Boletines de Prensa - 2020

Hallazgos fiscales por $2.509 millones en la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas

COMUNICADO DE PRENSA No. 029

 

  • Reparación a las víctimas sigue en veremos, revela auditoría de la Contraloría General. 
  • Se evidencian graves retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas. 
  • A 31 de diciembre de 2018, había más de un millón de pagos pendientes de hacer.
  • También hay barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa y es muy pobre la cobertura del Programa de Reparación Colectiva.

 

Bogotá, 25 de febrero de 2020.- Una Auditoría de la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), donde se determinaron 3 hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos, encontró preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.

Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó también 8 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.

Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?

De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.

En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa un grave incumplimiento la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017, donde se determinó:

“ORDENAR al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento…”.

De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa.

De otro lado, en el Programa de Reparación Colectiva, sólo el 1% (6 sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018.

Más incumplimientos

Otro incumplimiento evidente, es el de las metas de reparación colectiva definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan de Acción de la UARIV, presentado bajo avance en el indicador “Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas”, tal como se muestra a continuación:

Comportamiento indicador Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas.

 

AÑO

META

AVANCE

Línea de Base

-

76,00

Ene-Dic 2015

150,00

113,00

Ene-Dic 2016

170,00

124,00

Ene-Dic 2017

190,00

124,00

Ene-Dic 2018

210,00

133,00

2014-2018

210,00

133,00

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1208/4756/116

 

En el Plan de Acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de diciembre de 2018, se dejaron de cumplir 6 de las 11 metas de reparación colectiva planteadas este año, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

Metas sin cumplir Plan de Acción 2018 UARIV– Reparación colectiva

 

Indicador de la Actividad

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO

Meta

Unidad de Medida

Diciembre

Comunidades en procesos de reparación colectiva con intervenciones implementadas para la reconstrucción del tejido social con enfoque psicosocial

300

Número

230

Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas.

210

Número

133

Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con consulta previa y han sido indemnizados

50

Número

16

Comités de impulso conformados y/o grupos de apoyo

70

Número

26

Sujetos de reparación colectiva con Plan de Reparación Colectiva implementado

10

Número

4

Sujetos de reparación colectiva étnicos con Plan de Reparación Colectiva implementado

1

Número

0

Fuente: UARIV – Seguimiento Plan de Acción 2018.  Elaboró: CGR.

 

No hay reparación pronta y oportuna para las comunidades étnicas con tratamiento especial

En relación con las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado en las medidas de reparación, de acuerdo con los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad.

 

En consecuencia y contra lo esperado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los miembros de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados. El incumplimiento de las acciones y plazos acordados en los Planea Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), afectan la confianza institucional en los sujetos donde se habían creado expectativas que finalmente no se van a cumplir, que ya se había afectado con el daño colectivo.

Fondo para la Reparación de las Víctimas y Monetización

La Contraloría determinó que los bienes administrados por el Fondo, no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente. 

 


Contraloría identificó 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos sin utilidad pública y social, por $8,6 billones

COMUNICADO DE PRENSA No. 028

 

  • Así lo ha permitido la estrategia “Compromiso Colombia” que impulsa la Contraloría General de la República, destacó el Vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee en la Cumbre de Gobernadores.
  • El funcionario le pidió a los Gobernadores cuidar los recursos de las regalías, hacer debido seguimiento a los proyectos que acompaña “Compromiso Colombia” y demostrar que las lecciones surgidas de la crisis del PAE fueron aprendidas.
  • La Contraloría General de la República inicia una nueva era del control fiscal basada en la prevención y la concomitancia, destaca el Vicecontralor General ante los mandatarios seccionales y los convoca para aliarse en el objetivo de resguardar los recursos públicos.
  • Llegó la inteligencia de automatización al control fiscal: la CGR ha desarrollado 16 robots que permiten revisar de manera rápida facturas y contratos. Hay uno que lee 4 contratos en 28 segundos y otro que revisa cerca de un millón de facturas en un día.

 

Cartagena de Indias, 21 de febrero de 2020.  Un total de 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos sin utilidad pública o social, que suman $8,6 billones, ha identificado la Contraloría General de la República en todo el país, a través de su estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia, reveló el Vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee ante la Cumbre de Gobernadores que se realiza en esta ciudad.

El Vicecontralor invitó a los mandatarios departamentales a que sean aliados de la Contraloría en el objetivo de garantizar el buen manejo de los recursos públicos, apoyando la estrategia “Compromiso Colombia”, para sacar adelante proyectos problemáticos, superando las deficiencias recurrentes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y evitando, también que, como sucede hoy, cerca del 54% de los recursos de regalías sigan sin presentar ejecución y $15,6 billones permanezcan en cuentas bancarias.

“La acción de la Contraloría no debe ser vista como una amenaza contra los gobernantes y administradores públicos sino como una aliada para resguardar su propia eficiencia y para ponerse a salvo, vía prevención, de sanciones fiscales, penales y disciplinarias", les dijo el Vicecontralor Rodríguez Yee a los mandatarios seccionales.

“Me preocupa, y sé que también a ustedes, que inversiones por más de $6 billones estén dispuestas en proyectos que llevan varios años sin ninguna utilidad pública”, añadió.

Recalcó entonces la importancia del control social a los proyectos en marcha y dijo que espera que, a través de las veedurías, la entrega y operación del Túnel de La Línea se realice antes de junio de este año.

Logros de “Compromiso Colombia” y seguimiento de los Gobernadores

El Vicecontralor resaltó los logros obtenidos con la estrategia “Compromiso Colombia”, para lo cual mencionó el caso de algunos departamentos donde se avanza en el “rescate” de proyectos que han tenido problemas de avance y ejecución, como los siguientes:

✓ANTIOQUIA (3 proyectos, dentro de uno de ellos 26 colegios FFIE) -$160.714 Millones.

✓AMAZONAS (2 COLEGIOS FFIE)- $21.883 Millones.

✓ARAUCA (2 proyectos)- $18.602 Millones.

✓ATLÁNTICO (4 Proyectos y dentro de uno de ellos 11 colegios FFIE) -$176.462 Millones.

✓BOLIVAR (5 Proyectos y dentro de uno de ellos 4 colegios FFIE) - $81.044 Millones.

“Hago un llamado a todos los Gobernadores para que revisen en sus despachos los compromisos asumidos por los departamentos en la Estrategia “Compromiso Colombia”. Es fundamental que remitan los informes de seguimiento de los proyectos que estamos acompañando, en los términos establecidos y solicitados”, dijo el Vicecontralor.

“Cuiden los recursos de regalías"

En su intervención ante los Gobernadores, el Vicecontralor Rodríguez Yee les pidió también cuidar los recursos de regalías, que son de los departamentos y, por culpa de la corrupción han tenido un manejo centralizado. Al respecto, entregó un dato relevante: las auditorías y seguimientos que realizó en 2019 la Contraloría General de la República a los recursos de regalías en todo el país permitieron detectar hallazgos fiscales por valor de $727.020 millones de pesos y se generaron beneficios de auditoría por $119.849 millones.

“Con un equipo conformado hace apenas 10 meses, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República logró llegar a todos los departamentos y fortalecer la cobertura del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) para auditar $7,1 billones, destacó también.

El Vicecontralor aprovechó para mencionar los resultados de un estudio de la Unidad de Regalías, que abarcó el período comprendido entre 2012 y 2019, y donde se encontró que de 17.219 proyectos aprobados el 73% valen menos de $2.000 mil millones de pesos.

“Se hace necesario un esfuerzo en proyectos regionales y/o de alto impacto para mover los indicadores de pobreza favorablemente”, dijo al respecto.

Lecciones por crisis del PAE deben ser aprendidas

Otro llamado del Vicecontralor a los Gobernadores tiene que ver con la necesidad de demostrar que "aprendimos las lecciones surgidas de la crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE), sobre todo ahora que la asignación de recursos ha llegado a cerca de $1,02 billones tanto para PAE Regular como para Jornada Única, con una cobertura potencial de 5,4 millones de estudiantes registrados en SIMAT”.

A septiembre de 2019, eran utilizados recursos por Conpes 151, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Recursos propios y otras fuentes de financiación, lo que lleva a una bolsa de recursos de más de $2,07 billones, recordó.

La Contraloría General de la República realizó auditoría al Sistema General de Participaciones y a recursos para el Programa de Alimentación Escolar, vigencia 2018, en 38 Entes Territoriales (Departamentos, distritos y municipios), incluyendo en ellas la revisión de la ejecución de los recursos destinados para Alimentación Escolar.

En esta auditoría -señaló el Vicecontralor- se encontraron deficiencias como las siguientes:

*Raciones pagadas, pero no suministradas en el municipio.

*Aumentos injustificados del valor de la ración en adición de contrato.

*Certificaciones expedidas por los rectores y coordinadores de instituciones educativas y por los supervisores de los contratos con diferencias entre la duración del contrato y el número de raciones entregadas.

*Y adicionalmente, incumplimiento de la minuta y del número de raciones, faltando estudiantes contratados por comer.

El nuevo modelo de control fiscal

Los Gobernadores que empezaron a ejercer sus cargos al inicio del presente año tienen la responsabilidad de invertir cerca de $130 billones de los recursos dispuestos para áreas tan sensibles como la salud y la educación, recordó el Vicecontralor y reiteró que su intención es articular esfuerzos con los 32 Departamentos para garantizar el buen manejo del recurso público.

Rodríguez Yee mencionó entonces los alcances del nuevo modelo de control fiscal, adoptado mediante el Acto legislativo 04 de 2019, con el que la Contraloría General de la República inicia una nueva era del control fiscal basada en la prevención y la concomitancia:

*Prevención y concomitancia serán ejercidas bajo la forma de advertencia al gestor fiscal y serán visibles ante la ciudadanía a través del Sistema General de Advertencia, cuyo carácter será público.

*Ambas tienen un carácter excepcional, no vinculante y no implican coadministración porque no versan sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de recursos, sino sobre los riesgos de orden legal que las pueden afectar.

*Como habrá un seguimiento permanente a los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos, la CGR dispondrá de otra herramienta clave: la Dirección de Reacción Inmediata.

Con ella se podrá detectar, por ejemplo, la concentración contractual y la acción de contratistas expertos en suscribir contratos, mas no en ejecutarlos con calidad y oportunidad.

Robots revisan contratos y facturas

Un cambio que ya se está dando en la Contraloría General es el desarrollo de la inteligencia de automatización, dijo también el Vicecontralor.

“Hemos desarrollado unos 16 robots que permiten revisar de manera rápida facturas y contratos. Tenemos un robot que más o menos está leyendo 4 contratos en 28 segundos, lo que nos da una capacidad y una productividad muy alta. Tenemos otro robot que está revisando un millón de facturas en un día”, señaló.

Vigilancia total a los recursos del SGP

Por otro lado, indicó el Vicecontralor, la ampliación de la cobertura en la vigilancia de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías en los 1.122 municipios y 32 Departamentos del país, será ahora una realidad.

“Los recursos de salud, educación, saneamiento básico y agua potable actualmente solo son auditados en un 10% y con escasa participación, pero con los nuevos instrumentos los recursos para la salud y educación tendrán una cobertura del 100% mediante actividades de control articuladas con la ciudadanía”, anotó.

Publicado el 21 feb 2020 14:00


Por proceso fiscal sobre concesión de peajes: Investigadores de la Contraloría General visitan Alcaldía de Cartagena, EDURBE, Departamento de Valorización y Concesionario

COMUNICADO DE PRENSA No. 027

 

  • La visita comenzará este lunes 24 de febrero.

 

Bogotá, 21 de febrero de 2020.- Un equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República realizará desde el próximo lunes 24 de febrero una visita especial a la Alcaldía Distrital de Cartagena y otras entidades locales, dentro del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta este organismo de control por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes.

Los investigadores estarán en EDURBE y el Departamento Administrativo de Valorización; y visitarán igualmente al concesionario de la obra.

La visita fue ordenada por el Contralor General de la República y la jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

Desde octubre de 2019 se están analizando las pruebas que ya venían en el expediente y se decretaron nuevas pruebas que se han venido recaudando durante este tiempo.

Las entidades solicitaron prórroga para entregar la información, incluyendo la fiduciaria, frente a lo cual se dio plazo máximo hasta el pasado lunes 17 de febrero para que la entregaran, antes de iniciar la visita de los investigadores.

¿Qué se investiga?

En este caso, declarado de impacto nacional por el Contralor Carlos Felipe Córdoba, se investiga si ya se cumplió el plazo y el recaudo de peajes para financiar las obras contratadas, dentro de los parámetros del modelo financiero.

Además del corredor vial, se adicionaron obras que implicaron una ampliación del plazo, actualización de tarifas y el flujo de recaudo de peajes.  

Las denuncias de las veedurías sobre el tema se centran en que el peaje ya cumplió su finalidad tanto en plazo, como en recaudo y remuneración al concesionario.

Se está analizando si ya se cumplió con la remuneración del concesionario a la TIR de 17,22% y desde qué época.

Por otra parte, se  está investigando si las obras financiadas con los peajes tienen o no sobrecostos. 

El equipo investigador que hará esta visita especial a la Alcaldía Distrital y demás entidades está encabezado por el Contralor Delegado Intersectorial, Javier Eduardo Noguera, y lo integran economistas, contadores financieros e ingenieros.

Publicado el 21 feb 2020 09:00


Mañana jueves: Gobierno Nacional reactiva Ruta del Sol, tramo 3, como resultado de acuerdos impulsados a través de “Compromiso Colombia”

COMUNICADO DE PRENSA No. 026

 

  • Tal y como se plasmó en el acta de compromisos de la audiencia pública informativa “Compromiso Colombia”, del pasado 7 de febrero, mañana se reactivará el proyecto más importante de dobles calzadas del país, que está suspendido desde el año 2017.
  • El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, estará presente en el acto donde se firma el Otrosí que revive el proyecto, que será encabezado por el presidente Iván Duque Márquez.

 

Valledupar, 19 de febrero de 2020.  Con la suscripción del Otrosí No. 10, se reactiva mañana jueves el proyecto Ruta del Sol, tramo 3, en un evento que tendrá lugar en el kilómetro 2 de la vía Bosconia – Valledupar, con la presencia de los firmantes de este documento: el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, el contratista, el interventor y la ciudadanía representada por las veedurías especializadas.

El proyecto tiene una longitud origen destino de 465 kilómetros, de los cuales se van a mejorar 464 km. y se van a construir 476 km. de segunda calzada. Actualmente, tiene un avance de 157 km. de segunda calzada no continuos y mejorados 143 km. de la vía existente; para un avance en general de 32%.

El valor del Contrato de Concesión, proyectado a diciembre de 2019, es de $3.58 billones.

Tiene influencia directa en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar y en 18 municipios: Bosconia, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, El Paso, El Copey, Valledupar; Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, Fundación, Ariguaní (El Difícil y La Gloria), Nueva Granada, Plato, Zona Bananera; Zambrano y El Carmen de Bolívar.

“Este es el proyecto más importante de dobles calzadas que se desarrolla en el país, donde la Contraloría General de la República viene acompañando a la ciudadanía, entidades y todos los que intervienen en el proyecto, a través del control fiscal participativo, con la estrategia “Compromiso Colombia”, y tenemos ya un resultado: después de estar paralizadas las obras desde el año 2017, se han logrado reactivar”, indicó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Y agregó el Contralor: “Estamos hablando, que no sólo se destraba uno de los tramos del corredor vial más importante entre el interior del país y la Costa Caribe, sino que también se reactivarán económicamente, y en materia de competitividad, los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar y comunidades de 18 municipios del área de influencia directa. Así que ahora, después de esta reactivación, como Contraloría estaremos pendientes para hacer seguimiento al correcto uso de los recursos públicos y las inversiones, con las auditorías que se adelantan”.

Apoyo ciudadano fue vital para revivir el proyecto

El Contralor Córdoba Larrarte destacó el papel de la ciudadanía, a través de las veedurías ciudadanas y los gremios, en el seguimiento, control social y reactivación del proyecto.

“Compromiso Colombia” busca generar alternativas que permitan que la ciudadanía conozca el estado de los proyectos y, también, propiciar acuerdos que logren sacarlos adelante, y esto es precisamente lo que ha ocurrido en este caso”, aseguró.

“La Contraloría facilitó la articulación de las 2 veedurías especializadas promovidas por la entidad y las autoridades para lograr la reactivación de este importante proyecto de infraestructura. Es por esto que debemos invitar a todos los veedores, a continuar en su trabajo de seguimiento a los diferentes proyectos que se desarrollan en el país, de los cuales, lo que menos esperamos es que se conviertan en los muchos elefantes blancos que hay en el territorio nacional sin brindar los beneficios a los colombianos por los que fueron contratados”, enfatizó el Contralor General de la República.

Antecedentes de la Ruta del Sol, tramo 3

El contrato se suscribió el año 2010, inició su construcción en 2012 y debió finalizar en diciembre de 2019, logrando obtener la totalidad de las licencias ambientales hasta el año 2015.

Durante la ejecución del proyecto se han generado situaciones que han afectado la ejecución normal del mismo, lo que llevó a una parálisis de las obras desde el año 2017 y a una serie de incumplimientos por parte de la Concesionaria, quien aduce que los mismos se presentan como consecuencia de la configuración de un desequilibrio económico del contrato de concesión, por hechos que impidieron ejecutar las obras en las oportunidades, tiempos, forma, secuencia, procedimiento de construcción y costos previstos.

Es así como hoy el constructor del Concesionario (EPC Ariguaní), tiene deudas con sus acreedores por $128 mil millones.

Otros datos del proyecto

Ruta del Sol, tramo 3, hace parte de la tercera generación de concesiones viales del país. Es un proyecto suscrito entre Yuma Concesionaria S.A. en Reorganización y la Agencia Nacional de Infraestructura, bajo el Contrato de Concesión 007 de 2010, y se ejecuta en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar.

El objeto de este contrato es que el concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore, diseñe, financie, obtenga licencias ambientales y demás permisos, adquiera los predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector 3 del proyecto, comprendido entre San Roque – Ye de Ciénaga y Valledupar- Carmen de Bolívar.

Publicado el 19 feb 2020 15:00


Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $619 mil millones, por regalías de níquel dejadas de pagar entre 1982 y 2012

COMUNICADO DE PRENSA No. 025

 

  • La decisión cobija inicialmente a 4 exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería –ANM y a la empresa concesionaria Cerro Matoso S.A. 
  • De los $619 mil millones establecidos como detrimento patrimonial, aproximadamente $231 mil millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por haber deducido a gastos no pertinentes, como vestieres, cafetería, hotel y clubes. 
  • Otros $386 mil millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por costos de procesamiento y transporte de níquel deducidos que no se encuentran claramente demostrados. 
  • Y un estimado de $2.400 millones corresponderían a regalías no pagadas por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel producido y comercializado. 
  • El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y el concesionario vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento, señala el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

 

Bogotá, 18 de febrero de 2020.- La Contraloría General de la República ordenó el pasado 7 de febrero la apertura un proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento estimado en $619 mil 680 millones de pesos (exactamente $619.680.857.421), inicialmente contra 4 exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería y la empresa concesionaria de la explotación minera.* 

La decisión se tomó al cerrar una indagación preliminar donde se estableció un detrimento fiscal por regalías no pagadas correctamente por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012, en la mina conocida como Cerro Matoso, en la jurisdicción del municipio de Montelíbano (Córdoba).

La indagación preliminar se adelantó el año pasado luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, mediante Auto número 0002 del 18 de enero de 2019, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la liquidación y pago de regalías, en virtud de los contratos de concesión minera 866 de 1963 y 1727 de 1971, enfatizando que se analizara si se dedujeron costos no pertinentes en la liquidación de regalías de níquel y se determinara si se pagaron regalías por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel. 

Como presuntos responsables fiscales fueron identificados en forma preliminar 4 exvicepresidentes de seguimiento, control y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería -ANM, que tenían como función fiscalizar la liquidación trimestral y el recaudo de las regalías de níquel, sin perjuicio de que se vinculen otros funcionarios que fiscalizaban estas regalías en las entidades anteriores a la ANM como INGEOMINAS, MINERCOL y el Ministerio de Minas. 

¿Cómo se determinó el daño fiscal? 

En cumplimiento de lo ordenado por el Contralor General, el Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Eduardo Noguera, con un equipo de contadores y economistas, adelantó la indagación preliminar, que culminó con la apertura de un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, mediante Auto 0063 del pasado viernes 7 de febrero de 2020. 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los criterios aplicados en las auditorías adelantadas por la Contraloría Delegada de Minas y Energía y el Fallo 0217 del 26 de Febrero de 2018 del Grupo de Regalías de la Contraloría General, que abarcan los años 1998 a 2003 y 2004 a 2008, en las que se identificaron gastos deducidos por concepto de vuelos chárter, bonificaciones anuales y arriendo de apartamentos para directivos de la empresa concesionaria; pago de hotel y facilidades exteriores como el Club Katuma y el Club Jagua, que no guardan relación de causalidad ni pertinencia con la producción, procesamiento y transporte del níquel. 

En la Indagación Preliminar también se identificaron otra serie de gastos recurrentes a lo largo de la concesión, además de los clubes y hotel, que tampoco resultaban pertinentes ni agregaban valor, tales como vestieres y cafetería, motivo por el cual se habrían dejado de pagar regalías en cuantía de $230.886.014.289, entre el cuarto trimestre de 1982 y el tercer trimestre de 2007. 

Otras fuentes de afectación fiscal 

Teniendo en cuenta que en el área explotada en virtud del contrato 866 de 1963 se produce el 99% del níquel y que este contrato fue prorrogado desde 2007 a 2012, debieron aplicarse en estos años, para la liquidación y pago de regalías, los criterios fijados en el artículo 23 de la Ley 141 de 1994 y la sentencia de la Corte Constitucional C-800 de 2008. 

De acuerdo con la Ley 141 de 1994, sólo podía deducirse el 75% de los costos de procesamiento y manejo del mineral, su transporte y gastos portuarios. La Corte exigía que estos costos debían estar claramente demostrados. 

Esta última condición no se cumplió porque el concesionario no presentó los soportes de dichos costos y la autoridad minera tampoco los verificó en su oportunidad. De manera que, para la Delegada Intersectorial, no fue depurada con rigor la base para liquidar las regalías durante los últimos 5 años de la concesión, lo cual estaría generando un detrimento de $386.367.947.662.

Finalmente, se determinó, con base en la información reportada por la Agencia Nacional de Minería, que durante el período de explotación de la mina entre 1982 y 2012, no se pagaron regalías por el hierro contenido en el ferroníquel producido, en una cuantía estimada en $2.426.895.470 como daño fiscal. 

Tamaño del negocio de níquel 

La Contraloría Delegada Intersectorial 11 pudo determinar que los ingresos brutos del concesionario por la explotación del níquel entre 1982 y 2012 ascendieron a $23,6 billones de pesos corrientes y que sus costos y gastos totales en ese mismo período fueron de $9,7 billones incluyendo los no pertinentes aplicados a la liquidación de regalías. 

 Las regalías efectivamente pagadas por todo el período fueron de $1,5 billones, teniendo en cuenta la tarifa de regalías del 8% entre 1982 y 2005 y del 12% entre 2005 y 2012 sobre el valor de la producción de níquel. 

Se observó un crecimiento significativo en el valor y el volumen de producción de níquel entre 2002 y 2012 frente a los años anteriores, atribuible al aumento en los precios en los mercados internacionales frente a los años anteriores. 

En consecuencia, el margen de ganancia para Cerro Matoso, en ese mismo período, se estima en $8,8 billones, después de impuestos y pago de regalías.

Publicado el 19 feb 2020 08:00