Boletines de Prensa - 2020

En sesión virtual del Congreso: Contralor propone acondicionar bienes de la SAE, como hoteles, para recibir sobrepoblación carcelaria

COMUNICADO DE PRENSA No. 048

 

  • El jefe del organismo de control entregó un listado de las 20 cárceles con mayor problema de hacinamiento en el país.
  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba hace un llamado para que se destinen los recursos suficientes para hacer frente a la crisis de hacinamiento que se vive en las cárceles.
  • También urge la reforma a la justicia.
  • Contralor apoya la posición y preocupación del Fiscal General sobre hacinamiento carcelario.

 

Bogotá, 6 de abril de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, propuso acondicionar bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), específicamente unos 93 hoteles de propiedad de esa entidad, para recibir unos 40 mil presos, que constituyen la sobrepoblación carcelaria del país.

Sostuvo que sería una forma de solucionar el lío que se tiene ante la posible excarcelación de presos por la propagación del coronavirus en las prisiones.

Afirmó que hay otros bienes de la SAE que podrían ayudar también en la resocialización, ya que de una u otra forma allí no se tiene un resultado concreto sobre los mismos, no los venden y no son monetizados o los siguen teniendo y no están prestando ninguna utilidad para el Estado.

Dijo el Contralor que es preocupante que se tenga una población carcelaria total de alrededor de 123 mil presos con un índice de hacinamiento del 52,25%, es decir una sobrepoblación de 42.284 personas.

A la fecha están en cárceles 37.553 personas en calidad de sindicados, es decir el 30.52% del total de la población carcelaria.

Indicó que se ha planteado la alternativa de que las Alcaldías y Gobernaciones tengan la responsabilidad de esos sindicados, pero no tienen recursos para solventar la crisis carcelaria en sus territorios.

El Contralor entregó un listado de las cárceles que registran mayores problemas, donde aparecen las de Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), Andes (Antioquia), Valledupar (Cesar), Caucasia (Antioquia), La Paz (Cesar), Apartado (Antioquia), Cali (Valle), Santa Bárbara (Antioquia), Santa Rosa de Osos (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Sonsón (Antioquia), La Ceja (Antioquia), Aguachica (Cesar), Medellín (Antioquia), Armero-Guayabal (Tolima), Quibdó (Chocó), Barrancabermeja (Santander) y Pensilvania (Caldas).

Mencionó que, de los cupos dados en servicio al 31 de diciembre de 2018, sólo 2.297 fueron construidos en pabellones totalmente nuevos (en Espinal 733, en Coiba Ibagué 730, en Tuluá 656 y en Girón 178 de los 752 proyectados). Es decir, un 38,1% del total. Los 3.735 restantes, se han rehabilitado, acondicionado y adaptado en espacios carcelarios ya existentes, y equivalen regularmente a camas o camastros, sin que ello haya representado realmente la creación de un nuevo cupo carcelario.

Aseguró luego que otra debilidad evidenciada es el reducido número de guardias respecto de los internos, por lo que el INPEC presenta dificultades para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo y vigilancia de la población carcelaria. Por ejemplo, indicó, por cada patio donde hay entre 150 a 300 reclusos, solo hay de 1 a 2 guardias, cuando la norma señala que deben ser más de 6.

De acuerdo con el INPEC, las necesidades actuales y futuras indican que se requieren de unos 16.529 funcionarios, distribuidos en 9.750 guardianes y 6.779 administrativos. 

Problemas persistentes en servicios de salud y alimentación en las cárceles

Las auditorías de la Contraloría han encontrado también ineficiencia e ineficacia en la prestación de los servicios de salud de las cárceles que, además, son inoportunos.

La consecuencia de no recibir diagnósticos y tratamientos oportunos de las diferentes patologías, puede derivar en el aumento en los riesgos y emergencias en salud pública de la Población Privada de la Libertad, anotó el Contralor General.

“Eso sin hablar de la problemática en alimentación”, agregó. Al respecto, el Contralor dijo que no hay seguimiento real ni la capacidad de prestación del servicio alimenticio.

Por citar un solo ejemplo, la CGR ha evidenciado pagos de componentes que no se suministraron en los tiempos de comida de almuerzo, cena y refrigerio nocturno, durante la ejecución de las operaciones de bolsa del año 2018 y 2019.

Otro tema de preocupación para la Contraloría es que no se cumpla con la construcción de los grandes modelos de cárceles que se habían proyectado con el CONPES desde el 2016 y que a hoy no tienen mayor ejecución

La Contraloría ha encontrado debilidades en la planeación y maduración de esos proyectos, en la labor de supervisión y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que han impactado en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el CONPES 3871 del 3 de noviembre de 2016.

Dentro de los hallazgos más significativos se encuentra el generado por el pago de $62.759.063.434, correspondientes al contrato No.219 de 2013, para la construcción de un sector de mediana seguridad y obras conexas en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Buga - Valle del Cauca, que lleva más de un año sin ejecución, y que tampoco en este tiempo se ha efectuado labores de mantenimiento.

Urgente reforma a la justicia

El Contralor Carlos Felipe Córdoba exhortó al ministro de Hacienda para que destine los recursos suficientes para el sector de justicia y en particular el problema del hacinamiento carcelario.

Dijo que urge introducir en la reforma a la justicia un sistema económico coherente para este sector, no solo para una parte del mismo o una sola institución, “sino que esto lleve a que haya un muy buen esquema entre la Policía, la Fiscalía, Jueces, Fiscales y todo el sistema penitenciario colombiano, para que de verdad haya resocialización y tengamos la capacidad necesaria, sino vamos a seguir teniendo estos problemas y más aceleradamente, con peores resultados”.

El Contralor General de la República intervino hoy en un debate virtual sobre hacinamiento y crisis carcelaria, convocado por la Comisión de Paz del Senado de la República.

Publicado el 06 abr 2020 17:00


Contralor urge a entidades nacionales y territoriales cumplir con reporte de información sobre recursos destinados para emergencia por COVID-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 047

 

  • A la fecha es mínimo el reporte que se ha realizado.

Bogotá, 4 de abril de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hizo hoy un llamado a todas las entidades del orden nacional y territorial para que den cumplimiento estricto a las diferentes circulares o directrices que ha expedido el organismo de control ordenando el reporte de información relacionada con la asignación y ejecución de recursos destinados a atender la emergencia generada por el COVID – 19.

La CGR está solicitando, en especial, la información concerniente a actos de declaratoria de urgencia manifiesta y calamidad pública, así como la totalidad de la contratación concerniente a la ejecución de recursos ordinarios o extraordinarios destinados a la emergencia y la fuente de los mismos (Circular 06 de 2020).

“A la fecha es mínimo el reporte que se ha realizado frente a los recursos destinados a atender la emergencia, cuando es necesario para el país que la Contraloría General de la República realice el seguimiento permanente de los mismos, para velar por su correcta utilización y efectividad”, indicó el Contralor General.

Publicado el 04 abr 2020 10:30


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“Transparencia para la Emergencia” Contraloría, Fiscalía y Procuraduría articulan esfuerzos para garantizar la correcta administración de los recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria

COMUNICADO DE PRENSA No. 46

 

  • Las tres entidades intervendrán conjuntamente para evitar irregularidades en la contratación de programas y servicios para superar la emergencia sanitaria por el coronavirus, y actuarán con celeridad en la investigación de los hechos de corrupción que sean detectados. 

 

Bogotá D.C., 3 de abril de 2020. La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para controlar la propagación del coronavirus y enfrentar los problemas sociales y económicos que genere la atención de la pandemia, exige el mayor compromiso de todas las entidades del Estado para que las diferentes medidas se ejecuten adecuadamente en beneficio de los colombianos.

Conscientes de la necesidad de intervenir con urgencia y espíritu propositivo, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación acordaron articular capacidades para poner en marcha un programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”.

Cada institución, en el marco de sus competencias, verificará el estricto cumplimiento de las medidas decretadas, ejercerá la acción preventiva para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población, constatará que existan las  condiciones esenciales para superar la situación causada por el virus, y actuará con celeridad para investigar y sancionar los hechos de corrupción que sean identificados.

“No vamos a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos”, es la premisa del Procurador Fernando Carrillo Flórez, el Contralor Carlos Felipe Córdoba y el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.

El esquema integrado “Transparencia para la Emergencia” se pondrá en marcha en todos los territorios del país. Inicialmente, serán priorizados los asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, y servicios sociales y de atención de emergencias.

En ese propósito, equipos especializados, conformados por  personal de cada entidad, recibirán las quejas de la ciudadanía, identificarán los sectores más sensibles e intervendrán para blindar los procesos de contratación en los que exista riesgo. Esta articulación se hará con la coordinación de la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera; del Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González; y del Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee.

Semanalmente, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía informarán al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa conjunto.

Llamado a los organismos del orden nacional, departamental y municipal

Es importante recordar que todos los entes del Estado tienen la obligación de suministrar a los organismos de control, la información que se requiera para cumplir con la labor de vigilancia. El incumplimiento de esta disposición constitucional, dará inicio a la aplicación de medidas cautelares y la imposición de sanciones en el ámbito, disciplinario, fiscal y penal.

Toda la información necesaria será recopilada por la Delegada Preventiva para la Función Pública, 84 procuradurías territoriales y un grupo especializado de la Unidad de Inteligencia y Analítica de la Procuraduría; junto a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI-  de la Contraloría General, así como sus Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales.

Cuando las circunstancias lo ameriten, se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación que, a través de sus 35 seccionales, direcciones especializadas y grupos de policía judicial, indagarán las irregularidades detectadas y judicializarán a los responsables. Todos los procesos e investigaciones se complementarán con los elementos probatorios y evidencias que sean obtenidos conjuntamente por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.

Publicado el 03 abr 2020 09:30


Aplicando el control concomitante y preventivo: Contraloría empezó a vigilar, en tiempo real, medidas de emergencia económica y social para contener COVID-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 45

  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba autorizó activar todos los mecanismos de seguimiento permanente para la vigilancia y control fiscal de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica y social a nivel nacional relacionada con el COVID-19.
  • Este seguimiento se realizará en tiempo real y oportuno a través del acceso irrestricto a información, y el acompañamiento a la gestión fiscal en todas sus etapas de manera presencial o mediante el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones.

 

Bogotá, 24 de marzo de 2020. En el marco de las nuevas facultades que le permiten a la Contraloría General de la República ejercer el llamado control concomitante y preventivo, el Contralor Carlos Felipe Córdoba ordenó realizar, en tiempo real y oportuno, seguimiento permanente a las medidas que adoptó el Gobierno al decretar el estado de emergencia económica y social a nivel nacional para contener el contagio del COVID-19.

El jefe del organismo de control autorizó activar todos los mecanismos de seguimiento al recurso público, dispuestos en el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se dictaron “normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.

Esto con miras a la obtención de información y la vigilancia de la gestión fiscal relacionada con las medidas de mitigación de riesgo y contención del virus COVID-19, y demás políticas, proyectos o actividades tendientes a conjurar la crisis sanitaria y la emergencia económica y social a nivel nacional, y solventar las necesidades relacionadas con esta pandemia.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 53 del Decreto Ley antes mencionado (403 de 2020), “para el ejercicio del control fiscal posterior y selectivo, la vigilancia fiscal podrá realizarse a través del seguimiento permanente del recurso público por parte de los órganos de control fiscal, mediante el acceso irrestricto a la información por parte de estos”.

A su vez, el artículo 56 de este mismo Decreto dispone que la vigilancia y el seguimiento permanente de los bienes, fondos y recursos públicos, en el marco del control concomitante y preventivo, se realizará en tiempo real y oportuno a través del acceso a la información y el acompañamiento a la gestión fiscal en todas sus etapas o ciclos, de manera presencial o mediante el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones.

El objetivo de lo anterior es observar a los sujetos de control mientras estos realizan sus procesos o toman sus decisiones, sin que la Contraloría General de la República pueda interferir en aquellos o tener injerencia en estas.

Coordinadores y ejecutores del seguimiento

El Contralor General determinó que el Vicecontralor General y la Contralora Delegada para el Sector Salud, dirigirán la articulación y coordinación de los mecanismos de seguimiento permanente al recurso público y a la gestión fiscal destinada a la contención de emergencia relacionada con el COVID-19.

Ambos funcionarios quedaron facultados para dictar las directrices en esta materia.

Ejecutarán este seguimiento, de manera intersectorial, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (adscrita al Despacho del Contralor General), las Contralorías Delegadas Generales y Sectoriales, y las Gerencias Departamentales Colegiadas de la entidad.

Así mismo, el Contralor Carlos Felipe Córdoba estableció que los servidores públicos de las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, deberán prestar apoyo para el desarrollo de estas actividades, sin perjuicio de la dependencia o grupo al cual se encuentren adscritos, bajo la coordinación de sus superiores jerárquicos.

Todo este seguimiento de la CGR se realizará priorizando el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, ordenó finalmente el Contralor General.

Las medidas de seguimiento dispuestas por el jefe del organismo de control están contenidas en la Resolución Organizacional número 0753 del 19 de marzo de 2020.

Publicado el 24 mar 2020 09:50


Circular del Contralor General sobre orientación de recursos y acciones para atender emergencia por el COVID-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 044

 

  • Ministros, gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades del nivel nacional y territorial, entre otros, deben reportar a la CGR información sobre los planes de emergencia a ejecutar.
  • Las entidades públicas, del orden nacional y territorial, a las que se dirige la Circular del Contralor deben reportar los actos administrativos, contratos y demás actuaciones que se realicen en virtud de las urgencias manifiestas, cuando declaren estas.
  • Recomendaciones  de la CGR a los representantes legales y a los ordenadores del gasto de las entidades públicas, frente al cumplimiento de las exigencias legales para la celebración de contratos estatales de forma directa bajo la figura de la urgencia manifiesta.

 

Bogotá, 20 de marzo de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba,  expidió una Circular sobre “Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19”.

La Circular No. 06 del 19 de marzo de 2020, va dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, jefes o representantes legales de las entidades de los niveles nacional y territorial, gobernadores, alcaldes distritales y municipales y, en general, a ordenadores del gasto de las entidades de los niveles nacional y territorial.

Según corresponda, deben reportar a la CGR, los actos administrativos que decreten urgencia manifiesta y respecto de la misma la información sobre los planes de emergencia a ejecutar mediante los recursos ordinarios y extraordinarios destinados por parte de la entidad territorial a la mitigación y control de la epidemia por COVID-19.

En este reporte, deben hacer una discriminación de los recursos, las fuentes utilizadas y las acciones a desarrollar.

También deben entregar información de los contratos suscritos en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC, con las Empresas Sociales del Estado y demás organizaciones, donde se especifiquen las acciones a ejecutar relacionadas con la atención, mitigación y control de la epidemia por COVID-19.

Esta información debe ser entregada por las entidades públicas correspondientes, al correo electrónico seguimientocoronavirus@contraloria.gov.co, en un formato adjunto a la Circular 06 del 19 de marzo de 2020, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contados a partir de la expedición de la misma.

Reporte de Información específica sobre Urgencias Manifiestas, en la página web de la Contraloría General de la República

Así mismo, la Contraloría General de la República ha creado en su página web un link donde las entidades públicas, del orden nacional y territorial, a quienes se dirige la Circular deben reportar los actos administrativos, contratos y demás actuaciones que se realicen en virtud de las urgencias manifiestas que declaren.

Este reporte deberá realizarse a través del link de forma diaria, ingresando primero a la página web de la Contraloría General de la República (https://www.contraloria.gov.co/contraloria).

Posteriormente se abre el link CONTRATACIÓN URGENCIA MANIFIESTA  (https://www.contraloria.gov.co/urgencia-manifiesta)  y se diligencia el formulario donde dice Diligencie el formulario haciendo clic AQUÍ.

Enseguida se ingresan los datos solicitados y se carga el documento PDF del contrato.

Recomendaciones de la Contraloría frente a celebración de contratos estatales de forma directa, bajo Urgencia Manifiesta

Frente a la crisis actual, la Contraloría General de la República reconoce la grave situación que aqueja al país, los grandes esfuerzos realizados para su contención y las dificultades diarias a las que se ven expuestos los gerentes públicos por los múltiples retos que ello implica y, por tanto, los alienta a utilizar todos los medios legales permitidos para superar adecuadamente esta contingencia.

En consecuencia, la CGR formuló varias recomendaciones a los representantes legales y a los ordenadores del gasto de las entidades públicas, frente al cumplimiento de las exigencias legales para la celebración de contratos estatales de forma directa bajo la figura de la urgencia manifiesta, teniendo en cuenta la excepcionalidad del problema de salud pública que afronta el país.

Algunas de estas recomendaciones que sugiere la Contraloría General son las siguientes:

*Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecúen a una de las causales señaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993 (artículo 42) y se relacionen en forma directa con la declaratoria de calamidad pública o mitigación de los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19.

*Para realizar la contratación derivada, pese a que o se requiere la elaboración de estudios previos ni la celebración de un contrato por escrito, resulta aconsejable.

*Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de seguridad que pueda afectar la comunidad.

*Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien, obra o servicio, en el momento de su suscripción.

*Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencie todas las circunstancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la urgencia.

Publicado el 20 mar 2020 16:30