Boletines de Prensa - 2020

En auditoría a contrato PAE en Bucaramanga: Contraloría General encontró 2 hallazgos fiscales por $99 millones

Comunicado de Prensa 154

Fotografía de comida, con el titular del comunicado

  • El presunto detrimento patrimonial está relacionado con la ejecución del Contrato de Suministro suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Bucaramanga Social PAE 2017.  
  • En auditoría realizada para atender una denuncia ciudadana, se determinó un hallazgo fiscal por $48.541.080 y otro por $50.579.680.  
  • El primer hallazgo fiscal tiene que ver con mayores cantidades pagadas por las raciones alimentarias contratadas.  
  • Y el otro hallazgo se da por entregar raciones alimentarias a 307 estudiantes no registrados en el Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT.  
  • Se advierten deficiencias de seguimiento y control durante la ejecución del contrato, a los Formatos de Registro y Control Diario de Asistencia presentados por el operador del PAE mensualmente. 
  • También se determinaron inconsistencias en el registro en el SIMAT de la estrategia de alimentación escolar con los jóvenes matriculados y focalizados por cada Institución Educativa. 

 

Bogotá, 30 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento de los recursos públicos en cuantía de más de $99 millones de pesos, por irregularidades detectadas en el contrato PAE No. 01 del 4 de enero de 2017, celebrado entre el municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Bucaramanga Social. 

En auditoría adelantada por el organismo de control, atendiendo una denuncia de la organización Colombia sin Corrupción, se verificaron dos situaciones irregulares que motivaron sendos hallazgos fiscales. 

Primero: se presentaron mayores cantidades pagadas por las raciones alimentarias contratadas. En algunos meses, el número de beneficiarios atendidos no coincide con el número de raciones cobradas y efectivamente pagadas. 

Segundo: se encontraron estudiantes que, según información del Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT, recibieron el complemento alimentario sin estar aún matriculados o cuando estaban retirados de la respectiva Institución Educativa. 

En respuesta a la denuncia ciudadana recibida meses atrás, la CGR puso la lupa a los recursos invertidos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) mediante el contrato de suministro No. 01 del 04/01/2017, en 23 Instituciones Educativas con 56 sedes en Bucaramanga y para el suministro diario de aproximadamente 8.128 raciones preparadas en sitio (almuerzo) y 7.565 raciones industrializadas. 

Como resultado se tuvieron hallazgos con presunta incidencia fiscal por la suma exacta de $99.120.760. 

Hallazgo fiscal por complementos  alimentarios recibidos Vs. pagados

Durante auditoría adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en Santander, se revisaron y verificaron los pagos parciales mensuales y sus respectivos soportes. 

Y se encontró que en algunos meses el número de beneficiarios atendidos, según las planillas de recibo diario de los complementos alimentarios por cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, no coincide con el número de raciones cobradas y efectivamente pagadas por el Municipio de Bucaramanga, generando unas diferencias de $48.541.080. 

Se determinó así un presunto detrimento patrimonial por dicho valor, que corresponde a 17.805 raciones industrializadas y 518 raciones preparadas en sitio (almuerzos), sin soportar algunas reubicaciones y relacionar en las planillas diarias de recibido los nombres de los beneficiarios atendidos. 

Beneficiarios que no están registrados en el SIMAT 

El segundo hallazgo con presunta incidencia fiscal tiene que ver con la existencia de beneficiarios que recibieron el complemento alimentario sin estar registrados en el SIMAT en su oportunidad y enlazados con la estrategia PAE. 

Al cruzar la base de datos del Sistema de Matrícula - SIMAT con el Formato de Registro y Control Diario de Asistencia presentado por el Operador del PAE mensualmente, se observó que beneficiarios de cinco sedes de Instituciones Educativas (seleccionadas en una muestra) recibieron el complemento alimentario sin estar registrados en el sistema como estudiantes oficiales. Supuestamente eran estudiantes de Instituciones Educativas que hacen parte de un total de 53 sedes de las 24 IE del Municipio de Bucaramanga cubiertas por el contrato cuestionado. 

Hay estudiantes que pertenecen a otras IE de la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga, algunos más a Secretarias de Educación Municipal de otros departamentos y hay quienes ni siquiera registran información en el SIMAT como estudiantes oficiales matriculados. 

La Contraloría encontró que 307 fueron los estudiantes no registrados en el SIMAT que recibieron beneficios del contrato: 40 de la IE Jorge Eliecer Gaitán Sede B Jornada Única, 42 de la IE Promoción Social del Norte Sede D Jornada Única, 45 de la IE Las Américas Sede B Jornada Única, 68 de la IE Campo Hermoso Sede C y 112 de Nuestra Señora del Pilar Sede E. Según la auditoría, esta situación se da por inconsistencias en el registro en SIMAT de la estrategia de alimentación escolar con los jóvenes matriculados y focalizados por cada institución educativa. 

También se atribuye este hecho a deficiencias de seguimiento y control por parte de la Supervisión y/o Interventoría ejercida durante la ejecución del contrato, a los Formatos de Registro y Control Diario de Asistencia presentados por el operador del PAE mensualmente. 

El hecho de que, según los soportes revisados, se suministre el complemento alimentario a jóvenes que no se registran matriculados en el SIMAT, como estudiantes oficiales de determinadas instituciones educativas, conlleva a un segundo presunto detrimento patrimonial, en cuantía de $50.579.680

Publicado el 30 oct 2020 09:30


Concluye estudio de la Contraloría: Por debajo del 50% avanza plan para eliminar uso del mercurio en actividades de beneficio de oro

COMUNICADO DE PRENSA No. 153

Imagen de hombre con mercurio en su mano, y titular del comunicado

  • Gobierno Nacional ha avanzado en un 46.72% en la eliminación del uso del mercurio en las actividades de beneficio de oro en la pequeña minería y minería de subsistencia.  
  • El Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso del Mercurio, puesto en marcha en 2016, fue ineficaz frente al cumplimiento de metas e ineficiente en relación con la ejecución de recursos.   
  • La Contraloría destaca, en todo caso, avances en muchos aspectos, entre ellos en el uso de diferentes técnicas para el beneficio del oro.  
  • Unos 42.678 barequeros han dejado de utilizar aproximadamente 81.669 kg de mercurio; y en 76 plantas de beneficio el consumo disminuyó en 7.300 kg. 

 

Bogotá, 28 de octubre de 2020.- Colombia no ha podido lograr plenamente la eliminación del uso de mercurio en las actividades de beneficio de oro en la pequeña minería y minería de subsistencia (incluyendo barequeros y chatarreros*), como se planteó desde el Gobierno Nacional hace 4 años, concluyó un estudio sectorial sobre el tema realizado por la Contraloría General de la República. 

La Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Minas y Energía adelantó una “Evaluación de avances y resultados en la implementación del Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso del Mercurio: La ruta hacia un beneficio sostenible del oro 2016-2019”, determinando que el avance en este propósito es un de 46.72%. 

Esto por cuanto al 2014 se estimaba la utilización de 193.1 toneladas de mercurio por año y se lograron eliminar aproximadamente 90.21 toneladas/año, por tanto -considera la Contraloría- el Plan Estratégico Sectorial fue ineficaz frente al cumplimiento de metas de eliminación de mercurio e ineficiente en relación con la ejecución de recursos. 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), al 2019 se han dejado de utilizar en títulos mineros 425,64 kg/año de mercurio, cantidad que se evidenció en el año 2017 en visitas de campo.  

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía informa que contabilizando todas las plantas de beneficio que se encuentran dentro o fuera de un título minero, se han dejado de utilizar aproximadamente 8.61 toneladas/año de mercurio, y en lo que se refiere a barequeros, éstos han dejado de utilizar aproximadamente 81.6 tonelada/año, dando un total aproximado de 90.21 toneladas dejadas de utilizar, con un porcentaje de avance del 46.72%. 

La meta no se cumplió 

El objetivo general del Plan diseñado en 2016 era “…eliminar efectivamente el uso del mercurio de las actividades de beneficio y/o recuperación de oro…”, a mayo de 2018. 

La meta no se cumplió, por cuanto faltaron eliminar aproximadamente 102.89 toneladas/año, debido a que el consumo promedio de los años 2009 al 2013 eran aproximadamente 193.1 toneladas/año.  

Para la Contraloría, el Gobierno Nacional cumplió parcialmente con lo establecido en el Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso del Mercurio entre el año 2016 a 2019, por cuanto no cumplió algunas de las metas propuestas y otras se cumplieron parcialmente. 

Cumplimiento parcial y avances  

Las entidades del sector minero que ejecutaron este Plan fueron el Ministerio de Minas, la UPME, la ANM, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Gobernación de Antioquia. 

De acuerdo a la evaluación realizada por la CGR, estas entidades  "cumplieron parcialmente con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en el Código de Minas, en los Planes Nacionales de Desarrollo  2011-2014, 2014-2018 y 2018-2022, la Ley 1658 de 2013 y el Convenio de Minamata, en relación con la disminución del uso del mercurio en las labores de beneficio de oro, debido a que todavía se continúa utilizando el mercurio por parte de algunos mineros artesanales y más aún por parte de los mineros que realizan actividades ilegales de extracción de minerales”.  

En todo caso, se ha avanzado en muchos aspectos, entre ellos en el uso de diferentes técnicas para el beneficio del oro, dejando de consumir 42.678 barequeros, aproximadamente 81.669 kg de mercurio y en 76 plantas de beneficio, 7.300 kg. 

Y hay temas donde se lograron avances muy por encima de las metas planteadas, como es el caso de Apoyar medidas que promuevan el control y la eliminación del uso del mercurio en la industria minera, así como Ampliar, masificar y promover el uso de tecnologías limpias para la pequeña minería y minería de subsistencia. 

Donde no hubo mayor resultado fue en la bancarización de mineros, incluidos los de la minería aurífera. Aunque hubo convenios del Ministerio de Minas y Energía con el Banco Agrario y mineros interesados en recibir apoyo creditico, ningún crédito fue otorgado para mineros de oro, lo cual se aúna a la resistencia que ha tenido el sector bancario para atender al titular minero aurífero, por considerarlo de alto riesgo para sus operaciones. 

Recomendaciones de la CGR 

Como resultado de este estudio, la Contraloría General de la República formuló las siguientes recomendaciones:  

*Que el  Ministerio de Minas y Energía continúe gestionando ante el Banco Agrario de Colombia, que se flexibilicen las políticas en el otorgamiento de créditos a los pequeños mineros y mineros de subsistencia, para que puedan acceder a créditos con bajas tasas de interés, con el fin de ser invertidos en la compra de nueva tecnología para el beneficio de oro, aplicando las Guías Metodológicas para el mejoramiento productivo del beneficio de oro sin el uso del mercurio, y de esta forma no se utilice éste, evitando así la contaminación al medio ambiente y a la salud humana.  

*Apoyar a los pequeños mineros que se asocien para crear pequeñas cooperativas con el fin de tener una mayor capacidad económica y así posiblemente acceder a los créditos que otorgue el Banco Agrario de Colombia.  

*Seguir con los programas de formalización minera, ahora llamada regularización de la minería, para que los mineros que se encuentran dentro de la informalidad se capaciten en tecnologías limpias y realicen las actividades del beneficio de oro cumpliendo con parámetros técnicos y ambientales.  

*Realizar una fiscalización de la minería rigurosa, aplicando las sanciones respectivas en caso del no cumplimiento de la normatividad minera y ambiental.  

*Continuar con las capacitaciones y acompañamiento a todo el sector minero para que se concretice el uso de tecnologías limpias que disminuyan el uso e impacto del mercurio. 

Proyecto en ejecución 

Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto firmado en 2019, entre el Ministerio de Minas y Energía y el PNUD, con el apoyo de los ministerios de Ambiente y Salud, que busca eliminar el uso de 20 toneladas de mercurio en 4 años, en la minería de subsistencia y pequeña minería; con un costo de US$6 millones. 

El proyecto es financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente -GEF. 

En su momento, la CGR realizará un nuevo estudio con el ánimo de verificar si los proyectos enfocados en la eliminación total del uso de mercurio en el beneficio de oro logran su objetivo a cabalidad. 

 

*El barequeo es la “actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales, que se refiere al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos, con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas; y que igualmente permite la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares. 

Así mismo se encuentra el chatarrero, “la persona natural que se dedica a la actividad manual de recolección de mineral con contenido de metales preciosos presente en los desechos de las explotaciones mineras”.  

Publicado el 28 oct 2020 09:30


Según un estudio de la Contraloría: Celebración indiscriminada de convenios se volvió regla general en manejo de recursos de regalías

COMUNICADO DE PRENSA No. 152

Fotografía de funcionario investigando contratos de convenios en la Contraloría.

  • “Llama la atención la celebración indiscri­minada de convenios, ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto”.  
  • El estudio de la CGR abarca el período 2012-2019, en el cual 5 departamentos concentraron más del 40% de los recursos de regalías contratados mediante convenios.  
  • Se advierte alta discre­cionalidad en la toma de decisiones en la contratación que realizan los entes territoriales con recursos de regalías a través de la figura de contratación directa, como mecanismo general y no como regla excepcional o de aplicación restrictiva.  
     

Bogotá, 24 de octubre de 2020.- La contratación con recursos de regalías no deja de presentar riesgos: la Contraloría General de la República ha identificado una creciente tendencia a evadir la obligatoriedad de la licitación pública cuando así se requiere, para realizar contrata­ciones directas bajo el amparo de figuras como los “convenios”. 

En un estudio que abarca la contratación directa en el Sistema General de Regalías (SGR) desde el 2012 hasta el 15 de junio de 2019, la Contraloría realizó un análisis por departamento con la tipología de “convenio” y encontró que los departamentos del Meta (16%), Córdoba (7.5%), Cesar (7%), Boyacá (6%), Antioquia (5,86%), concentraron el 42.36% de los recursos contratados por esta vía. 

En general, se han identificado irregularidades en los tipos de “convenios” utilizados para contratar de ma­nera directa, que han sido facultados de excepcionalmente en el artículo 355 de la Constitución, pero que se valen de la inobservancia de los requisitos legales.  

En el universo de las posibilidades de “contratación” a través de convenio, se encontró que el 47% se hacía por convenio interadministrativo, es decir entre dos entidades públi­cas, mientras el 22% se hacía con la tipología de convenio de cooperación. 

Decisiones de contratación con alta discrecionalidad 

Según la Contraloría, salta a la vista la forma cómo se ha utilizado la figura del “convenio” y la alta discre­cionalidad en la toma de decisiones en la contratación que realizan los entes territoriales con recursos de regalías a través de la figura de contratación directa, como mecanismo general y no como regla excepcional o de aplicación restrictiva.  

En materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública –transparen­cia, economía y responsabilidad, insiste el organismo de control. Y asegura que, por esta y otras razones, los riesgos de corrupción continúan siendo altos. 

La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General ha identificado, según información recogida por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y los Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que de $33.9 billones del total contratado a 15 de junio de 2019, se realizaron procesos con la modalidad de contratación directa por cerca de $4.2 billones, es decir cerca del 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías (SGR). 

Los sectores de educación (21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), lideran esta contratación directa. 

Fallas recurrentes 

En desarrollo del principio de transparencia y selección objetiva, la Contra­loría General de la República ha formulado un llamado de atención sobre los tipos de “con­tratación” con recursos de regalías que realizan las entidades públicas de manera directa, sin observación de los principios rectores del ordenamiento legal en materia de contrato estatal.  

En este caso, en los convenios celebrados entre entidades públicas y privadas, son recurrentes fallas como la ausencia en la planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación. 

De las actuaciones especiales realizadas por la Contraloría General en el proceso auditor del Sistema General de Regalías, llama especialmente la atención la celebración indiscri­minada de convenios ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto en cada negocio jurídico y, además, confundiendo de manera dolosa las figuras de interpretación y aplicación restrictivas contempladas en el ordenamiento jurídico para consentir la contratación directa.  

Intermediación innecesaria  

Por otra parte, dentro de los hallazgos de la Contraloría General, se evidencia la utilización la figura de “la intermediación innecesaria”. 

Un ejemplo de ello es de la suscripción del Convenio de Cooperación No. 001 de 2012 entre la Gobernación del Casanare y COMFACASANARE, cuyos estudios previos señalaron claramente que no se optaba por un contrato conmutativo, pues la intención era aunar esfuerzos para un propósito de interés general. 

Después de firmar tal convenio, COMFACASANARE suscribió el contrato 685 de 2012 con la UT ALIMENTA CASANARE, para el cumplimiento del propósito principal: el suministro de alimentos.  

Entre la celebración del convenio 001 de 2012 y la firma del contrato 685 de 2012, se observa una diferencia de $1.200 millones que, según COMFACASANARE, se utilizó́ en gastos administrativos y de legalización.  

Una cifra menor, pero aún significativa 

Como un resultado positivo, se resalta que las entidades ejecutoras de recursos de rega­lías hayan disminuido los valores contratados a través de la modalidad de contratación directa, pasando de $2,1 billones en el 2013 a $0,6 billones en los proyectos aprobados en el 2019. Sin embargo, todavía sigue siendo una cifra importante, si además se suman los valores contratados con entidades sin ánimo de lucro y por cuantía mínima, que su­maron $0,64 billones de pesos para proyectos aprobados en el año 2019. 

Vacíos normativos 

En Colombia, el Estatuto de Administración de la Contratación Pública establece como un mecanismo de selección la figura de la contratación directa, toda vez que existen obras o servicios que, debido a su complejidad o su cuantía, no ameritan otra forma de escogencia, es decir que la entidad procede sin mayores procedimientos, ni amplias convocatorias, ni abrir concurso para que los interesados pre­senten sus ofertas, o realizar sendas evaluaciones y de ese grupo oferente elegir con quien contratar.  

En este tipo de contratación, la selección la adelanta el ordenador del gasto de manera discrecional al considerar cuál es el más idóneo.  

Sin embargo, para la Contraloría, la existencia de vacíos normativos, las imprecisiones técnicas para la utilización de la figura del contrato estatal versus el concepto de convenio de la administración y la con­fusión de figuras jurídicas disimiles, han facilitado la práctica de usos irregulares de los modelos de los tipos de convenio que han sido facultados. 

Publicado el 24 oct 2020 12:00


Por sobrecostos en kits alimentarios: CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones contra director de UNGRD, 3 subdirectores y 35 proveedores

COMUNICADO DE PRENSA No. 151

Fotografía de kit alimentario con el titular de la noticia.

  • Vinculados como presuntos responsables fiscales el director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, y los subdirectores María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza.  
  • También fueron llamados a responder 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos.  
  • Los sobrecostos se dieron en 89 órdenes de proveeduría de la UNGRD, para la entrega de kits de alimentos de asistencia humanitaria a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria COVID-19.   
  • Aparte de sobrecostos, se establecieron faltantes en los mercados adquiridos, tanto en cantidad como en gramaje, en productos como fríjol y chocolate.  
  • Hubo productos que no se entregaron y en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar.  
  • De acuerdo a esto, se pagaron sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado. 

 

 

Bogotá, 21 de octubre de 2020.-La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones de pesos contra el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, 4 subdirectores de la misma entidad y 35 proveedores de kits de alimentos, por sobrecostos, faltantes en cantidad y producto y entregas incompletas de mercados destinados damnificados y afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Según estableció el organismo de control, las irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la UNGRD para la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia -AHE, conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en el Distrito Capital. 

Se pudo establecer la ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite) y/o unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate), y/o kits no entregados. 

Otra irregularidad verificada es que en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar. 

Para la CGR, las situaciones mencionadas implican que en desmedro del erario se vienen pagando sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado. 

Vinculados como presuntos responsables fiscales 

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales al director general y subdirectores para el manejo de desastres de la UNGRD que intervinieron en estos hechos y, también, a 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos: 

*Eduardo José González Angulo, en su calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

*María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza, en su condición de subdirectores para el Manejo de Desastres de la UNGRD. 

*Y 35 proveedores de esta entidad, entre los que figuran empresas como Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca – CENCOIC, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta y Diver Dotaciones SAS. 

Así mismo, fue llamada como tercero civilmente responsable La Previsora S.A., compañía de seguros. 

Trámite de denuncias ciudadanas y de congresista 

Los actos irregulares que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron puestos en conocimiento de la CGR mediante dos denuncias recibidas por correo electrónico, el 29 de abril pasado, por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, que solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) revisar la contratación cuestionada. 

La Contraloría Delegada para Infraestructura conoció de estas denuncias y a su vez requirió información a la UNGRD sobre el tema, con el objeto de responder un cuestionario formulado por el Senador Carlos Jiménez López, relacionado con posibles sobrecostos en los mercados adquiridos. 

A principios de mayo, la DIARI trasladó la documentación respectiva a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con estas irregularidades. 

Posteriormente, el pasado 3 de junio se abrió Indagación Preliminar y tras el cierre de la misma se profirió el auto de apertura del este proceso de responsabilidad fiscal. 

Entidad afectada 

La entidad afectada por el detrimento patrimonial de $16.637.510.403 es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD, fideicomiso estatal constituido como patrimonio autónomo y que es administrado por La Previsora S.A. 

Esto porque la ordenación del gasto del Fondo y sus subcuentas está a cargo del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

Publicado el 21 oct 2020 13:00


Contraloría tramita 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares por $30.238 millones, por malos manejos de recursos para resguardos indígenas

COMUNICADO DE PRENSA No. 150

Fotografía de indigena aruhaco con el titular de la noticia en el costado derecho. Fotografía de Stephen Ferry

  • Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de mayores investigaciones por departamentos. 
  • En Puerto Gaitán (Meta) se ubican los dos procesos de mayor cuantía (uno por $8.032 millones y otro por $3.924 millones).  
  • Desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales por $43.197 millones.  
  • Una de las irregularidades más comunes, como objeto de reproche fiscal, es que los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas. 

 

Bogotá, 21 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República tramita actualmente 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares, por $30.238 millones de pesos, que tienen relación con irregularidades en el manejo de recursos destinados a los Resguardos Indígenas detectadas en los últimos años. 

El departamento del Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de estas investigaciones. Le siguen Nariño (con 15), Guajira (10) y Sucre (8). 

El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía, por $8.032 millones, se adelanta por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, y tiene que ver con obras no realizadas en la Institución Educativa Kuwei, del Resguardo Wacoyo, así como la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre, ambas en Puerto Gaitán (Meta). 

Le sigue un proceso por $3.924 millones, relacionado con una obra localizada también en Puerto Gaitán: la construcción del internado para el Resguardo Awaliba. 

Enseguida están otros 3 procesos: 

*Proceso fiscal por $2.319 millones, por irregularidades en la construcción de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del kilómetro 11 San José, del kilómetro 6 y San Antonio de los Lagos, en Leticia (Amazonas). 

*Proceso fiscal por $1.499 millones, por inconsistencias en contrato interadministrativo celebrado con el Cabildo Indígena Kofan de Santiago de Cali, para construcción de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Ginebra (Valle). 

*Proceso fiscal por $1.428 millones, por irregularidades en contrato para la construcción de un sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas de Uribia, en La Guajira. 

Investigaciones terminadas 

Otra cifra importante a destacar es que, desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales (135 indagaciones preliminares y 235 procesos de responsabilidad fiscal) por $43.197 millones, por irregularidades alrededor de estos recursos. 

Se produjeron 54 fallos de responsabilidad fiscal por cuantía de $4.823 millones y resarcimientos en 19 actuaciones por un monto de $1.022 millones (3 Indagaciones Preliminares y 16 Procesos de Responsabilidad Fiscal). 

Buena parte de las investigaciones tienen que ver con irregularidades en convenios interadministrativos y entrega de recursos sin legalizar. 

Las irregularidades más comunes objeto de estas investigaciones, son: 

*Los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas. 

*Irregularidades en órdenes de compra. 

*Falta de soportes de los gastos realizados e incumplimiento de convenios que debían beneficiar a los resguardos. 

*Incumplimiento de órdenes de servicio. 

*Ejecución parcial de proyectos. 

*Pagos sin el lleno de los requisitos de ley. 

*Compras con sobrecostos. 

*Incumplimiento de contratos que tenían por objetos diversos fines orientados a mejorar la calidad de vida de los resguardos. 

*Bienes, obras y servicios no recibidos por los resguardos o que no llegan en su totalidad. O irregularidades en su adquisición. 

*Irregularidades en la entrega a los beneficiarios directos de los contratos 

*Faltantes en la ejecución de recursos

Publicado el 21 oct 2020 08:30