Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 58

 

Contraloría abrirá proceso de responsabilidad fiscal: Agencia Nacional de Minería dejó de cobrar $21.955 millones a Minera El Roble por contraprestación económica

 

  • Al evaluar el cumplimiento de las obligaciones económicas del Proyecto Minero El Roble, ubicado en el Chocó, la CGR cuantificó en $21.955 millones el valor de las contraprestaciones económicas dejadas de recibir en el desarrollo del contrato de concesión 9319, por el no pago de la llamada participación nacional. 
     
  • La Agencia Nacional de Minería (ANM) no ha cumplido con su función de efectuar la liquidación y cobro de la participación nacional que se obligó a pagar la Minera El Roble cuando se cumpliera la condición de obtener una producción superior a las 100.000 toneladas. 
     
  • Considera el organismo de control que en este caso se dio un incumplimiento de los deberes funcionales de la ANM y tal comportamiento permitió que se causará el millonario daño patrimonial al Estado. 
     
  • La Contraloría estableció, en una Auditoria de Cumplimiento previa a la actuación especial que se realizó ahora, que la ANM tiene serías falencias y debilidades en su proceso de fiscalización para garantizar que los concesionarios mineros en el país estén cumpliendo a cabalidad sus obligaciones. 
     
  • El organismo de control le pidió a la ANH que, en este mismo contrato, revise el pago de las regalías que se pudieron haber causado desde 1991 a la fecha.   

    Bogotá, 2 de junio de 2021.- La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial por valor de $21.955 millones de pesos por no la liquidación y cobro, por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), del pago obligatorio que por concepto de participación nacional tenía que hacer -desde 2014- la Minera El Roble, ubicada en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó) y cuya operación está a cargo de la compañía canadiense Atico Mining.  

    Esta es la principal conclusión de una actuación especial a la ANM que realizó en los meses de marzo y abril de este año la Contraloría Delegada de Minas y Energía.   

    El hallazgo con incidencia fiscal fue trasladado a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo con el objeto de que abra el proceso de responsabilidad fiscal correspondiente y se puedan recuperar estos recursos tan importantes para la Nación.  

    ¿Qué pasó?  

    En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2477 de 1986, en la cláusula vigésima segunda del contrato de concesión 9319 se estableció que “Cuando el nivel de producción anual supere las 100.000 toneladas, la participación nacional por la explotación será equivalente al 3% del precio de venta del mineral en bruto, puesto en boca de mina o en plaza”.  

    Y se evidenció que, a partir del año 2014 y hasta el 2020, este contrato de concesión supera las 100.000 toneladas de producción en bruto.  

    La minera El Roble explota sulfuros polimetálicos, principalmente concentrado de cobre con contenidos de oro y plata.  

    La Contraloría instó a la Agencia Nacional de Minería a que revise si es procedente adelantar la caducidad del contrato de concesión ante el incumplimiento de la compañía minera, pues así se desprende de los efectos por inobservancia en el pago de estas obligaciones fiscales.  

    Igualmente, le pidió que revise el pago de las regalías que se pudieron haber causado desde 1991 a la fecha.   

    La ANM incumplió sus deberes funcionales  

    La Contraloría Delegada de Minas y Energía se dio a la tarea de revisar los actos administrativos proferidos por la ANM y encontró que la entidad no ha realizado el debido cobro de esta participación nacional. Y, además, no ha hecho uso de los recursos jurídicos que le permite el Decreto 2477 de 1986, como lo es el de la caducidad.  

    De acuerdo con los registros de las exportaciones realizadas, que se encuentran en el expediente minero digital para el período 2014-2020, el total de las participaciones nacionales asciende a 6 millones 140 mil dólares, o sea $21.955 millones (considerando la tasa representativa del mercado del 16 de marzo de 2021). La propia Minera El Roble ha declarado y reportado este total de participación nacional calculada.  

    Para la Contraloría es claro que la Agencia Nacional de Minería no cumplió con su función de efectuar la liquidación y cobro de la participación nacional que se obligó a pagar la Minera El Roble cuando se cumpliera la condición de obtener una producción superior a las 100.000 toneladas de producción del metal.  

    El organismo de control consideró que esta situación demuestra un incumplimiento del deber funcional de la ANM a la cual por mandato legal le fue asignada la administración y recaudo de cualquier contraprestación derivada de la explotación de minerales, sin que hasta el momento se haya evidenciado una justificación jurídica o administrativa válida para tal comportamiento que ha traído como consecuencia que al patrimonio del Estado hayan dejado de ingresar recursos en cuantía de $21.955 millones, lo que constituye un presunto daño patrimonial.  

    Sostiene que, si bien es cierto que la ANM ha realizado alguna gestión de cobro de estos valores, es inoportuna e ineficaz, ya que una vez se le advirtió de esta situación la entidad procedió a realizar en 2021 la liquidación y cobro de la participación nacional causada desde 2014, por lo que se considera una gestión antieconómica que ha causado el no cobro oportuno de los recursos de las contraprestaciones económicas que por ley corresponden al Estado. 

Publicado el 02 jun 2021 11:50


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 57

 

Contraloría detectó hallazgos fiscales por $183.940 millones en obras en cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño)  

 

  • En la cárcel de Girón se invirtieron más de $99 mil millones y tuvieron que pasar 6 años para terminar sus obras de ampliación. 

 

  • Retrasos en la ejecución del contrato de la cárcel de Ipiales. No se ha hecho entrega de la obra al INPEC y se determinó un posible detrimento patrimonial de $84.659 millones. 

 

  • Se evidencia falta de coordinación de la USPEC y el INPEC con la consiguiente demora en la entrega de los proyectos. 

 

 

Bogotá, 1 de junio de 2021.- Una Actuación Especial de la Contraloría General de la República a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) permitió determinar 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor total de $183.940 millones de pesos, relacionados con la ampliación y habilitación de nuevos cupos en las cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño). 

 

El hallazgo fiscal en el caso del establecimiento penitenciario de Girón es de $99.281 millones y en el de Ipiales llega a $84.659 millones. 

 

Al momento de finalizar esta auditoría no se habían puesto en funcionamiento los nuevos pabellones de ambas cárceles. En las semanas siguientes a la liberación del informe, entró en operación la infraestructura de Ipiales y se espera que la próxima semana suceda lo mismo con la de Girón, lo que cambiaría estos hallazgos por beneficios de auditoría, explicó el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya. 

 

Cárcel de Girón: 6 años de obra y $99 mil millones invertidos 

 

La no entrega oportuna de las obras de la cárcel de Girón (Santander) al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), estaba impidiendo la habilitación de 752 cupos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) para disminuir los niveles de hacinamiento presentados, que en establecimiento presentan una tasa del 25% 

 

Un hecho sobre el cual llamó la atención la Contraloría es que se presentó una falta de coordinación entre el USPEC e INPEC que hizo que, después de 6 años y $99 mil millones invertidos, no se hubiera hecho entrega de ningún cupo y se incumpliera el objeto social. 

 

Al evaluar este proyecto, el organismo de control encontró debilidades en la consecución de permisos y licencias ambientales, así como deficiencias en su planeación, programación y supervisión. 

 

Cárcel de Ipiales: hacinamiento del 61%  

 

En cuanto a la Actuación Especial a la USPEC sobre la ampliación de la cárcel de Ipiales y el avance presupuestal y físico del Proyecto de Sistema Modulares en las cárceles de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena e Itagüí, la Contraloría estableció un total de 10 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta connotación disciplinaria y 1 posible incidencia fiscal (el de la cárcel de Ipiales).  

 

Los auditores realizaron seguimiento a la entrega de obra del proyecto de construcción y ampliación de infraestructura de la cárcel de Ipiales (contrato 401 del 2014), con el fin de determinar si la contratación cumplió con los principios y finalidades de la función administrativa, así como los fines y principios de contratación. 

 

Como resultado de la actuación especial realizada, la Contraloría General de la República encontró que ha habido retrasos en la ejecución de este contrato y no se ha hecho entrega de la obra al INPEC, razón por la cual no se encuentran habilitados a la fecha los 608 nuevos cupos previstos, por lo que se emitió un concepto NO CONFORME al no cumplir con la finalidad inicial de la contratación que era habilitar los mismos para disminuir los niveles de hacinamiento presentados. La tasa de hacinamiento en este centro penitenciario es de del 61%. 

 

Las obras se debían haber entregado el 31 de diciembre de 2019. Ya se terminaron, pero el Centro Penitenciario y Carcelario no se ha puesto en funcionamiento, debido a que el INPEC no recibió la obra como tal, por diferencias técnicas de forma y de fondo que se están subsanando. 

 

Cárceles modulares 

 

En cuanto a los hallazgos en los proyectos de Construcción y Dotación de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria Modular, se destacan los encontrados a las cárceles de Cómbita y Pereira. 

 

En el caso de la cárcel de Cómbita, en desarrollo de la Actuación de la Contraloría se establecieron 6 hallazgos, de los cuales 1 tiene presunta connotación disciplinaria. Se detectaron deficiencias en la planeación del contrato al no definir el alcance de la necesidad y los recursos que demandaría, lo que ha conllevado a adiciones en tiempo y recursos para contratar nuevos ítems u obras inicialmente no previstas, lo que conllevó a incrementar el presupuesto inicial en el 575%. 

 

Y en cuento a la nueva cárcel de Pereira, se encontró 1 hallazgo con presunta connotación disciplinaria. Se evidencian deficiencias en las actividades correspondientes a la etapa de planeación y en la supervisión e interventoría, lo cual ocasionó demoras en la ejecución de la etapa de pre construcción y por ende del proyecto, haciendo más gravoso el hacinamiento carcelario en la región. 

Publicado el 01 jun 2021 7:40


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 56

 

Contraloría hace llamado a desbloquear vías para permitir producción y transporte de Bienestarina

 

Contraloría hace llamado a desbloquear vías para permitir producción y transporte de Bienestarina

 

 

 Un total de 1.194.656 niños, niñas de 0 a 5 años y madres gestantes son los beneficiarios del ICBF que reciben Bienestarina mensualmente. Actualmente, por los bloqueos en las vías, se estarían afectando 432.806 hogares.

 

 De acuerdo con el ICBF el costo total de la afectación entre Bienestarina en polvo y líquida represada es de $6.584 millones.

 

No se han podido disponer las tractomulas para trasladar desde Yumbo (Valle) a Caloto (Cauca) 804.422 unidades de Bienestarina Líquida.

 

 Están en riesgo 44 mil litros de leche almacenada que se podrían perder en tanques ubicados en Caloto.

 

 En Cartago (Valle) se requieren materias primas para adelantar la producción de 579 toneladas de Bienestarina Más.

 

 

Bogotá, 26 de mayo de 2021.- La Contraloría General de la República, de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dio a conocer una preocupante afectación de la integridad del proceso de producción y distribución de Bienestarina en el país, que beneficia mensualmente a 1.194.656 niños, niñas de 0 a 5 años y madres gestantes, debido a los bloqueos que se vienen presentando en las vías del territorio nacional.

 

De acuerdo con el informe solicitado por la Contraloría al ICBF desde el 28 de abril -día en que se dio inicio al paro nacional-, de los más de 20 puntos y plantas de producción las que se han visto más afectadas son las de Cartago (Valle del Caucay Caloto (Cauca), en las cuales se presentó cierre total, deteniendo la producción de la Bienestarina Más (polvo) y Líquida respectivamente. 

 

De igual forma, la información suministrada a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana precisa que actualmente, por los bloqueos en las vías, se estarían afectando 432.806 hogares y el costo total de la afectación entre Bienestarina en polvo y líquida represada es de $6.584.518.930.

 

Según el inventario de suministros por planta de producción, teniendo en cuenta los requerimientos para cubrir el plan de producción de junio 2021, se resalta lo siguiente:

 

 Caloto, Cauca (Bienestarina Líquida): a pesar de los esfuerzos, con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Gobernación del Valle del Cauca y la Defensa Civil, no ha sido posible disponer de las tractomulas que se deben trasladar desde Yumbo a Caloto para hacer el cargue de la Bienestarina Liquida. Tampoco se han podido mover 804.422 unidades que están dispuestas para distribuir en el territorio nacional.

 

Al no tener acceso a la planta, Ingredion, la empresa encargada de la producción anunció que desde la semana del 8 de mayo estaban en riesgo 44.000 litros de leche almacenada que se podrían perder en tanques de una empresa productora asociada, ALIVAL.

 

 Cartago, Valle del Cauca: se requiere gestionar las materias primas para adelantar la producción de 579 toneladas adicionales, debido a que para el mes de junio existe una necesidad que asciende a 1.100 toneladas del alimento.

 

De igual manera, el ICBF explicó que a pesar de los esfuerzos que se han realizado con el Ejército Nacional, la Defensa Civil y sus transportistas para lograr el traslado de 184 toneladas de Bienestarina Más y 309 toneladas de Alimento para la Mujer Gestante, existe una necesidad de completar los esquemas de alimentación.

 

Dentro de las materias primas que tienen mayores déficits para cubrir la necesidad de producción del mes de junio se destacan:

 

Materia Prima

Requerimiento Actual Kg

Situación

ORIGEN

PROVEEDOR

Semielaborado Harina de Trigo

211.719

Déficit

Tuluá/Buga

Industria Harinas Tuluá / Molinos Sta Marta

Semielaborado Fécula de Maíz

109.270

Déficit

Cali

Ingredion

Harina de Soya x 25 Kg

175.400

Déficit

Buga

Grasas

Leche Entera en Polvo

75

Déficit

Medellín

Colanta

Fosfato Tricalcico

1.330

Déficit

La Estrella

HRA Uniquimica

Premezcla Vitamínica Aminoquelada

152

Déficit

Tocancipá

DSM / Granotec

 

 

 

/Yumbo

 

Saco Polipropileno 22,5 Más

1.952

Déficit

Medellín

Plasmar

Laminado Biorientado 900 g Más

1.686

Déficit

Medellín

Cia. Empaques

Harina de trigo fortificada

94.762

Déficit

Tuluá / Buga

Industria Harinas Tuluá / Molinos Sta Marta

Semi elab fecula maiz ICBF x25kg hd

50.508

Déficit

Cali

Ingredion

Harina de soya isn 20-40

84.400

Déficit

Buga

Grasas


El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, se había referido al tema el viernes pasado, en la entrega de un CDI en Bolívar, enfatizando en la problemática que representa el desabastecimiento del alimento: “La Bienestarina no está llegando a los diferentes sitios del país. Los bloqueos no están dejando que llegue a nuestros niños, por eso pedimos que dejen y cesen los bloqueos porque esa no es la forma de hacer un paro”.

 

Frente a estos hechos, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, indicó que “es importante velar por el bienestar de nuestros niños y, así mismo, es fundamental que este complemento alimenticio llegue a todos los beneficiarios, por lo que es necesario que se permita el paso del alimento de los niños”.

 

La Bienestarina es un complemento de alto valor nutricional producido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde el año 1976 para la alimentación de los niños y madres gestantes con mayores necesidades socioeconómicas en el territorio nacional.

Publicado el 26 may 2021 9:00


Logo Procuraduría, Logo Contraloría y Logo Fiscalía

COMUNICADO DE PRENSA

 

Bogotá D.C., 22 de mayo de 2021.
 
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República quieren expresar a la opinión pública:
 
1. La protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política. Somos garantes y protectores de los derechos humanos de toda la población, por ende, en el marco de nuestras competencias, seguiremos trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones en Colombia.
 
2. Los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población.
 
3. Los bloqueos u obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal. Adicionalmente, si son funcionarios públicos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales. Estos actos deben ser rechazados por la sociedad colombiana y enfrentados con todas las herramientas legales e institucionales.
 
4. Hacemos una clara advertencia que todos los niveles de la administración pública deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación.
 
5. Bienvenidos todos los espacios de deliberación y construcción de acuerdos, pero nunca por vías de hecho que saboteen el vivir de los ciudadanos.

Publicado el 22 may 2021 13:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 54

En Bolívar: Contraloría rescató para el servicio de la comunidad dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Acueducto Regional

 

  • El Contralor Felipe Córdoba estuvo hoy presente en la entrega de los CDI de Santa Rosa de Lima y San Estanislao de Kostka y el Acueducto Regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. 

 

  • Estos proyectos lograron culminarse luego de ser incluidos en la estrategia “Compromiso Colombia” que impulsa la CGR. 

 

 

Cartagena de Indias, 21 de mayo de 2021.- El acompañamiento de la Contraloría General de la República, a través de su estrategia “Compromiso Colombia”, permitió rescatar y poner al servicio de la comunidad del departamento de Bolívar los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Santa Rosa de Lima y San Estanislao de Kostka y el Acueducto Regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. 

 

El Contralor Felipe Córdoba destacó este logro al participar en los actos protocolarios de entrega de estas obras. 

Estuvo primero en la entrega del Acueducto Regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, una obra cuyo valor creció, al cabo de 544 días de prórrogas, de cerca de $14.000 millones a más de $20.000 millones. En el caso de los CDI de los municipios de Santa Rosa de Lima y San Estanislao de Kostka, Córdoba celebró que, después de ocho meses de acompañamiento por parte de la Contraloría, comiencen a entrar al servicio los primeros Centros de Desarrollo Infantil para municipios bolivarenses proyectados hace siete años para beneficiar a 5.490 pequeños en el departamento.  

 

“Gracias al esfuerzo mancomunado entre la ciudadanía, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y la Contraloría, hoy ven la luz estos dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que demandaron una inversión de cerca de $7.000 millones”, resaltó el Contralor. 

 

“No hay derecho a que la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil se demore 5 años”, dijo Córdoba en la entrega del CDI de San Estanislao de Kostka, que beneficiará a unos 300 niños. 

 

“No hay derecho. Por eso la Contraloría General de la República tenía que entrar con estas nuevas funciones preventivas, a ayudar que se terminara”, recalcó el jefe del organismo de control. 

 

Acueducto Regional hecho realidad 

Mediante la estrategia “Compromiso Colombia”. la Contraloría General de la República acompaña actualmente 24 proyectos del sector de Agua Limpia y Saneamiento Básico por un total de $403 mil millones, en quince departamentos del país. 

 

Uno de esos proyectos insignia es La construcción de obras del sistema de acueducto regional de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en el departamento de Bolívar. 

 

El proceso de construcción de estas obras tuvo que sortear dificultades relacionadas con el mal estado de las vías que llevan de los centros urbanos a los frentes de trabajo en los corregimientos. 

También se vieron dificultadas por falta de claridad sobre quiénes eran los responsables de la operación del sistema. 

 

Se superaron todos los inconvenientes 

Los pendientes se relacionaban con la adecuada operación del sistema de acueducto regional en términos de calidad, cantidad y continuidad del servicio.   

Aguas de Bolívar, en calidad de contratista y gestor del plan departamental de aguas, no tenía esa competencia como operador. El principal esfuerzo de la Contraloría consistió en lograr un consenso entre los actores responsables. 

El organismo de control consiguió que los alcaldes municipales de San Juan Nepomuceno y San Jacinto recibieran el sistema de acueducto en acta de recibo firmada el pasado 12 de abril, como responsables según la ley 142 de 1994 de servicios públicos. 

El 7 de mayo fue firmado el convenio interadministrativo 002 entre Aguas de Bolívar (gestor del PDA) y los municipios, con el fin de iniciar la etapa de pos-construcción, que consiste en un acompañamiento técnico al personal que se encargará de la operación mientras se define un Operador Especializado. 

La obra quedó a salvo, con la gestión de la CGR que, con la inclusión de este proyecto en “Compromiso Colombia”, realizó siete reuniones de seguimiento a compromisos y cinco visitas de campo.  

 

Primeros Centros de Desarrollo Infantil en operación 

En Infraestructura de Infancia y Adolescencia, “Compromiso Colombia” ha intervenido 13 proyectos por un valor de $32.202 millones en Antioquia y Bolívar. 

El camino recorrido para hacer realidad los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se proyectaron en el departamento de Bolívar ha sido difícil, en ocasiones tortuoso, indicó el Contralor Felipe Córdoba. 

Recordó que su continuidad estuvo amenazada por el incumplimiento de algunas alcaldías en la actualización y entrega de las licencias de construcción. 

En principio, como ocurrió en el municipio de Carmen de Bolívar, nos estaban disponibles lotes idóneos. 

Hubo interrupciones atribuibles además al incumplimiento de los cronogramas de trabajo por parte del contratista. 

En medio de los problemas crecientes, hubo un momento en el que Planeación Nacional suspendió preventivamente los giros. 

 

No había control y seguimiento por parte de la interventoría y estaba demorada la entrega de los planos eléctricos aprobados en su momento por Electricaribe. 

Sin embargo, gracias a los compromisos pactados en el marco de la estrategia “Compromiso Colombia”, hoy ven la luz los CDI Santa Rosa de Lima, San Estanislao de Kotska, que beneficiarán a 600 niños. 

“Los esfuerzos seguirán para sacar adelante todas las obras similares proyectadas para los municipios de Arjona, Córdoba, Carmen de Bolívar, Magangué, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa de Lima, San Estanislao, Villanueva, Zambrano, Arroyo Hondo, Altos del Rosario, El Peñón, Hatillo de Loba, Norosi, Regidor, Barranco de Loba, San Pablo, Simití, Cantagallo, Morales, Rio Viejo y Santa Rosa del Sur”, anunció el Contralor. 

 

El CDI San Estanislao demandó una inversión total de $3.281 millones y el CDI Santa Rosa de Lima de $3.545 millones. 

 

La CGR, a través de la Unidad de Regalías, inició indagaciones preliminares por posibles irregularidades en la construcción y dotación de los 22 Centros de Desarrollo Infantil, por valor de $36.194 millones. 

Publicado el 21 may 2021 18:30