Boletines de Prensa - 2019

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Responsables la EPS, Superintendentes de Salud y agentes interventores:

Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $91.133 millones, por desviación de recursos en intervención de Saludcoop

COMUNICADO DE PRENSA No. 068

 

  • El fallo de primera instancia cobija a los exsuperintendentes de Salud Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo y a los agentes interventores Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, así como a la propia EPS Saludcoop hoy en liquidación.
  • Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que debían destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, como pagos a vinculados económicos y por contratos de leasing, los cuales sirvieron para fortalecer la infraestructura de sus IPS.
  • Uno de los usos que tenía que haberse dado a estos recursos, y no se dio, era pagar a las instituciones prestadoras de salud, con las que se tenía una elevada deuda.
  • La práctica irregular de gastar los dineros parafiscales en conceptos ajenos a su destinación constitucional específica, había sido cuestionada por la Supersalud y la propia Contraloría, antes de la intervención de la EPS Saludcoop y, sin embargo, persistió en esa nueva etapa.
  • Todos los declarados responsables fiscales son objeto de embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias.
  • Se trata de un fallo de primera instancia, contra el que proceden los recursos de reposición ante el despacho que profirió la decisión y el de apelación ante el Despacho del Contralor General.

 

Bogotá, 22 de mayo de 2019.- La Contraloría General de la Republica profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $91.133 millones de pesos por la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.

Fueron encontrados responsables fiscales solidarios los Superintendentes Nacionales de Salud para la época de los hechos Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo y quienes actuaron entonces como agentes interventores: Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval.

El fallo, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, cobija además a la propia EPS Saludcoop hoy en liquidación, encontrada responsable fiscal por el valor total del fallo ($91.133.654.416).

La Contraloría determinó que, en vez destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, tales como pagos a vinculados económicos y contratos de leasing (estos para comprar inmuebles y equipos médicos).

La cuantía inicial del fallo de responsabilidad es de $69.069 millones, que traído a valor presente (indexado) se convierte en $91.133 millones.

Se mantienen las medidas cautelares

La Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, mantiene las medidas cautelares decretadas contra los responsables fiscales mencionados, que incluyen embargos a bienes inmuebles y cuentas bancarias.

Se trata de un fallo de primera instancia, que se da dentro del proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal Número PRF -2011-05213_UCC-PRF-033-2014, y contra el mismo proceden los recursos de reposición ante el despacho que profirió la decisión y el de apelación ante el Despacho del Contralor General.

Si el fallo queda en firme, los responsables fiscales serán incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, donde permanecerán hasta que resarzan el daño patrimonial que causaron.

Responsabilidad individual

*Saludcoop EPS hoy en liquidación, responde por la cuantía total del fallo, o sea $91.133 millones.

*Wilson Sánchez Hernández, Agente Interventor de la EPS Saludcoop para la época de los hechos: $40.291 millones.

*Mauricio Castro Forero, entonces Agente Interventor: $34.901 millones.

*Gustavo Enrique Morales Cobo, entonces Superintendente Nacional de Salud: $21.590 millones.

*Guillermo Enrique Grosso Sandoval, entonces Agente Interventor: $15.940 millones.

*Y Conrado Adolfo Gómez Vélez, entonces Superintendente Nacional de Salud: $9.900 millones.

Conducta gravemente culposa

En el caso de los 3 agentes interventores de Saludcoop EPS declarados responsables fiscales (Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval), la CGR les atribuyó conducta gravemente culposa y consideró que los mismos prefirieron realizar estas erogaciones, extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al objeto social de la EPS, sobre otras que sí guardaban relación con el aseguramiento en salud y la garantía de la prestación del servicio a los afiliados, como las acreencias de los prestadores y proveedores, donde en muchos caso se incurrió en mora.

También se les atribuye una conducta gravemente culposa y omisiva a los exsuperintendentes de Salud, Conrado Gómez Vélez y Gustavo Morales Cobo, al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud que eran de su conocimiento, como es el pago por contrato de leasing Bancolombia, en el primer caso, y leasing Banco de Occidente y pagos a vinculados económicos (Epsifarmay y Corporación IPS Saludcoop), en el segundo.

Póliza de manejo global

La compañía Axa Colpatria Seguros S.A. tiene la póliza de manejo global que cubriría a los dos exsuperintendentes de Salud, hasta por un valor de $1.400 millones de pesos.

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Publicado el 22 may 2019 17:00


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Alerta la Contraloría: no hay avance en construcción de viviendas en Mocoa, por falta de estudios y diseños

Han pasado dos años de la avalancha que golpeó al municipio

COMUNICADO DE PRENSA No. 067

 

 

 

  • Preocupa a la Contraloría que, en medio de la temporada de lluvias, que afecta al país, los dos contratos que se suscribieron el 3 de mayo de 2018, que tuvieron acta de inicio el 5 de junio de 2018 y tienen plazo para ser ejecutados el 15 de septiembre de 2019, solo tengan un avance del 14,78% y 17,16%, respectivamente.
  • Lo más grave es que la ejecución física es nula, indica el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.
  • La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya impuso sanciones alcontratista, la firma  ING. MORA INSUASTI.
  • El organismo de control realizó un llamado a la UNGRD, frente a la contratación directa que se ha realizado en proyectos de interés nacional como es el caso de la construcción de viviendas en Mocoa.

 

 

Bogotá, 21 de mayo de 2019.- En cumplimiento del especial seguimiento adelantado a la reconstrucción de Mocoa, luego de la catástrofe presentada el 31 de marzo de 2017, la Contraloría General de la República alertó hoy sobre el incumplimiento de avance para la construcción de las viviendas urbanas, de la segunda fase del proyecto.

Con el objeto de adelantar esta obra se establecieron dos contratos por $53.646.780.240 (el No. 9677- PPAL001-243-2018 por $25.731'568.960 y el No. 9677-PPAL001-244-2018 por $ 27.915.211.280) para el desarrollo de 909 unidades de Vivienda de Interés Prioritario — VIP de tipología bifamilia, en dos pisos.

El proyecto debe entregarse en septiembre de 2019 y no alcanza el 20% de ejecución.

De acuerdo a la información brindada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD a la Contraloría General de la República, esta segunda fase, en la que la firma ING. MORA INSUASTI se comprometió a realizar los estudios, diseños técnicos y construcción de 436 soluciones de vivienda, en el primer contrato, y 473 soluciones de vivienda, para el segundo, muestra un pobre estado:

A la a fecha el estado de ejecución es del 14,78% y 17,16%” respectivamente, cuando deberían ir en el 68,33%.

“En medio de la primera temporada de lluvias de 2019 que azota el país y que, de acuerdo al IDEAM se extenderá hasta la primera semana de junio, preocupa que los dos contratos que se suscribieron el 3 de mayo de 2018, tuvieron acta de inicio el 5 de junio de 2018 y tienen plazo para ser ejecutados el 15 de septiembre de 2019, solo tengan un avance del 14,78% y 17,16% respectivamente, y lo más preocupante es que la ejecución en físico es nula”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez

La avalancha de lodo y piedras generadas por el desbordamiento de las quebradas Taruca, Taruquita, La Misión, Ríos Mulato y Sangoyaco, el 31 de marzo de 2017, afectó varios sectores del Municipio de Mocoa y ocasionó  destrucción de las redes eléctricas, volcamiento de vehículos, caída de muros, destrucción total de viviendas, muertos, heridos, personas desaparecidas, colapso de las redes de acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, afectación en estructuras de puentes vehiculares, cierre de todos los colegios y colapso en la atención del Hospital José María Hernández.

Se necesita entregar lo más pronto las viviendas prometidas

La primera fase de construcción de 300 viviendas, que establecía el pago sobre vivienda terminada y entregada con escritura pública al beneficiario, tuvo un avance físico del 100 %, y con valor final del contrato de $17.860.278.992, entregándose la totalidad de inmuebles, por cuantía de 80 salarios mínimos (SMMLV año 2017) con escritura pública.

Los otros dos contratos, suscritos con la firma ING. MORA INSUASTI, no presentan avance, explicó el Contralor Delegado Pineda Téllez.

Estos contratos corresponden a las 909 viviendas de la etapa I y la etapa II; que incluyen 436 en la I (por un valor de $25.731.568.960) y 473 de la II (por $27.915.211.280).

“Ahora cuando en el país hay fuertes lluvias, es lamentable que haya aún miedo e incertidumbre en Mocoa por las nuevas emergencias que podrían presentarse, por lo que se necesita que se entreguen lo más pronto las viviendas prometidas”, agregó.

Por otro lado llama la atención a la Contraloría General de la República, que el interventor HMV, en el informe a la UNGRD, realice algunas alertas y recomendaciones tales como que el contratista Germán Mora Insuasti no ha entregado el permiso de movimiento de tierras ni las áreas de cesión incluidas dentro del sector asignado para cada etapa, que no se han aprobado los estudios y diseños técnicos, a excepción del diseño arquitectónico y tampoco se ha entregado la licencia urbanística, licencia de construcción y demás permisos y tampoco la programación de actividades.

Llamado de la CGR frente a la contratación directa en proyectos

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, en mesa de trabajo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hizo un llamado a la entidad a revisar la contratación directa que se ha realizado desde la entidad, en proyectos que buscan superar desastres, a través de políticas de desarrollo sostenible y del sistema nacional para la prevención y atención de desastres.

De acuerdo al Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, es fundamental verificar la idoneidad de los contratistas de cada proyecto, teniendo en cuenta que se ha evidenciado que hay casos de contratistas de proyectos de viviendas que presentan baja ejecución en otros proyectos.

Imposición de sanciones por parte de la UNGRD al contratista ING. MORA INSUASTI

La UNGRD ha notificado a la Contraloría General de la República que el 11 y 15 de abril de 2019 estableció y notificó la imposición de multas por retraso en la ejecución de $1.072.935.605, amparadas por las pólizas de seguros (contrato No. 9677-PPAL001-243-2018 por $514.631.379,20 y contrato No. 9677- PPAL001-244-2018 por valor de $558.304.225,60.) que quedarán en firme una vez se resuelvan los recursos interpuestos por las aseguradoras y el contratista.

Publicado el 21 may 2019 19:00


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Dice en forma tajante el Contralor General: La Contraloría no se opone al fracking, pero sí a que este no se desarrolle de forma responsable

 COMUNICADO DE PRENSA No. 066

 

 

  • Para el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, “lo más importante en el día de hoy es que podamos tener la información clara, tener el mapeo del subsuelo colombiano y darle tranquilidad a los colombianos que la práctica que se haga será completamente sostenible para cada uno de los colombianos”.
  • Ni más faltaba, la Contraloría General de la República se va a oponer al progreso del país, pero el progreso tiene que estar basado en lo que dice el presidente de Ecopetrol, el doctor Bayón: “No puede ser rápido, sino bien hecho”.
  • "Uno la velita no la puede poner tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre, por eso podemos demorarnos un poquito. Y no por más madrugar va amanecer primero”, dice el Contralor en referencia a la aplicación del fracking en  el país.
  • *Sostiene que la discusión sobre el uso de esta técnica no debe darse solo en términos de utilidad y rentabilidad del negocio, sino que debe tener en cuenta un elemento vital: la sostenibilidad ambiental.


 
Bogotá, 21 de mayo de 2019.- La Contraloría General de la República no se opone al fracking, pero sí está en contra de no estar listos para un fracking responsable y no tener las condiciones para generar un fracking que se adelante con cuidado de nuestro medio ambiente, afirmó hoy en forma tajante el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

“No estamos en contra, pero cuestionamos el hecho de que ya hayan sido adjudicados algunos bloques para la exploración y eventual explotación del fracking sin que el país disponga todavía hoy de una línea de base ambiental soportada técnicamente”, agregó.

Además del peligro de la afectación a la disponibilidad del recurso hídrico, el fracturamiento hidráulico ofrece otros riesgos que deben ser calculados previa y responsablemente a su aplicación, insistió.

“También hemos dicho que no estamos en contra de los pilotos. Creemos que el pilotaje va a ayudar tener mayor información, como se los hemos expresado a la señora ministra de Minas, pero siempre y cuando estos pilotos ayuden a mejorar el uso de la metodología”, precisó.

No sé pueden afectar los recursos acuíferos y se debe tener el mapeo del subsuelo colombiano

“La visión de la CGR es que, si bien se ha avanzado en el tema reglamentario desde 2009 hasta 2017, existen aún vacíos en el conocimiento que no permiten tener una línea base pertinente con la cual se pueda verificar que los proyectos de fracking no estén afectando sensiblemente los recursos acuíferos y atmosféricos”, subrayó.

Para el Contralor General, “lo más importante en el día de hoy es que podamos tener la información clara, tener el mapeo del subsuelo colombiano y darle tranquilidad a los colombianos que la práctica que se haga será completamente sostenible para cada uno de los colombianos”

“Ni más faltaba, la Contraloría General de la República se va a oponer al progreso del país, pero el progreso del país tiene que basado en lo que dice el presidente de Ecopetrol, el doctor Bayón, y cito su frase: “No puede ser rápido, sino bien hecho”.

“Mi abuelito me decía: uno la velita no la puede poner tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre, por eso podemos demorarnos un poquito. Recuerden que no por más madrugar va amanecer primero”, concluyó el Contralor Carlos Felipe Córdoba al hablar del tema en el foro "Petróleo y Gas: ¿Qué se está jugando Colombia?",  convocado por el diario La República.


Corte Constitucional acoge tesis de la Contraloría y la Procuraduría y prohíbe indemnizaciones a contratistas vinculados a casos de corrupción

COMUNICADO DE PRENSA No. 065

 

Bogotá, 16 de mayo de 2019.- La Corte Constitucional acogió la solicitud de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, y cerró la puerta para que el Estado deba indemnizar los contratistas de las Alianzas Público Privadas - APP -, que sean declaradas nulas por causas relacionadas con conductas ilícitas.

Los jefes de los entes de control destacaron la advertencia de la Corte, en el sentido que la corrupción no genera derechos y calificaron la sentencia como una herramienta eficaz en lucha que adelantan las instituciones contra el flagelo de la corrupción.

“Agradecemos a la Corte Constitucional por ayudarnos a cuidar el patrimonio de los colombianos, con fallos que respaldan la lucha contra la corrupción que tanto aqueja a nuestro país, y, sobre todo, por eliminar la posibilidad de hacer reconocimientos y devoluciones de gastos a inversionistas de mala fe”, sostuvo el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien adelanta una vigilancia sobre el programa de las 4G, que contempla una inversión de 47 billones de pesos, en ejecución desde 2012.

Para el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, “resultaba inexplicable y una vergüenza que el Estado, es decir todos los colombianos, tuviéramos que indemnizar a unos corruptos que operan como multinacionales del delito para defraudar las arcas públicas, como podría haber ocurrido en el caso de Odebrecht, una multinacional que tenía un código de ética que facilitaba prácticas que llegaban a ser delitos como el soborno o el fraude”.

Córdoba Larrarte y Carrillo Flórez destacaron, además, que la Corte diferenciara entre los inversionistas de buena fe y los contratistas que actuaron y actúen de mala fe o de manera dolosa en la comisión de ilícitos o actos de corrupción que hubieran dado a la nulidad de contratos de Alianza Público Privada, especialmente de grandes proyectos de infraestructura.

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Publicado el 16 may 2019 18:15


Contralor pide invertir en la justicia y fortalecerla con mayor tecnología

COMUNICADO DE PRENSA No. 064

 

  • Se encuentra una constante histórica en la reducción de los recursos dirigidos a este sector, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
  • Apenas el 5% de los recursos presupuestales de los que está dotada la Justicia se destina a inversión, subraya el jefe del organismo de control.
  • El Contralor General habló en el IV Encuentro de Justicia, Región Norte y Bajo Cauca, que se realizó en Yarumal (Antioquia), por convocatoria de la Corte Suprema de Justicia.

 

Yarumal (Antioquia), 16 de mayo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, formuló aquí un llamado para que en Colombia se invierta en la justicia, aumenten los recursos que se le dan y se le fortalezca con mayor tecnología, dejando de lado la idea de que es un gran gasto o un error hacerlo.

“La capacidad de Justicia para castigar a los criminales de distinto ropaje y a quienes atentan contra los bienes jurídicos del Estado depende no solo de servidores con un alto perfil ético, sino de mejores recursos presupuestales y tecnológicos”, subrayó.

Dijo que como ha pregonando con el caso de la Contraloría, se necesita mayor tecnología para derrotar a los bandidos y a la corrupción.

“Hago énfasis en este punto, porque la Contraloría General de la República ha advertido una constante histórica en la reducción de los recursos contemplados para el sector justicia”, añadió.

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, la reducción fue de casi un 16 por ciento y los recursos permitieron perfilar con dificultad un Plan de Inversiones por$1,34 billones, gran parte de los cuales (el 75 por ciento) fueron proyectados para la construcción, adquisición y mejoramiento de la infraestructura física, precisó.

El nivel más bajo de gestión presupuestal se dio entre los años 2013 y 2016, cuando la Rama Judicial contó con apropiaciones presupuestales por $13,65 billones (a precios constantes de 2016), recordó luego.

De esos recursos, $12,53 millones (equivalentes al 91,8 por ciento, fueron para gastos de funcionamiento, mientras que solo $1,2 billones (8,2 por ciento) se dirigieron a los diversos proyectos de inversión gestionados por el Consejo Superior de la Judicatura.

No es un gran gasto

“No podemos seguir pensando que invertir en nuestra justicia es un gran gasto. Eso sería un gran error. La OCDE habla de que necesitamos 65 jueces por cada 100 mil habitantes y hoy solo llegamos a alrededor de 10.8”, indicó.

Mencionó luego que una de las cifras preocupantes que ha encontrado la Contraloría en su estudios sobre el tema es que apenas el 5 por ciento de los recursos presupuestales de los que está dotada la Justicia se destina a inversión

“Debemos entender que, si no fortalecemos con mayor tecnología, con mayor y mejor capital humano el esquema de justicia, no vamos a poder salir adelante en este camino”, insistió el Contralor Córdoba Larrarte.

El problema de la congestión judicial

En su intervención ante los asistentes al IV Encuentro de Justicia, Región Norte y Bajo Cauca, el Contralor General se refirió también a otro problema recurrente: la congestión judicial. 

Al respecto señaló: a los despachos de la rama judicial llegan alrededor de 2 millones 723 mil procesos nuevos, es decir, más de 7.400 procesos diarios, y si bien la jurisdicción penal tiene la mayor carga procesal, el segundo lugar lo tiene la jurisdicción civil, que a finales del año pasado atendía 637.111 procesos, equivalentes al 23,39 por ciento del total de la rama.

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Publicado el 16 may 2019 18:00