Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 33

 

En el segundo semestre de 2020: 

 

Contraloría detectó 10 hallazgos fiscales por $72 mil millones en proyectos de regalías en Casanare 

 

 

  • Incumplimiento de contratos, falta de planeación, mayores valores pagados y fallas en las labores de interventoría y supervisión, son algunas de las situaciones detectadas en los diferentes proyectos auditados por la CGR durante el segundo semestre de 2020. 

 

  • Los hallazgos con presunta incidencia fiscal afectan proyectos de la Gobernación de Casanare y los municipios de Orocué, Paz de Ariporo y Yopal. 

 

  • Gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento de Casanare, se atendieron denuncias en los municipios de Monterrey, Recetor y Hato Corozal, que resultaron en dos hallazgos fiscales por valor de $ 21.983 millones, por dos proyectos. 

 

 

Bogotá, 30 de marzo de 2021.- La Contraloría General de la República identificó 10 hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $72 mil millones de pesos, en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías en el Departamento de Casanare. 

 

Dos de estos hallazgos, por $18.028 millones de pesos, se presentaron por falencias en la ejecución de los proyectos de “Pavimentación de la vía Yopal – El Algarrobo-Orocué – Sector La Turupa – Quebrada Seca” y “Rehabilitación de la vía Tocaría – Orocué, tramo La Nevera – Guanapalo etapa 1”, ejecutados por la Gobernación de Casanare. En ambos casos, la CGR encontró que se pagaron mayores valores al contratista por las actividades de sobreacarreo y transporte de materiales. 

 

En cuanto a la Alcaldía de Orocué, el proyecto de “Mejoramiento a nivel de afirmado de la vía secundaria que conduce desde el puente sobre el Caño San Miguel hasta el puente sobre el Caño Duya”, presenta dos hallazgos fiscales por mayores valores pagados al contratista, por un total de $12.527 millones. 

 

Adicionalmente, el proyecto de “Construcción de la pavimentación de la vía Barquereña – Orocué”, presenta un hallazgo fiscal de $4.958 millones, por errores de cálculo en la estructura de los análisis de precios unitarios (APU’s) de la propuesta económica del contratista, que llevó a un pago superior en el transporte de material pétreo. 

 

Hallazgos en Paz de Ariporo y Yopal 

 

Por otro lado, como se anticipó con motivo de la reciente visita del Contralor Felipe Córdoba al departamento de Casanare, en el caso del proyecto “Construcción, adecuación, suministro e instalación de mobiliario en el Palacio Municipal de Paz de Ariporo”, se generó un hallazgo fiscal por un total de $7.497 millones, debido al daño inminente en la infraestructura por incumplimiento en los estudios previos y por la deficiente calidad de materiales empleados en el contrato de obra, por lo que la estructura se encuentra en riesgo de colapso.  

 

Así mismo, el municipio de Paz de Ariporo fue el ejecutor del proyecto de “Construcción primera etapa del patinódromo”, que presentó un hallazgo por $316 millones de pesos, por falencias relacionadas con el mantenimiento y estabilidad de la obra, lo que ha llevado al deterioro de la superficie, y por no contar con certificado de la Federación Colombiana de Patinaje, documento necesario para verificar que la pista cumpla con los parámetros requeridos para su utilidad. 

 

Mientras tanto, en Yopal se encontró un hallazgo relacionado con el proyecto de “Construcción del sistema de acueducto de la vereda Picón Arenal, ejecutado por la Alcaldía, por un total de $3.095 millones de pesos con el propósito de ampliar la cobertura de agua potable para los habitantes de este sector. 

 

Sin embargo, la CGR encontró que la obra no se encuentra funcionando ni satisface la necesidad que motivó el proyecto, pues no existe empresa prestadora del servicio que opere el sistema de acueducto. 

 

Hallazgos fiscales por denuncias ciudadanas 

 

Finalmente, gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento de Casanare que luchan contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron tres denuncias en los municipios de Monterrey, Recetor y Hato Corozal, que resultaron en dos hallazgos fiscales por valor de $ 21.983 millones, por dos proyectos: 

 

La “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas” y la “Construcción e interventoría al pavimento de las vías San Benito Recetor Chámeza”. 

 

Se obtuvo, además, un beneficio de auditoría por $135 millones por el proyecto de “Construcción y puesta en funcionamiento de 200 sistemas de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales del municipio de Hato Corozal”, ejecutado por la Alcaldía. 

 

Cobertura de la Actuación y total de hallazgos 

 

La Contraloría General de la República realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Casanare, ejecutados por la Gobernación de Casanare y los municipios de Yopal, Orocué, Paz de Ariporo, Monterrey y Recetor.  

 

En total se analizaron 11 proyectos por valor de $ 194.720 millones, que fueron financiados en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías. Los proyectos de la muestra pertenecen a los subsectores de Transporte, Educación, Cultura, Vivienda, Agricultura e Inclusión Social. 

 

Como resultado del proceso auditor, se configuraron 9 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y 10 hallazgos fiscales por más de $72 mil millones de pesos. 

 

Publicado el 30 mar 2021 10:40


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 32

 

Contraloría detecta 175 alertas por 30 billones de pesos invertidos en obras de infraestructura del país 

  

 

  • Con la puesta en marcha de su Modelo Analítico de Infraestructura, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI ha generado 460 alertas que corresponden a 349 proyectos por más de 34 billones de pesos que se concentran en 10 entidades vigiladas.  

 

  • De eso 349 proyectos alertados por más de 34 billones de pesos, la DIARI ha logrado, gracias a las nuevas facultades de control preventivo, reactivar y/o culminar más de 159 proyectos por más de 22 billones de pesos durante el primer año de funcionamiento de la Dirección.  

     
  • Las alertas de la DIARI priorizaron 151 proyectos de infraestructura en todo el país que están siendo ejecutados por la Ani, el Invías, el Fondo Adaptación y Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.  

     
  • La entidad con más proyectos críticos es el Fondo Adaptación, donde la DIARI ha detectado 115 alertas que representan igual número de proyectos por un valor de 617 mil millones de pesos. 

 

  • La entidad que más ha logrado avances es el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura educativa (FFIE), en el que se han reactivado o terminado 89 proyectos por un valor de 308 mil millones, lo que equivale a más del 70% de los proyectos alertados. 

 

Bogotá, 29 de marzo de 2021.- Durante su primer año de funcionamiento, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría General de la República ha generado 460 alertas que corresponden a 349 proyectos por más de 34 billones de pesos que se concentran en 10 entidades a las que el ente de control viene haciéndole seguimiento a las billonarias inversiones en el sector de infraestructura del país.  

 

Gracias a la implementación de su Modelo Analítico de Infraestructura, la DIARI ha logrado, reactivar y/o culminar más de 159 proyectos por más de 22 billones de pesos de ese universo de 349 proyectos, lo que se convierte en un ejercicio de control preventivo sin precedentes en Colombia al priorizar la ejecución e impulso de estas obras generando alertas en tiempo real.     

​ 

El modelo de la DIARI hace seguimiento hoy a 10 entidades (Fondo de Infraestructura Educativa, Findeter, Enteterritorio, USPEC, INVIAS, ANI, Fondo Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, Aerocivil y Obras de Infraestructura Hospitalaria). Su objetivo es realizar un monitoreo permanente de las obras públicas de infraestructura del país en sectores como vías, hospitales, colegios, aeropuertos, agua potable y saneamiento básico, vivienda, justicia y mitigación de riesgo. 

Sin embargo, el equipo interdisciplinario de La DIARI enfoque su análisis y seguimiento en 175 alertas del total de 460, que equivalen a 151 proyectos por más de 30 billones de pesos que tienen su origen en las siguientes entidades: INVIAS, ANI, Fondo Adaptación y la Unidad  

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

En un trabajo mancomunado con estas entidades vigiladas, la DIARI logró que 48 proyectos, del total de 151 que tenían alertas por retrasos en su ejecución, avanzaran gracias a las nuevas facultades y acciones de control preventivo que desarrolló la Contraloría General de la República.  

 

Con este ejercicio, en el que también participaron diferentes Delegadas Intersectoriales de la CGR, el ente de control consiguió que 9 billones de pesos que se habían invertido en la ejecución de estas obras de infraestructura, no se perdieran al ponerlos en marcha.   

 

Del total de estos 48 proyectos, 32 pertenecen al Fondo Adaptación, 8 a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 1 al INVIAS y 7 a la ANI y están distribuidos en los siguientes sectores de infraestructura:  

 

  • 14 son viviendas 
  • 10 son obras para la mitigación del riesgo 
  • 9 son proyectos del sector transporte 
  • 8 pertenecen al sector educación 
  • 4 son obras de agua potable y saneamiento básico 
  • 2 son proyectos del sector salud 
  • 1 es una obra de interconexión eléctrica 

 

Por mencionar algunos ejemplos, en este grupo se encuentran casos de éxito como el Hospital San Vicente de Paul de Gramalote (Norte de Santander), en el que invirtieron más de 6.800 millones de pesos. Este centro hospitalario está a punto de inaugurarse luego de que la Contraloría General de la República impulsara su finalización a través de las alertas de control preventivo de la DIARI.  

 

También se pueden citar los proyectos como el Megacolegio San Antonio de Buenaventura (Valle del Cauca), en el que si invirtieron más de 5 mil millones de pesos; el Túnel Mulatos – Bolombó (Antioquia), en el que la Ani invirtió 1 billón de pesos y la Institución Educativa La Gota, de Villavivencio (Meta), que suma más de 6 mil millones de pesos.   

 

Fondo Adaptación, la entidad con más proyectos críticos 

Después de un año de seguimiento al Fondo Adaptación, entidad que se creó después de la ola invernal del 2011, la DIARI ha emitido 115 alertas que representan igual número de proyectos del Fondo por un valor de 617 mil millones de pesos.  

​ 

Del total de estos 115 proyectos, 72 son obras vencidas sin terminar que suman más de 400 mil millones de pesos, 31 son obras terminadas sin recibir por 181 mil millones de pesos y 12 son obras atrasadas en ejecución por más de 36 mil millones de pesos.   

 

Los proyectos alertados al Fondo Adaptación están distribuidos en los siguientes sectores:  ​ 

 

  • 72 hacen parte del sector Vivienda, por un valor de más de 292 mil millones de pesos. ​ 
  • 20 son proyectos del sector Educación, por más de 81 mil millones de pesos. ​ 
  • 7 hacen parte del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y suman más de 11 mil millones pesos. ​ 
  • 7 son proyectos del sector de Mitigación del Riesgo y suman más de 162 mil millones de pesos. ​ 
  • 6 hacen parte del sector salud y suman más de 55 mil millones de pesos. ​ 
  • 3 son del sector transporte, por un valor de más de 12 mil millones de pesos.  

 

​Las obras están ubicadas en los siguientes departamentos:  

  • La Guajira, 26 proyectos 
  • Nariño, 15 
  • Chocó, 15 
  • Magdalena, 9 
  • Bolívar, 8 
  • Sucre, 6 
  • Cauca, 6 
  • Valle del Cauca, 6 
  • Cesar, 4 
  • Norte de Santander, 3 
  • Santander, 5 
  • Casanare, 1 
  • Boyacá, 2 
  • Tolima, 3 
  • Antioquia, 1 
  • Risaralda, 3 
  • Córdoba, 1 
  • Atlántico, 1 ​ 

 

Dentro de los proyectos del Fondo Adaptación con mayor riesgo de convertirse en obras inconclusas se encuentran el Colegio Señora del Carmen de Chimichagua (Cesar), en el que se invirtieron más de 6.900 millones de pesos; el Proyecto Hospital del Cincuentenario – Puerto Tejada (Cauca), que tiene un valor de 14 mil millones de pesos; Proyecto Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable de Aguachica (Cesar), que costó más de 2.800 millones de pesos; El Proyecto para la construcción de 748 unidades de vivienda ​en Achí (Bolívar), en el que si invirtieron 46 mil millones de pesos y el Proyecto Vial Puente Limones,  

Vía La Virginia – Apía (Risaralda), que suma más de 5 mil millones de pesos.  

 

En materia de beneficios a esta contratación, de los 115 proyectos alertados por la DIARI al Fondo Adaptación, 28 proyectos, por más de 167 mil millones de pesos, lograron salir adelante gracias a las acciones de control preventivo que adelantó la DIARI. ​ 

 

El FFIE, el que más ha avanzado 

Adicionalmente, se incluyen las alertas del Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa (FFIE), con el fin de presentar una visión más amplia del sector educación. Se han generado 122 alertas que representan la misma cantidad de proyectos por más de 420 mil millones de pesos, de las cuales, a través de la gestión realizada por la Contraloría se han reactivado o terminado 89 proyectos por un valor de 308 mil millones, lo que equivale a más del 70% de los proyectos alertados.​ 

 

Sobre el modelo de la DIARI 

El Modelo Analítico de Infraestructura de la DIARI utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos de la contratación pública del sector de infraestructura. La DIARI entrenó algoritmos para que detectaran y clasificaran cambios y se realizó un proceso de scoring (calificación) para evaluar los riesgos de las obras que no son entregadas a tiempo. 

 

Además, la DIARI generó imágenes de diferentes sensores aerotransportados e imágenes satelitales y de drone que logran identificar cambios en las obras de infraestructura. Este es un proceso de georreferenciación único en Colombia. ​ 

 

​Estos resultados son una realidad gracias a la implementación que hizo la DIARI de su Modelo Analítico de Infraestructura. Nunca antes en la historia del control fiscal del país, un grupo de ingenieros, profesionales en geomática, auditores y analistas pudo contar con una herramienta tecnológica de este tipo para focalizar su trabajo y revisar este universo de datos relacionados con las grandes inversiones que ha hecho el país en este sector. Este es un trabajo que se realiza de forma mancomunada con las entidades vigiladas. ​ 

 

 

Publicado el 29 mar 2021 13:10


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 31

 

En firme fallo fiscal por $1.824 millones por inoperancia de cableo aéreo del Ecoparque Los Yarumos, en Manizales  

 

 

  • La línea del teleférico entre Camino de la Palma y la estación Ecoparque Los Yarumos provocó sustos a sus usuarios desde su inauguración, funcionó en forma intermitente por escasos 4 meses y después dejó de operar. 
  • Detrás de graves fallas de diseño en la construcción de la obra y de la utilización de materiales de baja calidad, estaba la inexperiencia de la empresa contratista. 
  • Sistrac S.A. pasó de ser subcontratista de sistemas de cable de vaivén y operación manual en dos pequeños municipios, a encargarse de un sistema de cable aéreo electromecánico en una ciudad capital como Manizales.  
  • El teleférico estaba en operación, se escuchó un ruido fuerte, se bajaron los pasajeros y se suspendió el servicio. Era un daño en el reductor, que fue instalado de forma errónea: se puso de forma vertical, cuando debió hacerse horizontal. Resumen de un concepto técnico de uno de tantos daños reportados. 
  • Además del contratista, fueron declarados como responsables fiscales, a título de culpa grave, por omisiones y fallas, el administrador (el Consorcio Alianza Turística y sus integrantes: L´alianxa Trave Network Colombia S.A. y la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica -Acodres), y el interventor, Alfredo Giraldo Aristizábal y Cía Ltda (hoy Alfredo Giraldo Aristizábal S.A.S.). 

 

 

Bogotá, 29 de marzo de 2021.- La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $1.824 millones de pesos por los recursos públicos invertidos y perdidos en una obra con graves problemas de diseño en su construcción, y en la que se utilizaron materiales de baja calidad y que, por los problemas que presentó, operó apenas unos meses, aunque al contratista se le pagó todo antes de que entrara en funcionamientoel cable aéreo Los Yarumos, en Manizales

 

Por el daño patrimonial sufrido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Fondo de Promoción Turística FONTUR, se falló con responsabilidad fiscal, a título de Culpa Grave y en forma solidaria, en cuantía total de $1.824.121.433,90, en contra del administrador, del contratista y del interventor. 

Se trata de: 

 

*El Consorcio Alianza Turística, en su calidad de administrador de los recursos del Fondo de Promoción Turística-FONTUR y sus integrantes: L´alianxa Trave Network Colombia S.A. y la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres). 

 

*La firma Sistema de Transporte por Cable Sistrac S.A., en su calidad de contratista. 

 

*Alfredo Giraldo Aristizábal y Cía Ltda (hoy Alfredo Giraldo Aristizábal S.A.S.), en su calidad de interventor externo. 

 

Como tercero civilmente responsable se declaró a la Compañía Aseguradora Seguros Confianza S.A. 

 

Sistema artesanal, rústico y obsoleto, en tecnología y seguridad 

 

El fallo fiscal de primera instancia fue proferido el 18 de diciembre de 2020 por el Director de Investigaciones No. 3 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal y confirmado en segunda instancia por otro funcionario de esta dependencia, el Contralor Delegado Intersectorial No. 2.  

 

Este proceso fiscal, iniciado en agosto de 2015, se originó en los resultados de una Actuación Especial de Fiscalización que adelantó la Gerencia Departamental de la CGR en Caldas en atención a una denuncia que recibió en febrero de 2013 de parte del entonces gerente de la Asociación Cable Aéreo de Manizales, Oscar Humberto González, sobre irregularidades en el funcionamiento de la línea del teleférico entre Camino de la Palma y la estación Ecoparque Los Yarumos, desde su montaje. 

 

La denuncia y posterior Actuación Especial puso en evidencia una inadecuada gestión fiscal en la celebración, ejecución y liquidación del contrato 079 de 2010 por $1.787 millones, que tenía por objeto el diseño y puesta en funcionamiento de este teleférico. 

 

La obra fue pagada y recibida a satisfacción, siendo inaugurada el 9 de febrero de 2012, pero desde que fue puesta al servicio, hubo necesidad de interrumpir la operación del sistema varias veces, por diversos problemas como desnivel de las plataformas de embarque y desembarque y desgaste exagerado de las bandas de las poleas en ese poco tiempo de uso, entre otros. 

 

Empresas reconocidas en construcción de cables aéreos consideraron que era un sistema muy artesanal, rústico y obsoleto, tanto en tecnología como seguridad. 

 

El funcionamiento del cable aéreo fue suspendido de manera definitiva en agosto de 2012, por presentar diferentes fallas técnicas que no pudieron ser objeto de reparación. 

 

Desde la Actuación Especial se determinó por parte de la Contraloría, y se corroboró en el proceso de responsabilidad fiscal, que hubo una falta de idoneidad del contratista (Sistemas de Transporte por Cable Sistrac S.A.) y falta de diligencia de la administración (Consorcio Alianza Turística) frente a la obligación que tenía de exigirle la calidad de los bienes contratados. 

 

Según la Contraloría, el objeto del contrato suscrito entre el Consorcio Alianza Turística y Sistrac S.A. no se cumplió y los recursos invertidos se perdieron, teniendo en cuenta que el teleférico no prestó servicio alguno a la comunidad, y adicionalmente en 2018 (después de 6 años de no funcionar) el Tribunal Administrativo de Caldas, en el trámite de una acción popular, ordenó como medida cautelar desmontar parte de la obra existente por considerarla peligrosa para la comunidad. 

 

“El avanzado deterioro de las góndolas, el cable tractor y otras de las piezas y estructuras de ese cable aéreo significan un inminente alto riesgo para los manizaleños, pues debajo de esa línea de cable hay decenas de viviendas, vías de alto flujo vehicular, una estación de gasolina, entre otras construcciones”, se dijo entonces. 

 

El ciudadano que interpuso esa acción popular alegó entonces que quería así impedir una tragedia, “porque se invirtieron más de 6 mil millones de pesos en un sistema que nunca funcionó y lo dejaron podrir como un elefante blanco”. Dicho valor incluye lo que costaron las obras civiles (construcción de las estaciones). 

 

Fallas recurrentes 

 

Operadores en cables aéreos en el país conceptuaron que la obra tenía graves problemas de diseños de construcción y de baja calidad de los materiales. Lo mismo indicó un informe técnico de las Contraloría. 

 

Una de las deficiencias era la no existencia de un sistema de frenado de emergencia. En lo poco que operó no lo hizo en condiciones adecuadas de seguridad. 

 

El sistema no resultó funcional y presentó recurrentes fallas en mecanismos y piezas. Los cálculos y diseños de la firma constructora resultaron deficientes, rudimentarios y poco técnicos. 

 

“Problemas de diseño y materiales de baja calidad o puestos en forma incorrecta, como el motor reductor, llevaron obligatoriamente a una obra que no pudo ponerse en funcionamiento al servicio de la comunidad, a la pérdida total de los recursos allí invertidos en la parte electromecánica, a su abandono y la orden judicial de retiro de lo construido en aras de proteger la vida e integridad de los usuarios”, sostiene la Contraloría. 

 

El organismo de control calculó que por este caso se generaron pérdidas para el patrimonio público en la suma de $1.348 millones de pesos, que con la debida indexación resulta ser de $1.824 millones. 

 

Responsabilidad del administrador 

 

La Contraloría considera que hubo por parte del Consorcio Alianza Turística falta de cuidado en la escogencia de la firma contratista y violación de principios de la contratación estatal como el de responsabilidad y el de planeación, lo que contribuyó a la realización del daño patrimonial, incurriendo en una conducta gravemente culposa. 

 

No existieron estudios previos del contrato suscrito con Sistrac S.A., omisión que se convierte en coadyuvante en la realización del daño patrimonial. 

 

La empresa Sistrac S.A. acreditó experiencia en la construcción de los cables aéreos de los municipios de Jericó y de Jardín (Antioquia), como subcontratista.  

 

Ambos sistemas de cable de vaivén y operación manual. No tenía la experiencia alguna en la construcción de un sistema de cable aéreo electromecánico de las características del contratado por el Consorcio Alianza Turística. 

 

Para la CGR, la entidad contratante pudo ser más diligente y cuidadosa en la elaboración de los estudios previos, en el proceso de selección del contratista, en la elaboración del contrato al fijar las condiciones de pago, de verificación y de entrega, así mismo exigir calidad y detalles en los materiales a utilizar. 

 

El Consorcio programó los pagos del contrato de obras mensuales, sin prever que la obra podría fallar en su funcionamiento y presentar inconvenientes técnicos de difícil solución. 

 

Al 25 de julio de 2011 ya se habían realizado los pagos de la casi totalidad del valor del contrato, fecha en que la que el cable aéreo no se encontraba en funcionamiento y apenas se iban a iniciar las pruebas de su operación. 

 

Para entonces Sistrac S.A. había recibido más de $1.692 millones, incluyendo el 40% de anticipo, y apenas restaba por cancelarle algo más de $102 millones. 

 

Cuando salieron a relucir las anomalías de la construcción, en septiembre de 2011, ya era imposible requerir o constreñir al contratista, que ya había recibido el valor total del contrato. 

 

Para la CGR, el haber pactado pagos contra entregas sin la debida y previa verificación de funcionamiento del cable aéreo confluyó en la realización del daño patrimonial, gestión que recae en la entidad contratante Consorcio Alianza Turística. 

 

Responsabilidad del contratista 

 

La firma Sistrac S.A. tenía experiencia en construcción de tarabitas o cables aéreos de operación manual, pero desconocimiento técnico en la ejecución de una obra como la de Cable Aéreo Los Yarumos. 

 

El contratista no mostró interés en dar solución a los requerimientos del supervisor e interventoría, alegó que las fallas técnicas presentadas eran ajenas a su responsabilidad. Además, aseguró que la obra se deterioró por abandono y falta de mantenimiento. 

 

Su gestión fiscal fue deficiente y negligente, concluyó la Contraloría. 

 

Responsabilidad del interventor 

 

La firma interventora Alfredo Giraldo Aristizábal y Cía Ltda (hoy denominada Alfredo Giraldo Aristizábal S.A.S.) no ejerció sus funciones conforme a lo pactado y a sus deberes legales y contractuales de control y vigilancia sobre el Contrato No. 079 de 2010. 

 

Según la Contraloría, debía haber ejercido control sobre los materiales y sistemas de construcción, a fin de que se emplearan los pactados en el contrato y se cumpliera con las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada. Y no planteó o sugirió cambios en las modificaciones a los diseños o a la obra en aras de proteger la calidad de la misma.  

 

Tampoco se dejó consignado en actas inconsistencia alguna durante el desarrollo de la construcción, encontrando ítems en donde se podían verificar irregularidades al momento de ejecutarse. 

 

Publicado el 29 mar 2021 10:15


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 30

 

Contraloría solicita a Supersalud información de casos de presuntas irregularidades en ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19  

 

 

 

  • Entre los casos de los que pide información la Contraloría están los de presuntos colados y también los de personas vacunadas en Bogotá sin estar priorizadas. 

 

 

Bogotá, 26 de marzo de 2021.- La Contraloría General de la República solicitó al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, información detallada de los casos de presuntas irregularidades que encontró este organismo en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. 

 

En el ejercicio de la vigilancia fiscal que viene adelantando la CGR a este plan, la Contralora Delegada para el sector Salud, Lina María Aldana, requirió esta información considerando la presunta afectación a la operación del plan y los recursos públicos que este involucra. 

 

En concreto, la Contraloría solicitó: 

 

 Informe sobre los resultados de las investigaciones de los 59 casos 

relacionados con presuntos colados. 

 

 Informe sobre los 9 hallazgos derivados de las visitas y revisiones a la Subred Norte de Salud de Bogotá: 

 

- 395 personas que fueron vacunadas sin estar dentro de la priorización. 

 

- 142 personas que recibieron dosis, pero no son de la primera línea. 

 

- 253 contratistas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) que fueron vacunados en la etapa 1, como es el caso de una politóloga. 

 

 Informe sobre la auditoría realizada al caso del cirujano plástico Camilo Orlando Reyes Salazar, vacunado en Santander. 

Publicado el 26 mar 2021 08:15


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 29

 

Tras haber iniciado el calendario académico en todo el país, 11 entidades territoriales aún no reportan inicio del PAE   

 

 

  • En seguimiento que realiza la Contraloría General se ha identificado -con corte al 19 de marzo de 2021- que de las 96 ETC que ya empezaron calendario académico, 85 han reportado el comienzo de operación del Programa de Alimentación Escolar, quedando pendiente 11 ETC por reportar fecha de inicio de atención.  
  • Amazonas, Cauca, Fusagasugá, Girardot, Montería, Pitalito, Popayán, Putumayo, Santa Marta, Villavicencio y Yopal son las ETC que aún no reportan inicio del PAE.  
  • Se debería estar beneficiando a 5.692.734 estudiantes, pero hasta el momento se están atendiendo 5.251. 935. Es decir que 440.799 estudiantes aún no serían beneficiarios del PAE.  
  • 82 ETC cuentan con el equipo de profesionales de acuerdo con los perfiles establecidos por el Ministerio de Educación y 14 ETC se encuentran en proceso de contratación. 

 

 

Bogotá, 25 de marzo de 2021.- En el seguimiento que realiza a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Contraloría General de la República identificó (junto al Ministerio de Educación y su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender) que, con corte al 19 de marzo de la presente vigencia, 11 entidades territoriales certificadas (ETC) aún no reportan inicio del PAE. 

 

Por esta razón, el organismo de control realizó requerimientos oficiales que permitan conocer por qué, luego de haberse surtido los tiempos establecidos, no se está cubriendo la totalidad de beneficiarios del programa. 

 

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Educación, con corte al 19 de marzo de 2021, de las 96 ETC que ya empezaron calendario académico, 85 han reportado el comienzo de operación del PAE, quedando pendientes 11 ETC por reportar fecha de inicio de atención a 440.799 estudiantes a través del programa.  

 

Las 11 ETC que aún no reportan inicio del PAE son: 

 

ETC 

FECHA INICIO DE CALENDARIO ACADÉMICO 

 

 
   

AMAZONAS 

1/02/2021 

   

CAUCA 

25/01/2021 

   

FUSAGASUGÁ 

1/02/2021 

   

GIRARDOT 

1/02/2021 

   

MONTERÍA 

1/02/2021 

   

PITALITO 

18/01/2021 

   

POPAYÁN 

25/01/2021 

   

PUTUMAYO 

8/02/2021 

   

SANTA MARTA 

1/02/2021 

   

VILLAVICENCIO 

1/02/2021 

   

YOPAL 

25/01/2021 

   

 

 

Hay falta de oportunidad en la ejecución del Programa 

 

“La Contraloría General ha venido realizando reiterados llamados a las entidades territoriales para que se atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar de acuerdo a las indicaciones del Gobierno Nacional. Se deben beneficiar más de 5.692.734 estudiantes, pero hasta el momento se están atendiendo 5.251. 935. Es por ello que hemos realizado requerimientos oficiales para conocer, en primera medida y desde el carácter preventivo, la falta de oportunidad en la ejecución del programa y, si es el caso, que sea el insumo para adelantar las acciones ficales que haya a lugar”, resaltó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez. 

 

Y agregó: “Preocupa los casos de las ETC que tienen mayores retrasos como lo son Pitalito, Cauca, Popayán y Yopal. Igualmente, se resalta que Cauca es la quinta ETC que tiene mayor número de beneficiarios de acuerdo al Reporte SIMAT, con corte 31 de diciembre de 2020, dejando de atender 183.479 estudiantes; así mismo, se resaltan los casos de Putumayo y la ciudad de Santa Marta donde se debería estar beneficiando a 61.570 y 52.626 estudiantes respectivamente”.    

 

ETC 

 Beneficiarios 2020
Reporte SIMAT a 31 de diciembre de 2020  

 

 
   

AMAZONAS 

              11.153  

   

CAUCA 

             183.479  

   

FUSAGASUGÁ 

              12.894  

   

GIRARDOT 

                6.216  

   

MONTERÍA 

              37.159  

   

PITALITO 

              11.986  

   

POPAYÁN 

              14.885  

   

PUTUMAYO 

              61.570  

   

SANTA MARTA 

              52.626  

   

VILLAVICENCIO 

              35.765  

   

YOPAL 

              13.066  

   

TOTAL 

             440.799  

   

 

 

Según los informes del Ministerio de Educación Nacional, y de su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender, 82 ETC cuentan con el equipo de profesionales de acuerdo con los perfiles establecidos en la Resolución 29452 de 2017, y 14 ETC se encuentran en proceso de contratación (pendiente uno o dos perfiles por contratar).  

 

Así mismo, se ha identificado que en las 85 ETC que han reportado el inicio de atención PAE, de acuerdo con la Resolución 007 de 2020, se está generando la atención bajo las modalidades: Ración para Preparar en Casa (RPC) 87%, con Ración Industrializada (RI) 7%, operación entregando RPC y RI 4%, entrega Bono Alimentario (BA) 1% y entrega RPC y BA 1%. 

 

Se exponen a acciones fiscales y recortes en sus asignaciones presupuestales  

 

“La Contraloría viene trabajando de la mano con el Ministerio de Educación y su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender, para que las ETC reporten e inicien oportunamente el PAE. El Ministerio ha remitido correos electrónicos recordando las fechas máximas de reporte en la plataforma, y en las diferentes asistencias técnicas y capacitaciones realizadas por la Subdirección de Fortalecimiento ha recordado el tema. Es por ello que insistimos que no cumplir con los tiempos puede implicarles que se les realice recortes en sus asignaciones presupuestales de la siguiente vigencia, independiente de las acciones fiscales que pueda adelantar la Contraloría General”, indicó Pineda Téllez. 

 

Y concluyó destacando: “Los recursos públicos, y en este caso de la alimentación escolar, se deben ejecutar como es debido”. 

Publicado el 25 mar 2021 14:15