Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 048

 

Arauca (Arauca), 9 de abril de 2019.- La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Arauca inició un Control Excepcional sobre los contratos y convenios financiados con la Estampilla Pro-Adulto Mayor, durante la vigencia 2015-2018, periodo en el cual se recaudaron cerca de $ 44.000 millones.

Esta actuación especial de fiscalización fue promovida por un Veedor Ciudadano del Municipio de Arauca con el fin de corroborar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la adecuada destinación de los recursos obtenidos con la estampilla.

La Contraloría determinará si los recursos se han utilizado de acuerdo a los marcos legales en atención a temas específicos de: salud, alimentación, vivienda y tratamiento psicosocial de los adultos mayores araucanos, mediante el examen de muestras selectivas para su evaluación.

Actualmente, el recaudo de dineros con la estampilla se distribuye entre los municipios del departamento en un orden prioritario, determinado por los niveles de necesidad de cada centro de bienestar del anciano, I y II del Sisbén, y en proporción directa al número de adultos mayores adscritos a los Centros de Vida y Centros de Bienestar.

El control fiscal que adelanta la Contraloría General de la República cobija a uno de los sectores con mayor vulnerabilidad y por ello vela por que los recursos destinados a su calidad de vida hayan sido invertidos de acuerdo a la ley.

Publicado el 09 abr 2019 10:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 047

 

  • Una conclusión de la Actuación Especial es que existe un mayor costo del proyecto en un valor de $5.670 millones, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018, como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz.
  • Además de los mayores costos por ampliación del plazo contractual, se advierte un detrimento patrimonial por la inversión de $1.885 millones en los 2 puentes no ejecutados (La Judía y Sitio Crítico 43).
  • Se evidenciaron fisuras en la parte inferior del tablero del puente Hisgaura, por deficiencias constructivas.
  • A las deficiencias constructivas atribuibles al contratista, se suma la falta de rigor técnico y administrativo de las interventorías y de la supervisión del proyecto.
  • Las deficiencias en el proceso constructivo del puente Hisgaura, no han permitido la entrega de la obra ante la incertidumbre que existe de momento sobre la durabilidad y resistencia del tablero del puente, por lo cual la Contraloría considera que de momento, se está ante una inversión ineficiente e ineficaz, lo que eventualmente se puede constituir en una lesión al patrimonio público.

 

Bogotá, 9 abril de 2019.- Con la decisión de abrir una indagación preliminar por $96.725 millones y hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $8.185 millones de pesos, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República al Fondo Adaptación por las irregularidades presentadas en la ejecución del Contrato No. 285 de 2013 que suscribió esta entidad estatal con la firma española Sacyr para construir los puentes Hisgaura, La Judía y otro en el denominado Sitio Crítico 43, que hacen parte de la carretera entre Los Curos y Málaga, en el departamento de Santander.

El organismo de control estima que, aparte de las responsabilidades del contratista, es evidente también la debilidad y falta de rigor técnico y administrativo por parte de las interventorías contratadas y la supervisión a cargo del Fondo Adaptación.

En el caso del puente Hisgaura, la Contraloría dejó en claro que, con ocasión de las diferentes demoras, inconvenientes técnicos y en general con las incertidumbres que se han dado alrededor de la obra construida, el puente no se ha recibido por la administración pública, existiendo el riesgo de pérdida de los recursos asignados a este proyecto por $96.725.052.864[1], siendo de momento una inversión ineficiente e ineficaz, lo que se puede considerar como una lesión al patrimonio público, por lo que para profundizar en este particular se dará apertura a una indagación preliminar.

Considera la CGR que, dadas las deficiencias constructivas detectadas en el puente, el Estado Colombiano aún no ha comenzado a percibir los beneficios de la ejecución de este proyecto que, conforme al plazo inicial del contrato, estaba previsto terminar en noviembre de 2016. 

 

Fisuras por deficiencias constructivas

En la visita de inspección ocular realizada al puente Hisgaura el día 14 de marzo de 2019 por parte del personal que realizó esta actuación especial de la CGR, se pudo verificar que existe en la parte inferior del tablero del puente una serie de fisuras las cuales son visibles a simple vista a más de 45 metros, puesto que tiene manchas y algunas eflorescencias[2].

Estas fisuras surgieron probablemente con ocasión de las deficiencias en los procesos constructivos (desalineamiento vertical del tablero), retracción y sobrecargas en el tablero.

 

Mayores costos por ampliación del plazo contractual

El primer hallazgo de la actuación adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, es de carácter administrativo, fiscal y disciplinario, y tiene que ver con los mayores costos que se dieron con ocasión de la negativa por parte del contratista de obra de implementar los diseños entregados por el Fondo Adaptación, lo cual desembocó en una ampliación del plazo contractual.

Para la Contraloría, las demoras del contratista en la elaboración de los diseños del puente Hisgaura y sus respectivos presupuestos, consumieron la mayor parte del tiempo previsto para la ejecución del contrato, y derivaron en la ampliación del plazo contractual y la incorporación del ítem de ajuste de precios.

En este sentido, la conclusión de la actuación especial es que existe un mayor costo del proyecto en un valor de $5.670 millones, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018, como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz, contraviniendo presuntamente lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 610 de 2000.

 

Diseños no utilizados

De otro lado, la CGR considera que por la no utilización de los diseños iniciales del puente Hisgaura, se constituye un presunto detrimento patrimonial por $503 millones consistente en el valor de los diseños, y por $126 millones de interventoría, que corresponde a la proporción de costos del diseño del puente en relación con el valor total de los diseños, para un total de $629 millones.

 

Uso de elementos para corregir errores constructivos

Otro hallazgo administrativo está relacionado con el mantenimiento periódico derivado de los errores constructivos.

Ante el desalineamiento vertical del tablero del puente y las vigas longitudinales, el contratista de obra Sacyr decidió colocar unas impostas o faldones metálicos, para tapar con deformaciones. Adicional a la parte puramente estética, se necesitó colocar unas estructuras para nivelar la superficie de la rasante del puente (recrecidos), para ofrecer seguridad y confort vial.

Cálculos del interventor indican que, en el escenario más desfavorable, el mantenimiento no estimado originalmente durante la vida útil del puente (75 años), puede llegar a $6.473 millones (cuantificado a precios de febrero de 2019), recursos que para la Contraloría no corresponden con las actividades habituales de mantenimiento de este tipo de puentes y tampoco fueron considerados en la fase de estructuración y diseño del proyecto.

 

Riesgos sobre la instrumentación instalada en el puente Hisgaura 

El siguiente hallazgo, igualmente de carácter administrativo, tiene que ver con la operación de los diferentes instrumentos instalados en el puente, para controlar y vigilar el mismo.

Los puentes atirantados, como lo es el de Hisgaura, requieren para su adecuado control y vigilancia, la instalación de diferentes instrumentos y equipos de control. Sistemas que requieren un monitoreo y administración específica, por lo tanto, deben contar con sistemas de energización, equipos de manejo de información y personal técnico capacitado tanto para la operación como su mantenimiento.

Es pertinente indicar que los instrumentos instalados en el puente Hisgaura, con un costo aproximado de $1.834 millones, requieren para su funcionamiento suministro permanente de electricidad, una conexión a internet mínimo de 10Mb, disponibilidad de un equipo de cómputo para acceso remoto a la información, así como software o central de procesamiento de la información recolectada.

Sin embargo, no ha habido acuerdo entre el INVIAS y el Fondo Adaptación suscribientes del convenio N°014 de 2012, en relación con el costo de la administración, monitoreo y seguimiento a la instrumentación instalada en el puente, así como su electrificación ni los costos de ésta, situación que pone en riesgo la utilización efectiva de la instrumentación instalada, así como su respectiva operación.

 

Detrimento patrimonial por inversión en puentes no ejecutados

Dentro del objeto contractual del contrato de obra N°285 de 2013, se incluyó la construcción de puentes en el llamado sitio La Judía y el punto conocido como Sitio Crítico 43, que implementando el diseño de DIS-EDL según la oferta económica de Sacyr tenían un costo de $2.971 millones y $3.886 millones respectivamente.

En la ejecución contractual de obra se facturó por concepto del Sitio Critico 43 ($119.563.112) y de La Judía ($1.766.384.349), como consta en el Acta Parcial de Obra 49A. Es decir, del SC43 se pagó el 4.02% del total del presupuesto para este puente, mientras que para el puente de La Judía se gastó el 45.45% del presupuesto, sin que exista avance efectivo de obra para el cumplimiento del objeto contractual en los sectores mencionados. Estos pagos fueron avalados a Sacyr por el interventor y el Fondo Adaptación.

Dado que no se construyeron los puentes en los sitios llamados La Judía y Sitio Crítico 43, la Contraloría General de la República considera que se realizó una gestión antieconómica en su ejecución, dado que se invirtieron $1.885 millones y no se encontró físicamente obra alguna que mejore las condiciones ni geométricas ni de seguridad de la vía.

Adicionalmente, en la cláusula primera del otrosí 3, suscrito el 10 de noviembre de 2016 entre Sacyr y el Fondo Adaptación, se determinó suspender la ejecución de actividades de los puentes en los sectores La Judía y Sitio Crítico 43, por considerar la imposibilidad técnica de ejecutarlos de conformidad con los diseños existentes.

Publicado el 09 abr 2019 07:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 46

  • PAE y Viviendas para comunidad indígena son los objetos de los contratos objeto del control social de la CGR
  • Gerencia Vaupés de la CGR realiza control social en el departamento

 

Vaupés, 3 de abril de 2019.- A través de la oficina de Participación ciudadana de la Gerencia Colegiada Departamental de Vaupés, la Contraloría General de la República le hace seguimiento ciudadano a 2 contratos que suman un poco más de $13.000 millones.

El primero, hace referencia a un contrato para la implementación del PAE, para el cual el ente de control busca la conformación de comités de vigilancia en las instituciones educativas del municipio de Mitú, para hacerle seguimiento a los recursos destinados al programa por valor de $2.591 millones.

Con esta inversión, se pretende garantizar raciones de alimentos acorde a las necesidades nutricionales de los niños y niñas del municipio y sus alrededores, así como la permanencia de los menores en el sistema educativo.

El segundo contrato se refiere a la construcción de 80 viviendas en la comunidad indígena Trece de Junio del municipio de Mitú, cuya primera fase consistió en realizar actividades de caracterización de la población objeto del control social, y fue realizada del 28 de febrero al 14 de marzo del año en curso.

En busca de que el contrato de obra se ejecute en el tiempo establecido y bajo estándares de calidad, la CGR brinda acompañamiento a la veeduría ciudadana para el seguimiento a dicho contrato cuyo valor asciende a más de $10.480 millones.

Publicado el 03 abr 2019 11:00


COMUNICADO DE PRENSA NO. 45

 

San Andrés, 3 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $4.701 millones de pesos, por presuntas irregularidades en la construcción del sistema de acueducto para el municipio de Providencia y Santa Catalina, en su primera fase.

Las obras contratadas por más de $14.200 millones, presentan diversas fallas que inciden negativamente en el buen funcionamiento del sistema de acueducto construido, causadas por deficiencias constructivas y mala calidad de la obra.

El organismo de control tiene evidencia que, desde la puesta en marcha del sistema de acueducto, se han presentado falencias tanto en la planta de tratamiento de agua potable – PTAP – como en la red de distribución.

Para la CGR, los recursos invertidos en dichas actividades no dieron los resultados esperados y no cumplen con los fines para los cuales fueron destinados, situación que ha afectado la efectiva prestación en el servicio en términos de cantidad, continuidad y calidad del agua tratada, y por ende a la comunidad que sería la finalmente beneficiada.

Publicado el 03 abr 2019 09:30


COMUNICADO DE PRENSA No. 044

 

  • Las denuncias más relevantes se refieren a presuntas afectaciones socioeconómicas y a la infraestructura de los territorios, sufridas por la creciente súbita del río Cauca, generada el 12 de mayo de 2018.
  • La pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, actividades de sustento de buena parte de los pobladores, presuntamente perjudicadas.
  • Se denuncia presunta irregular gestión del manejo del riesgo y deficiencias en el plan de retorno de los afectados.
  • Se trasladaron denuncias con ocasión de errores en el Censo y Registro Único de Damnificados.
  • Testimonios de los afectados.

 

Bogotá, 2 abril de 2019.- Una significativa afectación a la vida social y económica se denunció ante la Contraloría General de la República al escuchar el testimonio de las comunidades afectadas en la influencia del Río Cauca por el proyecto Hidroituango, luego de un recorrido por 4 departamentos y 15 municipios, donde se recibieron más de 300 denuncias que fueron trasladadas a EPM, las Alcaldías, las Gobernaciones y otras entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación, entre otras.

Según el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, quien encabezó el recorrido terrestre y fluvial, el común denominador de las denuncias y peticiones que recibió de los habitantes de la zona, río arriba y río abajo del proyecto, son las posibles afectaciones que están teniendo sobre sus actividades socioeconómicas, como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, cuyo impacto podría tener una cuantía significativa.

De acuerdo a los testimonios recogidos, las poblaciones damnificadas derivan su sustento, en un 90 por ciento, de dichas actividades.

Son recurrentes las denuncias incluso sobre daños psicosociales y a la infraestructura de los territorios, ocasionados por la creciente súbita del río Cauca, que se generó el pasado 12 de mayo de 2018.

Se denunció que no hay claridad sobre la población afectada y no existen programas concretos de reactivación económica. Hasta el momento se comenzó el censo para realizar estos programas, que cuentan con 800 cupos y sólo para el departamento de Antioquia.

Situaciones objeto de denuncias que causan preocupación:

La presunta irregular gestión del manejo del riesgo

Posibles deficiencias que se advierten en el plan de retorno de los afectados.

Presuntas falencias en el Censo y en el Registro Único de Damnificados.

Algunos testimonios

*Eulalia Corpa, habitante de Achí (Bolívar), considera que la calidad de vida en esa población ha bajado más de un 50 por ciento, porque todo es más caro, pues “si no puede sembrar nada, todo sube”.

*En palabras de Manuel Suárez, habitante de la comunidad indígena Balai, del corregimiento Guarumo, del municipio de Cáceres, “Esta es la crónica de una muerte anunciada… estamos viviendo una zozobra y esa represa se va a venir el día menos pensado y no sabemos qué acompañamiento vamos a tener”.

*Algo similar expresa Marina Espinosa, habitante del municipio de Valdivia, sobre la situación que viven cada vez que se activan las alertas: “A dónde nos vamos a ir… No sabemos a dónde nos van a meter, sabiendo que tenemos un lobo dormido ahí arriba, en esa represa”.

*Santiago González es un pescador, también de Valdivia, y su denuncia está relacionada con la forma cómo se ha afectado su trabajo diario: “Como pescador no he podido ejercer la actividad como tal, por lo que las especies fueron muy afectadas. Luego el cierre de la compuerta terminó afectando más al río, en su cauce”.

*Ana María Ladeo, habitante del corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, dice: “Es injusto que después que nos digan a los sectores que ya no retornan, que estamos dentro de una mancha de la inundación, ahora quieran hacer con nosotros lo que ellos quieran, y digan que van a mitigar las cosas arreglando las casas y no respondiendo como nos deben de responder. Con qué tranquilidad nos vamos a venir nosotros a nuestras casas sabiendo que estamos dentro de una mancha de la inundación”.

*“Estamos ante un exterminio cultural de las comunidades indígenas del Bajo Cauca, porque si nuestra economía es del rio por tradición, de años atrás, y no la quitaron, entonces no vamos a poder seguir, con nuestras costumbres culturales y ancestrales que teníamos”, asegura entre tanto Cecilia Moros, Cacica de la comunidad indígena El Manantial, del corregimiento Guarumo.

*“Nosotros le pedimos de corazón, para que realmente tomen conciencia, que nosotros los que vivimos en el Bajo Cauca, en específico en el municipio de Caucasia, somos los que tenemos que tener la oportunidad de que nos tengan en cuenta y no nos han tenido en cuenta”, dice por su parte un habitante de este municipio antioqueño.

*Yonhani Paternina Fernández trabaja como apoyo en la coordinación de riesgo municipal de Ayapel (Córdoba) y dice que “hubo afectación psicológica a los habitantes de los ocho corregimientos del municipio que podrían ser afectados si Hidroituango llega a desbordarse o a romper la compuerta”.

*También alza su voz Dora Uribe, cabildante adulto mayor del corregimiento de Puerto Valdivia: “Cuando fueron a hacer esa represa, nosotros les hicimos paro, porque nosotros siendo campesinos, casi analfabetas, sabíamos que era un perjuicio y nos dijeron que la hacían por encima del que fuera. Entonces nosotros le pedimos que por encima del que sea, también nos respondan”.

Zonas recorridas

Cumpliendo los compromisos adquiridos por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en la audiencia preventiva de Hidroituango, realizada en Medellín el pasado 27 de febrero, en Medellín, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, y su comitiva escuchó las inquietudes y denuncias de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en los siguientes departamentos, municipios y corregimientos:

Departamentos

Antioquia
Bolívar
Córdoba
Sucre

Municipios y corregimientos:

Antioquia

1.     Sabanalarga

2.     Valdivia

Corregimiento Puerto Valdivia

3.     Cáceres

Corregimiento Guaramo

4.     Caucasia

5.     San Andrés de Cuerquia

6.     Ituango 
 

Córdoba  

7.     Ayapel 
 

Sucre
8.     San Marcos

9.     San Benito Abad

Corregimiento Jegua

10. Guaranda

Bolívar

11. San Jacinto del Cauca

12. Magangué

Corregimiento Santa Mónica
Corregimiento Barbosa

13. Pinillos

14. Achí

Corregimiento Guacamayo
Corregimiento Tres Cruces

15. Montecristo

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Participación Ciudadana, realizó el traslado de más de 300 irregularidades a distintas entidades, con ocasión de las denuncias de las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango, a las siguientes entidades:

EPM
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
Procuraduría General de la Nación
Unidad Nacional de Protección
Alcaldía de Valdivia
Alcaldía de Caucasia
Alcaldía de Cáceres
Alcaldía de Sabanalarga
Alcaldía de Ituagüí
Alcaldía de San Benito de Abad
Alcaldía de Magangué
Alcaldía de Achí
Departamento para la Prosperidad Social DPS
Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia DAPARD
Gobernación Antioquía
Gobernación Bolívar
Gobernación Sucre
Gobernación Córdoba
Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Antioquía.

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana realizará especial seguimiento a las denuncias y respuestas de las autoridades competentes, a fin de dar solución a las necesidades ciudadanas.

Publicado el 02 abr 2019 15:15