Boletines de Prensa - 2020

Visos de inequidad en pago de los incentivos a policías

COMUNICADO DE PRENSA No. 003

 

  • Contraloría General de la República encuentra deficiencias administrativas en el Fondo Rotatorio de la institución.

 

Bogotá, 10 de enero de 2020. Durante las tres últimas vigencias fiscales la Policía Nacional distribuyó bonos por $25.000 millones de pesos entre los miembros de las unidades que prestan el servicio de seguridad en todo el país, pero no usó un rasero que garantizará la equidad en su distribución.

El hallazgo fue hecho por la Contraloría General de la República durante el desarrollo a una auditoría de cumplimiento al Fondo Rotatorio de la institución.

Además de la falta de equidad en la distribución de los incentivos a los policías que a diario responden por la preservación del orden público, los auditores encontraron también otras falencias relacionadas con la ejecución de convenios interadministrativos celebrados durante la vigencia de 2018.

A su juicio, esas deficiencias “dificultaron la armonía en el ejercicio de las funciones administrativas y el logro de los fines del Estado”.

Fueron detectadas además deficiencias en la planeación de los procesos contractuales durante la adquisición de bienes y servicios. Una de las principales consistió en que no fueron realizados los estudios de necesidades de acuerdo con la totalidad de beneficiarios.

El Fondo, según los resultados del ejercicio auditor, se limitó a tomar como referencia la disponibilidad presupuestal de la entidad.

Igualmente se evidenciaron deficiencias de interventoría y supervisión, como es el caso del contrato de obra No. 232-3-2015 en el que se encontraron faltantes de obra por valor de $12.008.718,96.


Presunto detrimento patrimonial por más de $3.740 millones en múltiples contratos de Ejército Nacional

Comunicado de Prensa No 002

 

  • Pagos de servicios sin contraprestaciones por más de $465 millones en contrato de División de Aviación y Asalto Aéreo es uno de los casos más representativos.
  •   Posible detrimento por pagos excesivos y desaparición de elementos del kit de dotación para soldados.
  • Contratista proveedor de combustibles se beneficiaba con el uso de aviones oficiales.
  • Pago de SOAT a vehículos fuera de servicios y posibles pagos de mantenimiento a vehículos no oficiales, entre las irregularidades detectas por la Contraloría General de la República.

 

Bogotá, 8 de enero de 2020. La Contraloría General de la República realizó 28 hallazgos que configuran un presunto detrimento patrimonial por $3.740.794.997,39 relacionados con contratos del Ejército Nacional.
Las evidencias fueron producto de una Actuación Especial de Fiscalización realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.
Uno de los casos más relevantes se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en $465.516.590.
El contrato, con número de radicación 407-CENACAVIACIÓN, se vio además afectado porque los responsables de su ejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de $100 millones a la tasa de cambio actual).


Posible beneficio irregular a contratistas

La Contraloría General de la República encontró, paralelamente, que el contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido irregularmente al utilizar bienes fiscales en beneficio propio.
En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los $453.713.616.12.
Otro contrato que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura. Al comparar lo ejecutado contra lo cancelado, no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas Actas. Las diferencias en cantidades llegaron a $160.349.266.


Viáticos y seguros sin sustento

La Actuación Especial de Fiscalización determinó también que, durante las vigencias 2016-2017 el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) recibió viáticos sin la debida legalización.
De hecho, no existen Informes Ejecutivos sobre las actividades desarrolladas, requisito indispensable de conformidad con la Directiva 006 de 2015 y Plan 1037 del 9 de marzo de 2017, para acreditar el gasto.
Los equipos de la Contraloría General de la República encontraron debilidades en la labor de supervisión de los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932.
También hallaron evidencia del pago injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que no pertenecía al Ejército. Con esta conducta se generar un presunto daño fiscal por $54.000.000.
En la ejecución de los contratos No. 008, 028, 049 de 2016 y CO1_253281, C_141 y 080 de 2017, para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las diferentes Unidades de la Cuarta Brigada, no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas.
Estos hechos han sido atribuidos a debilidades en los controles, que han conllevado un posible detrimento al patrimonio público por $98.960.129.
Una situación similar se ha presentado en una Orden de Compra de la Séptima División para contratar al operador logístico de sus actividades de bienestar social. No hay soportes de la ejecución física de este programa que permitan determinar y evaluar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes y cuantificar las cantidades ejecutadas de cada actividad contemplada en la propuesta del contratista, acorde a los estudios previos. El detrimento aquí sería del $70.000.000.

No aparecen excedentes de Kit para soldados

Al revisar con detenimiento el contrato Nro.309-BASPC4-2016, por $471.481.040 (incluido IVA), celebrado por la Cuarta Brigada del Ejército, los auditores se encontraron con un mayor gasto al requerido para la dotación a 4.402 soldados incorporados en la vigencia 2016.
En este caso no existen soportes que permitan tener certeza sobre el destino final, justificación, utilización y beneficiarios de los elementos adicionales por valor de $140.659.200, monto del presunto detrimento patrimonial.
Otras posibles irregularidades incluyen la débil supervisión a los trabajos de mantenimiento de inmuebles incluidos en el Contrato No. 298 de 2016, para las unidades centralizadas del BASPC4. Entre los documentos ligados a la operación contractual no aparece el registro fotográfico específico que permita comprobar que los trabajos fueron recibidos a satisfacción. Aquí se presume un detrimento al patrimonio por $275.659.120.


¿Mantenimiento a vehículos particulares?

El ejercicio de fiscalización sirvió, adicionalmente, para verificar que en la facturación de pagos por mantenimiento de vehículos de la Cuarta Brigada aparecen relacionados varios vehículos que al parecer no pertenecen a esa unidad militar.
Las dudas se acentúan por el hecho de que el contratista no incluyó la placa civil o militar de los vehículos en las facturas. Sumados a la incertidumbre sobre el cumplimiento del objeto contractual, los documentos y evaluaciones disponibles sugieren un presunto detrimento en cuantía de $607.795.230.
En otros casos los informes de los supervisores de los contratos indicaron que los contratistas cumplieron con el objeto, pese a que en los expedientes fueron anexadas fotografías de la entrega de repuestos y mantenimiento para vehículos que no estaban contemplados en los contratos.
Los vehículos relacionados –advierten los investigadores en su informe- presentan inconsistencias en cuanto a su inclusión en la flota de vehículos de la Cuarta Brigada, su registro en el aplicativo SAP (almacén) y su inclusión en la póliza de seguros todo riesgo. Situaciones generadas por deficiencias en la supervisión del contrato, que ocasiona incertidumbre sobre la real ejecución del contrato y un presunto detrimento constituido por la sumatoria de las facturas sobre las que no hay registro fotográfico por valor de $940.754.488”.

Chatarrización rezagada

Las comisiones de la Contraloría hallaron también una relación de vehículos que a la fecha no han sido sometidos al proceso de chatarrización, pese a que se encuentran fuera de servicio. En estas condiciones, la institución se ha visto obligada a adquirir el SOAT respectivo y a incluirlos en la póliza de seguros para su flota vehicular.
Dobles pagos en el mantenimiento de vehículos y la omisión del reintegro de elementos dañados o de entrega de los soportes respectivos fueron comunes en la Cuarta Brigada durante las vigencias examinadas. Los casos documentados hasta hoy sugieren un presunto detrimento por $47.980.214,64.


Contraloría General encontró presunto detrimento por $635 mil millones en Medimás

COMUNICADO DE PRENSA No. 001

 

  • Contraloría General determinó que las auditorías de IQ Consulting y SyC no realizaron ningún filtro para aceptación y pago de facturas ocasionando pagos erróneos en Medimás.
  • Pago de servicios médicos a personas fallecidas o que no se encontraban afiliadas por más de 43 mil millones de pesos.
  • Pagos por servicios médicos superiores a lo presupuestado por un valor de $21.430 millones y medicamentos por encima del valor regulado por $28.490 millones.

 

Bogotá, 7 de enero de 2020. La Contraloría General de la República, encontró 33 hallazgos con presuntas incidencias administrativas, disciplinarias, penales y fiscales por más de $635.000 mil millones de pesos en Medimas EPS. 

Según los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría Delegada del Sector Social, Medimás pagó por servicios médicos valores superiores a lo previsto en su regulación, pagó servicios médicos a personas fallecidas, a no afiliadas y entregó anticipos injustificados a contratistas.

Se determinó que las auditorías a las facturas por la prestación de los servicios, realizadas por IQ Consulting y SyC (Sistemas y Computadores), fueron mal ejecutadas.

Por cuanto para este ente de control esa mala gestión y la posterior aprobación de las facturas, hizo que la EPS le pagara a quienes no se les debía.

Entre los casos más relevantes, se encuentra el pago de $3.695 millones en servicios médicos a personas fallecidas y $44.060 millones a personas que no se encontraban afiliadas a la EPS.

Del mismo modo el informe cita que $118.783 millones se giraron de manera injustificada y sin respaldo a Century Farma, suma sobre la que no se observa que sea posible su recuperación.

Las irregularidades que configuraron hallazgos fiscales para la Contraloría General de la República también incluyen pagos por servicios médicos superiores a lo presupuestado por un valor de $21.430 millones y medicamentos por encima del valor regulado por $28.490 millones.

En el contrato con la institución prestadora de servicios ESIMED (Estudios e Inversiones Médicas S.A), la cual ya está en liquidación, Medimás también generó anticipos por $137.786 millones no legalizados, constituyendo otra irregularidad por parte de la EPS auditada.

La auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría General de la República se ajustó a los principios, fundamentos y aspectos generales en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI, desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

La Contraloría General de la República dará inicio a los procesos de responsabilidad fiscal y procederá a dar traslado a Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

 


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