Boletines de Prensa - 2019

Contraloría encontró daño fiscal de $1.767 millones por incumplimiento de inversiones en infraestructura hospitalaria, en San Andrés

COMUNICADO DE PRENSA No. 134

 

  • Irregularidades y mal uso del 80% de los recursos de la ejecución del contrato destinado a mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura hospitalaria, genera daño fiscal por $1.767 millones.
  • La ambulancia no funciona, equipos biomédicos y de cómputo, muebles, camillas y demás enseres están abandonados en el sótano del hospital de San Andrés, con el riesgo de dañarse. 
  • El departamento acumula multas por $1000 millones, impuestas por la Supersalud y solo ha pagado una por $7 millones.
  • Se está perjudicando el derecho fundamental a la salud, situación que afecta tanto a los raizales como a los visitantes, que al tener un accidente o calamidad grave no van poder ser atendidos de la manera que debe ser, dice el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas Uribe.
  • Esta es una Actuación Especial de Fiscalización que autorizó el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a raíz de un control excepcional solicitado por una veeduría, donde se incluyeron 12 hospitales, entre ellos el de San Andrés. 
  • En Providencia y Santa Catalina no tienen habilitados los servicios de odontología y urgencias y, sin embargo, los están prestando.

 

Bogotá, 18 de septiembre de 2019.- Graves deficiencias en la prestación de servicios de salud en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización, donde el hallazgo más importante se traduce en un daño fiscal por $1.767 millones. 

Dicho hallazgo corresponde al mal uso del 80% de los recursos de la ejecución del contrato destinado a mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura hospitalaria (contrato interadministrativo No. 1134 de 2007, celebrado entre el Departamento y la IPS Universitaria).

Según el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas, que lideró esta actuación, los hallazgos administrativos detectados ponen en riesgo la salud de los habitantes de esta zona del país.

La Actuación Especial de Fiscalización, comprendió las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 (con corte a 30 de marzo), y fue autorizada por el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a raíz de un control excepcional solicitado por una veeduría, donde se incluyeron 12 hospitales, entre ellos el de San Andrés.

Se encontró que el departamento no ha cumplido oportunamente con la obligación de invertir en infraestructura, equipos de imagenología, neurocirugía, cirugía, odontología, central de esterilización, urología y oftalmología, los cuales se encuentran en total abandono.

Cobros de actividades no realizadas y daño fiscal

Al revisar el Contrato Interadministrativo 1134 de 2017, se determinó que de los $2.205 millones que debía entregar la IPS Universitaria al Departamento como contraprestación en mantenimiento correctivo y preventivo, solo ha invertido $437 millones, lo que equivale aproximadamente al 20%, lo que genera un daño fiscal por $1.767 millones.

De los recursos que tenía que invertir la IPS Universitaria, que estaban por el orden de los $105 millones mensuales, para todo lo que es mantenimiento preventivo y correctivo, el 80% no se invirtieron, utilizándose de forma irregular.

Se determinó que presuntamente la IPS quería cobrar actividades que no se habían realizado, para generar unos gastos superiores y decir que estaban completando ese rubro de los $105 millones, para descontarlos, no siendo cierto, explicó el Contralor Delegado para el Sector Social.

Más irregularidades

*Igualmente, se evidenció que la Superintendencia Nacional de Salud ha impuesto al departamento multas por un valor cercano a los $1000 millones por la omisión en el ejercicio de inspección, control y vigilancia, pero a la fecha solo ha pagado una de ellas por $7 millones.

*Por otra parte, se encontró que la Gobernación no garantizó los permisos para el ingreso de especialistas en salud; canceló las agendas médicas y dejó a los pacientes sin consulta.

*También se determinó que para la prestación de servicios de salud en Providencia y Santa Catalina no existe habilitación para la prestación de algunos servicios, especialmente urgencias y en los habilitados tenían problemas.

*Otro motivo de preocupación por la gestión en los servicios de salud en el archipiélago es que al momento de la suscripción del contrato con la IPS Universitaria, y a la fecha, el departamento no cuenta con un el Modelo Integral de Atención en Salud -MIAS- que obedezca a las necesidades del territorio.

*Finalmente, la Actuación Especial de Fiscalización llevada a cabo por la CGR concluyó que el modelo de gestión en funcionamiento no garantiza el derecho fundamental a la salud de la población raizal y visitantes del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

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Publicado el 18 sep 2019 15:30


Afirma el Contralor General: "El nuevo control preventivo no va a torpedear, ni a poner palos en la rueda en la ejecución de privados y gestores públicos”

COMUNICADO DE PRENSA No. 133

 

  • “Debe quedar claro que no es lo mismo el control previo que el preventivo, que nadie va a coadministrar y que lo que queremos es llegar a tiempo, para prevenir cualquier daño al patrimonio de los colombianos”, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
  • “Ayer se abrió esa puerta, al control fiscal concomitante y preventivo, y hoy vamos a convocar una comisión de notables para poder hacer la reglamentación de lo que se viene, en detalle”, manifiesta respecto a la reforma constitucional al control fiscal que aprobó ayer el Congreso.

 

Cartagena de Indias, 12 de septiembre de 2019.- "No queremos de ninguna manera torpedear ni dejar de hacer a los privados ni a los gestores públicos”, dijo hoy aquí el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en relación a lo que será la aplicación del nuevo modelo de control fiscal, concomitante y preventivo.

“Este Contralor General de la República puede que lo vean joven, y yo le he preguntado a mi papá y él me dice que yo nací a las 7 de la noche, pero no anoche. Y en ese sentido es que debo decirles que yo también pude ser Contralor Delegado de Participación Ciudadana y Vicecontralor General de la República. También fui Secretario de Gobierno de un municipio y Secretario Privado de un Gobernador. He estado en varios lados, para entender efectivamente que el control debería es ayudar a la ejecución de un funcionario público y no a torpedearlo”, señaló.

“Por eso aquí no queremos, y que nunca se malinterprete, torpedear ni poner palos en la rueda en la ejecución. Este proyecto de acto legislativo lo único que busca es mayores y mejores herramientas, pero para que llegue la plata, a todos los colombianos que más la necesitan”, agregó.

No se está sustituyendo la Constitución

El Contralor fue claro en señalar que en la reforma al control fiscal aprobada ayer por el Congreso no sustituye para nada la Constitución y recordó que la sentencia C-977 de 2002, referente al control preventivo en los órganos constitucionalmente autónomos, deja claro el tema.

“Quienes han hablado que hay sustituciones de la Constitución, quieren vender humo al país", afirmó.

Aseguró que el proyecto de acto legislativo fue objeto de varios análisis y exmagistrados de la Corte Constitucional consultados indicaron que hay claridad en este tema.

El Contralor rechazó igualmente los señalamientos de quienes insisten que con esta reforma se va a burocratizar la Contraloría; y recordó quien vaya a entrar a la entidad tendrá que hacerlo por concurso de méritos.

“Cuando hablan de burocratizar están vendiendo humo. Están diciendo mentiras”, dijo e insistió en que se están buscando perfiles técnicos con los que hoy no cuenta la entidad, como auditores médicos, grafólogos, ingenieros ambientales, etc.

El Contralor General habló en el marco del Congreso Confecámaras 50 años “Detonantes del Crecimiento Económico”, que se realiza en Cartagena.

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Publicado el 12 sep 2019 16:00


Congreso aprobó Control Fiscal en Tiempo Real

COMUNICADO DE PRENSA No. 132

 

  • De esta manera cobra vida la propuesta  que desde su postulación hiciera el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, de contar con una Contraloría que pueda detectar la corrupción oportunamente

 

Bogotá, 11 de septiembre de 2019.- La plenaria del Senado de la República aprobó hace unos minutos el artículo primero del proyecto de acto legislativo que reforma el Régimen de Control Fiscal, dando así vía libre al ejercicio control fiscal preventivo y concomitante, que permitirá a la Contraloría General de la República dejar de llegar tarde, cuando ya están consumados los hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, o sea aplicando en adelante un control en tiempo real.

De acuerdo a lo aprobado, el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva y podrá ser preventivo y concomitante,  según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público.

El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno.

La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control.

El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica coadministración, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia público.

Además, este control preventivo y concomitante no versará sobre la conveniencia de las decisiones que tomen los administradores públicos.

 

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Publicado el 11 sep 2019 16:40


Contraloría investiga a Gobernadora (E) de Córdoba y exgobernadores Lyons y Besaile, por hallazgo fiscal de $45.083 millones, en proyecto de ciencia y tecnología

COMUNICADO DE PRENSA No. 131

 

  • El hallazgo fiscal se determinó al encontrar que no hay resultados efectivos en la gestión de recuperación de los millonarios recursos que se pagaron por un proyecto que nunca se terminó de ejecutar, denominado “Investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del rio Sinú”.
  • En total, al revisar los proyectos y contratos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos de regalías, la CGR encontró hallazgos fiscales por $69.507 millones.
  • Los hallazgos, diferentes al del corredor agroecológico, tienen que ver con un cuestionado contrato con la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), proyectos de escenarios deportivos con fallas estructurales y un fallido proyecto cacaotero.

 

Bogotá, 10 de septiembre de 2019.- La Contraloría General de la República investiga a la Gobernadora (E) de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones, a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.

El proyecto donde se dieron estas irregularidades, desarrollado a través del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-

El objeto de este proyecto, contratado en momentos en que ejercía el cargo de Gobernador el señor Alejandro Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017 liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus respectivos intereses.

Sin embargo, este proceso coactivo no ha tenido mayor resultado, dado que los únicos dineros recuperados por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10 por ciento del valor del contrato.

No se ha podido recuperar ningún otro valor adicional de lo que se ordenó en la liquidación del convenio, por lo que la Contraloría considera que no han sido efectivas las gestiones de cobro emprendidas por la Gobernación.

Según la Unidad de Regalías de la CGR, “Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los Cooperantes Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-, establecidas en el acto administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al patrimonio del Estado”.

La investigación de la Contraloría tiene relación con el no reintegro del dinero que la misma Gobernación de Córdoba ordenó, dado que no se han hecho las acciones efectivas de cobro requeridas en este caso, explicó la Contralora Delegada Sectorial, Lina María Guarnizo Tovar, líder de la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República en Córdoba, durante el primer semestre del presente año.

Presuntos responsables

En esta Actuación se revisaron los proyectos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, obteniendo como resultado 14 hallazgos administrativos*, 8 de ellos con presunta connotación fiscal por $69.507 millones (suma que incluye los $45.083 millones del hallazgo que involucra a los tres últimos Gobernadores).

En estos $45.083 millones se incorpora el hallazgo fiscal de $3.428 millones correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.

La Contraloría ha identificado como presuntos responsables del hallazgo fiscal por $45.083 millones a:

*Alejandro José Lyons Muskus

Gobernador de Córdoba en el período 2012-2015 en que se ejecutó el convenio, y considerado presunto responsable toda vez que la delegación de funciones no exime de responsabilidad.

*Edwin José Besaile Fayad, Gobernador de Córdoba, período 2016 hasta el 18 de enero de 2018, ejercía este cargo durante la ejecución del convenio (entre los años 2016 y 2017).

*Sandra Patricia Devia Ruiz, Gobernadora (E) de Córdoba (desde el 19 de enero de 2018 a la fecha), por no ejercer acciones efectivas para obtener resultados del cobro coactivo.

*Farid Saker García, Jorge Iván Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader

Directores del Departamento Administrativo de Planeación, Supervisor del contrato, por autorizar pagos con base en informes del interventor del Convenio, sin supervisar su ejecución.

*Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Germán Raúl Martínez Layton y Héctor Jaime Villa Campillo, en su calidad de representantes legales de la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP, responsable de la correcta ejecución del Convenio de Cooperación como firmante del mismo.

*Inocencio Bahamón Calderón, representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por autorizar pagos a la Gobernación de Córdoba de un proyecto sin ejecución.

Hallazgo se sumará a proceso de responsabilidad fiscal en curso

Vale señalar que, por este mismo caso, la Contraloría adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $4.050 millones, contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile, supervisores, interventores y contratistas entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación del convenio (los contratistas o cooperantes subcontrataron algunas actividades a menor valor de lo presupuestado).

La Contraloría sumará el nuevo hallazgo fiscal por $45.083 millones a ese proceso de responsabilidad fiscal en curso, vinculando estos nuevos recursos y a los presuntos responsables por omisión en la recuperación de los dineros pagados.

Irregularidades en convenio ejecutado por la CUN

Por otro lado, la Actuación Especial de Fiscalización adelantada en el departamento de Córdoba por la CGR arrojó también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y Democrática en ciencia, tecnología, e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en la tics en el departamento de Córdoba”.

Este proyecto tiene un valor de $46.431 millones de pesos, de los cuales $42.503 millones pertenecen al Sistema General de Regalías. Es de destacar la importancia del rol del interventor en este proyecto, pues las irregularidades causales del hallazgo, fueron advertidas por éste al organismo de control.

Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), que presenta a la fecha irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.

Escenarios deportivos con fallas estructurales

Llaman también la atención dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

En el caso de Planeta Rica, la CGR configuró dos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal. Uno de ellos, por valor de $1.701 millones de pesos, por el proyecto “Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I”, de $9.173 millones de pesos.

El otro hallazgo, de $765 millones, tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto “…para la construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de urbanismo de la unidad deportiva”, de un valor de $3.859 millones de pesos.

En ambos casos, se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura.

En el caso del municipio de Cotorra, el objeto del proyecto era “Mejorar las condiciones para la práctica del deporte (…) mediante la construcción de un estadio y un bioparque”, por un valor total de $6.331 millones de pesos.

Sin embargo, la Contraloría encontró deficiencias en la calidad de la obra, así como obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones de pesos.

Proyecto cacaotero fallido

Finalmente, se destaca un hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto “Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservacion de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba”.

El proyecto fue aprobado en el año 2013, por un valor total de $6.725 millones de pesos, financiados en su totalidad con fondos del Sistema General de Regalías.

El objetivo final era la regulación hídrica, conservación de suelos y mejoramiento de la productividad de regiones deprimidas del Departamento de Córdoba, mediante la implementación de parcelas productivas de cacao, plátano y árboles maderables, para brindar a los pequeños agricultores un medio seguro de subsistencia.

Sin embargo, en el análisis realizado por la CGR se encontraron fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto.

*Se encontraron también 13 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y otros 2 de carácter penal.

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Publicado el 10 sep 2019 09:30


8 hallazgos fiscales por $11.224 millones encontró la Contraloría General en proyectos financiados con regalías, en el Huila

COMUNICADO DE PRENSA No. 130

 

  • Entre los proyectos sin avance está la construcción de la Plazoleta Lúdica y Ágora, en el municipio de Aipe, ya calificado como “elefante blanco”; y la construcción en pavimento flexible de la vía San Agustín-Obando.

 

Bogotá, 9 de septiembre de 2019.- Una Actuación Especial de Fiscalización realizada por la Contraloría General de la República a 18 proyectos financiados con recursos de regalías en el Departamento del Huila, determinó 8 hallazgos fiscales por valor de $11.224 millones de pesos.

Dos proyectos sobre los que puso su lupa el organismo de control son la construcción de la Plazoleta Lúdica y Ágora, en el municipio de Aipe, cuyas obras actualmente se encuentran inconclusas y en estado de abandono, lo que genera un hallazgo fiscal por $2.828 millones, y la pavimentación en pavimento flexible de la vía San Agustín-Obando.

Con el fin de evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de transporte, educación y vivienda en el Departamento de Huila, la Contraloría General de la República realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectosy contratos financiados con estos recursos, y ejecutados por la Gobernación del Huila y los Municipios de Aipe, Pitalito, Saladoblanco, Acevedo, Yaguará y Empresas Públicas de Yaguará.

El informe de la CGR presenta el análisis realizado en el primer semestre durante el proceso de auditoría a los 18 proyectos seleccionados, cuya inversión total asciende a los $145.119 millones de pesos.

Elefante blanco en Aipe

Uno de los hallazgos que más llama la atención es el que tiene que ver con el proyecto de construcción de la Plazoleta Lúdica y el Ágora en el municipio de Aipe, cuyo contrato de obra se celebró el 23 de diciembre de 2015, por valor de $ 2.587 millones, con un plazo de ejecución de 6 meses.

Actualmente este contrato se encuentra con un porcentaje de ejecución financiera del 73.36% y un porcentaje de ejecución físico estimado del 75%.

Durante la actuación especial, la CGR encontró que la planeación en la etapa pre contractual por parte del ente territorial fue deficiente, al no tenerse en cuenta todas las determinantes físicas del predio.

Así mismo, durante el proceso de elaboración del presupuesto oficial no se hizo un adecuado cálculo de cantidades de obra, y no se adelantó una completa identificación de todos los ítems necesarios para ejecutar la meta física de la obra.

Por otra parte, el desempeño de la supervisión, la interventoría y el contratista, resultó deficiente y negligente en la etapa contractual, al permitir la suscripción de 5 adiciones en el plazo contractual, y 6 suspensiones de la obra, que conllevaron un retraso en el plazo de entrega original de 6 meses.

Lo que más preocupa, sin embargo, es que, al evaluar el estado de ejecución del contrato, se concluye que estas obras actualmente se encuentran inconclusas y en estado de abandono, sin ninguna intervención por parte del contratista ni la presencia de personal de interventoría, por lo que no se ha cumplido con el objetivo general del proyecto, lo que resulta en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 2.828 millones de pesos.

Alto riesgo de accidentalidad en la vía San Agustín-Obando

El 03 de noviembre de 2015 la Gobernación de Huila suscribió el contrato de obra No. 1046 de 2015, con la Unión Temporal Obando 2015, por valor de $11.642 millones de pesos, con fecha de inicio del 15 de diciembre de 2015 y plazo de ejecución de 12 meses, con el objeto de pavimentar tramos de la vía San Agustín-Obando.

Actualmente, este contrato se encuentra suspendido, con una ejecución física del 36,19% y un porcentaje de ejecución financiera del 39.17%, presentando un atraso de 33,61% según lo programado. 

Durante las visitas técnicas realizadas por la CGR, se identificó un peligro latente de accidentalidad vial que se puede presentar para los vehículos y transeúntes que recorren la vía, con el riesgo permanente de caída al vacío por la falta del relleno estructural para el muro de contención, el cual está construido parcialmente en algunos tramos.

Así mismo, se observa a lo largo de la vía que los taludes cortados a margen izquierda han generado derrumbes, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios y un potencial cierre de la vía.

Según el informe de la Contraloría, algunos ítems pendientes de ser ejecutados y cumplidos en su totalidad, fueron cobrados conforme al anticipo. Así mismo, no se respetó el cronograma de obra, dilatando por meses la ejecución del proyecto, que se encuentra actualmente en estado de abandono.

Adicionalmente, se destaca el riesgo de vencimiento de los permisos de aprovechamiento forestal, intervención de cauce, y permiso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH.

En consecuencia, las obras abandonadas o inconclusas,  el riesgo de inestabilidad del terreno intervenido, el peligro constante de accidentalidad vial para los  habitantes del sector, el desacierto en la planeación contractual para solicitar los permisos requeridos y cumplir los plazos de dichos permisos, y el pago no debido conforme al plan de manejo del anticipo por la no ejecución total del ítem evidentemente cobrado, son razones de peso para la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $3.450 millones de pesos.

No obstante, lo anterior, es de resaltar que la supervisión de los contratos de la Gobernación del Huila, en atención a dos de las observaciones comunicadas por la CGR, dio respuesta oportuna y eficaz a las mismas, logrando realizar las reparaciones detectadas en las visitas de obra, desvirtuando las incidencias de las mismas, lo que resultó en dos (2) beneficios de control fiscal por valor de $166 millones de pesos.

Análisis por sectores

El 89 % (16), de los 18 proyectos de regalías revisados en esta auditoría que realizó la CGR están relacionados con la construcción o mantenimiento de vías secundarias y terciarias, el 5.5% corresponde a un proyecto de infraestructura educativa y el 5.5% a un proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

En 6 de los 16 proyectos de vías secundarias y terciarias analizados, se encontraron debilidades relacionadas con planeación, calidad de obra y mantenimiento. En el proyecto de infraestructura educativa se encontraron debilidades en mantenimiento y calidad de obra. Y en el proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se encontró la obra suspendida y en estado abandono.

*La CGR trabaja con las entidades ejecutoras de los proyectos para fortalecer los planes de mejoramiento y subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos, con el objeto de brindar solución oportuna a las necesidades de la población.

Publicado el 09 sep 2019 15:00