Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 78

 

Contraloría General promueve constitución de 6 Veedurías Ciudadanas para hacer seguimiento al plan de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina 

 

Fotografía de ciudadanos y CGR con titular del comunicado Contraloría General promueve constitución de 6 Veedurías Ciudadanas para hacer seguimiento al plan de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina

 

  • Las veedurías conformadas realizarán la vigilancia a la gestión pública de autoridades y entidades que desarrollan proyectos en los sectores de Vivienda, Hotelería y Turismo, Servicios Públicos, Educación y Salud, lo mismo que al proyecto de construcción del Aeropuerto El Embrujo. 
  • Las veedurías están integradas por 31 ciudadanos de las islas de Providencia y Santa Catalina. 

 

 

Providencia y Santa Catalina, 7 de julio de 2021.- La Contraloría General de la República, en desarrollo del Especial Seguimiento que realiza a los recursos dispuestos para el proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, promovió la constitución de 6 veedurías ciudadanas que le permitirán a los ciudadanos de estas islas ejercer, con el acompañamiento del organismo de control, vigilancia sobre la gestión pública de las diferentes entidades involucradas. 

 

Através de su Delegada para la Participación Ciudadana, y de la mano de la ciudadanía de Providencia y Santa Catalina, la CGR convocó a los habitantes interesados en ejercer su derecho de vigilancia y control en este tema. 

 

Fue así como, con el apoyo y presencia de la Personera Municipal, Nathalie Lever Corpas, en calidad de garante del proceso, se conformaron las veedurías para 5 sectores: Vivienda, Hotelería y Turismo, Servicios Públicos, Educación y Salud. Y habrá una más para el proyecto de construcción del Aeropuerto El Embrujo. 

 

En total, estas 6 Veedurías están conformadas por 31 ciudadanos de las islas de Providencia y Santa Catalina. 

 

“Desde el día cero estamos haciendo un especial seguimiento a los recursos dispuestos para el proceso de la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero en el último trabajo de seguimiento promovimos la constitución de estas 6 veedurías ciudadanas a los diferentes proyectos que se vienen ejecutando”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez. 

 

“Con las veedurías ya iniciamos trabajo. Pues se citaron a las diferentes entidades ejecutoras, con las cuales se socializó directamente los diferentes proyectos, el alcance y desarrollo de estos. Y el resultado fue muy positivo, pues se resolvieron no solo dudas que tenía la comunidad, también fue el espacio para dar solución a varios problemas que se han presentado durante la ejecución del proceso”, explicó el funcionario. 

 

Por su parte Jimmy Taylor, integrante de la Veeduría Ciudadana a Servicios Públicos explicó: “Es muy importante que se hayan constituido estas veedurías a través de la Contraloría General, para que haya dinamismo y las entidades comprometidas con la reconstrucción cumplan con sus deberes y los retos propuestos. Es por eso que tenemos mucha esperanza en la Contraloría para que nos colaboren y, de la misma manera, nosotros como veedores haremos nuestro deber de hacer los seguimientos respectivos de la mejor manera y objetivamente”. 

 

La veeduría ciudadana es un mecanismo democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones comunitarias, que permite vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que total o parcialmente se empleen los recursos públicos.  

 

Socialización de estado de avance de proyectos. 

Ante las diferentes inconformidades manifestadas por los beneficiarios de los proyectos, respecto a la ejecución de los mismos, avance físico, financiero y retrasos que presentan las obras, la CGR, como apoyo a las veedurías constituidas  se articuló con las entidades que tienen a su cargo la ejecución de los procesos con el objeto de adelantar una socialización del estado de los proyectos de vivienda y establecimientos turísticos e igualmente resolver algunas inquietudes que se tienen en relación con los materiales utilizados y avances alcanzados. 

 

“Durante la promoción de las veedurías con la ciudadanía, se adelantaron reuniones con el Vicepresidente Técnico de Findeter, Juan José Oyuela Soler, funcionarios de Fontur, docentes y rectores de las instituciones educativas Junín, Bombona y María Inmaculada, quienes expusieron el desarrollo de cada uno de los proyectos de construcción, el uso de materiales y estado de los proyectos”, destacó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. 

 

“De igual manera, la Contraloría General brindó capacitación sobre la Ley 850 de 2003, norma que reglamenta constitución de las veedurías ciudadanas, contempla las reglas específicas para su creación, principios democráticos que rigen su organización interna, restricciones y limitaciones, así como las condiciones y herramientas especiales para que los ciudadanos ejerzan la función de vigilancia y control”, destacó. 

 

Logros obtenidos 

  • Findeter, revisó en el tiempo previsto los casos puntuales del estado de las viviendas que fueron solicitados   por la ciudadanía, en el marco de la socialización del proyecto el día 29 de junio de 2021. 
  • La conformación de seis veedurías ciudadanas a los proyectos que se ejecutan sobre vivienda, salud, transporte, servicios públicos, turismo y educación. 
  • Que la comunidad clarificara cual era el avance real de los proyectos en materia de vivienda y hotelería. 

 

Observaciones y recomendaciones de la CGR 

  • La no entrega de copias de las actas de recibo de algunas viviendas que fueron donadas. 
  • El desconocimiento manifestado por algunos beneficiarios en relación con la entrega de copia de las actas de recibo de las viviendas. 
  • La no culminación en su totalidad de las viviendas, cuyo compromiso estaba establecido con anterioridad para el mes de junio. 

 

Alertas 

  • La realizada por la comunidad en relación con el bajo avance que presentan en su mayoría los proyectos. 

 

VEEDURÍAS E INTEGRANTES 

Veeduría Vivienda: 

La veeduría fue conformada por ciudadanía de los sectores de Agua Mansa, Pueblo Libre, La Montaña y Agua Fresca. Hacen parte de la misma, Leonardo Tober, Andrea de Armas, Inés Ward, Joyce Hooker, Melany Bernard y Ana Isabel Márquez, quienes se encargarán de realizar un seguimiento a las 1.787 viviendas, de las cuales 910 son nuevas y 877 para reconstrucción. 

 

Veeduría Hotelería y Turismo: 

En total son 7 los ciudadanos que hacen parte de esta veeduría, con el propósito de realizar un seguimiento a la intervención de los establecimientos turísticos que se catalogan con afectaciones baja, media baja, media alta y alta muy alta, Sus integrantes son: Juanita Ángel, Joyce Hooker, Paulino Gamboa; Scherylin Hulfrigton; Melany Bernard Archibol, José Rafael Arenas y Patricia Pérez, quienes residen en los sectores Agua Dulce, Agua Mansa y Sur Oeste. 

 

Veeduría servicios públicos: 

Esta veeduría hará seguimiento a la realización de los proyectos que se ejecutarán sobre agua potable saneamiento básico e infraestructura eléctrica. Fue conformada por habitantes de los sectores Agua Dulce, Agua Mansa, Sur Oeste y Fresh Watter Bay. De esta hacen parte ingenieros ambientales y civiles y ciudadanía, entre los que se encuentran Lilia María Word, Jimmy Taylor, Daniel Archibol, Garzy de la Cruz y Leonardo Joya. 

 

Veeduría Educación: 

Son 6 los integrantes de esta veeduría: Rossa Brittos, Julieta Hooker, Luis Taylor, Ayde Archibol, Angela María Sánchez y Claudio Virgilio Orozco, quienes harán seguimiento a la ejecución de los recursos y obras que se adelantarán en las instituciones educativas que sufrieron afectaciones en las infraestructuras, en los colegios María Inmaculada, Junín y Bomboná.  

 

Veeduría Salud:  

Shane Edward Hooker Smith, Laudina Audriany y Ana Isabel Márquez ciudadanos de los sectores Agua Dulce y Punta Rocosa, son los integrantes de esta veeduría ciudadana, que se encargará de realizar seguimiento a la E.S.E Hospital Departamental de Providencia, que contará con una infraestructura física de 909 m2 para la construcción de los servicios de urgencias, partos, cirugía ambulatoria, consulta externa, proceso de esterilización, toma de muestras y área de imagenología entre otros espacios. 

 

Veeduría proyecto construcción Aeropuerto El Embrujo

Para la construcción de una nueva terminal de pasajeros, torre de control, instalaciones de servicios médicos; construcción de nueva plataforma y calles de rodaje, se constituyó igualmente una veeduría ciudadana, integrada por los profesionales Steeve Hooker y Leonardo Joya. 

 

Publicado el 07 jul 2021 10:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 77

 

Contraloría estableció 3 hallazgos fiscales en auditoría a la Triple A y consideró deficiente su gestión contractual

 

Fotografia del logo de la Triple A de Barranquilla con titular que dice Contraloría estableció 3 hallazgos fiscales en auditoría a la Triple A y consideró deficiente su gestión contractual

 

  • El control interno de esta empresa es ineficiente, señala también el organismo de control. 

 

Bogotá, 7 de julio de 2021.- La Contraloría General de la República finalizó una Actuación Especial de Fiscalización (AEF) a la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla, estableciendo 7 presuntos hallazgos disciplinarios y 3 de posible carácter fiscal por más de $119 millones, otorgándole un concepto sobre su gestión contractual de “Incumplimiento material con reserva” y una calificación de “Ineficiente” para sus mecanismos de control interno. 

 

En total se configuraron 9 hallazgos administrativos, de los cuales, los 3 con incidencia fiscal suman exactamente $119.792.623,86

 

La Actuación Especial se realizó en virtud de la competencia prevalente de la CGR y en ejercicio del control fiscal preferente, que le permitió asumir vigilancia y control fiscal a la Triple A respecto de las vigencias 2018, 2019 y 2020. 

 

Se analizó y evaluó la gestión fiscal adelantada sobre el Convenio 012016002303 de 2016, por valor de $1.808.355.200 y el contrato de concesión suscrito entre el Distrito de Barranquilla y la Sociedad Triple A S.A. E.S.P. Igualmente, se auditaron los recursos procedentes de las regalías que paga esta empresa al Distrito de Barranquilla en contraprestación por el contrato de concesión, por un monto de $47.129.286.683

 

Concepto sobre la Gestión Contractual: incumplimiento material con reserva 

 

Este concepto se explica por las debilidades observadas en la planeación, seguimiento, control, supervisión y ejecución del Convenio 012016002303 de 2016, así como el incumplimiento identificado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de las normas que regulan los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

 

Algunas de las deficiencias detectadas son las siguientes:  

  • Debilidades en la planeación que se evidencian en la modificación del 67% de las direcciones establecidas para la ejecución de obras.  Así mismo, la realización de pago por maquinaria en stand by y cambios en los porcentajes de los pagos del convenio, sin mediar modificación del mismo.  
  • Debilidades en la gestión contractual evidenciadas en diferencias en el cobro de cantidades de algunos materiales utilizados en las intervenciones de los ítems cobrados al Distrito y los soportes anexos a la liquidación de las Órdenes de Trabajo de los contratistas de Triple A, así como ausencia de previsión en el convenio del valor y/o porcentaje por concepto de administración, imprevistos y utilidad (AIU) en alguna de sus etapas, concepto que, sin embargo, ha sido cobrado. 
     
  • Diferencias entre el valor de los bienes dados de baja y reversiones reportados, frente al valor establecido en los informes técnicos y avalúos de los bienes que hacen parte integral de las actas de baja. 

 

Calificación de los mecanismos de Control Interno:  Ineficiente 

 

La CGR determinó que la calificación del control interno es ineficiente, frente a los mecanismos de control diseñados e implementados por Triple A en desarrollo del contrato de concesión suscrito con el Distrito de Barranquilla y el Convenio 012016002303 de 2016.   

 

Esto se explica por las debilidades observadas en relación con la planeación, seguimiento, control, supervisión y ejecución del Convenio 012016002303 de 2016; deficiencias en el reporte de bienes dados de baja correspondientes a dicho contrato de concesión y la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por incumplimiento de las disposiciones que regulan los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, por valor de $717.148.456

 

La Actuación Especial de Fiscalización a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. -Triple A – fue adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico. 

Publicado el 07 jul 2021 8:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 76

 

Contraloría pasó revista en el Valle a proyectos que amenazaban quedar inconclusos y, con la estrategia “Compromiso Colombia”, están saliendo adelante

Pieza gráfica de visita del Contralor General al Valle del Cauca con titular del comunicado que dice Contraloría pasó revista en el Valle a proyectos que amenazaban quedar inconclusos y, con la estrategia “Compromiso Colombia”, están saliendo adelante

 

 

  • Avanza reubicación de 700 familias beneficiarias del Plan Jarillón de Cali en Torres de Alamadina, urbanización situada en el municipio de Jamundí.  

  • Se verificó allí que 80 viviendas ya fueron entregadas y 80 están por entregarse. 

  • La pavimentación de vías urbanas en el municipio de Florida llevaba más de 14 meses suspendida y gracias a la intervención de la CGR, a través de su estrategia “Compromiso Colombia”, se ha reactivado y se espera que en menos de tres semanas se haya culminado. 

  • También avanzan obras de adecuación y mejoramiento del estadio de municipio de Pradera y la recuperación de la Concha Acústica de Ginebra. 

  • Contraloría ha identificado en el Valle del Cauca 135 obras catalogadas como elefantes blancos, proyectos críticos y obras inconclusas. 

 

Cali (Valle), 3 de julio de 2021.- Una delegación de la Contraloría General de la República, encabezada por el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Jurado, y el Contralor Provincial de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental de este organismo de control en el Valle del Cauca, Juan Felipe Gómez, pasó revista a cuatro proyectos de infraestructura que se desarrollan en esta sección del país, los cuales con el impulso de la estrategia “Compromiso Colombia” han tenido un permanente seguimiento para no quedar como obras inconclusas o elefantes blancos. 

 

Fue así como se visitó en el municipio de Jamundí la Urbanización Torres de Alamadina. En este caso, la CGR ha trabajado de la mano con la ciudadanía, buscando que se generen soluciones para poder culminar este proyecto de reubicación de 700 familias del Plan Jarillón de Cali, algunas de las cuales ya han recibido sus viviendas. 

 

La delegación de la Contraloría General estuvo también en el Barrio Villa Nancy, del municipio de Florida, visitando allí la obra de pavimentación y terminación de andenes, que estaba parada. “Llevaba más de 14 meses suspendida y gracias a la intervención de la CGR, a través de su estrategia “Compromiso Colombia”, se ha reactivado y se espera que en menos de tres semanas se haya culminado. Hoy está al 93 por ciento”, indicó el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Jurado. 

El proyecto de construcción de pavimento de vías urbanas en el barrio Villa Nancy, del municipio de Florida, tiene un valor de $2.626 millones.

Fotografía de Obra de pavimentación en el Barrio Villa Nancy, del municipio de Florida, Julio 2021

Obra de pavimentación en el Barrio Villa Nancy, del municipio de Florida, Julio 2021

 

Debía ejecutarse en 5 meses y se va a terminar casi dos años después. 

Tuvo 1 prórroga por 75 días, debido a cambio de redes de alcantarillado. Y sufrió 4 suspensiones por 14 meses y 6 días, por diseños, verificación de implantación de anchos de vía, el Covid-10, situaciones de orden público, instalación de red de acueducto e incorporación presupuestal. También se vio afectada por el paro nacional.                             

En este caso, la Contraloría convocó unas mesas de diálogo para lograr que surgieran unos compromisos que permitieran reactivar las obras y solucionar las inconformidades de la comunidad relacionadas con acabados de la superficie del pavimento. 

También fueron visitadas dos obras sobre las cuales también ha habido permanente seguimiento de la Contraloría y que han llegado a catalogarse como elefantes blancos: el Estadio del municipio de Pradera y la Concha Acústica de Ginebra, Valle del Cauca, fotografía de la CGR, Julio 2021

La Concha Acústica de Ginebra, Valle del Cauca,  Julio 2021

 

Estadio Municipal Salustio Reyes Caicedo, en Pradera 

En la visita realizada por la Contraloría se verificó que faltan algunas unidades sanitarias e instalaciones eléctricas, así como culminar la instalación de la cubierta de la tribuna occidental. 

Ya se reiniciaron las obras, con el apoyo de la Contraloría a través de la realización de mesas de diálogo. 

La adecuación y mejoramiento del Estadio Municipal del municipio de Pradera es un proyecto considerado en su momento como crítico, que fue incluido en la estrategia “Compromiso Colombia” que impulsa el Contralor Felipe Córdoba y se alcanzó a catalogar como un elefante blanco. 

El valor de este proyecto totaliza $5.580 millones, incluyendo una adición de $949 millones, para instalar la cubierta, unidades sanitarias y redes eléctricas. 

Este proyecto inició el 28 de mayo de 2018 y está previsto que se termine el próximo 9 de agosto. 

Debía ejecutarse en 8 meses, pero con 11 suspensiones por 14 meses y 3 días, y 8 prórrogas por 18 meses, se ha llevado más de 3 años. Incidieron en esto situaciones como afectación invernal, falta de materiales y problemas de orden públicos.

Fotografía Estadio Municipal del municipio de Pradera, Julio 2021 Estadio Municipal del municipio de Pradera, Julio 2021 

 

La obra también estuvo suspendida a raíz del paro nacional. 

La Contraloría identificó este proyecto en la matriz de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos. Y en mesa de diálogo realizada el pasado mes de febrero, se logró el compromiso de los actores comprometidos para culminar las obras faltantes y garantizar su entrega a la comunidad. 

Concha Acústica de Ginebra 

Esta obra se convirtió en un elefante blanco. 

Es un proyecto que demandó una inversión de $3.141 millones, incluyendo una adición de $859 millones. Comenzó a construirse en mayo de 2008 y se terminó en diciembre de ese mismo año. 

La obra fue entregada a satisfacción a la comunidad y se pudieron realizar allí cuatro festivales de música colombiana.  

Sin embargo, estos eventos siguieron realizándose en el Parque Principal de Ginebra, por lo que la Concha Acústica fue abandonada y convertida en escombrera, por su estado de deterioro. 

La CGR identificó este proyecto en la matriz de elefantes blancos y en mesas de diálogos realizadas el pasado mes de febrero, logró comprometer al Alcalde Municipal para su recuperación, restauración y puesta en funcionamiento. 

De esta manera, con el concurso de la Alcaldía, que buscará el apoyo de la Gobernación del Valle y del Ministerio de Cultura, y de la mano de la ciudadanía, la Contraloría se ha comprometido a sacar adelante la Concha Acústica de Ginebra, para que el próximo y siguientes festivales de la Canción “Mono Núñez” puedan contar con ésta como sede. 

Publicado el 03 jul 2021 11:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 75

 

Como resultado del control preventivo ejercido por la Contraloría, por fin empiezan las obras de la cárcel El Pílamo, en Pereira

 

Pieza gráfica con titular del comunicado

 

  • Este miércoles 30 de junio se firma acta de inicio de la obra.  
  • La Contraloría ha realizado un control y seguimiento permanente a los recursos públicos involucrados, para que empiecen las obras de esta cárcel.  
  • El organismo de control seguirá vigilante al desarrollo de este proyecto y la ejecución de los recursos comprometidos. 

 

Bogotá, 29 de junio de 2021.- Fruto del control preventivo que ejerce la Contraloría General de la República, sus alertas y pronunciamientos permanentes, este miércoles 30 de junio se firma el acta de inicio de las obras de la cárcel situada en el sector de El Pílamo, en Pereira. 

 

Esto sucede cuando la obra, que inició su estructuración en el año 2013, completa un retraso de más de dos años. 

 

Tras la realización de mesas técnicas convocadas por Contraloría General de la República con la Gobernación de Risaralda, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio) y el contratista, todos ellos se comprometieron a iniciar las obras de construcción de la nueva cárcel.  

 

Lo que viene ahora para el organismo de control es vigilar que el proceso de construcción avance con normalidad. 

 

“Como ente de control estaremos vigilantes al desarrollo del proyecto, así como a la ejecución de los recursos y la debida socialización a las comunidades en dónde se realizará la obra. La ciudadanía debe conocer plenamente los beneficios de tal infraestructura”, enfatizó el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya. 

 

Historia y ventajas del proyecto 

 

La construcción del nuevo Establecimiento Carcelario del Orden Nacional (ERON) en Pereira fue declarada de importancia estratégica y se asignaron recursos de vigencias futuras para la ejecución del proyecto en 2016, mediante el CONPES 3871. 

 

Y en el 2018 se adjudicó por valor de $135.884 millones, para la construcción de 900 cupos en su primera fase. Y aunque tenía como plazo de ejecución 28 meses, el acta de inicio de obra no se había firmado.  

 

Cuando entre en funcionamiento, se podrá disminuir el hacinamiento en las cárceles de la región.  

 

Hoy la cárcel La 40 tiene 1300 internos, cuando su capacidad es de 600. Y en la Unidad Permanente de Protección a la Vida, el hacinamiento es del 150 por ciento, y lo peor, hay sindicados que no tendrían que estar allí. 

 

Al mismo tiempo, la nueva cárcel significará un aporte en materia de reactivación económica, a través de los empleos que generará su desarrollo. 

Publicado el 29 jun 2021 16:05


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 74

 

Familias vulnerables llevan años esperando tener techo propio: Contraloría encontró sin legalizar más de 22 mil subsidios de vivienda de interés social asignados antes de 2012 

 

Pieza gráfica con titullar del comunicado Familias vulnerables llevan años esperando tener techo propio: Contraloría encontró sin legalizar más de 22 mil subsidios de vivienda de interés social asignados antes de 2012

 

  • Luego de 18 años de iniciar la asignación de subsidios de vivienda de interés social, que se realizó hasta el 2012, aún se encuentran 22.284 sin legalizar, afectando a igual número de familias, integradas por más de 90.000 beneficiarios. 

 

  • Familias vulnerables y objeto de especial protección por parte del Estado, especialmente víctimas de desplazamiento forzado, con subsidios familiares de vivienda asignados desde hace alrededor de una década, continúan sin acceder a una casa digna y permanecen atadas a proyectos que presentan varios años de parálisis en su ejecución. 

 

  • Así lo estableció una Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico al programa Bolsas Anteriores a la Ley 1537 de 2012, desarrollado por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda). 

 

  • Hay obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y unos $7 mil millones depositados en fiducias que no cumplen su destinación. 

 

  • Hubo deficiente gestión por parte de los oferentes para cumplir los términos establecidos para ejecutar los proyectos y legalizar los subsidios. Entre los oferentes figuran algunas Gobernaciones y Alcaldías. 

 

  • Según la Contraloría, se evidencia inadecuada e inoportuna gestión por parte de Fonvivienda en el seguimiento de los proyectos de vivienda. Y han sido ineficaces las medidas que ha adoptado para lograr la correcta ejecución de los subsidios. 

 

  • Los hallazgos fiscales, que llegan $4.434 millones, se relacionan con proyectos de vivienda ubicados en Bolívar, La Guajira, Córdoba, Magdalena y Caquetá.  

  

Bogotá, 29 junio de 2021.- La Contraloría General de la República evaluó la gestión del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) para la legalización de los subsidios familiares de vivienda de interés social del programa Bolsas Anteriores, encontrando 25 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $4.434 millones,18 con posible incidencia disciplinaria, 1 que da pie a una indagación preliminar y 2 para procesos administrativos sancionatorios. 

 

El programa Bolsas Anteriores se refiere a los subsidios de vivienda asignados en el marco legal establecido con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012, la cual a su vez definió las normas para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, a título de subsidio en especie. 

 

Los dos casos de mayor detrimento patrimonial 

 

El detrimento patrimonial de mayor cuantía, por $1.640 millones, se da con relación al proyecto Urbanización Enraizar III Etapa, en San Pablo (departamento de Bolívar), donde no han sido construidas las 413 viviendas previstas, luego de transcurrir 9 años de haber sido viabilizado y 5 desde la legalización de los recursos destinados para las obras de urbanismo. Hoy está paralizado, con apenas un 29 por ciento de avance.  

 

Le sigue un hallazgo fiscal por más de $939 millones referido al proyecto Marina Esperanza, en Maicao (La Guajira), que tenía por objeto construir 300 soluciones de vivienda VIP para población desplazada por la violencia. No se han iniciado 211 viviendas y 23 se hayan en estado de parálisis.  

 

En este segundo caso, ha transcurrido casi una década de haberse viabilizado el proyecto y los beneficiarios de los subsidios siguen sin obtener una solución de vivienda. 

 

Lo grave es que esas personas desplazadas han quedado atadas a un proyecto desfinanciado, que se encuentra en alerta roja (completa 6 años paralizado) y presenta recomendación de declaratoria de incumplimiento. 

 

En el departamento de Córdoba, hay tres proyectos de vivienda de interés social con hallazgos fiscales que suman más de $846 millones y están situados en los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador. 

 

En el siguiente cuadro se aprecian los hallazgos detectados por la Contraloría en esta Actuación Especial de Fiscalización: 

 

HALLAZGOS ACTUACIÓN ESPECIALDE FISCALIZACIÓN PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL – BOLSASANTERIORES FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA 

 

No. 

Hallazgo 

Connotación 

Cuantía 

A 

D 

F 

P 

B 

OI 

Proyecto “URBANIZACION ENRAIZAR III ETAPA 

2011” – Recursos POD , San Pablo – Bolívar 

 

 

 

$1.640.152.269 

Proyecto “URBANIZACION VILLA ANDREA I 

ETAPA” (POD vivienda), Valparaíso - Caquetá 

 

 

 

 

 

Proyecto “URBANIZACION VILLA CAROLINA” - 

POD, Palmar de Varela – Atlántico 

 

 

 

 

 

Proyecto “URBANIZACIÓN LA GLORIA II ETAPA”. 

Florencia – Caquetá 

 

 

 

 

 

Proyecto “VILLA DEL LAGO II ETAPA”. Solita – Caquetá 

 

 

 

$803.400.000 

Proyecto “URBANIZACION BICENTENARIO”. San 

José del Guaviare - Guaviare 

 

 

 

 

 

Proyecto “URBANIZACION LOS MAYALITOS, 

Hatonuevo – La Guajira. 

 

 

 

 

 

Proyecto     “URBANIZACION     RETORNAR      ES 

VIVIR”. Granada - Antioquia 

 

 

 

 

 

Proyecto “SAN ANDRES LIVING ISLAND FOR 

ALL”, San Andrés, Archipiélago de San Andrés  

 

 

 

 

 

10 

Proyecto     “URBANIZACION     PALMERAS     DE 

ABIBE” (POD   urbanismo   y   POD   vivienda), Apartadó - Antioquia 

 

 

 

 

 

11 

Proyecto Villa Gladys (2012 POD Vivienda) – Fundación,    Magdalena.     

 

 

 

$204.000.000 

12 

Proyecto San Rafael (2012 POD Vivienda) – Montelíbano, Córdoba.         

 

 

 

$200.810.000 

13 

Proyecto Marina Esperanza (2012 POD Vivienda) – Maicao, La Guajira. 

 

 

 

$939.978.000 

 

14 

Proyecto Unidad Residencial Lo Nuestro (2012 POD Vivienda) – Tierralta, Córdoba.  

 

 

 

 

 

 

 

$192.031.607 

 

15 

Proyecto Ciudadela Marina Nader II (2011 POD Vivienda) – Puerto Libertador, Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

$453.867.454 

16 

Asignaciones de SFV a Fallecidos, para traslado a Indagación Preliminar 

 

 

 

 

 

17 

Recursos en fiducias correspondientes a Subsidios de Vivienda Familiar de proyectos incumplidos 

 

 

 

 

 

 

18 

Proyectos con recursos de oferta y demanda -POD- Incumplidos 

 

 

 

 

 

 

19 

Proyecto Urbanización Marina Nader II (2011 POD Vivienda) – Puerto Libertador, Córdoba. Proyecto Bolsa de Desplazados, para Proceso Administrativo Sancionatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Proyecto Unidad Residencial Lo Nuestro (2012 POD Vivienda) – Tierralta, Córdoba. Proyecto Bolsa de Desplazados, para Proceso Administrativo Sancionatorio 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Gestión documental y disponibilidad de la información proyectos de Bolsas Anteriores 

 

 

 

 

 

22 

Proyectos muestra y proyectos con declaratoria de incumplimiento 

 

 

 

 

 

 

23 

Proyectos con declaratoria de incumplimiento 

 

 

 

 

 

24 

Registros de estado de asignación con Renuncia o Restitución y Legalizados 

 

 

 

 

 

 

25 

Reporte Indicador especifico de gestión – Proyecto Bolsas Anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL HALLAZGOS 

25 

18 

7 

0 

0 

3 

$4.434.239.330 

Equivalencias Connotaciones 

 

*A: Administrativo 

*D: Disciplinario 

*F: Fiscal 

*OI: Otra implicación 

 

Subsidios sin legalizar 

La Contraloría encontró situaciones como más de 22 mil subsidios sin legalizar, numerosos proyectos que presentan incumplimientos, obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y recursos depositados en fiducias que no cumplen su destinación, entre otras. 

Un primer hecho relevante detectado en esta Actuación Especial de Fiscalización es que luego de 18 años de iniciar la asignación de subsidios, la cual se realizó hasta el 2012, aún se encuentran 22.284 Subsidios Familiares de Vivienda (SVF) sin legalizar. 

Esta situación afecta a igual número de familias, integradas por más de 90.000 beneficiarios, cuya expectativa de acceder a la propiedad de una vivienda digna se posterga en el tiempo y se frustra, incumpliendo los fines sociales del Estado y sus responsabilidades frente a población vulnerable, sujeto de protección diferencial y víctimas del conflicto armado. 

 

En el programa Bolsas Anteriores se han registrado 22.284 subsidios con Traslado a Cuentas de Ahorro Programado (CAP), sin pagos al oferente, por $325.602.069.933, incluido el valor de indexaciones. 

 

Tales subsidios fueron asignados entre el año 2004 y el 2020. La mayoría de ellos completan más de 19 años desde su asignación y a 31 de mayo de 2021 no han sido legalizados

 

Igualmente, se observan 42.888 registros de renuncias a los Subsidios Familiares de Vivienda en donde 4.889 asignaciones por $42.151.600.015, incluido el valor de las indexaciones, se encuentran en proceso de reintegro al Tesoro Nacional. 

 

Así mismo, se registran 19.555 Subsidios Familiares de Vivienda por valor de $148.795.568.909,51, asignados entre 2003 y 2015, que se encuentran vencidos

 

Estos son algunas de las principales deficiencias detectadas por la CGR: 

  • Se invirtieron recursos públicos en la construcción de obras de urbanismo que posteriormente no cumplieron el objetivo para el cual fueron construidas, dado que 5 años después no prestan servicio alguno, habida cuenta de que no se han construido y entregado a sus beneficiarios las viviendas. 
  • Debilidades en la planificación y viabilización de los proyectos, lo cual ha permitido que se les asignen recursos, aunque tienen dificultades de escrituración y titulación, de usos del suelo y de licencias de construcción. 
  • La situación anterior ha llevado a que más de 9 años después de su viabilización, las familias beneficiarias de los subsidios de vivienda, en su mayoría desplazadas por la violencia, aún no cuenten con una solución de vivienda digna. 
  • Se encuentran proyectos de vivienda que están paralizados desde hace más de 2 años, incluso alguno hasta más de cinco, sin que Fonvivienda tome las medidas administrativas para asegurar su efectiva culminación y entrega a la población beneficiaria o para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías. 
  • Numerosas familias vulnerables y objeto de especial protección por parte del Estado, especialmente víctimas de desplazamiento forzado, con subsidios familiares de vivienda (SFV) asignados desde hace alrededor de una década, continúan sin acceder a una vivienda digna y permanecen atadas a proyectos que presentan varios años de parálisis en su ejecución, desfinanciamiento y grandes incertidumbres sobre su culminación, sin poder aspirar a otras formas de subsidio familiar de vivienda ofrecidas por el Estado.  
  • Se evidencia asignación de subsidios a favor de personas fallecidas, lo cual se determinó al cruzar bases de datos de beneficiarios de SFV con la base de datos de fallecidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Contraloría estableció que, en 1.468 casos, Fonvivienda asignó SFV a beneficiarios en fechas posteriores a su fallecimiento.  
  • Subsidios sin cumplir el objetivo para el cual fueron asignados. 
  • Dilación en el tiempo de ejecución de los proyectos.  
  • Deficiente gestión por parte de los oferentes para cumplir con los términos establecidos para la ejecución de los proyectos y la legalización de los subsidios.  
  • Deficiencias en el diseño de mecanismos de seguimiento y control por parte de Fonvivienda en el desarrollo del programa.  
  • Ineficacia en las medidas adoptadas por Fonvivienda para lograr la correcta ejecución de los subsidios en términos de oportunidad y eficiencia.  
  • Numerosos proyectos en situación de incumplimiento sin que se evidencien las acciones de Fonvivienda para iniciar la correspondiente investigación y determinación de las sanciones pertinentes. 
  • Cuantiosos recursos de SFV, por alrededor de $7.000 millones, correspondientes a proyectos de vivienda incumplidos, permanecen depositados en Fiducias, sin ser aplicados al fin al cual están destinados, y sin que se hayan tomado las medidas ya sea para la recuperación de estos dineros o bien para la culminación de los proyectos y la correspondiente entrega de la vivienda a las familias beneficiarias. 

 

Concepto sobre Gestión Fiscal de Fonvivienda: con debilidades 

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización realizada, la CGR considera que la gestión fiscal del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), en lo relativo a la administración, manejo y gestión del Programa Bolsas Anteriores a la Ley 1537 de 2012, presenta debilidades en la gestión fiscal y administrativa. 

El Programa Bolsas Anteriores, no cuenta con mecanismos de control dentro del mapa de riesgos, que permitan realizar un adecuado seguimiento del desarrollo del programa y tampoco cuenta con indicadores de seguimiento que permitan establecer su avance y cumplimiento. 

 

Plan de Mejoramiento 

La CGR solicitó al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) un Plan de Mejoramiento, que incluya acciones correctivas y preventivas dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados como resultado del proceso auditor.

Publicado el 29 jun 2021 8:40