Boletines de Prensa - 2019

Contraloría detectó irregularidades por más de $1.906 millones en construcción de Nuevo Centro de Salud de El Rosal (Cundinamarca)

COMUNICADO DE PRENSA No. 203

  

  • En el centro de salud de segundo nivel se invierten $2.453 millones de recursos de regalías.
  • Auditoría de la Contraloría evidencia que diseños contratados no corresponden a lo ejecutado.
  • El informe auditor determina que la obra es antieconómica, ineficaz e ineficiente.
  • Se encontró un hallazgo con presunto alcance disciplinario y fiscal.

 

Bogotá, 10 de diciembre de 2019.- La Contraloría General de la República encontró un hallazgo con presunto alcance fiscal por valor de $1.906 millones de pesos en la ejecución del Nuevo Centro de Salud El Rosal, en el municipio de este mismo nombre en el departamento de Cundinamarca, donde se invierten $2.453 millones de pesos.

El posible detrimento de los recursos públicos corresponde al valor pagado en la obra y sus interventorías.                   

En el informe de auditoría, realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, se evaluó la inversión y gestión fiscal desplegada por los contratantes y contratistas en la construcción del nuevo centro de salud público.

El hallazgo detectado tiene una presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por un valor estimado de $1.906.627.164,00 millones.

La auditoría de la Contraloría General, que incluyó 4 visitas técnicas por parte de arquitectos e ingenieros estructurales, determinó que los diseños contratados no corresponden a la obra que se ha ejecutado.

El organismo de control menciona los ajustes y modificaciones realizados al proyecto y las versiones secuenciales de los diseños, (planos) con aprobación de las autoridades competentes, (Secretaria de Planeación municipal, Secretaría de Salud del departamento, el OCAD, etc.).

“…lo anterior, genera que no exista una trazabilidad del desarrollo de los ajustes y modificaciones del proyecto, que den cuenta y justifiquen las múltiples suspensiones y prorrogas del plazo contractual, extendido en un 413%, al pasar de ocho (8) meses inicialmente pactado a más de cincuenta (50) meses en la actualidad”, señala la CGR.

Deterioros prematuros en la obra y deficiente calidad constructiva

La Contraloría alerta sobre deterioros prematuros en la obra por cuenta de un año de interrupciones continuas e indica que es una ejecución irregular, con un avance físico aproximado del 65%, por lo que se encuentra sin concluir inoperante y sin funcionalidad.

Del mismo modo el equipo auditor evidenció deficiencias en la calidad del proceso constructivo, lo que afecta la funcionalidad de algunos elementos y el no cumplimiento de la norma de construcción sismorresistente, (norma NSR-10) que debe tener un centro de salud.

Por ello, la Contraloría determinó que la inversión y gestión fiscal desplegada por los contratantes y contratistas en la construcción del Nuevo Centro de Salud de El Rosal ha sido antieconómica, ineficaz e ineficiente.

Publicado el 10 dic 2019 10:00


Contralor presentará a consideración del Congreso Código de Responsabilidad Fiscal

COMUNICADO DE PRENSA No. 202

  

  • El anuncio lo hizo el jefe del organismo fiscalizador ante representantes del sector asegurador, a los que pidió su ayuda para definir un modelo que unifique las dispersas normas en materia de responsabilidad fiscal y brinde la mayor seguridad jurídica.
  • Solicitó también la colaboración de las aseguradoras para que puedan llegar a feliz término los 1.193 Elefantes que ha detectado la CGR, en todo el país.
  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba consideró que los megaproyectos que se desarrollan en el país deben tener un mejor aseguramiento.
  • Insistió en que la Contraloría no es enemiga de ningún sector y defendió el nuevo modelo de control fiscal preventivo

 

Bogotá, 9 de diciembre de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, anunció hoy la presentación, en la próxima legislatura, de un proyecto de ley que unifica las normas de normas de responsabilidad fiscal en un “Código de Responsabilidad Fiscal”, con el objeto de brindar tranquilidad y seguridad jurídica y disminuir la siniestralidad que deben cubrir las aseguradoras.

Recordó el Contralor que hoy existen demasiadas normas disgregadas sobre la materia, como la Ley 600 de 2000, la Ley 42 de 1993 y el propio Estatuto Anticorrupción.

Al instalar el Foro “El contrato de seguro frente a la protección del recurso público”, convocado por su despacho, el jefe del organismo de control solicitó el apoyo del sector asegurador para definir un modelo eficiente de lo que sería este Código de Responsabilidad Fiscal, en donde el compromiso de ambas partes sea el resguardo del patrimonio público.

Indicó que, ante cualquier eventualidad, el sector asegurador puede ayudar a que lleguen a feliz término los 1.193 Elefantes Blancos que ha detectado la Contraloría General de la República en todo el país.

Se necesita mayor aseguramiento

El Contralor Córdoba Larrarte consideró también que los megaproyectos que se desarrollan en el país deben tener un mejor aseguramiento.

“Un 10 por ciento de aseguramiento ante un proyecto, se vuelve irrisorio. “Deberíamos tener un mejor aseguramiento para nuestros proyectos, en el día a día”, subrayó al respecto.

“Queremos alertar, no  coadministrar”

Insistió en que la Contraloría no es enemiga de ningún sector y defendió el nuevo modelo de control fiscal preventivo, indicando que “la prevención no es una cosa distinta a decir “Ojo, Cuidado”. Sin coadministrar.

“Simplemente queremos dejar una alerta”, añadió.

Recordó entonces que ninguna entidad de fiscalización superior en el mundo (Tribunales de Cuentas y Contralorías) ha renunciado a ejercer la función de prevención.

Sostuvo, también, que el país merece tener la oportunidad de que haya un control fiscal que aplique tecnologías como el Big Data, que ya se usan en otros países del mundo, como los Estados Unidos, Rusia, China y Estonia.

Publicado el 09 dic 2019 15:15


Contraloría encontró irregularidades por $24.808 millones en obra e interventoría contratadas por Agencia para Infraestructura del Meta (AIM)

COMUNICADO DE PRENSA No. 201

 

  • Los recursos estaban destinados al mejoramiento de la vía conocida como Trocha 7, la cual se encuentra ubicada entre los municipios de Fuente de Oro y Puerto Lleras, en el departamento del Meta.
  • A la fecha han sido reconocidos al contratista 7 actas parciales y el anticipo, para un valor total girado de $26.275 millones.
  • La vía presenta, entre otras deficiencias, ondulaciones y abultamientos y múltiples fisuras.
  • Las patologías detectadas tienen como causa errores en la planeación, la baja calidad de los materiales usados para ejecutar los trabajos, errores constructivos y deficiencias en las labores de verificación y control, entre otros.
  • El daño patrimonial causado por la mala calidad en los trabajos ejecutados en el marco de este contrato alcanza la suma de $22.311 millones.
  • También se detectaron errores en las retenciones en la fuente practicadas en los pagos de cada contrato, generando así un hallazgo adicional por valor de $119 millones.

 

Bogotá, 8 de diciembre de 2019.- En desarrollo de una Actuación Especial de Fiscalización adelantada a los recursos de regalías ejecutados por la Gobernación del Departamento del Meta, la Contraloría General de la República evidenció un detrimento patrimonial de $24.808 millones en la ejecución del contrato de mejoramiento de la vía denominada Trocha, en el departamento del Meta, así como en el respectivo contrato de interventoría.

Ambos contratos fueron suscritos por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), el primero con el Consorcio Trocha 7 y el segundo con el Consorcio Bocas-Trocha 7/2015.

Se trata, en primer lugar, del Contrato de obra No. 013 de 2015, el cual incluye el proyecto referente al  “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA TROCHA 7 ENTRE EL K14+980 HASTA EL K45+830 EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO Y PUERTO LLERAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META”.

Tal contrato tiene financiación con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por una suma de $29 mil 339 millones.

Se tenía previsto un plazo original de ejecución de 24 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que ocurrió el 12 de marzo de 2015. Sin embargo, han transcurrido más de 50 meses de los giros ya efectuados, las obras no se han culminado y el contrato se encuentra suspendido.

A la fecha del ejercicio de esta Actuación Especial de la CGR, la Agencia de Infraestructura del Meta ha hecho pagos al contratista por valor de $26.275 millones, de los cuales el 9 abril de 2015 giró al contratista UNION TEMPORAL TROCHA 7, a título de anticipo la suma de $14.669 millones.

En las visitas de inspección adelantadas, los auditores de la Contraloría General de la República encontraron irregularidades que se manifiestan con patologías en la capa de rodadura, indicadoras de deficiente calidad de los trabajos ejecutados, a saber:

·        Ondulaciones.

·        Abultamientos en la vía.

·        Fisuras longitudinales desde el centro de la vía hacia los     costados.

·        Huecos.

·        Desprendimiento de material pétreo.

·        Y daños denominados piel de cocodrilo.

En marzo de 2019, la interventoría contrató pruebas técnicas para establecer las propiedades del material conocido como “Crudo de Castilla” utilizado en este proyecto; que tenían como fin de determinar si cumplía con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo al uso de la vía intervenida. 

Al margen del hallazgo de la Contraloría, la interventoría a partir de lo anterior concluyó que: “al tener el crudo de Castilla menor gravedad específica, tendrá un mayor grado API, por ende un menor porcentaje de asfalto residual (asfáltenos), lo que conlleva a que el cemento asfáltico presente en el crudo de Castilla contenga una mayor cantidad de residuos aromáticos, con una mala adherencia entre agregados y el porcentaje ligante, lo que ocasiona inestabilidad en la mezcla del crudo de Castilla con mayores porcentajes de vacíos y posibles disgregaciones; estableciendo que la mezcla puede tener un comportamiento inestable, que no soportaría cargas del tránsito de la vía, ni las condiciones climáticas, atmosféricas y físico mecánicas, como debería ser el módulo resiliente de la mezcla asfáltica y por esta razón se va a presentar fallas, si se instala en estas condiciones”.

Para la Contraloría, este estudio y conclusiones llegan tarde toda vez que se efectuaron pasados 4 años desde el inicio de las obras, lo que permitió el inicio y avance de los trabajos con la calidad comprometida.

Las patologías detectadas tienen como causa errores en la planeación, la baja calidad de los materiales usados para ejecutar los trabajos, errores constructivos y deficiencias en las labores de verificación y control, entre otros.

En cuanto a las patologías producto de la deficiente calidad de los trabajos ejecutados,  estas son inobjetables ya que pueden apreciarse a simple vista, tal y como lo ha manifestado la propia Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) en los comunicaciones que ha dirigido a la CGR.

De acuerdo a lo establecido por los auditores de la Contraloría General de la República, el daño patrimonial causado por la mala calidad en los trabajos ejecutados en el marco de este contrato alcanza la suma de $22.311 millones.

Inefectiva interventoría generó otro detrimento patrimonial

En cuanto al Contrato de interventoría No. 026 de 2015, suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y el CONSORCIO BOCAS TROCHA 7/2015, este tiene por objeto el “CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENBTO DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO BOCAS DEL GUAYURIBA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA TROCHA 7 DESDE EL K 14+980 HASTA EL K 45+830 EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO Y PUERTO LLERAS DEPARTAMENTO DEL META”.

Cuenta también con financiación del Sistema General de Regalías (SGR) y su plazo de ejecución fue establecido en 24 meses.

Dadas las condiciones de calidad de los trabajos ejecutados en el marco del contrato No. 013 de 2015, se evidencia que el seguimiento y control que se debía efectuar en el marco del contrato No. 026 del 2015 fue inefectivo provocando el detrimento patrimonial antes señalado.

Esta situación que genera a su vez un nuevo detrimento por un valor de $2.497 millones, suma que equivale al total pagado hasta la fecha al interventor.

Con lo anterior como referente, se tiene que el daño causado al patrimonio público por las fallas en la planeación, la mala calidad de los trabajos ejecutados y la falta de seguimiento y control se eleva a la suma de $24.808 millones.

CONTRATO

POSIBLE DETRIMENTO RECURSOS SGR

Contrato de obra No. 013 de 2015

 $                                    22.311.651.348

Contrato de interventoría No. 026 de 2015

 $                                       2.497.343.183

Total

 $                                    24.808.994.531

 

Hallazgo adicional

Al margen de lo anterior, los expertos contables del equipo auditor de la Contraloría General detectaron errores en las retenciones en la fuente practicadas en los pagos de cada contrato, generando así un hallazgo adicional por valor de $119 millones 569 mil pesos, como se aprecia a continuación:

CONTRATO

POSIBLE DETRIMENTO RECURSOS SGR

Error retefuente contrato No. 013 de 2015

 $                                          106.045.506

Error retefuente contrato No. 026 de 2015

 $                                             13.524.491

Total

 $                                          119.569.997

 

Detrimento total

El total del detrimento patrimonial hallado en la ejecución de los contratos No. 013 de 2015 y No. 026 de 2015, y en el manejo contable de los mismos, llega así a la suma de $24.928 millones:

CONTRATO

POSIBLE DETRIMENTO RECURSOS SGR

Contrato de obra No. 013 de 2015

 $                                     22.311.651.348

Contrato de interventoría No. 026 de 2015

 $                                       2.497.343.183

Error retefuente contrato No. 013 de 2015

 $                                          106.045.506

Error retefuente contrato No. 026 de 2015

 $                                             13.524.491

 

 $                                     24.928.564.528

 

Publicado el 09 dic 2019 10:00


El organismo de control rindió cuentas de su gestión: Gerencia de la Contraloría General en Putumayo adelanta 5 procesos emblemáticos de responsabilidad fiscal

COMUNICADO DE PRENSA No. 200

 

 

  • En uno de los procesos más relevantes se investigan los giros por $1.355 millones que realizó el municipio de Mocoa, de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado en Salud, a favor de terceros con los cuales no tenía ninguna relación contractual.

 

Mocoa, 5 de diciembre de 2019.- Cinco procesos de responsabilidad fiscal emblemáticos adelanta la Contraloría General de la República en el departamento de Putumayo, de acuerdo al balance entregado hoy por la Gerencia Departamental de la entidad, en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Los casos involucran giros de cuentas maestras del Régimen Subsidiado en Salud, a favor de terceros; giros de cheques sin soporte; construcción de redes eléctricas en zonas rurales que no se llevaron a cabo, incremento injustificado de precios en contrato del PAE y faltantes de obra y deficiencias constructivas en proyectos de acueductos veredales.

Casos emblemáticos de procesos de responsabilidad fiscal a cargo de la  Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Putumayo

 

Caso 1.  Municipio de Mocoa -Giros sin soporte, con recursos del SGP-

Tipo de proceso:   Ordinario

Entidad afectada:  Municipio de Mocoa -Putumayo-

Hechos:   El Municipio de Mocoa realizó giros por $ 1.355 millones, de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado en Salud, a favor de terceros con los cuales no tenía ninguna relación contractual.

 

Caso 2. Policía Nacional -Pagos injustificados-

Tipo de proceso:   Ordinario

Entidad afectada:  Policía Nacional – Comando de Policía Putumayo

Hechos:   Desde el Departamento de Policía de Putumayo se giraron cheques por valor de $ 1.907 millones, sin ninguna clase de soporte o autorización. 

 

Caso 3. Municipio de San Miguel -Putumayo- Obra inconclusa-

Tipo de proceso:   Ordinario

Entidad afectada:   Municipio de San Miguel

Hechos:   El Municipio desembolsó recursos por $ 460 millones para la Iluminación del corredor vial Puerto Colón-Puente Internacional, y la construcción de redes eléctricas en algunas veredas. Las obras no se llevaron a cabo y, al momento de la auditoría, el Municipio no había iniciado gestiones para recuperar los recursos públicos comprometidos.

 

Caso 4. Departamento de Putumayo - PAE

Tipo de proceso:   Ordinario

Entidad afectada:  Departamento de Putumayo

Hechos:   La Gobernación de Putumayo celebró contrato con una empresa corredora de bolsa, para la prestación del servicio de alimentación en el Departamento. Se evidenció una reducción del tiempo contemplado inicialmente para la prestación del servicio, incremento injustificado de los precios e incremento de la comisión a favor del contratista.

 

Caso 5. Municipio de Orito -Putumayo- Acueductos sin terminar

Tipo de proceso:   Ordinario

Entidad afectada:  Municipio de Orito

Hechos:    El Municipio celebró contrato de obra por $ 1.380 millones para la construcción de acueductos de las veredas (Simorna, Cristalina, Alto Orito). El contrato está liquidado. La CGR detectó faltantes de obra y deficiencias constructivas.

Publicado el 05 dic 2019


El organismo de control rindió cuentas de su gestión: Tres procesos emblemáticos de responsabilidad fiscal, por $15.763 millones, adelanta la Contraloría en el Huila

COMUNICADO DE PRENSA No. 199

 

En el proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía (por $12.748 millones), se investiga el detrimento patrimonial que se habría dado por el pago de obras no efectuadas en la ejecución del contrato de obra del proyecto de riego de mediana escala Tesalia - Paicol.

Neiva, 5 de diciembre de 2019.- Tres procesos de responsabilidad fiscal emblemáticos, por una cuantía que suma alrededor de $15.763 millones de pesos, adelanta la Contraloría General de la República en el departamento del Huila, de acuerdo al balance entregado hoy por la Gerencia Departamental de la entidad, en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

El proceso de mayor cuantía (por $12.748 millones) tiene que ver con la ejecución de un contrato cuyo objetivo central consiste en “construir y poner en marcha el distrito de riego Tesalia-Paicol, con el fin de beneficiar a las comunidades rurales ubicadas en la zona, para incrementar la productividad y sostenibilidad agropecuaria del área de influencia.”, obra que no se encuentra en funcionamiento ni al servicio de la comunidad. El detrimento ocasionado al Estado se causó por el pago de mayores cantidades de obra que no se realizaron, de acuerdo con la verificación del acta de liquidación del Contrato de Obra No. 695 de 2009, realizada durante la visita técnica efectuada por la Contraloría General de la República, en marzo de 2015, al proyecto de riego de mediana escala Tesalia – Paicol. La situación detectada y reprochada se generó a consecuencia de debilidades en la aplicación de las actividades y funciones señaladas en el manual de supervisión e interventoría vigente durante la ejecución contractual.

 

Casos emblemáticos de procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el HUILA

 

Caso 1. INCODER

Tipo de proceso:   Ordinario

Entidad afectada:   INCODER

Hechos:   Como resultado de la actuación fiscal, se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se generó un Hallazgo Fiscal que asciende a la suma de $12.748 millones.

Estos alcances fiscales se originaron por el pago de obras que no se realizaron de acuerdo con la visita técnica efectuada al Contrato de Obra No. 695 de 2009, relacionado con el proyecto de riego de mediana escala Tesalia – Paicol.

Como presuntos responsables se encuentran vinculados el contratista (Consorcio Interriego), el interventor (INAR Asociados) y los Secretarios Generales de INCODER para la época de los hechos.

 

Caso 2. Municipio de Aipe

Tipo de proceso:   Ordinario

Entidad afectada:   Municipio de Aipe

Hechos:   Como resultado de la actuación fiscal, se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se generó un Hallazgo Fiscal que asciende a la suma de $829,8 millones.

Estos alcances fiscales se originaron por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra No. 120 de 2014, cuyo objeto fue la construcción de la primera fase del Sistema de Abastecimiento y bombeo de agua con energía solar.

Como presuntos responsables aparecen los alcaldes y Secretarios de Infraestructura del municipio de Aipe para la época de los hechos, el Consorcio Agua para Aipe 2014 y el Consorcio Microacueductos Ambientales.

 

Caso 3. Municipio de Yaguará

Tipo de proceso:   Ordinario

Entidad afectada:  Municipio de Yaguará

Hechos:   Como resultado de la actuación fiscal, se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se generó un Hallazgo Fiscal que asciende a la suma de $2.185,9 millones.

Estos alcances fiscales se originaron por presuntas irregularidades en el Contrato de compraventa No 01 de 2011 suscrito entre el municipio de Yaguará y la Unión Temporal Yaguará Digital, cuyo objeto era contratar la implementación y dotación en tecnología de la información y las comunicaciones de las instituciones educativas Ana Elisa Cuenca Lara y Amelia Perdomo de Garcia.

El sistema tecnológico contratado no fue implementado y por ende no se encuentra en funcionamiento. Como presuntos responsables aparecen el alcalde para la época de los hechos y la Unión Temporal Yaguará Digital 2010. 

Publicado el 06 dic 2019