas y dificultades financieras siguen afectado la gestión del INPEC y de la USPEC, indican los resultados de las más recientes auditorías financieras y de cumplimiento realizadas a estas entidades por la Contraloría General de la República, que suman 223 hallazgos administrativos. 

 

En la auditoría de cumplimiento realizada a INPEC - USPEC, la Contraloría General de la República constituyó 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal, y 15 son de carácter fiscal. 

 

En el caso de la Auditoría Financiera a la USPEC, se determinaron 22 hallazgos administrativos de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal.  

 

Y en la Auditoría Financiera del INPEC, se determinaron 70 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y otro más para el inicio de indagación preliminar. 

 

Uno de los hallazgos relevantes es que las demandas contra el INPEC, por presuntas fallas del servicio tienen pretensiones por encima del billón de pesos. Exactamente $1.1 billones a junio de 2020.  

 

La Contraloría determinó también que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.   

 

Adicionalmente, la ejecución del presupuesto del INPEC, como consecuencia de esta situación fue relativamente baja. Particularmente, es baja la ejecución de los recursos de inversión. En este caso, si bien se comprometieron el 86,7% de los mismos, sólo se obligaron y pagaron el 40,4%. 

 

Resultados de Auditoría Financiera al INPEC 

 

La Contraloría emitió opinión contable negativa por los hallazgos encontrados y originados en el proceso de conciliación y cruce de información entre las dependencias del mismo INPEC y su área contable, ya que existen partidas conciliatorias que no se han registrado contablemente al no contar con documentos soporte, situación que genera incertidumbre en los saldos. 

 

En el proceso de depuración de la propiedad, planta y equipo, relacionada con los bienes inmuebles, la Contraloría General determinó que no se cumplió, lo que implica que no se sabe la realidad de los terrenos y edificaciones, frente su propiedad y disposición. 

 

Se determinó, igualmente, que el INPEC no cuenta con una política contable de los créditos judiciales y que no se refleja en los estados financieros la situación real de los procesos.  

 

Las demandas al INPEC, ocasionadas por presuntas fallas del servicio, tienen pretensiones por $1.1 billones a junio de 2020 y, en el 81,34% de los casos, no se informa sobre el sentido del fallo, por lo tanto, tienen alto riesgo de que sea en contra del Estado.  

 

Así mismo el procedimiento de depuración de las cifras de los estados contables no opera adecuadamente, por ello persisten las deficiencias en los saldos de las cuentas bancarias, créditos judiciales y pasivos contingentes, lo que impide que se conozca la realidad financiera de la entidad, identificándose la existencia de partidas conciliatorias en las cuentas bancarias que vienen desde el año 2008 y hasta el 2019, por $32.415.079.642,39. 

 

Frente al proceso presupuestal, se determinaron deficiencias de planeación, programación y coordinación, que ocasionaron la expedición de CDPS por $1.429.587.389.59 para el reconocimiento y posterior pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas. 

 

Al cierre de la vigencia fiscal 2019, el INPEC constituyó reservas presupuestales por $45.615.607.901. Adicionalmente, la Contraloría General no refrendó las reservas presupuestales constituidas por valor de $1.105.570.138, relacionadas con algunos contratos interadministrativos, como el No. 118 de 2019, celebrado entre el INPEC y la Imprenta Nacional de Colombia, y otros que no se encuentran justificados en situaciones de fuerza mayor o imprevisible que obligara su constitución. 

 

Se verificó, además, que el proceso de control interno financiero presenta deficiencias, por debilidades en los controles diseñados para la mitigación de los riesgos evidenciados en los procesos y áreas examinadas. 

 

No hubo un desempeño oportuno frente a la pandemia 

 

Como resultado del proceso auditor, se determinó que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia. 

 

Si bien la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 se había declarado desde el 12 marzo de 2020 y los primeros casos se presentaron en la Cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril, las muestras iniciales se tomaron el 27, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país.  

 

Además, la toma de muestras (22.841) fue reducida frente a una población que, en promedio, de marzo a agosto, se ubicó en 111.192 internos. Ello significa que cerca del 79,5% de la población reclusa permanece sin toma de muestras. 

 

El Sistema de Salud Penitenciaria carece del personal suficiente para hacer frente a una población conflictiva y especialmente vulnerable, con un buen porcentaje del personal médico que trabaja por prestación de servicio o a medio tiempo.  

 

Algunas cárceles no tienen atención médica ni odontológica permanente y otras, como la cárcel de Villavicencio, donde se dieron los mayores niveles de contagio, solo tienen una enfermera y una auxiliar de enfermería en el área de sanidad.  

 

Resultados de Auditoría Financiera a la USPEC   

y Auditoría de Cumplimiento a INPEC - USPEC  

 

La ejecución presupuestal de inversión en infraestructura, alimentación y salud del sistema penitenciario y carcelario corresponde a la USPEC. 

 

En la Auditoria Financiera a la USPEC para la Vigencia 2019 se evidenciaron 22 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal por valor de $743.004.735. 

 

En la Auditoría de Cumplimiento al INPEC - USPEC realizada por la CGR, para la vigencia 2018, la Contraloría constituyó 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria,1 tiene connotación penal, 15 tienen carácter fiscal, 14 tienen otras incidencias, 5 dan lugar a indagaciones preliminares y 1 constituye beneficio de auditoria. 

 

El informe auditor indica que en cuanto al servicio de alimentación se evidenciaron pagos de componentes que no se suministraron en los tiempos de comida de almuerzo, cena y refrigerio nocturno durante la ejecución de las operaciones de bolsa de los años 2018 y 2019. 


Así mismo se encontraron errores en la elaboración del estudio de costos para determinación del precio de la ración en estaciones de policía, a lo que se suman debilidades en la labor de la interventoría contratada y en el cumplimiento de las fichas técnicas, por lo cual se establecieron 7 hallazgos fiscales por un valor de $831.313.365. 

 

Igualmente, se determinaron deficiencias en el seguimiento y control a los pagos realizados al personal de salud contratado mediante ordenes de prestación de servicios, demoras en la entrega de medicamentos y entrega incompleta de fórmulas médicas, atención de población en prisión domiciliaria y debilidades en la dotación de las unidades de atención para la prestación, situación que generó un hallazgo fiscal por valor de $17.881.702. 

 

Hechos relevantes detectados  

 

-Contrato 219-2013 establecimiento Buga (hallazgo disciplinario y fiscal): Menoscabo de los recursos públicos pagados a contratista por $62.759.063.434. No hay ejecución del contrato por más de un año ni labores de mantenimiento. 

 

-Obras pagadas no ejecutadas del Contrato de Obra No. 402 de 2014 – Girón, Santander (hallazgo fiscal y disciplinario): En revisión del Contrato de Obra No. 402 de 2014, se observaron inconsistencias en la información registrada en las Actas de recibo a satisfacción lo que permite observar que hasta el acta 36, la USPEC le había pagado al contratista obras que no había ejecutado, por lo que el organismo de control identificó un presunto alcance fiscal por valor $743.004.735,55. 

 

-Unidad de Servicio Penitenciario y carcelario – USPEC: contrato 402 de 2014- por gestión antieconómica e ineficiente al pagar por unos elementos que están instalados, no están terminados ni en funcionamiento, afectando el equilibrio económico en contra de la entidad. Presunto daño patrimonial de $2.393.505.510. 

 

-Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitana de Cúcuta y RM Bucaramanga.  Presunto daño patrimonial por la cuantía de $ 400.222.311. 

 

-Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y mediana Seguridad Girón: Contrato que no se cumplió porque la planta no está en funcionamiento, generando un presunto detrimento de $310.314.376. 

 

-Cárcel el Pilamo: Contrato 384 de 2014, por valor de $1.939.798.000. A la fecha el contrato se encuentra suspendido. 

 

-Megacarcel La Candelaria: A la fecha no se cuenta con estudios previos o licencias de construcción, presuntas diferencias entre los avalúos y problemas con la comunidad, no hay consulta previa. 

 

-Colonia Agrícola Yarumal: El convenio marco 393 de 2017 venció el 17 de julio del 2020 y no se renovó porque la Alcaldía de Medellín manifiesta que después de tres años de iniciado el proyecto se presenta una falta de planeación. A la fecha, el total de aportes es de $57.100.595.198, de los cuales la USPEC desembolsó $32.600.595.198. 

Publicado el 09 feb 2021 17:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 12

 

Alerta la Contraloría:  

74 entidades territoriales ejecutoras del PAE no están entregando alimentación a los estudiantes beneficiarios 

 

Pieza Comunicado: En triple A de Barranquilla, Iniciamos evaluación de contratación.

 

 

  • Al 29 de enero, más de 4 millones de estudiantes beneficiarios del PAE no reciben alimentación.
     
  • Contraloría General hace llamado a entidades territoriales a contratar y ejecutar debidamente el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

  • Hay entidades territoriales que aún no reportan cuando iniciarán la ejecución del PAE. Otras, a pesar de haber iniciado el calendario académico, no han seguido las indicaciones de comenzar la entrega de alimentos máximo en la segunda semana del mismo.

  • También se evidencian casos en los que se inició el calendario y las entidades no cuentan con el equipo contratado para ejecutar el PAE.
 

 

Bogotá, 7 de febrero de 2021.-  La Contraloría General de la República determinó que, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Educación, al 29 de enero del presente año, tan solo 22 entidades territoriales, de las 96 que ejecutan el Programa de Alimentación Escolar (PAE), están entregando alimentación a sus estudiantes beneficiarios.   

 

Según esto, de los más de 5 millones 600 mil estudiantes que se benefician del PAE, al momento solo 1.202.644 reciben alimentación.

 

Ante esta situación, el organismo de control realizó un llamado a las entidades territoriales a que atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que sean beneficiados los más de 5 millones 600 mil estudiantes que tiene como cobertura el programa.

 

“A pesar que, de acuerdo a las indicaciones del Programa, las entidades territoriales tienen tiempo máximo de margen de iniciar la entrega en la segunda semana del calendario académico, hoy tan sólo 1 millón 200 mil estudiantes están recibiendo la alimentación escolar. Es por eso que hacemos el llamado a las 74 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que no han iniciado a que lo hagan y no dejen a sus estudiantes sin la alimentación estipulada”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

 

Y agregó: “Se debe tener en cuenta que el sector de la educación es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de la gestión pública y el PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia de la Contraloría General de la República y de la ciudadanía en general, por lo que en esta ocasión, desde el carácter preventivo y a través del Control Fiscal Participativo, estamos haciendo un llamado a que se cumplan los términos del programa”.

 

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Educación y su Unidad de Alimentación Escolar "Alimentos Para Aprender", las 74 entidades territoriales que no han iniciado le operación del PAE son: 

 

  1. AMAZONAS 

  2. APARTADÓ 

  3. ARMENIA 

  4. BARRANCABERMEJA 

  5. BARRANQUILLA 

  6. BOGOTÁ D.C. 

  7. BOLÍVAR 

  8. BOYACÁ 

  9. BUENAVENTURA 

  10. CALI 

  11. CAQUETÁ 

  12. CARTAGENA 

  13. CASANARE 

  14. CAUCA 

  15. CESAR 

  16. CHÍA 

  17. CHOCÓ 

  18. CÓRDOBA 

  19. CÚCUTA 

  20. CUNDINAMARCA 

  21. DOSQUEBRADAS 

  22. DUITAMA 

  23. FACATATIVÁ 

  24. FLORENCIA 

  25. FUNZA 

  26. FUSAGASUGÁ 

  27. GIRARDOT 

  28. GIRÓN 

  29. GUADALAJARA DE BUGA 

  30. GUAINÍA 

  31. GUAVIARE 

  32. IBAGUÉ 

  33. IPIALES 

  34. JAMUNDÍ 

  35. LA GUAJIRA 

  36. LORICA 

  37. MAGANGUÉ 

  38. MAICAO 

  39. MALAMBO 

  40. META 

  41. MONTERÍA 

  42. MOSQUERA 

  43. NARIÑO 

  44. NEIVA 

  45. NORTE DE SANTANDER 

  46. PALMIRA 

  47. PASTO 

  48. PEREIRA 

  49. PIEDECUESTA 

  50. PITALITO 

  51. POPAYÁN 

  52. PUTUMAYO 

  53. QUIBDÓ 

  54. QUINDÍO 

  55. RIOHACHA 

  56. SAN ANDRÉS DE TUMACO 

  57. SANTA MARTA 

  58. SANTANDER 

  59. SINCELEJO 

  60. SOACHA 

  61. SOGAMOSO 

  62. SUCRE 

  63. TULUÁ 

  64. TUNJA 

  65. TURBO 

  66. URIBIA 

  67. VALLE DEL CAUCA 

  68. VALLEDUPAR 

  69. VAUPÉS 

  70. VICHADA 

  71. VILLAVICENCIO 

  72. YOPAL 

  73. YUMBO 

  74. ZIPAQUIRÁ 

 

 

Y las que ya vienen ejecutando el PAE: 

 

  1.  ANTIOQUIA

  2. ARAUCA

  3. ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, SANTA CATALINA Y PROVIDENCIA

  4. ATLÁNTICO

  5. BELLO

  6. BUCARAMANGA

  7. CALDAS

  8. CARTAGO

  9. CIÉNAGA

  10. ENVIGADO

  11. FLORIDABLANCA

  12. HUILA

  13. ITAGÜÍ

  14. MAGDALENA

  15. MANIZALES

  16. MEDELLÍN

  17. RIONEGRO

  18. RISARALDA

  19. SABANETA

  20. SAHAGÚN

  21. SOLEDAD

  22. TOLIMA 

 

Ejecución por fuera de los tiempos 

 

Se evidencia que algunas entidades territoriales, que han reportado al Ministerio de Educación el inicio de sus calendarios académicos, vienen desconociendo las indicaciones del programa sobre un margen máximo para iniciar la entrega de la alimentación, que es la segunda semana del calendario académico.  

 

En esta situación está Barrancabermeja (Santander), que arrancó su calendario el 25 de enero, beneficia 19.090 estudiantes y no ha reportado haber empezado la entrega de alimentación. Pasa lo mismo con Lorica (Córdoba), inició calendario académico el 11 de enero y tiene 22.081 beneficiarios; Neiva (Huila), empezó el 18 de enero y cuenta con 41.423 estudiantes; Pitalito (Huila), inició el 18 de enero, tiene 11.986 estudiantes; y Quibdó (Chocó), inició el 18 de enero y tiene 26.666 estudiantes. 

 

Y existen casos más complejos como el del departamento de Córdoba, que a pesar de haber iniciado su calendario académico el 25 de enero, ha indicado que solo comenzará la operación del PAE hasta el 1 de marzo, pues no cuenta con equipo contratado, por lo que ha retrasado la gestión con los alcaldes municipales con quienes se opera conjuntamente el programa. 

 

Menor cobertura contratada 

 

Se ha evidenciado, además, que las ETC no han venido contratando la cobertura proyectada del 2021 de acuerdo a los beneficiarios que se venían presentando en 2020 

 

Hay casos como Tolima en donde, de acuerdo al Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media, en el año 2020 reportaba 102.099 beneficiarios y para este año se ha contratado PAE para 17.471 estudiantes (17%), De igual manera Arauca, que tuvo 38.449 estudiantes y se ha contratado para 18.036 (46,9%); Sahagún 11.796 estudiantes en 2020 y se ha contratado en 2021 para 5.871 (49,7%) y Cartago que tuvo 12.197 beneficiarios y ha contratado para 6.429 (52,7%). 

 

Seguimiento de la Contraloría 

 

Este llamado de atención de la CGR a las ETC se da en el comienzo del retorno gradual de actividades en las instituciones educativa, que debe cumplirse de acuerdo a las observaciones y lineamientos realizados por los Ministerios de Educación y Salud, en los que se plantea que se debe asegurar el PAE en cumplimiento de las medidas sanitarias y de bioseguridad como componente de la oferta educativa. 

 

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, hace seguimiento de la mano de la ciudadanía, a través del “Sistema de Control Fiscal Participativo”, a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Publicado el 07 feb 2021 13:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 11

 

Contraloría inicia Actuación Especial de Fiscalización sobre la Triple A de Barranquilla  

 

Pieza Comunicado: En triple A de Barranquilla, Iniciamos evaluación de contratación.

 

 

  • En Intervención Funcional de la CGR, se ordenó incluir a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. -Triple A-. 
     
  • El organismo de control evaluará la gestión contractual de las vigencias 2018, 2019 y 2020 y, también, las denuncias que reciba. 
 

 

Bogotá, febrero 3 de 2021.- La Contraloría General inicia hoy una Actuación Especial de Fiscalización sobre la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. -TRIPLE A-. Esta empresa está encargada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y Aseo en Barranquilla y otros municipios del Atlántico.  

 

Dada la importancia e impacto que tiene la citada Sociedad para el Departamento del Atlántico, la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, y dentro del marco del Control Prevalente, realizó una intervención funcional y determinó para el año 2021 ejecutar esta Actuación Especial a la TRIPLE A, que finalizará el próximo 11 de junio.  

 

Entre los objetivos de la Actuación Especial de la CGR están los siguientes: 

 

*Evaluar la gestión contractual de las vigencias 2018, 2019 y 2020. 

 

*Verificar que las operaciones financieras y presupuestales relacionadas con los contratos suscritos se hayan llevado a cabo de conformidad con los principios de economía, eficacia y eficiencia. 

 

*Evaluar las denuncias que se reciban relacionadas con el tema a auditar, sobre las vigencias 2018, 2019 y 2020, establecidas en la Resolución No. 0982 de 2020 modificada por la Resolución No. 1052 de 2020.  

 

*Y evaluar los mecanismos de control interno establecidos por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P “Triple A” para el proceso auditado y determinar su efectividad. 

Publicado el 03 feb 2021 8:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 10

 

Fallo fiscal por $19.240 millones contra empresa de servicios petroleros Thx Energy en liquidación, por incumplir contrato en proyecto con ANH 

Fallo Fiscal pieza

 

  • La empresa declarada responsable fiscal no entregó pies de núcleos por más de $10.587 millones y no tomó registros de pozo por $2.262 millones. 
     
  • Estos valores y lo que debe reintegrar suman una cifra (indexada) de $19.240 millones, como daño patrimonial. 
     
  • El proyecto del pozo petrolero más profundo en la historia del país terminó con la liquidación de la empresa contratista, líos y reclamaciones judiciales y ahora este fallo de la CGR. 
 
 

Bogotá, 2 de febrero de 2021.- En decisión de segunda instancia, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $19.240 millones de pesos contra la empresa de servicios petroleros Thx Energy Sucursal Colombia en liquidación judicial, por la pérdida de recursos públicos invertidos en el contrato No. 069 de 2013 que suscribió con la Financiera de Desarrollo Nacional para desarrollar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el proyecto ANH-Plato 1-X-P. 

 

El objeto fue la “contratación de muestreo del subsuelo mediante la perforación del pozo estratigráfico profundo ANH-PLATO 1-X-P en la cuenca valle inferior del Magdalena con recuperación de muestras y registros”.  

 

En su momento, la ANH anunció en su página web: “Se perfora pozo más profundo del país: por primera vez se realiza la perforación estratigráfica más profunda alcanzando los 18.300 mil pies de profundidad. La empresa THX Energy sucursal Colombia, desarrolló el proyecto junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en el municipio de Nueva Granada, en el departamento del Magdalena.  El objetivo es conocer con exactitud la composición de subsuelo en esta región”. 

 

Daño al patrimonio público real, cierto y cuantificable 

 

La Contraloría determinó la ocurrencia de un daño patrimonial al Estado, por cuanto el contratista Thx Energy Sucursal Colombia no entregó 930 pies de núcleos o corazones por $10.587.194.268.34 y no tomó registros de pozo (eléctricos) por $2.262.646.978.07, para un total de $12.849.841.247,01, de acuerdo a lo establecido por parte de la interventoría. 

 

Además, la misma interventoría, en comunicación radicada el 30 de junio de 2015, estimó un valor a reintegrar por parte del contratista, así como un anticipo no amortizado, que ascendió a $1.696.793.825, valores que quedaron definidos en el acta de liquidación unilateral del 19 de agosto de 2015.  

 

Esto dio un total del daño cuantificado en $14.546´635.072, que al ser indexado da la suma de $19.240.100.661,47. 

 

Para la Contraloría, el daño al patrimonio público fue real, cierto, actual y cuantificable, por cuanto los recursos invertidos en el contrato No. 069-2013, suscrito el 20 de diciembre de 2013, se perdieron y no se cumplió su propósito. 

 

“Ello indica que no se alcanzaron los fines de la contratación estatal dispuestos en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, y la conducta desplegada por Thx Energy Sucursal Colombia fue determinante en la materialización del daño y sus acciones y omisiones conllevaron al menoscabo al patrimonio público, razón por la cual el nexo causal fue probado. Apareció demostrado entonces, que se reunían los elementos de la responsabilidad fiscal”, sostiene el organismo de control. 

 

Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria 

 

Mediante Auto No. 801119-058 del 18 de noviembre de 2020, la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República consideró que la suma de $14.546.000.000 de pesos pagada al contratista Thx Energy Sucursal Colombia correspondía a recursos públicos del contrato no ejecutado, por lo que falló con responsabilidad fiscal en contra de esta firma, con ocasión del menoscabo causado a los recursos públicos pertenecientes al patrimonio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

 

La sala de decisión observó la ausencia de material probatorio sobre la inexistencia de la sociedad Thx Energy Sucursal Colombia, por cuanto si bien el Auto No.  2019-01-333077 del 11 de septiembre de 2019, proferido por la Superintendencia de Sociedades declaró terminado el proceso liquidatorio de los bienes que conformaban el patrimonio de la misma y ordenó a la Cámara de Comercio de su domicilio inscribir el referido auto, cancelar la matrícula mercantil, levantar las medidas cautelares y cancelar los gravámenes frente a los establecimientos de comercio y razón social que pesaban sobre la persona jurídica, dicho auto no extingue la sociedad en su integridad, por cuanto se debe dar cumplimiento a los trámites legales necesarios para que deje de existir frente a terceros y frente a los socios. 

 

Lo anterior, quiere decir que, si la sociedad no registró las decisiones adoptadas, las mismas no existirán para terceros, por lo cual, en el presente caso,  al no evidenciarse prueba del registro del Auto No.  2019-01-333077 del 11 de septiembre de 2019 proferido por la Superintendencia de Sociedades ante la Cámara de Comercio se considera que no hay certeza que la firma Thx Energy Sucursal Colombia como persona jurídica se haya extinguido totalmente y que no posea bienes en la actualidad con los cuales se pueda proceder a recuperar el daño causado. 

 

Considerando lo anterior, la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR se apartó de la decisión de fallar sin responsabilidad fiscal adoptada por el funcionario de conocimiento de primera instancia, motivada en la liquidación judicial antes mencionada, porque revisado el expediente se puede constatar que la Sociedad Thx Energy Sucursal Colombia, fue vinculada por su condición de persona jurídica de derecho privado como presunta responsable fiscal.  

 

En tal virtud y estando en sede de consulta, la sala de decisión no acogió la decisión de primera instancia, debido a la naturaleza resarcitoria de esta clase de procesos de responsabilidad fiscal y por no cumplirse lo consagrado en el artículo 54 de la Ley 610 de 2000, porque, por el contrario, se encontró acreditado la existencia del daño al patrimonio del Estado y los presupuestos de la conducta gravemente culposa y el nexo de causalidad en el proceso de responsabilidad fiscal. 

 

Por último, la Sala Fiscal y Sancionatoria al revisar la Póliza que amparaba el contrato (No. 01UC066803 emitida por Confianza S.A), encontró también que es procedente hacer efectiva esta por cuanto se amparó tanto el cumplimiento del contrato como el anticipo, la calidad de la obra y pagos, salarios y prestaciones sociales, incluyendo a la entidad contratante, en este caso la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL. 

 

Publicado el 02 feb 2021 07:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 9

 

Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal por 11.668 millones contra concesionario de repavimentación de Aeropuerto El Dorado  

 Pieza gráfica con texto que dice; Repavimentación aeropuerto el dorado, imputación `pr 11668 millones. Fotografía del aeropuerto en la foto

 

 

  • Archivada investigación contra expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, y otro exdirectivo de esta entidad, Andrés Figueredo Serpa. 

 

 

Bogotá, 1 de febrero de 2021.- La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal, por cuantía de $11.668 millones de pesos, en contra de la COMPAÑÍA DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A.S.-CODAD S.A.S.- hoy en liquidación, por irregularidades presentadas en la repavimentación y mantenimiento de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, dentro del Contrato de Concesión No. 0110-OP-1995

 

Esta decisión fue tomada por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR, mediante Auto No. 1474 del 1 de diciembre de 2020 

 

Inicialmente la cuantía de la imputación ascendía a la suma de 

 

16.142 millones, no obstante, las aseguradoras CONFIANZA S.A. y MAPFRE S.A. realizaron un pago, cada una, por valor de $ 2.236 millones, para un total recaudado de $4.473 millones.  

 

La Contraloría determinó, además, archivar la investigación a LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO y ANDRÉS FIGUEREDO SERPA, Presidente de la ANI y Vicepresidente de Gestión Contractual de la misma entidad para la fecha de los hechos, toda vez que, del material probatorio obrante en el expediente, se logró establecer diligencia de dichos funcionarios al tramitar y declarar el incumplimiento de dicho contrato y la imposición de la respectiva clausula penal. 

Publicado el 01 feb 2021 9:40