Boletines de Prensa - 2020

Contraloría revisa Acuerdo con el cual posiblemente se privatiza el ICA

COMUNICADO DE PRENSA No. 096

 

  • En virtud del control preventivo y concomitante, la CGR revisará el Acuerdo 002 del 30 de abril de 2020, expedido por el Consejo Directivo del ICA, mediante el cual se creó el Sistema de Autorización a Terceros – SAT.
  • Pese a que la reglamentación de este traslado de funciones administrativas a particulares aún está siendo objeto de revisión por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Contraloría General evaluará los efectos jurídicos, administrativos y fiscales de esta autorización.

 

 

Bogotá, 24 julio de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad.

 

Llaman la atención de la Contraloría General las disposiciones generales del Acuerdo 002 de 2020, en lo que respecta a la excepcionalidad constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas, toda vez que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos.

 

Mediante este Acuerdo del Consejo Directivo del ICA, se pretende autorizar a terceros particulares para ejercer funciones administrativas que corresponden de forma inherente al instituto.

 

La CGR, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, verificará si se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular.

 

Vale anotar que la posibilidad de privatización de los recursos aleja y limita a la Contraloría General de la República de su competencia constitucional, al ser estos manejados directamente por un privado sin distinción del ejercicio legal de que trata la norma respecto a la excepcionalidad de funciones administrativas por particulares y el servicio público prestados por estos.

 

Efectos y riesgos de entregar funciones administrativas del ICA

 

En consideración a estas situaciones y haciendo uso de las nuevas facultades de que dispone la CGR, para alertar de manera preventiva y concomitante sobre el manejo de los recursos públicos y la gestión fiscal de las entidades del Estado, se ha iniciado un ejercicio de planeación para conocer y evaluar los alcances del Acuerdo 002 de 2020.

 

De esta manera, se podrán analizar los riesgos jurídicos, financieros e impacto de estos ante los beneficiarios y el cumplimiento de los fines del Instituto, respecto al servicios que prestará el tercero particular, la tasa o tarifa a cobrar a los usuarios, la destinación de esta y la garantía de la materialización del modelo financiero para que no afecte el patrimonio del ICA.

 

Se busca determinar los posibles efectos y riesgos que se producirían con la entrega de funciones administrativas a un particular, algo que, si bien es permitido por la normatividad vigente, implica una excepcionalidad y reglamentación específica.

 

A la fecha existe un proyecto de Acuerdo, el cual se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para su aprobación. La Contraloría General también evaluará los efectos jurídicos del mismo, una vez se expida formalmente.

 

Equipo de alta categoría

 

Para adelantar este ejercicio de control fiscal preventivo al Acuerdo 002 del 30 de abril de 2020, la Contraloría General cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Delegada para el Sector Agropecuario que conoce la estructura organizacional del ICA y ha venido recolectando y analizando información previa a la expedición del Acuerdo.

Publicado el 24 jul 2020 16:30


En 2019: Por cada 100 procesos que estaban en despachos judiciales, 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo

COMUNICADO DE PRENSA No. 095

  • Así lo indica el seguimiento que ha venido realizando la Contraloría General de la República a los indicadores de gestión de la Rama Judicial.
  • Indicador de congestión de la justicia ordinaria está cercano al 50%; y están por encima de este porcentaje la justicia administrativa, disciplinaria, laboral, civil y de familia.
  • La Contraloría considera que el sector judicial debe profundizar en la habilitación y utilización de nuevas tecnologías tales como Inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios.
  • Hay que masificar el “Expediente Electrónico” y digitalizar los trámites y procesos, dice la Contraloría, organismo de control líder en la utilización de la más avanzada tecnología para revisar el minuto a minuto de la contratación estatal, así como el avance de las obras públicas.

 

Bogotá, 24 de julio de 2020.- Un seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los indicadores de gestión de la Rama Judicial muestra que las cifras de congestión procesal en el país siguen siendo preocupantes, y es así como, en 2019, por cada 100 procesos que se hallaban en los despachos judiciales, 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo en la actual vigencia.

En 2019, el índice de congestión efectivo alcanzó el 50,75%.

Aunque en promedio la jurisdicción ordinaria presentó un indicador de 49,40%, hubo otras cuya congestión las ubicó por encima de ese nivel, así:

*La administrativa, con 60,02%.

*La disciplinaria, con 58,84%.

*La laboral, con 57,63%.

*La civil, con 53,59%.

*Y la de familia, con 53,25%.

Cifras por distritos judiciales

En total, 34 distritos judiciales superaron el promedio nacional de congestión y los más congestionados, La Guajira, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena y Valle, tuvieron índices por encima del 64,5%.

En contraste, se destacan Manizales, Armenia, San Andrés y Providencia, Florencia, Pamplona y Buga, con índices inferiores a 44% de congestión.

El índice de evacuación parcial efectivo a diciembre de 2019 fue de 83,97% y resultó 1,4 puntos porcentuales mayor al registrado en 2018, que fue de 82,57%.

Según esto, en los últimos años el comportamiento en materia de eficacia en la gestión de la Rama Judicial para resolver los procesos a su cargo ha venido creciendo, pero no con la rapidez que requieren los usuarios.

Reforma a la justicia con utilización de nuevas tecnologías

La CGR considera que el sector judicial debe profundizar en la habilitación y utilización de nuevas tecnologías tales como Inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios, herramientas de las que ya dispone este organismo de control para ejercer sus funciones de control preventivo, vigilar en tiempo real el manejo de los recursos públicos y derrotar sin contemplaciones a los corruptos.

Hay que masificar el “Expediente Electrónico” y digitalizar los trámites y procesos, es una de las propuestas que plantea el organismo de control.

También urge capacitar a los servidores en nuevas tecnologías que permitan la optimización de recursos y la descongestión de los despachos, a través de un modelo de arquitectura empresarial.

Igual, considera indispensable fortalecer el sistema de oferta gratuita de asesoría y asistencia jurídica para los ciudadanos que no tienen recursos, con el fin de evitar la sobrecarga de los despachos.

Y es fundamental “promover las formas desjudicializadas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, la mediación, el arbitraje, el amigable componedor y jueces de paz, para que no todos los conflictos lleguen a los estrados judiciales”.

Personal de la Rama

Para 2019, la planta de la rama Judicial alcanzó 31.525 funcionarios, de los cuales 5.473, es decir 17,4% del total, tenían funciones de juzgamiento.

Por cada juez o magistrado hay 4,76 empleados judiciales, cifra que se mantiene constante desde 2018.

En un país como Colombia, con 50 millones de habitantes, se tiene una tasa de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional determinado por la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.

Indicadores de productividad

No hay evidencia de un incremento considerable en el número de personal juzgador vinculado a la Rama Judicial, pues se pasó de 5.471 en 2018 a 5.473 en 2019, con un aumento de tan solo el 0,04%.

En cuanto a la carga laboral por juzgador se tiene que para la vigencia 2019, se presentó un indicador de 882 procesos, con un aumento de 4,27 con respecto a 2018.

El indicador de productividad totaly efectiva, alcanzó 494 y 411 procesos por juez o magistrado, respectivamente.

Sin embargo, aunque la carga laboral por juez aumentó levemente, así como las productividades totales, los resultados obtenidos no presentan mejoras sustanciales en materia de descongestión judicial, como se observa en el número del inventario final de procesos judiciales, que alcanzó los 1’913.309 en 2019.

En cuanto a demandas contra el Estado por fallas atribuibles a la Justicia, el total apropiado para el pago de sentencias y conciliaciones fue de $142.873 millones, distribuidos porcentualmente así:

Consejo Superior de la Judicatura: 39,41%

Fiscalía General de la Nación; 29,91%

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario: 16,20%

Procuraduría General de la Nación: 14,13%.

Por otra parte, en el sistema penitenciario y carcelario 38.079 de los cupos intramurales, es decir el 31%, está ocupado por sindicados, lo que indica que el proceso judicial no está atendiendo de forma oportuna y efectiva los términos establecidos y genera riesgos de demandas en contra de la Nación.

Publicado el 24 jul 2020 08:00


Contraloría reitera solicitud a la Auditoría General de la República para que revise y se pronuncie sobre contrato de suministro de tapabocas

COMUNICADO DE PRENSA No. 094

 

Bogotá, 23 julio de 2020. - Teniendo en cuenta que la Auditoría General de la República es la entidad competente para vigilar y pronunciarse sobre la contratación de la Contraloría General, la entidad reitera la solicitud del oficio del 17 de abril de 2020, para que este órgano de control se pronuncie sobre el contrato de suministro de tapabocas realizado bajo la figura de urgencia manifiesta.

Mediante oficio enviado el día de hoy a la Auditora General se solicitó que ¨en consideración a las diferentes noticias entorno al presente contrato, solicito respetuosamente su pronunciamiento sobre los documentos allegados y que respaldan los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración¨.

Este contrato de suministro se realizó con la empresa Bon Sante SAS, bajo la modalidad de urgencia manifiesta de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 80 y el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

La Contraloría General de la República, a través de la Resolución No. 435 del 16 de abril de 2020, declaró la urgencia manifiesta en la entidad, en tal sentido y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, remitió a la Auditoría General mediante oficio del 17 de abril de 2020, los documentos que respaldan dicha contratación.

La Contraloría hace esta solicitud una vez más con el fin de darle claridad a la opinión pública sobre el proceso contractual que ha sido mencionado por algunos medios de comunicación en los últimos días.

Publicado el 23 jul 2020 18:00


Contraloría tiene identificados más de 90 elefantes blancos en Antioquia

COMUNICADO DE PRENSA No. 093

 

  • Balance de visita de la CGR a tres de estas obras críticas.
  • Del Hospital General del Norte, solo hay un lote en invasión.
  • Maleza y abandono, acompañan las bases deterioradas del frustrado Puente Guaduas.
  • Y camino a convertirse en un “verdadero mamut” de la infraestructura, está el Parque Biblioteca España, donde se invirtieron cerca de $15 mil millones de pesos en su construcción y que, a la fecha, no presta ningún servicio a la comunidad ni se encuentra en operación.

 

Bogotá, 23 julio de 2020. - Las obras de construcción del Hospital General del Norte, el Puente Guaduas y el Parque Biblioteca España, en Medellín, son 3 de los llamados Elefantes Blancos que ha identificado la Contraloría General de la República en el departamento de Antioquia (90 en total).

Dando alcance al programa de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, estos proyectos inconclusos y considerados críticos fueron objeto de una reciente visita por parte de funcionarios de la Gerencia Departamental de la CGR en Antioquia.

El primer proyecto inspeccionado fue el lote baldío de la Comuna 1 sector Aranjuez, lugar en el que se debía ejecutar la construcción del Hospital General del Norte de tercer nivel, con servicios de mediana y alta complejidad y que beneficiaría a unos 650 mil habitantes de los barrios Santa Cruz, Aranjuez, Popular y Manrique.

Esta obra rezagada, que demandaba una inversión de $50 mil millones, sigue sin materializarse luego de que inicialmente se realizara una compra de predios por $650 millones de pesos. Se trata entonces de un proyecto que es reflejo de un presunto detrimento patrimonial por un lote que actualmente se encuentra en situación de invasión por habitantes de calle.

La ineficiente ejecución del Puente Guaduas

Otro de los proyectos identificados como símbolo del despilfarro de los recursos públicos en el departamento de Antioquia es una obra ubicada en la zona de Santo Domingo Savio, también en Medellín. Se trata del Puente Guaduas, cuyo fin era reemplazar la estructura original colapsada en el año 2016 y que permitiera interconectar a dos barrios en la zona nororiental de la ciudad.

De la obra de infraestructura, cuya construcción fue impulsada por el SENA en asocio con la Alcaldía de Medellín y que implicaba una inversión de $750 millones de pesos, hoy solo se advierte deterioro en sus bases, maleza y abandono, evidenciando ineficiencia en la ejecución del proyecto e inoperancia que pone en riesgo a la comunidad, ya que, por el incumplimiento en su ejecución, siguen transitando por trochas para poder desplazarse de un barrio a otro. Por esta obra cursa un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de Medellín.

Parque Biblioteca España: de elefante a mamut

Está también el Parque Biblioteca España, una infraestructura ubicada en la Comuna 1 Popular, con una inversión estimada de $15 mil millones de pesos en su construcción y que a la fecha no presta ningún servicio a la comunidad ni se encuentra en operación.

Este potencial elefante blanco se encuentra en estado crítico, ya que, por supuestas dificultades, debe ser re potencializada con un costo adicional de $10 mil millones, de los cuales se han pagado $1.300 millones, que lo podría convertir en un “verdadero mamut” de la infraestructura.

La Contraloría General de la República, a través de su gerencia de Antioquia, seguirá realizando visitas permanentes, seguimiento y control social en la capital de Antioquia y en todo el departamento, identificando las obras de infraestructuras críticas, a fin de seguir generando alertas a las entidades que tienen competencia e iniciar los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes.

Publicado el 23 jul 2020 09:30


Persiste amenaza de vulnerar derechos a la salud,al agua y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas afectadas por proyecto de desviación del cauce del Arroyo Bruno, en La Guajira

COMUNICADO DE PRENSA No. 092

 

  • En una auditoría de cumplimiento, la Contraloría evidenció debilidades por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y Corpoguajira para hacer frente a los riesgos inherentes al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia SU698/2017.
  • Las fallas en gestión de estas entidades, no mitigan la amenaza de vulneración a los derechos a la salud, al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.
  • La CGR emitió un concepto de INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO en los aspectos evaluados y constituyó 14 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen posible incidencia disciplinaria.
  • Uno de los incumplimientos detectados tiene que ver con los compromisos adquiridos por Corpoguajira en su Plan de Mejoramiento, sin que se hagan efectivas las respectivas compensaciones ambientales por los permisos y autorizaciones otorgados por la autoridad ambiental en este proyecto.
  • La auditoría evidenció un amplio conjunto de debilidades en el Informe Técnico presentado por la Mesa Interinstitucional para sustentar la decisión de mantener el Arroyo Bruno en el nuevo cauce.

 

Bogotá, 22 julio de 2020. - Fallas en la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), están impidiendo que se mitigue la amenaza de vulneración a los derechos a la salud, al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto de desviación del cauce del Arroyo Bruno, en La Guajira, por parte de la empresa Cerrejón, amenaza que fue reconocida por la Corte Constitucional en su Sentencia SU698/17.

Así lo determinó la Contraloría General de la República en una auditoria de cumplimiento sobre los aspectos ambientales de dicha sentencia.

Como resultado de la auditoría realizada, el organismo de control emitió un concepto de INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO en los aspectos evaluados y constituyó 14 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen posible connotación disciplinaria, que se trasladarán a la Procuraduría General de la Nación.

Fallas de gestión de las entidades auditadas

La auditoría, realizada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente con la participación de la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, evaluó el cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en la Sentencia SU698/17, relacionados con la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y Corpoguajira para la protección del Arroyo Bruno.

Se evidenciaron debilidades por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y Corpoguajira para hacer frente a los riesgos inherentes al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia SU698/2017.

Mediante esta sentencia, que tuvo ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno, afluente del Río Ranchería.

CONCLUSIONES GENERALES de esta Auditoría de Cumplimiento

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República emitió un concepto de INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO en los aspectos evaluados, fundamentado en lo siguiente:

* Deficiencias que impactan el cumplimiento de las Órdenes Quinta y Octava de la Sentencia SU698/17.

*En relación con la Orden Quinta de la sentencia de la Corte Constitucional, la auditoría determinó la ausencia de un plan de trabajo que se constituya en la hoja de ruta para los actores que hacen parte de la Mesa Interinstitucional de Trabajo, responsable del cumplimiento de la Sentencia SU698/17.

*En cuanto a la Orden Octava, la auditoría se enfocó en la evaluación al Informe técnico presentado por la Mesa Interinstitucional para sustentar la decisión de mantener el arroyo Bruno en el nuevo cauce.

Fue así como se determinaron varias situaciones que dan cuenta de:

  1. Debilidades en la rigurosidad del método de valoración económica y debilidades en la aplicación del método elegido frente a la garantía de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades afectadas.
  2. Debilidades en relación con las fuentes de información, los soportes documentales y los datos considerados en las evaluaciones realizadas.
  3. Debilidades en la evaluación de los posibles impactos.

*Incumplimiento de los compromisos adquiridos por Corpoguajira en su Plan de Mejoramiento (medidas de compensación de licencias ambientales en sectores de minería e hidrocarburos).

La auditoría determinó que la acción correctiva planteada por Corpoguajira en su Plan de Mejoramiento y sus actividades en conjunto, no fueron cumplidas y en consecuencia no fueron efectivas para superar las causas que dieron lugar al hallazgo configurado por la CGR en 2017 y en consecuencia, los efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por los permisos y autorizaciones otorgados por Corpoguajira persisten en el tiempo, sin que se hagan efectivas las compensaciones respectivas.

Publicado el 22 jul 2020 08:30