Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 68

 

Contraloría General dejó en firme fallo fiscal por $1.146 millones contra exalcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) Marco Tulio Sánchez

 

Pieza gráfica con fotografía de Zipaquira Contraloría General dejó en firme fallo fiscal por $1.146 millones contra exalcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) Marco Tulio Sánchez 

  • El exfuncionario pagó y reconoció a contratista un presunto desequilibrio económico que no tenía soporte y no consultó su decisión con el interventor. 

 

 

Bogotá, 17 de junio de 2021.- La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $1.146 millones, a título de culpa grave, contra el exalcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) Marco Tulio Sánchez Gómez. 

 

Esto por el manejo irregular de recursos públicos que se dio al reconocer y pagar un supuesto desequilibrio económico en cuantía de $900 millones al contratista Consorcio Hospitalario CCA, como compensación por diferentes suspensiones en la ejecución del contrato de obra pública No. 044 del 28 de noviembre de 2011. 

 

El objeto de este contrato fue la “Construcción de la Fase II del Hospital de Tercer Nivel con servicios de Cuarto Nivel para el Municipio de Zipaquirá”, por valor de $9.763 millones. 

  

Pago de compensación sin soporte 

 

El reconocimiento del presunto desequilibrio económico no aparece soportado (ni registrado, ni mencionado) en el acta de liquidación del contrato de obra referido. 

Además, en su petición a la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, el contratista no detalló ni acreditó los supuestos sobrecostos que debió asumir como consecuencia de los defectos que se presentaron en la ejecución de la Fase I del contrato de construcción del hospital. 

 

Y se determinó, igualmente, que el exalcalde no consultó el concepto de la firma Unión Temporal Salud Zipaquirá, encargada de la interventoría técnica y supervisión administrativa, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra Fase II. 

 

Marco Tulio Sánchez Gómez ejerció como Alcalde Municipal de Zipaquirá en el período 2012-2015. 

 

Riesgos previsibles para el contratista 

 

El contratista de la Fase II del hospital, al igual que la Administración Municipal, tenía conocimiento de las demoras para la entrega de las obras de la Fase I. 

 

La Contraloría consideró que, al momento de no participar en la audiencia de revisión y asignación de riesgos y con la presentación de su propuesta económica, el contratista Consorcio Hospitalario CCA “aceptó de manera expresa e inequívoca el riesgo previsible que implicaba aspirar a la celebración del contrato de obra de la Fase II para la construcción del Hospital de Zipaquirá pese a que no se habían terminado de ejecutar las obras de la Fase I”.  

 

Estimó que las circunstancias que antecedieron el proceso de contratación de la Fase II, para la culminación de obras en el hospital, a finales del año 2011, fueron riesgos previsibles que estuvieron en cabeza del Consorcio Hospitalario CCA como contratista, incorporados dentro de la presentación misma de su propuesta y por consiguiente no podía alegar ningún desequilibrio económico. 

 

Valor indexado 

 

El daño patrimonial causado en este caso ascendió a la suma de $900 millones, que al ser indexada quedó en $1.146 millones. 

 

Este proceso se originó en un hallazgo fiscal detectado en la auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) al Municipio de Zipaquirá, sobre la Vigencia 2014. 

 

El fallo de primera instancia fue proferido por el Director de Investigaciones No. 3 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y dejado en firme por la Contralora Intersectorial No. 8 de esta misma dependencia.

Publicado el 17 jun 2021 8:20


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 67

 

Aprobación de reforma a la justicia:  4 artículos alinean la inhabilidad de responsables fiscales a fallo de la CIDH en caso de exalcalde de Bogotá  

 

Pieza gráfica del titular, sobre la reforma a la justicia.

  • Además, desarrollan trámite preferencial constitucional del control judicial a fallos con responsabilidad fiscal.  

 

  • La inhabilidad derivada de ser declarado responsable fiscal y no haber pagado la condena, no aplicará a los cargos de elección popular. 

 

  • Dicha inhabilidad solo podrá ser aplicada por decisión judicial en los términos establecidos en los artículos 185A y 185B del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

  • Se abrevia el trámite del control jurisdiccional de las decisiones con responsabilidad fiscal, incluida la primera y segunda instancia. No podrá ser superior a un año. 

 

  • El órgano de control fiscal podrá solicitar incidente de declaración judicial para ocupar cargos de elección popular. 

 

  • Se podrá acudir a tal recurso cuando contra la decisión de responsabilidad fiscal no se hubiese interpuesto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el término legal. También cuando el responsable fiscal no hubiese efectuado el pago correspondiente. 

 

  • Los controles automáticos de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal que se encuentren en trámite para la fecha en que entre en vigencia la ley estatutaria de reforma a la justicia se declararán terminados y serán devueltos al órgano de control de origen. 

 

Bogotá, 16 de junio de 2021.- El proyecto de ley estatutaria de reforma a la justicia, aprobado ayer en su último debate en el Congreso, incluye cuatro importantes artículos que adecuan el ordenamiento jurídico en el tema de responsabilidad fiscal al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del exalcalde de Bogotá y hoy senador Gustavo Petro. 

 

Adicionalmente, desarrollan el trámite preferencial del control judicial a los fallos con responsabilidad fiscal establecido en el Acto Legislativo 04 de 2019. 

 

Se trata de los artículos 88, 89, 90 y 91, en cuya elaboración se trabajó conjuntamente con el Consejo de Estado y el Congreso de la República. 

 

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso mencionado, se centra en la orden de adecuación del ordenamiento jurídico interno teniendo en cuenta la violación de cláusulas de la Convención Interamericana, especialmente la 23.2, que determina que la reglamentación o limitación de los derechos políticos debe darse por condena de juez penal competente, lo cual en la práctica equivale a que el derecho a ser elegido, no puede ser limitado o anulado por parte de autoridades administrativas. 

 

En consecuencia y acorde con el andamiaje constitucional y legal de las diferentes jurisdicciones en el país, los mencionados artículos establecen que la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular por responsabilidad fiscal declarada, no es aplicable sino por decisión judicial que deberá estar contenida en la sentencia que defina el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que, a su vez, tendrá un trámite preferente no superior a un año o, en caso de que este medio de control no es ejercido por el interesado, estará contenida en decisión judicial proferida en incidente de declaración de inhabilidad promovido por los órganos de control fiscal correspondientes.

 

 

Publicado el 16 jun 2021 14:10


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 66

 

Presuntas irregularidades llegan a $32 mil millones:  

 

Contraloría encontró inconsistencias en pagos de subsidios de vivienda FOVIS 

 

Fotografía de FOVIS de Canal Uno, más titular de comunicado.
 
  • Se evidencian varias presuntas irregularidades en el pago de los subsidios del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), administrado por las Cajas de Compensación Familiar. 
  • Alertas de la CGR muestran aportes a fallecidos y pagos realizados a personas que no cumplen con los requisitos. 
  • Aunque registran propiedades a nivel nacional, unas 220 personas fueron beneficiadas por 19 cajas de compensación con el subsidio FOVIS, en un monto que suma cerca de $7 mil millones. 
  • También se reporta el pago del FOVIS a 272 personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos mensuales, asignaciones irregulares que suman en total $5.285 millones.
  • Se evidencia igualmente el fenómeno de doble pago del subsidio. 
  • En 8 departamentos se concentran las mayores alertas. 

 

 

Bogotá, 16 de junio de 2021.- La Contraloría General de la República alertó sobre presuntos manejos irregulares, por unos $32 mil millones de pesos, en la asignación y pago de los recursos otorgados para los subsidios que otorga el Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), administrado por las Cajas de Compensación Familiar.  

 

En un cruce de datos que realizó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, con corte al año 2020,se encontró que hay 220 personas que tienen más de un subsidio FOVIS asignado, casos que se presentan en 7 cajas de compensación a nivel nacional y que suman recursos por más de $13 mil millones de pesos.  

 

Y al efectuar el cruce con la base de datos de la Registraduría Nacional, se halló una persona fallecida en Cartagena que aparece favorecida con $26.334.090 retribuidos por la caja de compensación. 

 

Adicionalmente, al revisar la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se determinó que 220 personas fueron beneficiadas por 19 cajas de compensación con el subsidio FOVIS, aun cuando reportaban propiedades a nivel nacional. Se estima que el monto implicado en esta presunta irregularidad está cercano a los $7 mil millones de pesos. 

 

Subsidio a personas de ingresos superiores 

 

Para aplicar a este subsidio, se deben tener ingresos menores a cuatro salarios mínimos y no ser beneficiario de programas del Ministerio de Vivienda (Excluyendo Mi Casa Ya). Sin embargo, dentro de este grupo se reporta el pago del FOVIS a 272 personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos mensuales, asignaciones irregulares que suman en total $5.285 millones de pesos. 

 

Doble pago de subsidios 

 

La Contraloría General verificó igualmente que 34 cajas de compensación reportaron pagos a personas que también habían sido beneficiadas con otros subsidios del Ministerio de Vivienda, arrojando 273 casos detectados y cerca de $7.242 millones de pesos otorgados presuntamente de manera irregular. 

 

Departamentos que concentran las mayores alertas 

 

La mayoría de los reportes y alertas generadas por la Contraloría se registran en 8 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca y Cundinamarca. 

 

Llamado de atención a las Cajas de Compensación Familiar 

 

Al revelar estas alertas, la Contraloría General de la República formuló un llamado a las Cajas de Compensación Familiar para que se dé una correcta revisión, postulación y asignación de los solicitantes, para evitar irregularidades y contratiempos en el pago de los subsidios familiares de vivienda en todas sus modalidades. 

 

 

¿Qué es y cómo funciona el Subsidio Familiar de Vivienda? 

 

El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte en dinero que se otorga por una sola vez al beneficiario a través de las Cajas de Compensación Familiar, como complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición o construcción de una vivienda de interés social o el mejoramiento del inmueble.   

 

En el país, las cajas de compensación son las responsables del proceso de postulación, asignación y pago de estos subsidios FOVIS, disponiendo alrededor de $1 billón de pesos con los que se asignan más de 52.000 subsidios en todo el territorio nacional, de acuerdo con los requisitos de postulación definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 

Las familias que pueden acceder a este beneficio son hogares con ingresos inferiores o iguales a cuatro salarios mínimos legales y donde ninguno de los integrantes del grupo familiar solicitante sea propietario.  

 

            

GRÁFICO DE INCOSISTENCIAS DETECTADAS POR LA CGR 

Gráfica PNG de las INCOSISTENCIAS DETECTADAS POR LA CGR

Publicado el 16 jun 2021 10:05


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 65

 

Contraloría General emite alertas por cerca de 1 billón de pesos en el sector de Minas y Energía

 

Pieza gráfica con el titular del comunicado con ilustración de ícono que representa las Minas y energías y fotografía de energía de la NASA

 

 

  • Miles de activos de la Nación no tienen el registro de administrador correspondiente. 

 

  • Se presentan esquemas que no garantizan la sostenibilidad de los proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos donde se han invertido millonarios recursos. 

 

  • Se detectó también que el no cobro de la contribución especial en los contratos de obra pública es recurrente en varias entidades. 

 

  • Falta de gestión jurídica para acometer procesos de cobro tiene en riesgo de pérdida millonarios recursos públicos. 

 

  • Estas alertas se emiten por un cruce de información de la Contraloría Delegada de Minas y Energía con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). 

 

Bogotá, 15 de junio de 2021.- El nuevo marco del control fiscal establecido para la Contraloría General de la República, promulgado en el Acto Legislativo No. 04 de 2019, faculta a este organismo de control para ALERTAR a las oficinas o unidades de control interno sobre aquellas situaciones que denoten POSIBLE RIESGO O PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS con el fin de que focalicen el ejercicio de sus funciones, para lo cual podrán tomar las medidas que estimen necesarias. 

 

Igualmente, establece un Sistema de Alertas de Control Interno que tiene por objeto registrar la información originada en el control multinivel del gasto público, en sus dos primeros niveles: el interno y el de fiscalización externa ejercida por la Contraloría General de la República, desde la perspectiva de la administración del riesgo a través de alertas recíprocas, con el fin de promover sinergias entre el control interno y el seguimiento permanente al recurso público y materializar así el ejercicio del control fiscal preventivo y concomitante. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía en desarrollo de varias Actuaciones Especiales de Fiscalización y de Auditorías Financieras realizadas en el primer semestre de este año, estableció situaciones administrativas en 7 de las entidades vigiladas que le llevó a establecer 10 alertas de control interno ante el posible riesgo de pérdida de recursos públicos si sobre dichas situaciones detectadas no se toman las medidas pertinentes y oportunas. 

 

Las alertas levantadas, la causa y el impacto económico en cada una de las entidades vigiladas son: 

 

1. REFICAR: 1.956 activos de los 37.992 registrados por la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. en las dos sociedades SAP (CO02 y MDTO) a diciembre 31 de 2020, no tienen administrador responsable de los mismos. 

 

Impacto económico: US$162.128.045 ($ 583.660.962.800) 

 

2. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -FAZNI: 

 

        Se presentan esquemas que no garantizan la sostenibilidad de los proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SFV) generando la pérdida o deterioro anticipado de los activos, sumado a una regulación transitoria de tarifas y subsidios. Desconocimiento de las condiciones de la infraestructura de los SFV y su funcionamiento.  

 

        Se deben hacer los ajustes por reducción de usuarios al suscribir acta de liquidación, lo cual debe generar devolución.  

 

        Mayor valor aportado al encargo fiduciario, que debe generar devolución. 

 

        Ajuste por cambios en el alcance del contrato al suscribir acta de liquidación por presentar saldo en la fiducia. 

 

Impacto económico: $ 281.404.775.734  

 

3. CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad. (Ley 1106/06 Art.6º). 

 

Impacto económico: $41.010.212.362,60 

 

4. ECOPETROL: durante la vigencia 2020 no ejerció la oportuna acción de repetición tendiente a la recuperación de los recursos pagados, en diferentes procesos en los cuales fue vencida en litigio, al igual que en algunos acuerdos conciliatorios en los cuales debió indemnizar a la parte demandante.  

 

Adicionalmente, en ninguno de los casos en los cuales la decisión de Comité de Defensa Judicial y Extrajudicial de Ecopetrol fue la de no iniciar la Acción de Repetición, se evidenció el cumplimiento por parte del Comité de lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, en el sentido de informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo la decisión de no instaurar la acción de repetición, anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de dicha decisión. 

 

Impacto Económico: $20.465.227.110 

 

5. OLEODUCTO CENTRAL S.A. – OCENSA: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º). 

 

Impacto económico: $9.547.130.423 

 

6. ECOPETROL: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º). 

 

Impacto económico: $7.393.404.2917  

 

7. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR): la entidad no realiza la retención del 5% de la contribución especial sobre los contratos de obra pública. 

 

Impacto económico: $2.001.944.800 

 

8. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR) Y MINISTERIO DE MINAS: si bien la Ley 1940 de 2018 faculta al Ministerio de Minas y Energía para disponer de los recursos para Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de las centrales de generación de las Zonas No Interconectadas (ZNI), no se justifica continuar realizando estas erogaciones, teniendo en cuenta que según indicaciones de CEDENAR, “algunos de los activos se encuentran como no operativos y otra porción, si bien están operativos, ya han cumplido su vida útil y en la actualidad podrían ser más costosos sus mantenimientos”, y estos municipios desde el 2018 ya se encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional. 

 

Impacto económico: $1.814.110.964 

 

9. OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º). 

 

Impacto económico: $822.308.878 

 

10. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR): el comportamiento de la cartera por concepto de arrendamientos operativos evidencia acumulación de saldos sin gestión de cobro por parte de la empresa, omisión en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como también en la aplicación de las cláusulas octava y décima segunda de los contratos, poniendo en riesgo los ingresos de la entidad. 

 

Impacto económico: $263.021.535 

Publicado el 15 jun 2021 7:05


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 64

 

Habría un detrimento de $2.318 millones: Ejército compró 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar

 

Pieza gráfica: Habría un detrimento de $2.318 millones: Ejército compró 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar

 

  • El hallazgo, de carácter fiscal y disciplinario, se determinó en una Auditoría Financiera que realizó al Ejército Nacional la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad. 
  • Los visores nocturnos fueron comprados en Estados Unidos para usarse en operaciones militares, pero los peritajes técnicos indican que son de grado 3, o sea los normalmente utilizados por deportistas extremos, y los cuales no tienen un nivel de control y seguimiento estricto por parte del gobierno americano.  

 

Bogotá, 10 de junio de 2021.- Una Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República al Ejército Nacional estableció una posible pérdida de recursos de $2.318 millones de pesos, por la compra de 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar, de aquellos utilizados por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos como habían sido contratados, sino de que los emplean deportistas extremos, para alpinismo, montañismo y cacería. 

 

Se determinó que los bienes recibidos por el Ejército Nacional, al no ser de uso militar y no cumplir con los estándares de calidad requeridos, no satisfacen ni van a satisfacer la necesidad para la cual fueron adquiridos: ser usados por las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano en operaciones militares. 

 

El detrimento patrimonial se da entonces por el hecho de que los visores nocturnos adquiridos no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.  

 

Para la Contraloría, esta situación se generó por una gestión ineficaz e ineficiente que no se compadece con los fines y cometidos del Estado, producto de deficiencias en las decisiones y los controles establecidos para la recepción de bienes y la supervisión del contrato.  

 

El hallazgo detectado por la Contraloría tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 

 

Fueron recibidos a satisfacción 

 

Los 52 visores nocturnos (de referencia CK-1500) fueron comprados por medio de la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea -ACOFA , a través del contrato 035-ACOFA-EJC-2017, suscrito el 28 de octubre de 2017, y cuyo precio fue establecido en moneda estadounidense (US$729.960, o sea $2.318 millones para esa época). 

 

Como parte de los estudios previos del proceso contractual, se contempló la norma técnica especifica de los visores nocturnos a adquirir, “JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-220/ARM” del Ejército Nacional. 

 

Se trata requerimientos técnicos concretos que debían cumplirse para poder ser usados por la Unidades de Fuerzas Especiales en operaciones militares. 

 

Después de varias prórrogas otorgadas al contratista, los bienes fueron recibidos por primera vez el 28 de diciembre de 2017. No superaron las pruebas y por consiguiente se determinó devolverlos al contratista para hacer efectiva la garantía técnica contemplada en el contrato. 

 

Luego de hacerse efectiva la garantía técnica, los 52 visores nocturnos fueron recibidos a satisfacción de manera definitiva el 4 de octubre de 2018, indicando en el acta respectiva que los visores se encuentran aptos para el servicio (cumplen con los requisitos técnicos). 

 

Una vez recibidos fueron pagados por el Ejército Nacional, CENAC AVIACIÓN, entre octubre y noviembre de 2018, por la suma total de USD$726.959,71, que en conversión a pesos colombianos para la época de los hechos está representada en $2.318.088.954,00. 

 

Visores no cumplían requerimientos técnicos 

 

Al realizar la Auditoría Financiera al Ejército Nacional, correspondiente a la vigencia 2020, la CGR revisó este contrato y entrevistó en abril pasado al funcionario del Ministerio de Defensa que en octubre de 2020 realizó peritaje técnico a los visores adquiridos, dentro de un proceso penal que adelanta la Fiscalía. 

 

El experto dijo a la Contraloría que “los visores nocturnos revisados durante el peritaje no se consideran equipos de especificación militar, pues su denominación la refieren como CK-1500 y esa referencia no existe en ningún manual técnico de mantenimiento, los cuales deben ser expedidos por los fabricantes de los visores nocturnos, homologados también por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos”. 

 

Su conclusión al respecto es que los bienes recibidos no cumplían con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.  

 

Y agregó una respuesta que da sustento a la Contraloría para determinar en este caso la ocurrencia de un posible detrimento patrimonial y es que, “dentro los observado en el peritaje realizado, se observa que las características de los visores nocturnos examinados se podrían clasificar en el nivel 3 por sus características técnicas”. 

 

Dice el perito que aquellos equipos clasificados en el nivel 3 son designados para ventas comerciales, normalmente utilizados por deportistas extremos, para alpinismo, montañismo y cacería; y no tienen un nivel de control y seguimiento estricto por parte del gobierno americano.  

 

Los del nivel 1 son destinados para uso exclusivo de las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos y los equipos clasificados en Nivel 2 son susceptibles de venta a países amigos, siempre y cuando cumplan con las regulaciones internacionales para tráfico de armas (ITAR). 

 

Hallazgo trasladado a la Procuraduría 

 

La respuesta del Ejército a la Contraloría no desvirtúa la observación de la auditoría, por lo que se mantuvo el hallazgo comunicado. Y si bien la entidad manifiesta que se inició una indagación disciplinaria por irregularidades en el contrato 035-ACOFA-EJC-2017, este organismo de control determinó trasladar el hallazgo de carácter disciplinario a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia. 

Publicado el 10 jun 2021 8:00