Boletines de Prensa - 2019

Luego de una mesa de trabajo ciudadana:

Contraloría facilita reinicio de construcción del Hospital de Gramalote y puente El Salado

COMUNICADO DE PRENSA No. 072

 

  • El Fondo Adaptación fijó con el interventor una nueva prórroga al contratista para la construcción del Hospital San Vicente de Paul, y se acordó ampliar el plazo de entrega en 2,5 meses, con lo que se espera que el 17 de agosto de 2019 esté a disponibilidad de los habitantes del nuevo casco urbano de Gramalote.
  • En el caso del Puente El Salado de la vía Tramo 2, la firma Ingeniería de Vías SAS, fijó fecha tentativa de culminación de las obras y la realización de las pruebas de carga y de entrega para mediados de junio.

 

Cúcuta, 31 de mayo de 2019.- Una mesa ciudadana convocada por la Contraloría General de la República logró facilitar el reinicio de dos obras fundamentales para el nuevo Gramalote: el puente El Salado, que permite comunicar con el municipio de Lourdes, y el Hospital San Vicente de Paul, que posibilitará la atención médica de urgencias y especializada de sus 4.000 pobladores.

La actividad, promovida directamente por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Gerencia Departamental de la CGR en Norte de Santander, contó con la participación del alcalde del Municipio, Tarcisio Celis, contratistas, concejales, funcionarios del Hospital Regional Centro -Gramalote y veedores ciudadanos que acompañan la auditoría articulada que realiza el organismo de control a este macro proyecto del Fondo Adaptación.

Además del reinició de las obras citadas, se dio la entrega de un vehículo de atención básica medicalizada que facilitará las labores médicas y asistenciales en horas nocturnas y se concretó el arreglo de algunas fallas hidráulicas en el Centro de Desarrollo Infantil del municipio.

Vía Tramo 2 – Puente El Salado

En el encuentro, el ingeniero Andrés Zapata de la firma Ingeniería de Vías SAS, contratista del desarrollo vía Tramo 2 – Puente El Salado, reconoció problemas con los pagos a proveedores y trabajadores, la falta de acero y fallas en una de las vigas de la estructura, lo que retrasó la entrega de la interconexión.

Ante la problemática, Zapata, se comprometió con la ciudadanía y la CGR a reiniciar las labores de construcción del Puente El Salado, lo que se hizo desde el 13 de mayo, solucionando así los impases y fijando fecha tentativa de culminación y realización de las pruebas de carga que permitan la apertura de paso vehicular para mediados del mes de junio.

Hospital San Vicente de Paul de Gramalote

El Fondo Adaptación informó a la CGR que se generaron algunos impases en el desarrollo de la obra por falta de pagos oportunos al contratista, trámite que gestionó la entidad ante la Fiducia y la Interventoría, logrando así solucionar la parálisis de la obra.

Sin embargo, en visita de acompañamiento a la veeduría ciudadana realizada al Hospital no se advierte la cantidad de trabajadores necesarios para poder agilizar la finalización de la obra.

Por otro lado, el Fondo Adaptación fijó con el interventor, las condiciones de la nueva prórroga al contratista, para lo cual se acordó ampliar el plazo de entrega en 2,5 meses, con lo que se espera la entrega para el 17 de agosto de 2019.

Respecto a los compromisos pactados con la comunidad, el Fondo Adaptación aseguró que efectivamente se cuenta con el área requerida de 1000 metros para el funcionamiento administrativo del centro asistencial, la cual estaría a nombre del Municipio y quedando ahora su construcción bajo la responsabilidad financiera de la Gobernación.

Gramalote ya cuenta con Ambulancia

Ante el constante incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de las autoridades de salud con la comunidad de Gramalote, en los cuales se había establecido instalar de manera permanente una ambulancia nocturna junto al Centro Administrativo Municipal, que permitiera las labores médicas y asistenciales cuando el dispensario de salud básica no presta sus servicios, la CGR en la mesa ciudadana instó nuevamente al Hospital Regional Centro, para que cumpliera lo pactado con la ciudadanía gramalotera.

La Empresa Social del Estado se hizo presente en el municipio de Gramalote con este vehículo de transporte de atención básica que, con un conductor y un auxiliar de enfermería, prestará los servicios asistenciales para el traslado primario de personas que los soliciten.

Arreglo de fallas hidráulicas en el Centro de Desarrollo Infantil

Con la comisión de la Contraloría General de la República, se realizó visita al Centro de Desarrollo Infantil del Municipio, donde la comunidad educativa del plantel denunció una falla hidráulica, la cual generaba que se vinieran presentando goteras en el área de manipulación y preparación de alimentos de los menores, por lo que se estableció comunicación con la Gerencia del Macroproyecto que, ante el compromiso ciudadano, realizó la reparación.

Seguimiento a lo pactado

La Gerencia Departamental de la CGR en Norte de Santander adelantará el seguimiento respectivo a lo pactado con el equipo de auditores y funcionarios de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y, adicionalmente, realizará una mesa de trabajo informativa en el marco de la auditoría articulada en marcha.

 

La Contraloría realizó un llamado a todas las instituciones del Estado colombiano para prestar la atención debida a la ciudadanía de Gramalote, teniendo en cuenta la importancia nacional que ha representado el reasentamiento del municipio.

 

Según información de la alcaldía municipal, a la fecha se ha trasladado un 60% de sus habitantes originarios (6.000 habitantes aproximadamente), lo que compromete a cada una de las instituciones intervinientes en el proceso a aunar todos los esfuerzos posibles y a buscar, en los diferentes frentes de trabajo, la terminación definitiva de esta obra, en fecha que se dará a conocer la próxima semana.

 

Asistentes a la mesa ciudadana

José Tarsicio Celis, alcalde del Municipio
Nelson Sánchez, presidente del Concejo de Gramalote

 

Concejales:

Eucario Gutiérrez

Myriam Fuentes

Sildana Medina.

 

Veedores ciudadanos:

Pedro Romero

José Humberto Martínez

Jimmy Wilson Gómez

 

Representante comerciantes plaza de mercado Gramalote

Yamile Wualteros Archila

 

Y funcionarios de la Contraloría General de la República

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Publicado el 31 may 2019 14:00


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Contrato cuestionado se firmó en administración del exgobernador Alan Jara:

Contraloría encontró más de $13 mil millones en irregularidades con recursos de regalías, en 10 proyectos de vivienda rural indígena en el Meta

COMUNICADO DE PRENSA No. 071

 

  • La CGR detectó uso indebido y mala inversión de un anticipo de obra y otros pagos, por $13.885 millones.
  • Las 517 viviendas que se iban construir no fueron terminadas y lo poco que se ha edificado presenta defectos constructivos y de tipo estructural, y no tiene condiciones básicas de habitabilidad.
  • En algunos proyectos se encontraron bases, en otros solo hay excavaciones y donde hay levantamiento de muros no se cumplen las especificaciones técnicas de sismoresistencia.
  • Ninguno de los 10 proyectos de vivienda se entregó y están en completo abandono.
  • La Contraloría determinó como irregularidad la no amortización del anticipo del 50 por ciento que se hizo al contratista, la  Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta.
  • Se evidencian fallas en  la supervisión e interventoría del proyecto.

 

Bogotá, 28 de mayo de 2019.- Un contrato por $21 mil millones de pesos para construir 517 viviendas rurales para población indígena del departamento del Meta, suscrito por la Secretaría de Vivienda de la administración del entonces Gobernador Alan Jara, generó un hallazgo fiscal por $13.885 millones, las viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas presentan graves deficiencias estructurales.

El 19 de octubre de 2015 la Gobernación del Departamento del Meta suscribió a través del Secretario de Vivienda para la época, Luis Alberto Rodríguez Medina, el contrato de obra N° 1470 de 2015, el cual fue ejecutado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías por $21.030.958.345,72 con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente, en su momento, por el señor Néstor William Bravo Bermúdez.

El objeto era la CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO PARA COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META. La ejecución del proyecto tenía una plazo de 10 meses y hoy se completan 3 años y 5 meses sin que la obra tenga ningún avance significativo.

A 31 de julio de 2018 el contrato había evidenciado 6 prorrogas y una adición de $2.213 millones.

Llama la atención que del valor inicial del contrato ($21.030 millones) y a escaso un mes de terminar la administración del exgobernador Alan Jara, se giró el 50% de este valor a título de anticipo, es decir la suma de $10.515 millones de pesos.

Viviendas inconclusas, con defectos estructurales y no habitables

Esta Actuación Especial de la CGR fue adelantada por la recién creada Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, que en los meses de marzo, abril y mayo hizo visita técnica al total de las viviendas, ubicadas en zona rural de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas (Meta).

La visita técnica de la Contraloría se hizo casa por casa, en zonas veredales del Meta, evidenciando que no fueron terminadas y lo poco que se ha construido no cumple con las especificaciones técnicas contratadas, ni con las normas de sismoresistencia vigentes, tienen daños de tipo estructural, no tienen condiciones básicas de habitabilidad, además que las obras fueron abandonadas por el contratista en el 2018.

Varias etnias indígenas han resultado afectadas por la no terminación de este proyecto: Sikuani, Achagua, Piapoco, Embera-Katio, Los Páez y Nasa, entre otras.

Las inconsistencias fiscales detectadas en esta Actuación Especial se trasladarán en lo disciplinario a la Procuraduría y en lo penal a la Fiscalía. Y, por su parte, la Contraloría General de la República adelantará con carácter urgente el respectivo proceso de responsabilidad fiscal.

No era dinero del contratista, sino de la Gobernación del Meta

Ante la evidencia de estructuras sin finalizar y con defectos constructivos, obras ejecutadas de manera incompleta, muros sin confinamientos, hierros expuestos, tuberías abandonadas y cristalizadas, inestabilidad estructural por elementos sin amarres, fisuras y grietas, es claro que el proyecto contratado no cumplía su finalidad y sí se generó un daño patrimonial por la no amortización o inversión del anticipo de $10.515 millones y del resto de pagos efectuados por cerca de $3.370 millones.

La Contraloría señaló también que el anticipo girado al contratista es un recurso público, que se entregó en este caso a la Unión Temporal Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, a título de financiación o préstamo, para que lo destinara a los costos del contrato. No era un dinero del contratista sino de la Gobernación del Meta, para ser invertido y amortizado en cada pago parcial o definitivo del contrato.

Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal en ese momento era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres.

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Publicado el 29 may 2019 09:00


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Contraloría recupera $3.110 millones de condena fiscal a la ARL Sura en Antioquia

COMUNICADO DE PRENSA No. 070

 

Medellín, 27 de mayo de 2019.- La Contraloría General de la República, por medio de su Gerencia Departamental de Antioquia, recuperó más de $3.110 millones de pesos por los que había sido encontrada responsable fiscal la Administradora de Riesgos Laborales ARLSURA, por extralimitación en erogación de beneficios a usuarios y por pagos sin las debidas evidencias documentales.

El órgano de control encontró responsable fiscal a la compañía en dos procesos (los números 757 y 814 de 2017), por mal manejo de recursos de sus afiliados.

Como resultado final de esta actuación, la Contraloría General de la República, verificó que ya se hizo efectivo el retorno de más de $3.110 millones, los cuales se encuentran en la Dirección Nacional de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda.

Los hechos

La Contraloría evidenció que, con recursos de las cotizaciones, la ARL SURA le pagó más de $1.710 millones a la empresa Gestión Integral de Riesgo Ltda., por servicios prestados a la compañía SICIM de Colombia, tareas que debían ser financiadas por la misma en su calidad de empleador.

Del mismo modo, ni la empresa prestadora del servicio, ni la administradora de riesgo, presentaron el contrato o evidencias documentales de lo adquirido, las cuales eran necesarias para soportar órdenes de compra y facturas pagadas según procedimiento estipulado por la ARL.

Por este hecho la Contraloría General determinó que se generó un presunto detrimento patrimonial al Estado de más de $1.710 millones.

De otro lado, el organismo de control juntó en este mismo proceso de responsabilidad fiscal un segundo antecedente, por tratarse de temas conexos.

Los hechos tuvieron que ver con el pago de estudios de formación especializada por un valor de $768 millones, que fueron autorizados en el marco de “actividades de promoción y prevención de los riesgos ocupacionales” los cuales, en caso de haberse necesitado, debían ser asumidos por el empleador.

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Publicado el 27 may 2019 12:30


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Contraloría recuperó $12.876 millones por daño fiscal ocasionado a Ecopetrol

COMUNICADO DE PRENSA No. 069

 

  • La compañía Equion Energía Limited, contrató el uso de un taladro de perforación, el cual dejó en stand by durante 7 meses, sin justificación alguna, causando costos por la disponibilidad del mismo.
  • Y luego que el Contralor Carlos Felipe Córdoba dejara en firme un fallo de de responsabilidad fiscal por estos hechos, en contra de Equion Energía Limited, dicha compañía pagó $12.876 millones y resarció el daño fiscal causado al Estado.

 
Bogotá, 24 de mayo de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, logró el resarcimiento total de un daño fiscal por $12.876 millones de pesos que afectó a Ecopetrol, por el pago injustificado de servicios de perforación en el proyecto petrolero Piedemonte.

De acuerdo a un fallo de primera de instancia del organismo de control, para la explotación del pozo Floreña, el operador del contrato de asociación celebrado con Ecopetrol, la compañía Equion Energía Limited, contrató el uso de un taladro, el cual dejó en stand by durante 7 meses, sin justificación alguna, causando costos por la disponibilidad del mismo.

Así mismo, pagó gastos de administración que ya estaban incluidos en las tarifas del contrato y respecto de los cuales no tenía obligación alguna.

Luego de que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, confirmó en segunda instancia el fallo con responsabilidad fiscal por estos hechos, Equion Energía Limited pagó el 6 de mayo de 2019 la totalidad de la cuantía establecida ($12.876´985.720,17), resarciendo así el daño fiscal causado al Estado.

Soportes que confirmaron el daño patrimonial

Durante el proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría revisó y analizó el contrato marco de prestación de servicios de perforación, así como todas las facturas, comprobantes contables y comprobantes de pago de los años 2015 y 2016, las actas del Comité Ejecutivo de los años 2015 y 2016 y las de socialización del proyecto durante los años 2015 y 2016.

Además, se revisaron todos los documentos relacionados con el trámite de regalías escalonadas ante la ANH, entre otras pruebas relevantes, que permitieron concluir con certeza la existencia del daño patrimonial al Estado y la responsabilidad fiscal de las personas así declaradas en el fallo.

Publicado el 24 may 2019 11:30


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Responsables la EPS, Superintendentes de Salud y agentes interventores:

Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $91.133 millones, por desviación de recursos en intervención de Saludcoop

COMUNICADO DE PRENSA No. 068

 

  • El fallo de primera instancia cobija a los exsuperintendentes de Salud Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo y a los agentes interventores Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, así como a la propia EPS Saludcoop hoy en liquidación.
  • Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que debían destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, como pagos a vinculados económicos y por contratos de leasing, los cuales sirvieron para fortalecer la infraestructura de sus IPS.
  • Uno de los usos que tenía que haberse dado a estos recursos, y no se dio, era pagar a las instituciones prestadoras de salud, con las que se tenía una elevada deuda.
  • La práctica irregular de gastar los dineros parafiscales en conceptos ajenos a su destinación constitucional específica, había sido cuestionada por la Supersalud y la propia Contraloría, antes de la intervención de la EPS Saludcoop y, sin embargo, persistió en esa nueva etapa.
  • Todos los declarados responsables fiscales son objeto de embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias.
  • Se trata de un fallo de primera instancia, contra el que proceden los recursos de reposición ante el despacho que profirió la decisión y el de apelación ante el Despacho del Contralor General.

 

Bogotá, 22 de mayo de 2019.- La Contraloría General de la Republica profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $91.133 millones de pesos por la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.

Fueron encontrados responsables fiscales solidarios los Superintendentes Nacionales de Salud para la época de los hechos Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo y quienes actuaron entonces como agentes interventores: Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval.

El fallo, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, cobija además a la propia EPS Saludcoop hoy en liquidación, encontrada responsable fiscal por el valor total del fallo ($91.133.654.416).

La Contraloría determinó que, en vez destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, tales como pagos a vinculados económicos y contratos de leasing (estos para comprar inmuebles y equipos médicos).

La cuantía inicial del fallo de responsabilidad es de $69.069 millones, que traído a valor presente (indexado) se convierte en $91.133 millones.

Se mantienen las medidas cautelares

La Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, mantiene las medidas cautelares decretadas contra los responsables fiscales mencionados, que incluyen embargos a bienes inmuebles y cuentas bancarias.

Se trata de un fallo de primera instancia, que se da dentro del proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal Número PRF -2011-05213_UCC-PRF-033-2014, y contra el mismo proceden los recursos de reposición ante el despacho que profirió la decisión y el de apelación ante el Despacho del Contralor General.

Si el fallo queda en firme, los responsables fiscales serán incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, donde permanecerán hasta que resarzan el daño patrimonial que causaron.

Responsabilidad individual

*Saludcoop EPS hoy en liquidación, responde por la cuantía total del fallo, o sea $91.133 millones.

*Wilson Sánchez Hernández, Agente Interventor de la EPS Saludcoop para la época de los hechos: $40.291 millones.

*Mauricio Castro Forero, entonces Agente Interventor: $34.901 millones.

*Gustavo Enrique Morales Cobo, entonces Superintendente Nacional de Salud: $21.590 millones.

*Guillermo Enrique Grosso Sandoval, entonces Agente Interventor: $15.940 millones.

*Y Conrado Adolfo Gómez Vélez, entonces Superintendente Nacional de Salud: $9.900 millones.

Conducta gravemente culposa

En el caso de los 3 agentes interventores de Saludcoop EPS declarados responsables fiscales (Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval), la CGR les atribuyó conducta gravemente culposa y consideró que los mismos prefirieron realizar estas erogaciones, extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al objeto social de la EPS, sobre otras que sí guardaban relación con el aseguramiento en salud y la garantía de la prestación del servicio a los afiliados, como las acreencias de los prestadores y proveedores, donde en muchos caso se incurrió en mora.

También se les atribuye una conducta gravemente culposa y omisiva a los exsuperintendentes de Salud, Conrado Gómez Vélez y Gustavo Morales Cobo, al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud que eran de su conocimiento, como es el pago por contrato de leasing Bancolombia, en el primer caso, y leasing Banco de Occidente y pagos a vinculados económicos (Epsifarmay y Corporación IPS Saludcoop), en el segundo.

Póliza de manejo global

La compañía Axa Colpatria Seguros S.A. tiene la póliza de manejo global que cubriría a los dos exsuperintendentes de Salud, hasta por un valor de $1.400 millones de pesos.

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Publicado el 22 may 2019 17:00