Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 024

 

  • Habitantes de la zona padecen los perjuicios socio-económicos provocados tras el cierre de la compuerta de Hidroituango y reclaman soluciones.
  • La situación más preocupante la padece la población del corregimiento de Guacamayo (Municipio de Achí), cuyos 1.800 habitantes viven principalmente de la pesca y la agricultura y hoy están en ascuas por los perjuicios que han sufrido estas actividades.
  • El equipo de la Contraloría General que se desplazó la semana que termina por el río Cauca, en la zona de los municipios de la Mojana Bolivarense, visualizó tramos que se pueden cruzar a pie.
  • Llamado de atención a EPM para que se preste atención a los afectados, se cense a los damnificados, se haga un inventario de los daños estructurales y ambientales y se definan pronto acciones de contingencia para minimizar el riesgo derivado de la disminución de caudal del río Cauca.

 

Magangué (Bolívar), 3 de marzo de 2019.- Un recorrido de una comisión de la Contraloría General de la República por la Mojana Bolivarense, pudo verificar directamente que la disminución del caudal del río Cauca tras el cierre de la compuerta de Hidroituango ha producido graves afectaciones en la vida socio-económica de la región y la situación más preocupante se presenta en el corregimiento de Guacayamayo, del municipio de Achí, en el sur del departamento de Bolívar, que está literalmente sin agua y no está recibiendo alimentación para los menores de edad.

Al momento de esta visita, se pudo verificar que la disminución de los caudales del río Cauca ha sumado 57 centímetros, desde el 16 de enero pasado, cuando se cerró la primera compuerta en Hidroituango, con lo que la actividad pesquera y cultivos como el de arroz se han afectado de forma sensible.

“La situación actual es de tal gravedad que el equipo pudo visualizar tramos del río que se pueden cruzar a pie, el corregimiento de Guacamayo no tiene agua pues su única fuente de abastecimiento es este afluente, a lo que se suma que la sede educativa no tiene servicio sanitario y no se cuenta con recursos para invertir en el mantenimiento de la sede”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, que encabeza la comisión de la CGR que realiza esta inspección.

“Estudiantes y autoridades educativas manifestaron que no están recibiendo alimentación para los menores, debido a las afectaciones que siente una población de 1.800 habitantes, cuya principal actividad económica es la agricultura y la pesca”, agregó.

La comisión de la Contraloría se desplazó a la Mojana Bolivarense por el Río Cauca, a través de los municipios de Magangué, Pinillos y Achí (incluyendo su corregimiento Guacamayo), para lo cual contó con el acompañamiento de la Armada Nacional, la Procuraduría General de la Nación y organizaciones sociales de la región, y se tuvo así oportunidad de que los habitantes evidenciaran directamente las afectaciones que han sufrido por el proyecto Hidroituango.

La visita se cumplió en el marco de los compromisos adquiridos en la audiencia preventiva de Hidroituango, realizada en Medellín el pasado miércoles 27 de febrero.

Acciones a seguir  y llamado de atención a EPM

Al finalizar el recorrido la Contraloría General de la República instaló en Magangué una Mesa Técnica que contó con la presencia de organizaciones sociales de La Mojana (Veeduría Nacional Ambiental, Técnica y Laboral, representantes del Consejo comunitario de seguimiento al Proyecto La Mojana, la Organización Regional de Piscicultura, Defensa Civil y Bomberos), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y el Fondo Adaptación, éste último como ejecutor de recursos a través del Megaproyecto La Mojana y de sectores como vivienda, educación, salud y reactivación económica.

“En la mesa técnica realizada se establecieron compromisos para que se presenten acciones inmediatas para superar calamidades. Además se solicita a EPM atención a los afectados y presencia en el territorio (Mojana Bolivarense) a fin que se proceda con el censo de población afectada, inventario de daños estructurales y ambientales y se definan acciones de contingencia para minimizar el riesgo derivado de la disminución de caudales del Río Cauca”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Continúa el recorrido de la CGR

La Contraloría General de la República continuará el recorrido por toda la zona de influencia del Río Cauca, donde recopilará todas las denuncias de los actores que requieran atención la emergencia humana, estructural y ambiental generada por el proyecto Hidruitango, así como la crisis socio - económica que se presenta en la región.

“Durante las visitas que seguiremos realizando se generarán compromisos con las autoridades Departamentales y Municipales a fin que sean atendidas en forma inmediata las necesidades básicas de la población. Al mismo tiempo que trasladaremos a EPM las diferentes denuncias para que sean atendidas.

El recorrido culminará con una mesa institucional en Antioquia en la que se socializarán los resultados de las visitas en campo, así como los compromisos derivados de las situaciones evidenciadas, y las acciones de seguimiento a los mismos por parte de la Contraloría General, a través de su Delegada de Participación Ciudadana”, culminó explicando Pineda Téllez.

Publicado el 04 mar 2019 08:30


COMUNICADO DE PRENSA No. 023

 

  • Así lo anunció el Contralor Carlos Felipe Córdoba en el Encuentro Nacional de Contralores.
  • Recordó que existe un control superior e insistió en pedirles a los contralores territoriales que generen un cambio sustancial en el actual modelo de control fiscal, para fortalecerlo y modernizarlo.
  • “Si no cambiamos el modelo de control fiscal, el país y la ciudadanía no nos lo va a perdonar, porque hoy vuelven las denuncias sistemáticas del PAE y sobre la infraestructura educativa y otros temas más”, aseguró.
  • “Las circunstancias de los que sucede hoy en varios departamentos no nos dan espera. Aquí debemos tener, no solo un gran sentido de urgencia en la vigilancia, sino generar el cambio necesario hacia el modelo de control fiscal que necesitamos”, dijo también el Contralor.
  • Las contralorías territoriales tienen que vigilar este año $140 billones de pesos de los más de 1.000 municipios y 32 departamentos; y la CGR tiene que auditar alrededor de $260 billones de pesos; “y tenemos el gran compromiso con el país de hacerlos juntos”.

 

Bucaramanga, 1 de marzo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció hoy que el organismo a su cargo entrará a ejercer control excepcional en cualquier región del país donde sea necesario, dado que el control fiscal tiene que generarse con rapidez y prontitud, al tiempo que les pidió a los contralores territoriales trabajar en forma conjunta y generar el cambio que requiere el actual modelo de control fiscal.

“Tenemos que hacer lo de Hidroituango y vamos a seguir entrando en todas partes. Es además una función legal, constitucional, que tiene la Contraloría General de la República”, dijo el Contralor al intervenir en el Encuentro Nacional de Contralores, que se realiza en Bucaramanga.

“Yo creo que no han encontrado en el país un funcionario más respetuoso de ustedes y más comprometido con el control fiscal, pero aquí hay un control superior. Y tenemos el compromiso de vigilar estos recursos con sentido de urgencia. Pero, además, yo no negocio los fundamentales del control y ahí les pido mucha ayuda”, le dijo el Contralor Córdoba a los Contralores departamentales y municipales, con los que firmó un convenio que permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

Hay que cambiar y ya

El Contralor General de la República les pidió a sus colegas del nivel territorial avanzar hacia un cambio definitivo en actual modelo de control fiscal y les recordó que hace un poco más de 3 años, siendo entonces Auditor General de la República, le dio este mismo mensaje: “O cambiamos, o nos cambian”.

“Las circunstancias de los que sucede hoy en varios departamentos no nos dan espera. Aquí debemos tener, no solo un gran sentido de urgencia en la vigilancia, sino generar el cambio necesario hacia el modelo de control fiscal que necesitamos”, insistió.

Para el Contralor General, el control fiscal afronta actualmente un problema grave. “A mí me duele realmente las circunstancias que vivimos. Necesitamos fortalecer mucho más el control fiscal a nivel nacional. Ya están a 10 meses de su salida, y yo les digo lo que les dije cuando era Auditor: si no cambiamos el modelo de control fiscal, el país y la ciudadanía no nos lo va a perdonar, porque hoy vuelven las denuncias sistemáticas del PAE y sobre la infraestructura educativa y otros temas más”, añadió.

“Yo no tengo porque juzgar, pero ahí hay una gran responsabilidad, y es el cambio de modelo. Necesitamos un modelo preventivo, no previo, concomitante y posterior”, subrayó.

Recalcó igualmente la necesidad de contar con un proceso de responsabilidad fiscal mucho más rápido, aparte que es muy difícil recuperar un recurso público después de que se lo han llevado.

“Necesitamos que se pueda fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal en estos 10 meses que les queda de gestión. Para este año ustedes van a tener que vigilar $140 billones de pesos de los más de 1.000 municipios y 32 departamentos y la CGR tiene que auditar alrededor de $260 billones de pesos; y tenemos el gran compromiso con el país de hacerlos juntos, y por eso el SINACOF tiene que funcionar. Debemos hacerlo coordinadamente”, les dijo también el Contralor General a los contralores territoriales.

Primeros logros

En su intervención en el Encuentro Nacional de Contralores, el Contralor Córdoba Larrarte destacó algunos logros de sus primeros meses al frente de la CGR.

“Dije desde que aspiraba a la Contraloría que necesitamos un modelo basado en dos temas claros: Uno, Mayor Ciudadanía. y Dos, Mayor Tecnología. Y lo hemos venido cumpliendo a cabalidad. Voy a cumplir 6 meses al frente de la Contraloría y a los 3 meses logramos tener para el país el primer Observatorio de Gasto Público, que si no es en línea y en tiempo real es con una frecuencia semanal. Un instrumento de gran importancia para poder saber día a día qué está pasando con el recurso público a nivel nacional.

Adicionalmente, a los 4 meses logramos tener la plataforma Océano, que ya está al servicio de las contralorías territoriales y, por eso mismo, la importancia de firmar este convenio del SINACOF, para que tengan toda la información y estemos completamente coordinados. Ya estamos mirando más de $600 billones de pesos, de lo que sería la contratación estatal en cada uno de los departamentos y municipios. Y podemos hoy saber en qué regiones están simultáneamente los contratistas y tener así claridad de qué es lo que está pasando con los recursos de los colombianos”.

Publicado el 01 mar 2019 15:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 022

 

  • La Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la Contraloría, llevará a cabo Actuación Especial de Fiscalización a 56 contratos que tuvieron origen en 41 proyectos financiados con recursos de Regalías por más de setecientos mil millones de pesos
  • Las contrataciones con recursos de regalías fueron realizadas por la Gobernación del Departamento del Meta, y por los municipios de Villavicencio, Acacias y Puerto Gaitán, en las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016

 
Bogotá, febrero 28 de 2019.- La Contraloría General de la Republica adelantara Actuación Especial del Fiscalización a más de setecientos mil millones de pesos de recursos de regalías, que se destinaron durante las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016 a financiar proyectos, contratados por la Gobernación del departamento del Meta y por las Alcaldías de los municipios de Villavicencio, Acacias y Puerto Gaitán.

La Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR hará énfasis en especial en lo que corresponde a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías, la construcción y mejoramiento de alcantarillados pluviales y sanitarios y la construcción de viviendas.

En la construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías financiadas con recursos de regalías se verificará a través de la actuación especial más de $308.689.215.317; en la construcción y mejoramiento de alcantarillados pluviales más de $216.788.704.275; y en la construcción de viviendas más de $120.280.055.498.

Según la Contraloría, en contratos de construcción de vivienda, se destacan los retrasos en la ejecución de las viviendas de interés prioritario para etnias indígenas del Departamento del Meta, por el orden de $21.030.958.345, de los cuales $12.258.498.683 son financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Estos proyectos buscan beneficiar a etnias indígenas asentadas en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán.

Incumplimientos y retrasos en la construcción de la Torre Mirador, en Puerto López (Meta)

De otro lado también llama la atención de la CGR el contrato financiado con recursos de regalías para  la Construcción de la Torre Mirador en el municipio de Puerto López (Meta), celebrado el 14 de diciembre de 2015, por el valor de $ 16.571.316.660.

Este contrato tiene como objeto “el desarrollo de infraestructuras turísticas para el desarrollo de los destinos, sostenibles económicamente, medioambientalmente y que satisfagan las necesidades de los visitantes. Diseñar e implementar productos turísticos que ofrezcan experiencias únicas, emociones significativas de contacto directo y activo del turista con la naturaleza.”

Sobre el contrato de la construcción de la Torre Mirador la interventoría del mismo señaló el 25 de enero de 2019 la existencia de presuntos nuevos incumplimientos por parte del contratista (Consorcio Matapalo), relacionados con los atrasos en la programación de obra y cumplimiento del plan de contingencia para mitigar atrasos.

“Luego de celebrada la prorroga 06 para el contrato de obra 530, se presentó nueva reprogramación y un Plan de Contingencia de acuerdo al plan de mejora No 02 del Departamento de Planeación Nacional para implementarlo en la ejecución de las obras faltantes hasta el 02 de diciembre de 2018, con la cual la interventoría ha venido realizando el seguimiento e informando al Consorcio Matapalo y a la supervisión técnica del Instituto de Turismo del Meta los atrasos que han venido acumulándose desde el pasado mes de septiembre de 2018 sin presentar ninguna disminución”.

La Contraloría evidencia sobre el contrato de la Construcción Torre Mirador que el mismo tiene un plazo inicial de 12 meses, contado a partir del 29 de diciembre de 2015 y a la fecha 8 prorrogas o adiciones en tiempo que suman más de 25 meses.

Publicado el 28 feb 2019 11:00


El proyecto Hidroituango podría generar mayor costo de energía y por consiguiente tarifas más elevadas, dice el Contralor

COMUNICADO DE PRENSA No. 021

 

  • La entrada tardía o no del proyecto Hidroituango podría afectar a la sociedad colombiana pues el costo hoy del megavatio instalado hora/mes pasaría de 14.9 dólares a más de 30 dólares megavatios por hora/mes, y en consecuencia se podría generar un mayor costo en el valor de la energía y probablemente mayores tarifas para la gente en todo el país", alertó hoy el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
  • "Sin amiguismos, ni regionalismos,vamos a establecer la verdad de lo que pasó en Hidroituango”, afirma también.
  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte asegura que la Actuación de Control Excepcional que inició la CGR va a entregar conclusiones contundentes y no va a dejar pasar, si las hay, situaciones como negligencias, sobrecostos, imprevisiones y malas contrataciones


Medellín, 27 de febrero de 2018.- Con rigor y seriedad, objetividad e independencia, sin condescendencias ni juicios basados en amiguismos o regionalismos, será ejercido por la Contraloría General de la República el control excepcional al proyecto Hidroituango, que abarcará cerca de 200 contratos que suman 6 billones de pesos, aseguró hoy en Medellín el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

“Aquí no podemos hablar de regionalismos, de activismos políticos ni de solidaridades con tal o cual tendencia política. Aquí la única solidaridad posible es con los intereses superiores del país”, enfatizó.

“Queremos a Antioquia, la admiramos, resaltamos su empuje y su capacidad de sacar las cosas adelante. Esa admiración hace que no queramos que su dinero se dilapide, que sus proyectos no estén a la altura de lo que esperan los pobladores y que sus gestores públicos improvisen y pongan en riesgo los recursos que tanto cuidan en su vida diaria los antioqueños”, sostuvo igualmente.

“Hidroituango es un patrimonio de los antioqueños, en el que han invertido un gran presupuesto y es una obra que nos duele a todos los colombianos. Y a mí, como pereirano, y paisa, me preocupa, así como a todas las instituciones que estamos unidas para esclarecer qué fue lo que sucedió con este proyecto tan importante, cuya crisis hay que superar de la mejor manera posible.”, recalcó.

"Actuamos sin prevenciones ni prejuicios”

Al intervenir en una Audiencia sobre Hidroituango convocada por la Procuraduría, el Contralor dejo claro que este es un tema técnico, que debe ser evaluado objetivamente, a la luz de los hechos, y en el que las responsabilidades deben corresponder a los hallazgos y pruebas producidas -sin sesgo alguno- por parte de los auditores e investigadores de la CGR.

“Actuamos sin prevenciones ni prejuicios porque entendemos que la causa fortuita, la fuerza mayor son siempre riesgos presentes en los proyectos colosales de la infraestructura. Pero lo que sí no estamos dispuestos a entender ni a tolerar son aquellos manejos que revelen negligencias, sobrecostos e imprevisión”, sostuvo.

“Tampoco estaremos dispuestos a validar, bajo ningún título, malas planificaciones con deficientes matrices de riesgo, así como contrataciones mal negociadas, mal controladas o mal auditadas. Eso hay que tenerlo claro desde ya, si queremos entendernos en este ejercicio de control fiscal”, agregó.

Según precisó Córdoba, de los 200contratos suscritos por EPM entre 2011 y 2017, que serán materia de revisión por parte de la Contraloría General, 77 aún se encuentran en ejecución, 14 ya fueron liquidados, dos están en estado de suspensión, 106terminados y uno en trámite de declaratoria de incumplimiento.

La CGR está verificando también el cumplimiento de las obligaciones del contrato BOOMT, y haciéndole un seguimiento cronológico a los hitos del proyecto, a partir deltaponamiento del túnel de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) en abril del año pasado.

Otros aspectos que se revisan

Se evalúan igualmente los efectos y posibles daños generados con la celebración y ejecución de los contratos para la construcción de los túneles de desviación, túnel de acceso y las galerías de construcción del proyecto.

Los auditores de la Contraloría examinan a fondo el contrato suscrito entre EPM y Consorcio CCC Ituango para la Construcción de la presa, casa de máquinas y obras anexas, cuyo valor ejecutado fue del orden de los 2,9 billones de pesos.

Además, se revisan con lupa las fuentes de financiación del proyecto y la destinación e inversión de los recursos públicos del Estado, que fueron aportados por la Gobernación del Departamento de Antioquía, el Instituto para el Desarrollo de Antioquía – IDEA, el municipio de Medellín y Empresas Públicas de Medellín – EPM.

Hasta hoy el costo del proyecto Hidroituango se aproxima a los11,5 billones de pesos, de los cuales 38,23% (más de 4,3 billones) corresponden a recursos propios.

El 61,77%restante proviene de la deuda con banca multilateral, que equivale a casi 7,1 billones de pesos.

La CGR estimará los costos adicionales que a futuro se generarán por causa de deficiencias y situaciones adversas que hayan surgido durante la planeación y desarrollo del proyecto.

Riesgos ambientales

Aparte de los cuantiosos recursos que se han invertido en el proyecto, es motivo de preocupación para la Contraloría la situación ecológica que se ha desprendido de la emergencia, el impacto sobre las poblaciones ribereñas, el eventual efecto sobre tarifas y suministro energético y la sostenibilidad económica de una empresa que es patrimonio público.

A través de la Delegada de Medio Ambiente, la Contraloría General de la República auditará también los estudios de Valoración de Costos Ambientales utilizados por la autoridad ambiental competente para otorgar la Licencia Ambiental al Proyecto y las modificaciones a la misma.

El objetivo de esta evaluación es precisar si con base en dichos estudios, los riesgos ambientales fueron adecuadamente previstos, y si se tomaron las decisiones correspondientes para evitar la materialización de dichos riesgos, su minimización, mitigación, y las eventuales compensaciones ambientales.

También se va a determinar si las autoridades competentes han efectuado la valoración de los costos ambientales derivados de la contingencia presentada a partir de 2018 en el proyecto, y la forma como se ha previsto asumir dichos costos por los gestores fiscales correspondientes.

Justamente a partir de hoy, la CGR inició visitas a las diferentes autoridades ambientales con competencia en el área de influencia del Proyecto (CORANTIOQUIA, CORPOURABÁ, CVS, CORPOMOJANA, CSBV y CARDIQUE), además del ANLA, a fin de determinar qué acciones han adoptado en el contexto actual de la contingencia presentada en el Proyecto.

También se recabará| información de las Autoridades Ambientales competentes en la región sobre las Líneas Base Ambientales antes del Proyecto y el estado actual de los ecosistemas bajo su jurisdicción

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Publicado el 27 feb 2019 12:00


Dice el Contralor General en Cumbre de Alcaldes de Bolívar: “El funcionario que se quiera quedar con los recursos de los colombianos, tendrá en mí a su peor enemigo”

COMUNICADO DE PRENSA No. 020

 

  • Es muy importante hacer buen uso de los recursos que se destinan para la salud y mientras yo sea Contralor General voy hacer muy exigente en su intervención”, indicó también el jefe del organismo de control.
  • Durante los últimos seis años, entre 2012 y 2018, se han aprobado para el departamento de Bolívar recursos de regalías del orden de 1,3 billones de pesos, de los cuales no se han contratado 342.000 millones.
  • No se han aprobado proyectos de regalías por el orden de 67.000 mil millones y el valor de los contratos pendientes de ejecución llega a los $65.000 millones.

 

Magangué (Bolívar), 22 de febrero de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, participó hoy en la Cumbre de Alcaldes del departamento de Bolívar, que realizó en el Municipio de Magangué, e invitó a estos funcionarios a culminar las obras que tienen a su cargo, de manera que cumplan las expectativas de sus comunidades, que no dan espera, no generen pérdidas de recursos públicos y por tanto no tengan que vérselas con la Contraloría y otros organismos de control“El funcionario que se quiera quedar con los recursos de los colombianos, tendrá en mí a su peor enemigo”, afirmó en forma tajante.

Córdoba Larrarte le pidió a los alcaldes que tengan un sentido de urgencia y no se retiren de sus cargos sin procurar que sean atendidas las necesidades de las comunidades, y que programas como el de la alimentación escolar se cumplan a satisfacción, al igual que se haga un buen uno de los recursos destinados para la salud.

“Hay que actuar con responsabilidad y compromiso en el manejo de los recursos públicos”, les insistió.

Para la Contraloría es urgente que se culminen obras como instituciones educativas y viviendas que tienen características de elefantes blancos.

Existen obras por culminar en Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto, Montecristo, Pinillos, Hatillo de Loba, Mompox, Arjona, Cicuco y Magangué.

Un ejemplo de ello son las 300 soluciones de vivienda en la Urbanización Villa Daniela, en el municipio de Montecristo, que beneficiaría a 274 estudiantes y cuyo avance es tan solo del 12%.

Caso similar es el del Centro Educativo de Regencia, también en Montecristo, que beneficiaria a 274 estudiantes y cuyo avance es tan solo del 12%.

¿Cómo se están manejando los recursos de regalías y del SGP?

Durante los últimos seis años, entre 2012 y 2018, se han aprobado para el departamento de Bolívar recursos de regalías del orden de 1,3 billones de pesos, de los cuales no se han contratado 342.000 millones.

Por ejemplo: 

*En Agua Potable, el Municipio de Zambrano con recursos por $144 millones no ha realizado las contrataciones.

*Igualmente en el sector educación en el municipio de Cantagallo se observa que existen 4.196 millones de pesos sin contratar.

*En Salud y Protección Social, en el municipio de Turbaco y Santa Rosa del Sur, existen recursos sin contratar de más de 1.500 millones de pesos.

De otro lado, no se han aprobado proyectos de regalías por el orden de 67.000 mil millones y el valor de los contratos pendientes de ejecución llega a los $65.000 millones.

Para la Contraloría, conviene hacer claridad sobre si la causa de tal situación ha sido insuficiencia técnica en su manejo o si existen otras causas sobre las que se deba reflexionar con franqueza, ¿por que no llegan estos recursos al Departamento de Bolívar?

Denuncias por atender

La CGR tiene el reto de auditar en este departamento, en la presente vigencia, 193 mil millones de pesos. Y actualmente se está dando tramite a 27 denuncias de las administraciones de 14 municipios, entre ellas: Municipios de Arenal del Sur, Calamar, Cantagallo, Cartagena, Mahates, Rio Viejo, Simiti, San Pablo, Talaigua Nuevo, Turbana, Zambrano y Magangue, entre otros.

Como común denominador de estas denuncias están las irregularidades en el manejo de recursos SGP y Regalías, en la ejecucion de contratos, manejo de los anticipos, incumplimiento en las obras, irregularidades en la gestion de contratos con el FONPET, sobrecostos y pagos en contrataciones. En la próxima semana, la CGR dará respuesta a estas denuncias.

Asignaciones del SGP

En cuanto a las asignaciones del Sistema General de Participaciones 8SGP) al departamento de Bolívar, las transferencias hechas durante las vigencias de 2014 a 2018 llegaron a los 4,9 billones de pesos, de los cuales 3,9 billones fueron auditados por la Contraloría con hallazgos por 113 mil millones de pesos, en áreas tan sensibles como el PAE, infraestructura hospitalaria y educativa.

Proyectos críticos en Bolívar donde la CGR tiene su lupa

El Fondo Adaptación, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la ANI, Invias, Cormagdalena tienen una importante responsabilidad con el Departamento de Bolívar para sacar adelante proyectos que impactan en la comunidad. Por ejemplo:

*La Concesión Vial Cartagena Barranquilla, presenta una ejecución del 74% y la CGR se encuentra verificando dicha inversión en actuación fiscal a la ANI.

*La construcción de obras preventivas para el control de inundiaciones en Gambote, en el área de influencia del Dique cuya ejecucion es apenas del 18% y con serias afectaciones sociales, para lo cual el dia ayer se instaló una Auditoría Articulada con las organizaciones ciudadanas para verificar las inversiones por mas de $300 mil millones de pesos.

*También se instaló auditoria a los recursos del Fondo Adaptación en el macroproyecto de La Mojana, que presenta incumplimientos y afectaciones a la comunidad, con recursos estimados por más de 600 mil millones de pesos.

 

Publicado el 22 feb 2019 17:40