Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 93

 

Era plata para atención en salud a población pobre: 

 

Contraloría declaró responsable fiscal a ex alcalde de Mocoa, Mario Luis Narváez, por manejo irregular de recursos del SGP a través de transferencias electrónicas

 

Pieza gráfica con fotografía de médico en luz dramática y titular del comunicado

 

  • Igual decisión se tomó en el caso de dos funcionarios de la época en que se presentó esta situación (2011): el Tesorero Municipal, Ever Clemente Ruiz, y la interventora del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio de Mocoa, Teresita de Jesús Erazo Melo. 

 

  • Hubo dos fallos fiscales en este caso, por más de $2 mil millones. 

 

  • Se trata de un caso emblemático que resolvió la Gerencia Departamental de la CGR en el Putumayo, por giros -sin soporte- de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud que realizó el Municipio de Mocoa, a favor de terceros con los cuales no tenía ninguna relación contractual. 

 

Bogotá, 10 de agosto de 2021.- La Contraloría General de la República declaró responsables fiscales al ex alcalde de Mocoa (Putumayo), Mario Luis Narváez Gómez, y al ex tesorero municipal, Ever Clemente Ruiz, entre otros, por un caso de manejo irregular de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante transferencias electrónicas que se dio en el año 2011. 

 

A través de la Gerencia departamental de Putumayo, el organismo de control profirió dos fallos con responsabilidad fiscal por valor de $ 2.178 millones, que ya se encuentran debidamente ejecutoriados. 

 

Dentro del trámite de los procesos, se logró demostrar la responsabilidad fiscal de los exfuncionarios y otros comprometidos en la realización de varias transferencias electrónicas desde cuentas bancarias del Municipio de Mocoa. 

 

La decisión se tomó tras verificar que hubo un manejo irregular de recursos públicos, el cual se reconoció al efectuar pagos a favor de terceros, que no tenían ningún vínculo contractual con ese ente territorial. 

 

Los recursos públicos, que correspondían al Sistema General de Participaciones (SGP), debieron haberse utilizado para la atención en salud de la población de ese municipio, pero fueron girados a favor de una empresa de servicios aduaneros con sede en Ipiales y una Fundación ubicada en Tumaco. 

 

Responsables Fiscales deberán 

reintegrar los recursos perdidos 

 

Al ser declarados fiscales, los entonces alcalde y tesorero municipal de Mocoa, que tenían a su cargo el manejo de la correspondiente cuenta bancaria, y la interventora del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio de Mocoa para la época, deberán reintegrarle al tesoro público los recursos que se transfirieron sin que la comunidad de Mocoa obtuviera algún beneficio. 

 

Auditoría a manejo de recursos del 

SGP, origen del proceso fiscal 

 

Los procesos de responsabilidad fiscal finalizados se adelantaron como producto de una auditoría que realizó en su momento la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGR), cuyos hallazgos fueron trasladados entonces la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, dando pie a las respectivas investigaciones de carácter penal y disciplinario. 

Publicado el 10 ago 2021 8:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 92

 

Contraloría apoya proceso para asegurar su terminación:  

 

Biblioteca España, en Medellín, no será un elefante blanco eterno 

 Pieza gráfica de biblioteca Medellin con ilustración de un elefante blanco y titular del comunicado

  • Así lo aseguró en la capital del departamento de Antioquia el Contralor Felipe Córdoba, al visitar esta obra inconclusa y anunciar el acompañamiento de la CGR, a través de su estrategia “Compromiso Colombia”. 
  • También fue incluido en este programa el parque de deportes a motor Central Park, en el municipio de Bello. La obra se ha reactivado y podría entregarse finalizada en el primer semestre de 2022. 
  • La Contraloría General de la República tiene en su lupa, en más de 50 municipios del departamento de Antioquia, 117 obras inconclusas por un valor de $971 mil millones.

 

 

Medellín, 6 de agosto de 2021.- Para el Contralor Felipe Córdoba, que visitó hoy esta obra, la Biblioteca España es uno de los mamuts de obras inconclusas en el país, pero con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y su programa “Compromiso Colombia” se tiene la aspiración de poderla terminar y que preste efectivamente servicio. 

 

“Para el 2023, los niños de la Comuna 1de Medellín deberían tener nuevamente a su servicio esta biblioteca, que ya no sería entonces una obra inconclusa que ha llegado a ser considerada más que un elefante blanco, un verdadero mamut”, dijo el Contralor. 

 

El jefe del organismo de control visitó también el parque de deportes a motor Central Park, en el municipio de Bello, y dejó una buena noticia: las obras se reactivan y la idea es que el proyecto se pueda entregar finalizado en el primer semestre de 2022. 

 

El Contralor recordó que en el departamento de Antioquia hay más de 117 obras inconclusas, por más de $971 mil millones. 

 

Biblioteca España 

 

La Biblioteca España es una infraestructura que a la fecha no presta ningún servicio a la comunidad ni se encuentra en operación. 

 

Fue entregada en funcionamiento a la comunidad en 2007. En el año 2013 inició su deterioro, por lo que se hizo necesaria su intervención en la fachada. Posteriormente mostró problemas estructurales. 

 

Y después de 7 años la biblioteca se encuentra cerrada. 

 

El Concejo Municipal dispuso de cerca de $31.000 millones para su recuperación. 

 

Se encuentra incluida en el Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Ley 2020 de 2020 y será ingresada a la estrategia “Compromiso Colombia” de la CGR, para garantizar que se culmine y vuelva a funcionar. 

 

“La Biblioteca fue inaugurada hasta con la presencia del Rey de España”, recordó el Contralor en su visita de hoy. 

 

“El acompañamiento de la Contraloría, dentro de sus nuevas funciones preventivas, buscará que efectivamente se termine. 

 

Central Park, en Bello 

 

El parque de deportes a motor Central Park es un proyecto de gran impacto en el área metropolitana del Valle de Aburra, no solo por la magnitud de su inversión de $141.888 millones, sino porque allí se podrán practicar deportes como automovilismo, karts, motociclismo, patinaje, ciclismo y atletismo. Fue entregado a finales de diciembre de 2019, con algunas de las obras proyectadas. 

 

El proyecto incluye dos contratos suscritos entre Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA): el contrato interadministrativo 265 de 2019, para la construcción del Parque en su etapa 1 (Fase 1 y 2) y el contrato interadministrativo 505 de 2019, de administración de recursos y continuación de ejecución del proyecto. 

 

Y se tiene un contrato de interventoría por $6.218 millones, con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

 

VIVA subcontrató con Compuser (la tribuna principal) y con Ingecon SAS. (las demás obras). 

 

El contrato 265 se encuentra en proceso de liquidación de los contratos derivados, debido a que se vencieron las fechas contractuales y las obras no se han terminado.

 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA) le adeuda al contratista $17.000 millones, por no reconocimiento de ítems ejecutados, situación que ha generado problemas con los pagos y amortización del anticipo. 

 

La CGR ha realizado varias mesas de trabajo y visitas a las obras, para verificar el cumplimiento en su ejecución. Así mismo, ha escuchado las inquietudes de la veeduría ciudadana y representantes de los deportes a motor.

 

Para garantizar la terminación del proyecto Central Park, fue incluido ahora en la estrategia “Compromiso Colombia” de la Contraloría General. 

 

Publicado el 06 ago 2021 16:35


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 91

Implementación del Acuerdo de Paz se lograría en 26 años, advierte quinto informe de la Contraloría sobre recursos del posconflicto 

 

Pieza gráfica de bandera con rostros de colombianos, y un niño haciendo el signo de la paz. mas titular del comunicado

  • Analizando el período 2017-2020, en ninguno de estos años se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 
  • La CGR advierte un riesgo de desfinanciación de la implementación por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP). 
  • Se evidencian deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos del OCAD PAZ. Una auditoría de cumplimiento de la Contraloría detectó hallazgos fiscales por más de $11 mil millones. 
  • La CGR señala también un riesgo de desfinanciamiento para la implementación del catastro multipropósito. 
  • El Fondo de Tierras, principal instrumento para abordar esta política, no cuenta con recursos monetarios para la compra o subsidio de tierras. 
  • Un avance en relación con la implementación del Punto Fin del Conflicto es el cumplimiento por parte del Gobierno en la financiación del funcionamiento del partido político “Los Comunes” y de su Centro de Pensamiento durante todas las vigencias. 
  • En auditoría de cumplimiento realizada por la CGR al Fondo Colombia en Paz, se advierten hallazgos relacionados con los estudios de viabilidad y seguimiento que pueden poner en riesgo los proyectos productivos. 
  • Aunque se sostienen los avances asociados al número de hectáreas sustituidas en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), persisten rezagos en cuanto la baja asignación de recursos al programa, retrasando la ruta de intervención y aumentando el riesgo de incumplimiento a las familias beneficiarias y por lo tanto el de resiembra. 
  • Se monetizaron bienes entregados por las FARC por valor de $42.680 millones y se cuenta con otros con un valor susceptible de monetizar de $25.924 millones. 
  • Aún no se cuenta con un universo de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, ni con el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNF).  

 

Bogotá, 4 de agosto de 2021.- Al ritmo anual en que se están ejecutando los recursos del posconflicto, la implementación del Acuerdo Final de Paz se lograría en 26 años, advirtió la Contraloría General de la República. 

 

Esta es una de las principales conclusiones del Quinto Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos y Cumplimiento de las Metas del Acuerdo de Paz, que entregó este organismo de control al Congreso de la República y reveló en el Foro “Así van los recursos y las percepciones del posconflicto”, organizado conjuntamente con la Universidad de Los Andes. 

 

Para la Contraloría es claro que “si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 por ciento desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años”. 

 

La ejecución anual ha mostrado este comportamiento, en contraste con lo previsto en el MFMP: 

 

2017: $5,36 billones (frente a $9,09 billones) 

2018: $4,21 billones ($8,62 billones) 

2019: $6,31 billones ($8,55 billones) 

2020: $6,53 billones ($8,38 billones) 

2021: $5,67 billones (el MFMD había previsto $8,80 billones) 

 

De acuerdo a esto, se han presentado rezagos en el cumplimiento de lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de $8 billones en 2017-2018, $4 billones en 2019-2020 y $3 billones en el 2021. 

 

Durante el período 2017-2020 el seguimiento de la CGR evidencia una ejecución de $22,4 billones a precios de 2020, es decir, un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este cuatrienio y un 15 % de avance frente al costeo total de $146,7 billones (también a precios constantes de 2020). 

 

La mayor parte de los recursos ejecutados a 2020, se orientaron al punto 1. Reforma Rural Integral y al punto 4. Solución al Problema de Drogas. En 2021, el punto 1 asocia el 74,2 % de los recursos, mientras que el punto 4 apenas alcanza un 0,2 %. 

 

Respecto al componente de paz de $42 billones de 2020, se han ejecutado $18,5 billones a marzo de 2021, es decir un 44 % de lo previsto para los 4 años. 

 

El Presupuesto General de la Nación ha apalancado el 71 % de la implementación del Acuerdo Final, incluyendo los recursos proyectados en 2021, año en el que esta fuente representa el 95 %, constituyéndose de esta forma en la principal. 

 

El 65 % de esos recursos se han orientado a la Reforma Rural Integral (RRI), seguido por un 9 % dirigido al Fin del Conflicto y un 12 % a Víctimas. 

 

¿Qué vio la Contraloría? 

 

Este informe de la CGR al Congreso presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los 6 Puntos del Acuerdo Final de Paz: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdo sobre las Víctimas y 6. Mecanismos de Implementación y Verificación.  

 

Así mismo considera, los enfoques transversales -étnico y de género- y la cobertura institucional para la implementación provista desde 61 entidades del orden nacional y 170 municipios PDET.  

 

La Contraloría realiza un seguimiento que cobija desde la firma del Acuerdo hasta el 31 de marzo de 2021 y cubre todas fuentes de financiación dispuestas para la implementación: Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones, Entidades Territoriales, Cooperación Internacional y Sector Privado. 

 

Seguimiento a los recursos y riesgos a la vista 

 

En el tema de recursos, algunos riesgos detectados por la CGR son los siguientes: 

 

*Riesgo de desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), fuente que soporta a las entidades territoriales. La CGR sigue alertando sobre la necesidad de reformar la Ley 715 de 2001, para que el SGP aporte de manera efectiva a la Reforma Rural Integral (RRI). 

 

*Se reitera el riesgo por desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del Acuerdo Final, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación. 

 

Es así como mientras el pilar Educación Rural concentra el 24 % de la ejecución acumulada a 2021, el de ordenamiento social de la propiedad, que incluye apuestas como la implementación del catastro multipropósito, solo concentra el 3 % de las asignaciones presupuestales. 

 

*En relación a la ejecución de los recursos del OCAD Paz, se materializan riesgos asociados a la debilidad técnica de los municipios, además del bajo nivel de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos que conlleva a incumplimientos, deficiencias de calidad y pérdida de valor de las inversiones.  

 

Un estudio sectorial y una auditoría de cumplimiento de la CGR al OCAD PAZ del SGR en 2020, evidenciaron deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos, que van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas del Acuerdo Final hasta deficiencias en la estructuración de pliegos, ejecución directa de algunas obras en licitaciones, detrimentos patrimoniales, procedimientos constructivos deficientes y utilización de materiales con mala calidad, entre otros.  

 

*Con 31 hallazgos administrativos, de los cuales 23 son de connotación fiscal, por un valor de $11.073 millones, y 29 tienen presunta incidencia disciplinaria, culminó la Auditoria de Cumplimiento que realizó la CGR a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, aprobados a través del OCAD Paz y de los Municipios PDET para el sector de infraestructura vial (vías terciarias para la paz). 

 

*Y, por otra parte, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías y la Contraloría Delegada para el Posconflicto adelantaron el Estudio Sectorial “Desempeño y Planeación de Proyectos del Órgano Colegiado - OCAD PAZ - con los recursos del Sistema General de Regalías”, el cual encontró, entre otras situaciones, que de 170 municipios PDET, 53 no sido beneficiarios de esos dineros. 

 

*Adicionalmente, en 20 municipios se concentra aproximadamente el 50 % del valor de los proyectos con recursos de regalías aprobados en el OCAD PAZ. 

 

*Se evidencia riesgo de incumplimientos en la ejecución de los proyectos y pérdida de recursos públicos ejecutados por privados, debido a deficiencias en el seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de las obras por impuestos por parte de las entidades que coordinan este mecanismo. 

 

*En el caso de las obras por impuestos, el 63 % de la inversión ($417.717 millones) se concentra en 6 de los 23 departamentos receptores: Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Hay un bajo acceso de otros municipios para beneficiarse con proyecto financiados por este mecanismo. 

 

*Ha habido demoras en la asignación e incorporación parcial de los recursos provenientes del Impuesto al Carbono por parte del Ministerio de Hacienda, para las respectivas subcuentas del Fondo Colombia en Paz.  

 

Lupa a recursos del posconflicto con analítica de datos  

 

Como novedad, se aplica en este Quinto Informe de Seguimiento a los Recursos del Posconflicto una herramienta importantísima para el análisis de la información: el Modelo de Analítica de Datos de Posconflicto y Víctimas. 

 

En el marco de este modelo se han desarrollado ejercicios referentes a subsidios de vivienda, indemnizaciones y ayudas humanitarias, con hallazgos de inconsistencias por $82.810 millones. Esto ha llevado a la Contraloría a programar una actuación especial fiscalización para evaluar la gestión respecto a los recursos destinados al pago de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria a la población víctima del conflicto armado, durante las vigencias 2014 a 2020. 

 

Desarrollado en conjunto por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Contraloría Delegada para el Posconflicto, el propósito de este modelo es aplicar técnicas de inteligencia artificial que permiten identificar irregularidades en el uso de recursos fiscales. Con su uso se generaron alertas al seguimiento de la contratación pública asociada al posconflicto y a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). 

 

Adicional a esto, el informe de la CGR al Congreso cuenta con los análisis derivados directamente de los resultados de Auditorías realizadas durante la vigencia mencionada, trabajo realizado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto de la mano de las Contralorías Sectoriales.  

 

Resumen de situaciones que encontró la CGR respecto a cada uno de los 6 Puntos del Acuerdo Final de Paz: 

 

1. Reforma Rural Integral 

 

*Se destaca la reglamentación del subsidio integral de acceso a tierras, pero no se ha implementado. 

 

*En 2020 se inició la implementación del catastro multipropósito, que muestra un avance a 31 de marzo de 2021 del 15,4 % del territorio nacional, lo que equivale a 10,6 millones de Has. Sin embargo, la Contraloría señala un riesgo de desfinanciamiento para esta iniciativa. 

 

Se arriesga así el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Marco de Implementación (PMI) de 100 % de municipios con catastro rural multipropósito formado y/o actualizado, y la meta a 2022 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de tener el 60 % del área del país formada y actualizada.  

 

*El Fondo de Tierras, principal instrumento para abordar esta política, no cuenta con recursos monetarios para la compra o subsidio de tierras. Así mismo, la línea especial de crédito presenta escasos resultados. Lo que, aunado a la no adopción e implementación del Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural y la no creación de la jurisdicción agraria, no permite tener las mejores perspectivas en este pilar y en la resolución pacífica de los conflictos sobre la tierra. 

 

*La creación de la jurisdicción agraria es unos de los puntos de grave incumplimiento. Debería estar en operación hace 3 años y la dos veces que se ha presentado el respectivo proyecto de ley se ha archivado. 

 

*En cuanto a infraestructura vial, se evidencia bajo avance respecto a la elaboración del inventario de la red vial terciaria establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y en relación con la ejecución física asociada al mantenimiento y reparación de las vías terciarias, a pesar de los recursos aprobados a través del SGR en el marco del OCAD Paz.  

 

2. Participación Política 

 

*Con una tendencia decreciente desde el inicio de la implementación, el seguimiento de la CGR evidenció una ejecución de $376.825 millones durante el periodo 2017 a 2020 y una programación presupuestal de $28.005 millones para 2021, un 18 % menos respecto de 2020.  

 

La disminución de los recursos asignados al pilar de participación política, contribuye a incrementar los rezagos evidenciados en cuanto al cumplimiento de la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISPEP, así como los desarrollos asociados con la reforma política y los mecanismos de participación ciudadana. 

 

3. Fin del conflicto 

 

*Se sostiene el cumplimiento de la reincorporación política, económica y social. La dinámica presupuestal del Fin del Conflicto ha mantenido una ejecución estable entre 2017 y 2020; el seguimiento de la CGR evidenció una ejecución de $1,9 billones durante este periodo, y una programación de recursos por $638.400 millones para 2021, con una disminución del 6 % respecto a 2020. 

 

*La ejecución durante el periodo 2017-2020 se orientó en un 45 % al pilar de Reincorporación Política, Económica y Social ($302.674 millones) y en 55 % al de Garantías de Seguridad ($376.587 millones). En 2021, la programación de $638.400 millones se distribuye en 54 % para el pilar de Reincorporación Política, Económica y Social, y 45 % para el de Garantías de Seguridad.  

 

*Un avance en relación con la implementación del Punto Fin del Conflicto es el cumplimiento por parte del Gobierno en la financiación del funcionamiento del partido político “Los Comunes” y de su Centro de Pensamiento durante todas las vigencias. 

 

*La reincorporación económica y social de los excombatientes registra avances asociados a la continuidad en la ejecución de los recursos dirigidos al pago de los beneficios económicos de la reincorporación temprana. 

 

La fase de reincorporación temprana se ha cumplido durante todas las vigencias; se evidencian los pagos de los beneficios a las personas en reincorporación por $404.529 millones entre 2017 y marzo de 2021 

 

*Entre 2018 y marzo de 2021 se han aprobado 2.569 proyectos productivos individuales para 3.371 beneficiarios y 88 proyectos productivos colectivos para 3.090 beneficiarios.  

 

Sin embargo, se evidencia la posible pérdida de recursos públicos por $ 2.760 millones equivalentes al apoyo económico brindado a 345 proyectos individuales que se encuentran cerrados, entre otras causas, por deficiencias en la administración, baja rentabilidad, bajos niveles de comercialización y dificultades de acceso, o por el Covid-19. 

 

En auditoría de cumplimiento realizada por la CGR en noviembre de 2020 al Fondo Colombia en Paz, se advierten hallazgos relacionados con los estudios de viabilidad y seguimiento que pueden poner en riesgo los proyectos productivos. Es así como varios proyectos relacionados con actividades agropecuarias se adelantan en predios que no son propiedad de la población beneficiaria, por lo que se pone en riesgo la sostenibilidad de los mismos por la incertidumbre sobre las inversiones realizadas, tales como obras de infraestructura. 

 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas 

 

Conforme al seguimiento de la CGR a la implementación de este punto, se registra una ejecución presupuestal de $3,5 billones durante el periodo 2017-2020, y una de $10.458 millones para 2021. Si se compara la vigencia 2017 con 2020, se evidencia una disminución de 69 % de los recursos ejecutados, pasando de $1,4 billones en 2017 a $433.000 millones en 2020. Asimismo, para 2021 disminuye en 98 % lo planeado frente a la vigencia 2020.  

 

Entre 2017 y 2020, se presenta una disminución de 81 % para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y del 90 % para “Prevención del Consumo y Salud Pública”. 

 

*Si bien se sostienen los avances asociados a número de hectáreas sustituidas en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), persisten rezagos en cuanto la baja asignación de recursos al programa, retrasando la ruta de intervención y aumentando el riesgo de incumplimiento a las familias beneficiarias y por lo tanto el de resiembra. 

 

Frente a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco del PNIS, con corte a 31 de diciembre de 2020, se reporta un avance de 44.185 hectáreas erradicadas (de una meta de 50.000 a 2022), destacándose como departamentos con mayores niveles de sustitución: Putumayo (23 %), Caquetá (14 %), Antioquia (10 %) y Nariño (10 %). 

 

*Persiste el rezago en la ruta de atención de los beneficiarios del PNIS en todos sus componentes, especialmente en la fase de proyectos productivos de ciclo corto y de ciclo largo: menos del 1 % de familias (726) tienen su proceso de sustitución culminado. 

 

Con recursos del Presupuesto General de la Nación se han realizado pagos por valor de $1.07 billones a las 82.242 familias inscritas al programa, estimándose un faltante de $1.73 billones para dar cumplimiento a la intervención total. No obstante, aún no se evidencian los recursos que garanticen el cumplimiento de los compromisos que incluye. 

 

5. Acuerdo sobre Víctimas del conflicto armado 

 

*En materia de ejecución presupuestal se registran $1.8 billones de pesos entre el periodo 2017-2020. 

 

Para 2020 se ejecutaron $653.932 millones y para 2021 se programaron recursos por $667.024 millones, registrándose una tendencia creciente de asignación de recursos hacia este punto.  

 

Los principales avances se asocian al cumplimiento misional por parte de las entidades del Sistema Justicia Verdad y Reparación, y en cuanto a la estrategia atención psicosocial del pilar reparación integral para la construcción de paz.  

 

*Aún no se adoptan el Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. 

 

En relación con la implementación del Acuerdo sobre Víctimas se destacan avances como los siguientes:  

 

*La JEP avanza con la recepción de informes y el trámite de los 7 macro casos abiertos, con 12.678, personas sometidas y un total de 808 comparecientes vinculados.  

 

*La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) recibió 6.607 testimonios y realizó 11.207 entrevistas.  

 

*Se registran avances en la entrega de la medida de indemnización administrativa y fortalecimiento de la reparación colectiva y rehabilitación psicosocial en municipios PDET. 

 

*Se monetizaron bienes entregados por las FARC por valor de $42.680 millones y se cuenta con otros con un valor susceptible de monetizar de $25.924 millones. 

 

Y producto de la monetización de los bienes comercializados, a febrero de 2021, se obtuvieron rendimientos financieros por valor de $424 millones. 

 

*Están pendientes las gestiones para comercializar bienes pendientes como joyas, muebles y enseres, inmuebles y vehículos, a fin de avanzar en la reparación de la población víctima. 

 

Los principales obstáculos en este punto se asocian a las siguientes situaciones: 

 

*La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) enfrentó barreras en el acceso a información por parte de algunas entidades estatales, argumentando reserva sobre la misma. 

 

*Aún no se cuenta con un universo de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, ni con el Registro Nacional de Fosas, cementerios ilegales y sepulturas –RNF.  

 

*El Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición, se encuentra pendiente de aprobación y las estrategias móviles de rehabilitación psicosocial para las zonas más apartadas, están en etapa de diseño.  

 

*El universo para la aplicación de la medida de indemnización hoy supera los 7 millones de personas y se requeriría un valor aproximado de $48,6 billones, según cálculos de la CGR en 2020, por lo que los recursos programados continúan siendo insuficientes.  

 

El Conpes 4130 de 2021205, contempla recursos por un valor de $11.5 billones para la aplicación de la medida de indemnización del 2022 a 2031 con base en unan meta de 2.1 millones de víctimas indemnizadas, que corresponde al 24 % de la población pendiente de indemnizar. 

 

6. Implementación, Verificación y Refrendación 

 

Durante el periodo 2017-2020 se ejecutó un total de $634.257 millones, de los cuales $102.937 millones corresponden a la vigencia 2020, con un incremento de 45 % frente a 2019, explicado principalmente por mayores aportes del Presupuesto General de la Nación. 

 

En 2021 se registra una programación de $75.261 millones, proyectándose una disminución de 27 % frente a 2020.  

 

En términos generales, los mayores avances se asocian a la promoción de sector privado, la cooperación internacional y la continuidad del acompañamiento de la Misión de Verificación.  

 

Sin embargo, persisten los rezagos asociados a la actualización del Plan Marco de Implementación y a la interoperabilidad del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) con otros sistemas de información, lo cual dificulta la óptima planeación y seguimiento de lo trazado en el Acuerdo Final. 

 

ENFOQUE ÉTNICO 

 

*En la vigencia 2020 fueron comprometidos $200.922 millones (4% menos que en 2019) para la implementación de los indicadores étnicos, lo cual representa el 3,3% del total del presupuesto del Acuerdo Final. 

 

*Persiste el rezago en el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo Final. Son bajas las asignaciones en temas prioritarios para los pueblos étnicos, como el ordenamiento social de la propiedad y las garantías para la participación política. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL DE GÉNERO 

 

*La ejecución de recursos para género es insuficiente, teniendo en cuenta que durante 2020 estos representaron el 3% del total de los recursos del Acuerdo Final, por un total de $194.119 millones. 

 

*Se advierte una omisión generalizada de la población LGTBI en la medidas, programas y proyectos del Acuerdo Final, sobre todo en el punto 1 (Reforma Rural Integral). 

 

Publicado el 04 ago 2021 11:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 90

 

Contraloría realizará seguimiento permanente a cartera de IPS y EPS en el Cesar   

 Pieza gráfica con fotografía de doctor revisando su celular y titular del comunicado

  • Con auditoria intersectorial, se verificará el atraso en el pago de salarios a los trabajadores de la salud del departamento. 
  • Luego de una audiencia de verificación de la red hospitalaria del Cesar, la Contraloría General de la República se comprometió a realizar una mesa interinstitucional con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para analizar el tema de la salud en el departamento, así como la situación salarial de los trabajadores de la salud. 
  • El organismo de control realizará un seguimiento constante a la cartera, para poder determinar cómo está el manejo de recursos de las IPS y las EPS y establecer soluciones prontas a la situación que se presenta con el pago de los salarios.   
  • La Contraloría Delegada para el Sector Salud se reunirá con la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, para verificar qué acciones fiscales pueden adelantar con respecto a la situación de atraso en el pago de los salarios a los trabajadores de la salud.

 

Valledupar, 2 de agosto de 2021.- La Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, participó hoy en la audiencia pública de verificación de la red hospitalaria del departamento del Cesar, donde anunció un seguimiento permanente a este importante sector y de manera prioritaria al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde se han evidenciado grandes problemáticas. 

 

“Dentro del seguimiento permanente que vamos a realizar a la situación de la red hospitalaria del departamento, lo haremos a la cartera de las IPS y las EPS. Durante esta vigencia vamos a incorporar de forma prioritaria a nuestra labor de control fiscal el Hospital Rosario Pumajero de López, porque hemos encontrado que la mayor problemática que se presenta es el pago de salarios. Hoy hemos evidenciado que al hospital le deben 36 meses de salario, así como al Instituto Departamental de Rehabilitación, IDREEC, 31 meses de salario”, aseguró la Contralora Delegada para el Sector Salud. 

 

La Contraloría General de la República realizó una auditoria al cumplimiento a la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López en el año 2020 y como resultado de la misma se encontraron 11 hallazgos, de los cuales 4 tienen posible incidencia disciplinaria y en 1 se solicitó indagación preliminar por un contrato de prestación de servicios que ascendía a los $163.528.762. 

 

También se cuenta con información importante sobre la problemática que tiene el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde se presentó la renuncia de médicos generales por no recibir los pagos de su salario y la falta de insumos en el centro de salud.  

 

Para la Contraloría General de la República es importante que las autoridades en el marco de sus competencias se articulen y puedan llegar a una pronta solución frente a esta problemática que se está presentando.  

 

A través de la Gerencia Departamental de la CRG en el Cesar, se hará seguimiento de los compromisos planteados en las mesas de trabajo que se desarrollen entre las distintas entidades.  

 

“En el marco de las competencias constitucionales y legales asignadas a la Contraloría General de la República, adelantaremos las actuaciones pertinentes de conformidad con la información que se ha presentado en esta audiencia”, concluyó la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos por la Contraloría en la audiencia está la realización de una mesa interinstitucional con otros órganos de control para discutir la situación de la red hospitalaria de Cesar y llegar a prontas soluciones, así como el seguimiento permanente a la cartera de las IPS y las EPS, para determinar cómo se están manejando los recursos.

 

Publicado el 02 ago 2021 21:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 89

 

Advertencia de la CGR a Minminas, la UPME y la CREG: 

 

Con Regasificadora del Pacífico pueden aumentar hasta 32% tarifas de gas y tiene riesgos económico y ambiental 

 Pieza gráfica con titular del comunicado y fotografía de fogón a gas

  • En la primera función de advertencia que emite en aplicación del del control fiscal concomitante y preventivo, la Contraloría identifica varios riesgos de afectación negativa a los intereses públicos con relación al proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo. 
  • El organismo de control advierte sobre los efectos tarifarios que tendría en los usuarios el modelo de remuneración de la planta regasificadora. 
  • Otro riesgo que implica el proyecto tiene que ver con que se pueda llegar a tener una infraestructura improductiva, si no se presenta el supuesto déficit de gas que se daría en 2024 por la presencia de lo que sería el más crítico Fenómeno del Niño. 
  • Coincide la CGR con los analistas que han afirmado que requiere ser evaluado con mayor rigor el eventual desabastecimiento que sustenta la construcción de la planta regasificadora. 
  • La Contraloría señala también un riesgo por la demora que implica el licenciamiento ambiental y, de acuerdo a lo que ha señalado la DIMAR, un riesgo técnico-operativo sobre el Puerto de Buenaventura.                                                                                           
  • La advertencia de la Contraloría no es de carácter vinculante sobre los riesgos que identifica. Minminas, la CREG y la UPME pueden evaluar autónomamente la adopción de las medidas que consideren procedentes para ejercer control sobre los hechos que indica el ente de control a través de su Delegada de Minas y Energía. 

 

Bogotá, 2 de agosto de 2021.- La Contraloría General de la República estrenó el ejercicio de la llamada función de advertencia con un pronunciamiento al Gobierno Nacional frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo, donde le señala varios riesgos que se corren con el mismo, empezando porque el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32 por ciento en tres años. 

 

Con el control fiscal y preventivo que realizó en este caso la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, el organismo de control identificó riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria. 

 

La razón principal del Gobierno para acometer este proyecto es garantizar el suministro de gas en el país, considerando que -de acuerdo al “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028” que elaboró la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)- existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024 (más drástico que los ocurridos en los últimos 20 años), lo que hace necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha, dado el alto consumo de gas que se proyecta. 

 

Llama la atención a la Contraloría que la UPME plantee la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico, para suplir ese déficit de gas natural que se presentaría a partir de enero de 2024, toda vez que si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma UPME, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit. 

 

En el estudio de la UPME se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de 9 años de reservas de gas de producción nacional, es decir hasta cerca del 2030. Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta. 

 

La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones. 

 

La convocatoria pública de la UPME tiene por objeto seleccionar el inversionista que se encargará, a todo riesgo del adjudicatario, de la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y transporte de gas natural y Servicios Asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico conformada por la Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo. 

 

Riesgo de connotación económica  

 

Para la Contraloría tomar como base y sustento para el desarrollo del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico el déficit de gas de producción nacional a comienzos del año 2024, producto de plantear un crítico fenómeno climático seco, implica un riesgo de connotación económica. 

 

En la advertencia firmada por el Contralor General de la República (E), Julián Mauricio Ruiz, y dirigida al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, el director de la UPME, Christian Jaramillo, y el presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Jorge Alberto Valencia, se relaciona lo que indicó al respecto la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía: 

 

“…si bien es cierto, la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan. Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”. 

 

Preocupante impacto tarifario 

 

En cuanto a los impactos tarifarios, según lo informado por la CREG a la Contraloría, estos solo se podrán obtener en forma posterior a la adjudicación y durante la operación del proyecto. 

 

Sin embargo, la evaluación preliminar de la UPME, contenida en el “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028”, esboza un escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado. Ejemplifica así que, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024, es decir un incremento del 32% en tres años, situación preocupante dado su impacto económico para la gran mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible. 

 

Efecto adverso en la política de transición energética 

 

Le preocupa a la CGR el eventual efecto adverso que pueden generar en la política de transición energética los potenciales incrementos en la tarifa para el sector industrial, pues podría ser un incentivo para retornar al consumo de combustibles más baratos, pero más contaminantes, produciendo un desbalance en la relación costo-beneficio en dicho aspecto. 

 

Así mismo, en la actualidad no existe una reglamentación clara asociada a la comercialización del gas importado, situación que ha afectado la celebración de compromisos en firme con los potenciales consumidores de mayor demanda, lo que a futuro puede incidir en la viabilidad del proyecto. 

 

Riesgo regulatorio 

 

También genera incertidumbre que tanto la Resolución CREG 107 de 2017, por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, como la Resolución CREG 152 de 2017, mediante la cual se establecen reglas complementarias para el desarrollo de la infraestructura de importación de gas del Pacífico, o sea dos resoluciones que sustentan regulatoriamente el proyecto, estén hoy siendo modificadas en pleno proceso de adjudicación del mismo, lo que implica un gran riesgo jurídico y técnico para el sector y el país. 

 

El pasado 19 de febrero la Comisión publicó las Resoluciones CREG 006 y 007 de 2021 que contienen las correspondientes propuestas de ajuste. Allí se plantean cambios importantes en la concepción del proyecto que han sido alertados por varios sectores, entre ellos la posibilidad de permitir el transporte de gas de la planta por carrotanques, con las implicaciones que eso tendría. 

 

Riesgo ambiental 

 

No se advierte a la fecha que el Gobierno, a través de la UPME o del Ministerio de Minas y Energía, haya evaluado con la Autoridad Ambiental los requerimientos que conlleva en esta materia el licenciamiento para cada uno de los componentes de la infraestructura, en particular para la construcción del gasoducto. 

 

Si bien es cierto este licenciamiento corresponderá gestionarlo al adjudicatario, en la etapa de planeación se deberían considerar los tiempos y así establecer su posible afectación sobre la fecha prevista para tener la infraestructura necesaria para el aprovechamiento del gas importado. 

 

Riesgo técnico-operativo sobre Puerto de Buenaventura 

 

La Dirección General Marítima (DIMAR) ha manifestado reiteradamente su “concepto no favorable” sobre la implementación del proyecto en el Puerto de Buenaventura, por la interferencia que posiblemente acarreará en el tráfico marítimo al interior de la bahía y en el resto de las instalaciones portuarias. La entidad ha solicitado a la UPME la reconsideración del área de construcción de cualquiera de los dos proyectos que implique la planta de regasificación. 

Publicado el 02 ago 2021 7:45