Boletines de Prensa - 2020

Alertas de la Contraloría por 4 obras de infraestructura hospitalaria en riesgo, donde se invierten $25.663 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 098

Foto de dron, Hospital Samaritana en Bogotá, muestra de Infraestructura, posee problemas en la ejecución contractual de infraestructura

Foto dron Hospital Samaritana, Bogotá

  • Las alertas tienen que ver con los Hospitales de Villa Rica (Cauca), Santa Ana de Muzo (Boyacá), La Samaritana de Bogotá y Regional Norte de Sardinata (Norte de Santander). 
  • Las obras sobre las que la CGR puso la lupa, muestran desfases en su ejecución y han sufrido varias suspensiones y prórrogas. 

Bogotá, 28 julio de 2020-. En un ejercicio de seguimiento preventivo, la Contraloría General de la República emitió alertas por la construcción de 2 hospitales en alto riesgo, por valor de $17.354 millones, y por adecuaciones atrasadas de otros dos centros hospitalarios, en este segundo caso por $8.309 millones, para un total de $25.663 millones. 

La primera alerta se refiere a la reubicación del Hospital Nivel I de Villa Rica (Cauca) y la segunda al proyecto de construcción de la nueva sede para la ESE Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá).  

En cuanto a las adecuaciones que muestran atrasos, tienen que ver con el Hospital La Samaritana, de Bogotá, y el Hospital Regional Norte ubicado en Sardinata (Norte de Santander). 

Hospital de Villa Rica (Cauca) y ESE Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá) 

Foto de dron HOSPITAL VILLA RICA CAUCA, problemas en la ejecución contractual de su infraestructura, Actualmente se encuentra suspendido.52% del tiempo del contrato transcurrido. Presenta un desfase del 10%

Foto dron Hospital Villa Rica, Cauca

En el caso del Hospital de Villa Rica (Cauca), actualmente el contrato (por valor de $7.138 millones) se encuentra suspendido. Transcurrido un 52% del tiempo del mismo, presenta un desfase del 10% y un avance financiero del 20%. 

Este contrato de obra (No.  1934 de 2019) fue suscrito por la Gobernación del Cauca con RL Esdras MD Ingeniería SAS e involucra recursos de regalías. 

En lo que respecta a la construcción de la nueva sede de la ESE Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá) (por valor de $10.769 millones), el avance físico ejecutado es del 3% cuando lo planeado era del 5%. Va transcurrido un 51% del contrato y completa más de 60 días entre prórrogas y suspensiones. 

La Alcaldía de Muzo contrató para la ejecución de esta obra al Consorcio Miramontes Muzo 2010. El proyecto aúna esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá, la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia, el municipio de Muzo y el Hospital Santa Ana. 

Foto de dron de HOSPITAL SANTA ANA MUZO BOYACÁ. Presenta un avance físico planeado del 5% vs avance físico ejecutado del 3%., posee más de 60 días entre suspensiones y prórrogas.

Foto dron Hospital Santa Ana de Muzo, Boyacá

Atrasos en obras de adecuación 

Hay también dos alertas por la construcción de adecuaciones de igual número de hospitales en alto riesgo, por valor de $8.309 millones. 

Estas alertas se refieren a las adecuacionesdel Hospital Universitario de la Samaritana, en Bogotá (por $1.398 millones), y del Hospital Regional Norte del municipio de Sardinata (Norte de Santander), por $6.911 millones (incluyendo una adición de $534 millones. 

Hospital La Samaritana, de Bogotá 

La obra de adecuación se encuentra suspendida por el tema del Covid-19, ya que todavía no se han implementado los protocolos de bioseguridad. 

Tiene como fecha de terminación el 16 de septiembre de 2020, lo que significa que se ha consumido un 77% del tiempo del total del plazo. Inicialmente se tenía previsto que se terminara el 2 de mayo del presente año. 

Presenta un desfase del 73% y completa más de 130 días entre suspensiones y prórrogas. 

El objeto de este contrato es el mantenimiento correctivo y adecuaciones de las obras civiles necesarias para la realización de los cambios generales de cubiertas en las áreas asistenciales y administrativas en la ESE Hospital Universitario de La Samaritana, mediante el sistema de contratación de precios unitarios fijos. 

El contrato fue suscrito con Enid Pilar Castillo Caicedo. 

Hospital Regional Norte, de Sardinata (Norte de Santander) 

El avance físico planeado era del 8% y va en la mitad (4%), lo que indica un desfase en este mismo porcentaje. 

Va transcurrido un 45% del contrato. Y entre suspensiones y prórrogas completa más de 65 días. 

Para adelantar este proyecto, la ESE Hospital Regional Norte contrató al Consorcio IPS Sardinata R/L Pablo Alejandro Chaustre. 

El objeto de este contrato es la ejecución del proyecto denominado “Reposición del Modelo Integral de Atención en Salud en los Puntos de Atención Extramural Tibú-IPS Sardinata” (Nivel I). 

Publicado el 28 jul 2020 08:30


Contraloría iniciará actuaciones fiscales en contra de EPS, por retraso en la entrega de resultados de pruebas Covid-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 097

Imagen de pruebas de COVID-19 en foco macro.

  • “Un diagnóstico que supere los 3 días, no tiene razón de ser”, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  • Las irregularidades que se han conocido corresponden a la no toma de pruebas y a la demora en la entrega de resultados entre 3, 15 y 72 días.
  • La falta de coordinación de las EPS con sus laboratorios, da lugar a represamiento en los diagnósticos.
  • También se ha advertido que no hay comunicación oportuna de los resultados a los pacientes.
  • La demora en la entrega de los resultados está generando que no se refleje la situación real de contagios.

 

Bogotá, 25 de julio de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó hoy a los Gobernadores y Alcaldes, así como a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), por las demoras que se están presentando en la entrega de resultados de las pruebas Covid-19, que llegan -en casos extremos- hasta los 72 días, lo que impide conocer a tiempo las cifras reales de contagios e invalida el uso oportuno de los mismos.

“Esta situación trae como consecuencias no solo el riesgo de pérdida de vidas, sino que a la vez podría configurarse en un detrimento de recursos públicos, por lo que vamos a adelantar las correspondientes actuaciones fiscales a que hubiere lugar sobre las EPS en todo el país, en los casos en los que los resultados fueron procesados después de 72 horas luego de tomada la muestra y/o se compruebe que además no fueron comunicados oportunamente a los pacientes”, advirtió el Contralor.

Para el jefe del organismo de control, “un diagnóstico que supere los 3 días no tiene razón de ser para el ciudadano, como tampoco para las autoridades de planeación y vigilancia, perdiéndose así importantes recursos de todos los colombianos”.

Así no se puede reflejar la situación real de contagios

La Contraloría General de la República, como máximo organismo fiscalizador de los recursos públicos iniciará las indagaciones fiscales de rigor contra las EPS, toda vez que reciben recursos públicos.

Se ha evidenciado que la falta de coordinación de las EPS con sus laboratorios, está generando represamiento en los diagnósticos, no pudiendo reflejar así la situación real de contagios e impidiendo con ello la toma de decisiones de control epidemiológico, lo que de alguna manera puede incidir en el aumento de cifras de la pandemia.

La Contraloría observa con preocupación el desaprovechamiento e inoportunidad en gestión y uso de los recursos del Sistema de Salud, los de la Unidad de Pago por Capitación corrientes y extraordinarios, como también las otras fuentes del Presupuesto General de la Nación. Ante lo cual, en el marco de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal, adelantará las acciones de fiscalización pertinentes sobre los actores involucrados.

Recursos girados a las EPS

La CGR llegó a la decisión de tomar acciones contundentes en este tema, tras recibir diferentes quejas ciudadanas y evaluar las cifras de los recursos girados a las EPS que indican los informes de la Superintendencia Nacional de Salud.

De acuerdo con la entidad que ejerce funciones de vigilancia, inspección y control a los actores que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en el 2019 las entidades aseguradoras del sector salud alcanzaron ingresos superiores a los $68,6 billones, con $5.6 billones más que el año inmediatamente anterior; y los prestadores públicos y privados reportaron ingresos por $66,3 billones.

Así mismo, en el trimestre marzo a mayo de 2020, las IPS recibieron $10.4 billones por servicios de salud, de los cuales $7,9 billones fueron para la red privada y $2,5 billones para la red pública.

Procesamiento de pruebas

Los informes de la Supersalud, con corte al 30 de junio de 2020 y reportes de 55 laboratorios adscritos a la Red Nacional de Laboratorios de un total de 65, indican que estos que cuentan con una capacidad de procesamiento de 19.592 muestras diarias, pero en promedio utilizan el 75%.

Según la Superintendencia, la mayor capacidad de procesamiento de pruebas está en Bogotá con 55%, seguida por departamentos de Antioquia con el 22%, Atlántico con el 5% y Valle del Cauca con 4.5%; y frente al tiempo de entrega de resultados, el promedio está en 3 días, aunque se encontraron tiempos extremos de 72 días.

Publicado el 25 jul 2020 13:00


Contraloría revisa Acuerdo con el cual posiblemente se privatiza el ICA

COMUNICADO DE PRENSA No. 096

 

  • En virtud del control preventivo y concomitante, la CGR revisará el Acuerdo 002 del 30 de abril de 2020, expedido por el Consejo Directivo del ICA, mediante el cual se creó el Sistema de Autorización a Terceros – SAT.
  • Pese a que la reglamentación de este traslado de funciones administrativas a particulares aún está siendo objeto de revisión por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Contraloría General evaluará los efectos jurídicos, administrativos y fiscales de esta autorización.

 

 

Bogotá, 24 julio de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad.

 

Llaman la atención de la Contraloría General las disposiciones generales del Acuerdo 002 de 2020, en lo que respecta a la excepcionalidad constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas, toda vez que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos.

 

Mediante este Acuerdo del Consejo Directivo del ICA, se pretende autorizar a terceros particulares para ejercer funciones administrativas que corresponden de forma inherente al instituto.

 

La CGR, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, verificará si se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular.

 

Vale anotar que la posibilidad de privatización de los recursos aleja y limita a la Contraloría General de la República de su competencia constitucional, al ser estos manejados directamente por un privado sin distinción del ejercicio legal de que trata la norma respecto a la excepcionalidad de funciones administrativas por particulares y el servicio público prestados por estos.

 

Efectos y riesgos de entregar funciones administrativas del ICA

 

En consideración a estas situaciones y haciendo uso de las nuevas facultades de que dispone la CGR, para alertar de manera preventiva y concomitante sobre el manejo de los recursos públicos y la gestión fiscal de las entidades del Estado, se ha iniciado un ejercicio de planeación para conocer y evaluar los alcances del Acuerdo 002 de 2020.

 

De esta manera, se podrán analizar los riesgos jurídicos, financieros e impacto de estos ante los beneficiarios y el cumplimiento de los fines del Instituto, respecto al servicios que prestará el tercero particular, la tasa o tarifa a cobrar a los usuarios, la destinación de esta y la garantía de la materialización del modelo financiero para que no afecte el patrimonio del ICA.

 

Se busca determinar los posibles efectos y riesgos que se producirían con la entrega de funciones administrativas a un particular, algo que, si bien es permitido por la normatividad vigente, implica una excepcionalidad y reglamentación específica.

 

A la fecha existe un proyecto de Acuerdo, el cual se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para su aprobación. La Contraloría General también evaluará los efectos jurídicos del mismo, una vez se expida formalmente.

 

Equipo de alta categoría

 

Para adelantar este ejercicio de control fiscal preventivo al Acuerdo 002 del 30 de abril de 2020, la Contraloría General cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Delegada para el Sector Agropecuario que conoce la estructura organizacional del ICA y ha venido recolectando y analizando información previa a la expedición del Acuerdo.

Publicado el 24 jul 2020 16:30


En 2019: Por cada 100 procesos que estaban en despachos judiciales, 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo

COMUNICADO DE PRENSA No. 095

  • Así lo indica el seguimiento que ha venido realizando la Contraloría General de la República a los indicadores de gestión de la Rama Judicial.
  • Indicador de congestión de la justicia ordinaria está cercano al 50%; y están por encima de este porcentaje la justicia administrativa, disciplinaria, laboral, civil y de familia.
  • La Contraloría considera que el sector judicial debe profundizar en la habilitación y utilización de nuevas tecnologías tales como Inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios.
  • Hay que masificar el “Expediente Electrónico” y digitalizar los trámites y procesos, dice la Contraloría, organismo de control líder en la utilización de la más avanzada tecnología para revisar el minuto a minuto de la contratación estatal, así como el avance de las obras públicas.

 

Bogotá, 24 de julio de 2020.- Un seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los indicadores de gestión de la Rama Judicial muestra que las cifras de congestión procesal en el país siguen siendo preocupantes, y es así como, en 2019, por cada 100 procesos que se hallaban en los despachos judiciales, 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo en la actual vigencia.

En 2019, el índice de congestión efectivo alcanzó el 50,75%.

Aunque en promedio la jurisdicción ordinaria presentó un indicador de 49,40%, hubo otras cuya congestión las ubicó por encima de ese nivel, así:

*La administrativa, con 60,02%.

*La disciplinaria, con 58,84%.

*La laboral, con 57,63%.

*La civil, con 53,59%.

*Y la de familia, con 53,25%.

Cifras por distritos judiciales

En total, 34 distritos judiciales superaron el promedio nacional de congestión y los más congestionados, La Guajira, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena y Valle, tuvieron índices por encima del 64,5%.

En contraste, se destacan Manizales, Armenia, San Andrés y Providencia, Florencia, Pamplona y Buga, con índices inferiores a 44% de congestión.

El índice de evacuación parcial efectivo a diciembre de 2019 fue de 83,97% y resultó 1,4 puntos porcentuales mayor al registrado en 2018, que fue de 82,57%.

Según esto, en los últimos años el comportamiento en materia de eficacia en la gestión de la Rama Judicial para resolver los procesos a su cargo ha venido creciendo, pero no con la rapidez que requieren los usuarios.

Reforma a la justicia con utilización de nuevas tecnologías

La CGR considera que el sector judicial debe profundizar en la habilitación y utilización de nuevas tecnologías tales como Inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios, herramientas de las que ya dispone este organismo de control para ejercer sus funciones de control preventivo, vigilar en tiempo real el manejo de los recursos públicos y derrotar sin contemplaciones a los corruptos.

Hay que masificar el “Expediente Electrónico” y digitalizar los trámites y procesos, es una de las propuestas que plantea el organismo de control.

También urge capacitar a los servidores en nuevas tecnologías que permitan la optimización de recursos y la descongestión de los despachos, a través de un modelo de arquitectura empresarial.

Igual, considera indispensable fortalecer el sistema de oferta gratuita de asesoría y asistencia jurídica para los ciudadanos que no tienen recursos, con el fin de evitar la sobrecarga de los despachos.

Y es fundamental “promover las formas desjudicializadas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, la mediación, el arbitraje, el amigable componedor y jueces de paz, para que no todos los conflictos lleguen a los estrados judiciales”.

Personal de la Rama

Para 2019, la planta de la rama Judicial alcanzó 31.525 funcionarios, de los cuales 5.473, es decir 17,4% del total, tenían funciones de juzgamiento.

Por cada juez o magistrado hay 4,76 empleados judiciales, cifra que se mantiene constante desde 2018.

En un país como Colombia, con 50 millones de habitantes, se tiene una tasa de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional determinado por la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.

Indicadores de productividad

No hay evidencia de un incremento considerable en el número de personal juzgador vinculado a la Rama Judicial, pues se pasó de 5.471 en 2018 a 5.473 en 2019, con un aumento de tan solo el 0,04%.

En cuanto a la carga laboral por juzgador se tiene que para la vigencia 2019, se presentó un indicador de 882 procesos, con un aumento de 4,27 con respecto a 2018.

El indicador de productividad totaly efectiva, alcanzó 494 y 411 procesos por juez o magistrado, respectivamente.

Sin embargo, aunque la carga laboral por juez aumentó levemente, así como las productividades totales, los resultados obtenidos no presentan mejoras sustanciales en materia de descongestión judicial, como se observa en el número del inventario final de procesos judiciales, que alcanzó los 1’913.309 en 2019.

En cuanto a demandas contra el Estado por fallas atribuibles a la Justicia, el total apropiado para el pago de sentencias y conciliaciones fue de $142.873 millones, distribuidos porcentualmente así:

Consejo Superior de la Judicatura: 39,41%

Fiscalía General de la Nación; 29,91%

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario: 16,20%

Procuraduría General de la Nación: 14,13%.

Por otra parte, en el sistema penitenciario y carcelario 38.079 de los cupos intramurales, es decir el 31%, está ocupado por sindicados, lo que indica que el proceso judicial no está atendiendo de forma oportuna y efectiva los términos establecidos y genera riesgos de demandas en contra de la Nación.

Publicado el 24 jul 2020 08:00


Contraloría reitera solicitud a la Auditoría General de la República para que revise y se pronuncie sobre contrato de suministro de tapabocas

COMUNICADO DE PRENSA No. 094

 

Bogotá, 23 julio de 2020. - Teniendo en cuenta que la Auditoría General de la República es la entidad competente para vigilar y pronunciarse sobre la contratación de la Contraloría General, la entidad reitera la solicitud del oficio del 17 de abril de 2020, para que este órgano de control se pronuncie sobre el contrato de suministro de tapabocas realizado bajo la figura de urgencia manifiesta.

Mediante oficio enviado el día de hoy a la Auditora General se solicitó que ¨en consideración a las diferentes noticias entorno al presente contrato, solicito respetuosamente su pronunciamiento sobre los documentos allegados y que respaldan los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración¨.

Este contrato de suministro se realizó con la empresa Bon Sante SAS, bajo la modalidad de urgencia manifiesta de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 80 y el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

La Contraloría General de la República, a través de la Resolución No. 435 del 16 de abril de 2020, declaró la urgencia manifiesta en la entidad, en tal sentido y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, remitió a la Auditoría General mediante oficio del 17 de abril de 2020, los documentos que respaldan dicha contratación.

La Contraloría hace esta solicitud una vez más con el fin de darle claridad a la opinión pública sobre el proceso contractual que ha sido mencionado por algunos medios de comunicación en los últimos días.

Publicado el 23 jul 2020 18:00