Boletines de Prensa - 2020

Con 27 contingencias en un año: Refinería de Barrancabermeja carece de medidas preventivas efectivas sobre eventos con residuos de hidrocarburos, que afectan el Río Magdalena y caños

COMUNICADO DE PRENSA No. 125 

Construcción refinería de Barrancabermeja en crudo

  • Así lo determinó una auditoría a la ANLA sobre el seguimiento de planes de contingencia y atención de emergencias, cuando se producen derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua. 
  • Adicionalmente, el Complejo Industrial de Barrancabermeja no cuenta con un plan de contingencia actualizado de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes.  
  • Contraloría encontró deficiencias de la ANLA en sus funciones de seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Anchicayá. Se determinaron 5 presuntos hallazgos disciplinarios.  
  • La hidroeléctrica se encuentra operando por fuera de los niveles de diseño, lo cual genera una mayor incertidumbre sobre la operación de este proyecto.  

 

Bogotá, 9 de septiembre de 2020.- Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República con base en los reportes de contingencias registradas en la Refinería de Barrancabermeja que afectan fuentes hídricas, evidenció que estas son repetitivas, tanto en su causa como en el recurso impactado, lo que indica una carencia de medidas preventivas efectivas. 

Dos de las fuentes más afectadas por las contingencias son el río Magdalena y el caño El Rosario, y dentro de las causas de los eventos sobresalen los generados por efectos de la lluvia, concretamente el rebosamiento de canales y estructuras que contenían residuos de hidrocarburos. 

Según la Contraloría se deduce que las situaciones que se han presentado ya tienen origen y causa identificada, por lo que deberían establecerse medidas efectivas para su prevención. Por ejemplo: corrección de canales, cajas trampa, sistemas de evacuación y drenaje. 

Sin embargo, para el organismo de control, tanto los 27 eventos presentados en un año con afectación a cuerpos de agua, como las causas reiteradas en los mismos, indican una carencia de medidas preventivas y correcticas efectivas. Tampoco parece haber un aprendizaje de las experiencias de aquellas contingencias que año a año se presentan en la Refinería de Barrancabermeja. 

No está actualizado el plan de contingencia 

De igual forma, la CGR evidenció que actualmente el Complejo Industrial de Barrancabermeja no cuenta con un plan de contingencia actualizado de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes (Decreto 2157 de 2017, “Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012”). 

Adicionalmente, se determinaron las siguientes falencias:  

  • Falta de oportunidad en la revisión del cumplimiento y la suficiencia de las respuestas e información remitida por parte del titular de la licencia ambiental. 
  • Debilidad en los planes o acciones dirigidas a la mitigación y prevención de las contingencias. 
  • Y débil control en la articulación con la autoridad regional o entidades con competencia en los proyectos evaluados. 

Si bien los vertimientos generados en la refinería no hacen parte del asunto auditado, la Contraloría evidenció que las fuentes hídricas cercanas al proyecto, Río Magdalena, caño El Rosario y Ciénaga Miramar, reciben las descargas autorizadas y están siendo afectadas por dicho proceso. 

Los vertimientos no cumplen con los requerimientos normativos, específicamente los parámetros, como lo estableció el concepto técnico SAA No. 0001038 del 2 de septiembre de 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS. 

“Se encontró que estas descargas están generando afectaciones a los recursos naturales renovables ya que sus valores están por encima de los permisibles de acuerdo a la normatividad ambiental aplicable.”, asegura dicho concepto. 

2 millones de metros cúbicos de lodos contaminados 

La Refinería de Barrancabermeja se encuentra ubicada a orillas del río Magdalena, en donde desde hace aproximadamente 100 años se realiza la refinación de gran parte del crudo que se explota en el país. 

En la ubicación precisa de dicho proyecto, existe una gran riqueza hídrica, pero desde sus inicios, las áreas inundables o antiguas ciénagas cercanas a la refinería, terminaron convirtiéndose en lagunas o estanques aceitosos, conteniendo cerca de 2 millones de metros cúbicos de lodos contaminados y ocupando un área mayor de 150.000 metros cuadrados. 

En la actualidad, y dado que el proyecto Complejo Industrial de Barrancabermeja inició operaciones con anterioridad a la Ley 99 de 1993, cuenta con un Plan de Manejo Ambiental cuyo seguimiento y control es competencia de la ANLA. Sin embargo, acorde con la normatividad vigente, por corresponder a su jurisdicción, los permisos ambientales (emisiones, vertimientos y aprovechamientos forestales) son otorgados por la Corporación Autónoma Regional -CAS. 

Auditoría a la ANLA 

La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente realizó una auditoria a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, sobre el seguimiento de planes de contingencia y atención de emergencias en eventos de derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua y afectaciones ambientales en proyectos hidroeléctricos, para lo cual se seleccionaron 2 proyectos: la Refinería de Barrancabermeja y la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá. 

La auditoría incluyó el análisis de información y documentos de distintas entidades a nivel nacional: la ANLA, la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC-, la Defensoría del Pueblo Regional Pacifico y la Personería de Barrancabermeja. 

Deficiencias de la ANLA en seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Anchicayá  

La auditoría sobre el seguimiento de planes de contingencia y afectaciones ambientales de la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá, encontró deficiencias en las funciones que ejerce la ANLA como autoridad ambiental, materializadas en 5 hallazgos con una presunta incidencia disciplinaria.  

La Contraloría logró establecer que el proyecto hidroeléctrico no cuenta con un plan de contingencia actualizado, a pesar de que se encuentra operando por fuera de las condiciones de diseño. Además, no se han incluido escenarios de riesgo mayor. 

Así mismo, se han dado incumplimientos de obligaciones impuestas por la ANLA, respecto a la realización de un estudio de estabilidad de presa y un estudio hidrosedimentológico, con los cuales se podría tener una mayor información necesaria para la toma de decisiones y la valoración de los impactos.  

Por último, se logró establecer que no se ha compensado totalmente a los habitantes de las comunidades ribereñas que han sido afectados por aumentos de caudales y sedimentos provenientes de la presa. 

La CGR evaluó la gestión de la ANLA en el cumplimiento tanto de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA- del proyecto, como del régimen sancionatorio ambiental.  

Perdida hidráulica de la presa 

El proyecto hidroeléctrico Anchicayá está ubicado en los municipios de Buenaventura y Dagua, en el departamento del Valle del Cauca.  Y abarca la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC. 

Este proyecto fue puesto en operación en el año 1955 con una capacidad de 74 megavatios, sin embargo, hoy no supera el 10% de la cifra inicial debido a la perdida hidráulica de la presa, la cual tenía una capacidad de almacenamiento de 5 millones de metros cúbicos, y en la actualidad solo puede generar 0,5 millones de metros cúbicos. 

La CGR evaluó la gestión de la ANLA en el cumplimiento tanto de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA- del proyecto, como del régimen sancionatorio ambiental.  

Publicado el 09 sep 2020 10:30


En Webinar con director de Planeación Nacional, Contraloría presenta balance de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos.

Mañana miércoles, a las 3:00 p.m

COMUNICADO DE PRENSA No. 124 

Imagen de Webinar: No Más Elefantes Blancos. Ponentes, Luis Alberto Rodriguez, director del departamento nacional de planeación, Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la participación ciudadana y periodista Juan Guillermo Mercado

  • En el Webinar participarán el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez Ospina. 
  • La ciudadanía podrá conocer cómo denunciar estos proyectos en cada una de las regiones del país. 

 

Bogotá, 8 de septiembre de 2020. La Contraloría General de la República presentará mañana miércoles 9 de septiembre, a través del Webinar ¡NO MÁS ELEFANTES BLANCOS!, los resultados del único diagnóstico nacional de identificación de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos que se ha realizado en el país. 

Se trata de un evento virtual en el que la ciudadanía podrá conocer todo lo relacionado con este ejercicio que adelanta el organismo de control a través de la Delegada para la Participación Ciudadana, las Gerencias Departamentales y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). 

El encuentro virtual permitirá conocer lo que han significado todos estos proyectos sin terminar, en materia de recursos públicos y afectaciones a la ciudadanía.  

Los ciudadanos interesados en participar en este Webinar, podrán conectarse con el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, y el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez Ospina, desde las 3:00 p.m. a través de las redes sociales de la CGR: 

Facebook https://www.facebook.com/contraloriacolombia/  

YouTube https://www.youtube.com/ContraloriaColombia 

Twitter @CGR_Colombia y la página Web de la Contraloría General www.contraloria.gov.co  

Proyectos identificados y recepción de denuncias 

“A través de este espacio que ha dispuesto la Contraloría General, la ciudadanía podrá no sólo conocer sobre todos los proyectos que hemos venido identificando hace más de un año y medio, sino también cómo se pueden denunciar dichas obras en cada uno de los territorios del país, a través de nuestra aplicación ControlAPP”, destacó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez. 

Se expondrán, además, los beneficios que viene generando la Contraloría con estrategias de control fiscal participativo como “Compromiso Colombia”. para sacar adelante muchos de esos proyectos que presentaron o tienen diferentes problemáticas. 

Con este evento virtual, la Contraloría buscará, también, transmitir 2 visiones diferentes de la situación de los elefantes blancos en Colombia: por una parte, aquellos proyectos que evidencian las desgracias y errores de la ejecución de obras públicas de infraestructura, pero también la necesidad sentida de contar con los ciudadanos como veedores de los recursos públicos. 

El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana explicará la diferencia entre la categorización de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos que se ha construido durante el diagnóstico, y las diferentes dificultades que ha tenido la CGR para consolidar la información correspondiente, que sirvió como insumo principal para el nacimiento de la Ley 2020 de 2020 por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales.

Publicado el 08 sep 2020 16:30


Por pago de servicios médicos a fallecidos y anticipos sin legalizar: Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $148.843 millones contra directivos y exdirectivos de Medimás, y la empresa Century Farma

COMUNICADO DE PRENSA No. 123 

 

  • Una de las irregularidades que motiva la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal es que se aprobaron y pagaron anticipos por $144.788 millones, otorgados en el marco de contratos financiados con recursos del SGSSS.  
  • Al día de hoy estos dineros entregados como anticipos son de imposible recaudo, debido al estado de disolución y liquidación en que se encuentra Century Farma, la empresa beneficiada.  
  • Otra irregularidad: se habrían pagado unos $1.074 millones por diversos servicios médicos, respecto de usuarios que a la fecha de los mismos se encontraban fallecidos.  
  • También se habrían cancelado unos $2.981 millones en multas impuestas a Medimás EPS por la Superintendencia Nacional de Salud, con recursos del SGSSS.  

 

 

Bogotá, 8 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $148.843 millones de pesos contra más de una docena de directivos, exdirectivos de Medimás y la empresa contratista Century Farma, por irregularidades en el manejo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) recibidos por la EPS, entre otras el pago de servicios médicos a personas fallecidas o que no se encontraban afiliadas y la entrega de anticipos a contratistas que son de imposible recaudo, debido al estado de disolución y liquidación en que se encuentra Century Farma S.A.S. 

El proceso de responsabilidad fiscal, que inició con elAuto No. 658 del 22 de julio de 2020, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial No. 14 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, tiene como entidad afectada a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, y hasta el momento vincula como presuntos responsables a: 

*Medimás E.P.S. S.A.S. 

*La empresa contratista Century Farma S.A.S. en liquidación 

 *Y diferentes personas que ocupan u ocuparon en su momento diversos cargos directivos en Medimás EPS o incluso hicieron parte de su Junta Directiva, tales como: 

José Antonio Durán Ariza, Néstor Orlando Arenas Fonseca, Alex Fernando Martínez Guarnizo, Ricardo Marcelo Betancur Correa, Gonzalo Delgadillo Toro, Mauricio Arturo García Ortiz, Mónica Patricia Uribe Botero, María Inés Agudelo Valencia, Luis Alfonso Samper Insignares José Guillermo Peña González, José Eugenio Carrera Quintana, Jesús María Carrillo Ballesteros, Blanca Elvira Cajigas de Acosta y Elizabeth Hernández Castellanos.  

La cuantía del detrimento patrimonial fue estimada en esta providencia inicial, exactamente en la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($148.843.715.531). 

Antecedente 

Esta actuación surgió de los resultados de una Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Social (ahora Contraloría Delegada para el Sector Salud) a Medimás EPS SAS, respecto de las vigencias que abarcan del 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.   

Del ejercicio del proceso auditor, se desprendieron diferentes hallazgos, algunos de los cuales fueron declarados de impacto nacional el 29 de enero de 2020 por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y trasladados a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, habida cuenta la presunta afectación a los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Millonarios anticipos sin legalizar y pago de servicios médicos a personas fallecidas 

Para la apertura del proceso fiscal, fue determinante un hecho evidenciado por la auditoría, consistente en el reconocimiento y pago con cargo a los recursos públicos del SGSSS, de sumas de dinero por conceptos superiores o diferentes a su naturaleza y destinación, así como el giro de una porción de los mismos a contratistas, por medio de la figura de anticipos. 

Se destaca en la providencia por la que abrió este proceso que se aprobaron y pagaron anticipos por $144.788 millones otorgados en el marco de contratos financiados con los recursos del SGSSS y que no pudieron ser objeto de legalización, dado que la empresa beneficiaria Century Farma S.A.S. se declaró disuelta y en estado de liquidación. 

Además, se habrían pagado unos $1.074 millones por diversos servicios médicos, respecto de usuarios que para la fecha de los mismos se encontraban fallecidos. 

Y se habrían cancelado unos $2.981 millones en multas impuestas a Medimás EPS por la Superintendencia Nacional de Salud, con recursos del SGSSS. 

Publicado el 08 sep 2020 09:00


Según un estudio sectorial de la Contraloría: Entidades públicas en liquidación tienen activos por $2,26 billones para pagar sus acreencias

COMUNICADO DE PRENSA No. 122 

 

Persona investigando en la Contraloría General de la República.

  • Procesos liquidatorios se están llevando hasta más de 20 años.  
  • Existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de $1,64 billones.  
  • De estos negocios, 2 presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones) y Electrificadora de Bolívar (-$3.791 millones).  
  • La presencia de estos patrimonios negativos podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas, toda vez que el Ejecutivo debe tomar recursos de otras fuentes de financiamiento.  
  • 19 procesos de liquidación se efectúan directamente a través de agentes liquidadores.  
  • Uno de ellos es el de Saludcoop E.P.S. en Liquidación, que cuenta con un patrimonio negativo de -$2,63 billones, lo cual significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones.  

 

Bogotá, 6 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República (CGR) concluyó un estudio orientado a analizar el estado de los recursos públicos de las entidades en liquidación con corte a diciembre de 2019, que arroja varias conclusiones sobre estos procesos, empezando porque al finalizar 2019 involucraban un total de activos por $2,26 billones para el pago de acreencias y, en muchos casos, se están llevando hasta dos décadas para llegar a su fin. 

El tiempo promedio de duración de las liquidaciones es de 20 años, lo cual para el organismo de control podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos propuestos en estos procesos, ocasionando un incremento en los costos asociados a los mismos y demoras en el pago de las acreencias.   

También son largos tiempos que se toman los liquidadores para finiquitar el proceso liquidatario correspondiente, lo que lleva a que la duración total de los mismos supere, en algunos casos, los 20 años. 

Un caso que merece especial atención es el de la Caja Agraria cuyo proceso liquidatario supera los 27 años. 

Las principales conclusiones de este estudio, adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, son las siguientes: 

*A diciembre de 2019 el valor total de los activos o recursos públicos de las entidades en liquidación (con o sin negocio fiduciario), era de $2,26 billones que se destinan a cumplir con el pago de las acreencias propias de estas entidades. 

*Existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de $1,64 billones, que pueden convertirse en fuentes de liquidez para atender sus pasivos o acreencias del orden de $690.475 millones.  

*De esos 51 negocios, se evidenció que 2 presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones) y Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. (-3.791 millones). 

*La presencia de estos patrimonios negativos en las entidades en liquidación, cuyas acreencias laborales e indemnizaciones deban ser respaldadas según los decretos de liquidación con recursos del Presupuesto General de la Nacional, como es el caso de INCODER y de la Electrificadora de Bolívar, podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas. 

*Esto podría darse toda vez que el Ejecutivo debe tomar recursos de otras fuentes de financiamiento, afectando el equilibrio presupuestal de los rubros inicialmente apropiados en la ley de presupuesto de la vigencia fiscal.    

*De los 51 negocios fiduciarios, el 82,35% (42) son administrados por las tres fiduciarias públicas: Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducóldex.  

*En cuanto al monto total administrado ($1,64 billones), se evidenció que el Estado, a través de sus tres fiduciarias, administra el 94,43% del total de los recursos públicos ($1,55 billones), siendo la Fiduprevisora la que mayor cantidad de recursos administra ($0,74 billones). 

 *Lo anterior, permite afirmar que no es relevante el papel de los privados en la administración de recursos públicos en negocios fiduciarios. 

*De otro lado, son 19 las entidades cuyos procesos liquidatarios se efectúan directamente a través de agentes liquidadores, dentro de las cuales se evidenció la existencia de una con patrimonio negativo. 

*Se trata de Saludcoop E.P.S., con un patrimonio negativo de -$2,63 billones, lo cual significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones.  

*La revisión realizada a través del aplicativo SIRECI de la CGR, en donde se registra la información de la rendición de la cuenta fiscal de todos los sujetos de control, mostró que sólo existe información financiera de 9 de esas 19 entidades, correspondiente a los años 2010, 2015, 2016 y 2018. 

*Tal situación evidencia el incumplimiento constante por parte de estas entidades en liquidación, de rendir a tiempo la información financiera y de gestión a la CGR. 

*El estudio reafirma además la situación evidenciada por la Contraloría en un estudio anterior, en el sentido que no existe una normativa unificada, ni un seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explicaría en buena medida sus continuas prórrogas.  

*Una conclusión final es que, si bien las normas que regulan los procesos de liquidación se constituyen en instrumentos eficaces para culminar algunas actividades de difícil trámite, continúa sin resolverse la problemática generada por la administración del pasivo pensional y las contingencias, donde se requieren medidas de fondo, que se apliquen de manera uniforme en todas estas entidades.

Publicado el 06 sep 2020 11:00


Hallazgos fiscales por $14.823 millones en 5 departamentos: Contraloría descubrió irregularidades en plataformas tecnológicas, educativas y de salud, en plena pandemia

COMUNICADO DE PRENSA No. 121 

 

  • Resultados de una Actuación Especial de la CGR sobre softwares en salud y plataformas educativas virtuales, que se contrataron con recursos de regalías en los departamentos de Risaralda, Cauca, Caquetá, Magdalena y Arauca. 
  • Se encontró que la pasada Gobernación de Risaralda contrató por cerca de $10 mil millones un software para poder monitorear a los pacientes de la red pública de salud, implementando la historia clínica centralizada, pero la plataforma no funciona, cuando se tendría que haber entregado en noviembre del año pasado.
  • Si este software estuviera hoy funcionando, sería la mejor herramienta para hacer seguimiento y monitoreo a los pacientes de Covid-19 en el departamento de Risaralda.  
  • La Contraloría identificó 3 “elefantes blancos virtuales” en los departamentos de Magdalena, Arauca y Caquetá, cuyo valor asciende a más de $3.290 millones. Se trata de plataformas educativas virtuales que no están funcionando, aunque se pagó por las mismas.
  • Por tal motivo, ni profesores ni alumnos de estas regiones están pudiendo hacer uso de tales herramientas, en momentos que por la pandemia se impone la educación virtual. 
  • En el departamento del Cauca, se efectuaron pagos a un contratista de servicios educativos virtuales y tecnológicos por $1.640 millones, cuando los estudiantes se encontraban en períodos de vacaciones o las clases suspendidas con ocasión de la cuarentena ordenada por el Gobierno nacional.  
  • Todos estos hallazgos son la continuación de una investigación iniciada en 2019, que arrojó irregularidades por $55.195 millones en la contratación de servicios tecnológicos para entidades públicas. 
  • De aquí a noviembre, la Contraloría adelantará una nueva Actuación Especial de Fiscalización para verificar proyectos en tecnología e innovación, por $117 mil millones, en 9 departamentos: Huila, Guajira, Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío, Arauca, Valle del Cauca y Sucre. 

 

 

Bogotá, 5 de septiembre de 2020.- Con hallazgos fiscales por $14.823 millones de pesos, concluyó una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República orientada a verificar el manejo de los recursos públicos en plataformas tecnológicas destinadas a sectores de educación y salud. 

Estas plataformas son activos estratégicos que de haber estado en pleno funcionamientos hubieran permitido superar las barreras del Covid-19. Así, por ejemplo, un proyecto de historia clínica centralizada en el departamento de Risaralda, que no ha resultado funcional, habría servido para monitorear de mejor manera los pacientes de Covid-19. 

Y en el tema de educación, en los departamentos de Caquetá y Magdalena se hicieron unas inversiones en plataformas educativas que hoy no están funcionando, por lo que los estudiantes de estas regiones no las pueden utilizar y, cuando le es posible, tienen que recibir clases virtuales en sus casas, pero en condiciones de conectividad que no son las mejores y, algunas veces, por medio de celular. 

De una muestra inicial auditada de $99 mil millones de pesos, conformada por 5 proyectos y 12 contratos, la Contraloría determinó los siguientes hallazgos: 

*Risaralda: Hallazgo fiscal por $9.892 millones 

En los años 2018 y 2019, la Gobernación de Risaralda, a través del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, suscribió 3 contratos y 1 convenio administrativo, cuya finalidad era la conformación de la red pública de prestadores para la atención integral en salud del departamento, mediante la articulación de la historia clínica centralizada en los 16 hospitales del departamento.  

Como resultado de la auditoría, se pudo constatar que no existe interoperabilidad entre los softwares contratados, es decir que, la historia clínica centralizada no funciona. Si dicho servicio estuviera implementado, Risaralda tendría el mejor sistema de monitoreo de sus pacientes con ocasión de la pandemia. 

*Arauca: Hallazgo fiscal por $ 2.406 millones  

La Gobernación del Arauca suscribió en el año 2013 el contrato 366, que tenía por objeto la creación de redes de conocimiento en áreas básicas pedagógicas y fortalecimiento de procesos evaluativos en el departamento, a través de una plataforma digital conectada a través de internet.  

Sin embargo, no se crearon tales redes de conocimiento ni tampoco se fortalecieron los procesos evaluativos para los estudiantes objeto del proyecto. Hoy tampoco funciona la plataforma digital ni mucho menos la conectividad a internet. 

A esto se suma el incumplimiento del contrato de interventoría asociado al Contrato 366 de 2013, por valor de $150 millones de pesos, puesto que el proyecto objeto de vigilancia y control no ejecutó las actividades para las cuales se contrató.  

*Cauca: Hallazgo fiscal por $1.640 millones 

La Gobernación del Cauca suscribió el contrato 1467 el 26 de julio de 2018, actualmente en ejecución, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, mediante el uso y apropiación de las TICS en las instituciones educativas públicas en el departamento. 

En la Actuación Especial se determinó que el contrato no fue suspendido en los períodos de receso estudiantil (vacaciones) del año 2019, ni tampoco en parte del 2020, incluso los períodos en los que el Gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia. 

Lo anterior significa que se pagó al contratista por sus servicios, cuando los estudiantes no estaban recibiendo clase. 

*Caquetá y Magdalena: Hallazgos fiscales por $734 millones 

Las Gobernaciones de Caquetá y Magdalena suscribieron contratos en los años 2014 y 2015, respectivamente, para la creación y ejecución de plataformas tecnológicas digitales al servicio de los estudiantes de las entidades educativas públicas. 

A la fecha, dichas plataformas tecnológicas no están funcionando constituyéndose en “elefantes blancos virtuales”, o sea donde se paga por un software que nunca se utiliza, que se suman a los ya encontrados en auditorías anteriores, puesto que los estudiantes no tienen como recibir sus clases de manera remota, cuando ya se había pagado para tener tales herramientas. 

Adquisición de elementos subutilizados o que no se vuelven a usar 

Llama la atención de la Contraloría que en los proyectos auditados durante la existencia de la Delegada Sectorial de TIC en el área de Regalías, se efectúan altas inversiones de recursos para la adquisición  de elementos tecnológicos intangibles (softwares, contenidos digitales, plataformas educativas, conectividad a internet, etc.), los cuales se subutilizan en los períodos de ejecución contractual,  o en el peor de los casos, nunca se vuelven a usar después de finalizado el proyecto, atentando contra el principio de sostenibilidad previstos en la Ley.  

Según el Contralor Delegado para Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICS, de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Iván Sánchez Arango, “en este caso, sucede algo similar a cuando se construye una obra, se dota con todo lo necesario, se pone a disposición un recurso humano, y durante la ejecución del proyecto presta el servicio a menos de la mitad de la población objetivo, y cuando finaliza el mismo, se abandona lo contratado”. 

Nueva Actuación Especial 

La CGR continuará en los siguientes tres meses, en su tarea de verificar proyectos financiados con dineros del Sistema General de Regalías, por $117.000 millones, en 9 departamentos: Huila, Guajira, Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío, Arauca, Valle del Cauca y Sucre, en procura de proteger los recursos invertidos en ciencia, tecnología e innovación, los cuales son vitales, muy especialmente ahora, en tiempos de pandemia. 

Se van a verificar plataformas educativas y herramientas tecnológicas que deberían estar funcionando en esos departamentos. 

Publicado el 05 sep 2020 10:30